CASANARE
Fiscalía le imputará cargos en enero a Milton Álvarez, será investigado por falsa denuncia
Así lo confirmaron fuentes del organismo. Álvarez es Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare e integrante de una poderosa familia de esa región. Milton Álvarez fue alcalde de Tauramena, Diputado y quería ser Gobernador de Casanare.
En marzo de 2010, Milton y Javier Álvarez, hermanos y miembros de una poderosa familia casanareña, denunciaron a Florisminda Martínez por extorsión. Ella, se suponía, les había pedido dinero a cambio de retirar la denuncia en la que los culpaba por la muerte de su hijo Alexis Guerrero Martínez, en zona rural de Tauramena. Milton Álvarez, quien para 2010 aspiraba a ser el candidato liberal a la Gobernación de Casanare, aseguró que detrás de la mujer que exigía $30 millones para retractarse había un grupo que buscaba afectar sus aspiraciones políticas. La Fiscalía de Casanare la llamó a juicio en tiempo récord: un mes. En 2014 y 2015, sin embargo, fue absuelta en primera y segunda instancia.
En esta historia los papeles se cambiaron y el acusador ahora es el acusado. En enero próximo la Fiscalía le imputará cargos a Milton Álvarez por fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio. Es decir, será investigado formalmente. Los jueces que absolvieron a Florisminda Martínez determinaron que el día en que las autoridades la capturaron recibiendo el dinero de la presunta extorsión en la casa de Milton Álvarez, de manos de él mismo, no fue ella quien convocó a la cita para recibir la plata, sino el político casanareño y que, en vez de constreñimiento, allí se había dado una negociación.
La Fiscalía, en su primer intento de imputarle cargos al político en un juzgado de Yopal (Casanare) el pasado 19 de octubre, retomó los argumentos del Juzgado Segundo Promiscuo de Monterrey y del Tribunal de Yopal, para asegurar que Florisminda Martínez nunca hizo en realidad una exigencia de dinero, sino que recibió una oferta para que se retractara de lo denunciado por el homicidio de su hijo y sus acompañantes Leonardo Achagua y Andrés Salamanca, en la finca La Dorada (en Tauramena), en diciembre de 2007. Los tres hombres, según su relato, iban a aquella hacienda a realizar un negocio, el cual les dejaría ganancias por cerca de $40 millones.
El dueño de la finca La Dorada es un viejo conocido de los asuntos judiciales de Casanare: Carlos López Chaparro, alias el Negro. El reconocido ganadero casanareño salió del anonimato cuando en julio de 2012 acusó ante la Corte Suprema al entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, de haber hecho pactos mientras era senador con el jefe paramilitar de Casanare, Martín Llanos. De igual forma acusó a los hermanos Milton y Javier Álvarez de haber fraguado un plan para asesinarlo. En 2008, además, ya los había señalado de haberlo desplazado de su finca y de hacer parte del último reducto paramilitar en Casanare.
En septiembre de 2015, un juzgado de Bogotá condenó a López Chaparro a tres años y ocho meses de prisión por el falso testimonio que dio contra el hoy vicepresidente y los hermanos Álvarez. Sus declaraciones, no obstante, fueron tomadas en serio por la Fiscalía un tiempo y le costaron la libertad a Milton Álvarez, quien fue detenido en junio de 2011, cuatro meses antes de las elecciones regionales en las que él aspiraba a ser gobernador. En su contra también había declaraciones de diez testigos exparamilitares, quienes hablaron de supuestas alianzas suyas con Martín Llanos. En 2013, un juzgado de Yopal estableció que eran falsos testigos y que detrás de ellos estaba López Chaparro.
Milton Álvarez pasó 22 meses en prisión y en 2013 fue absuelto. Él y su hermano han declarado que cada vez que resultan salpicados en expedientes, las acusaciones suelen provenir de López Chaparro. En el caso que hoy prepara la Fiscalía, sin embargo, los roles parecen estar al revés: el organismo indaga si los hermanos Álvarez le pagaron a Florisminda Martínez para que inculpara por el triple asesinato a López Chaparro, reconocido ganadero y comerciante de la región que está en Panamá. Su condena fue el resultado de un preacuerdo con la Fiscalía, recibió detención domiciliaria y luego pudo radicarse en el país vecino a cambio de atender los requerimientos de las autoridades.
En la audiencia de imputación de cargos del pasado 19 de octubre contra Milton Álvarez, la Fiscalía aseguró que el 18 de julio de 2011, casi cuatro años después de la muerte del hijo de Florisminda Martínez, dos hombres fueron llevados a una notaría en Tauramena por Isidro Alfonso Roa a que realizaran una declaración extrajuicio, implicando penalmente a el Negro López Chaparro por los tres asesinatos perpetrados en la finca de su propiedad, La Dorada. Alfonso Roa, subrayó la Fiscalía, fue abogado de Milton Álvarez y hoy ejerce como secretario de Gobierno en Tauramena, cuyo alcalde es Javier Álvarez, el hermano de Milton Álvarez. Posteriormente los dos hombres se retractaron.
El proceso, sin embargo, no ha podido arrancar en forma hasta la fecha. Ese 19 de octubre, la defensa de Milton Álvarez alegó que el juez penal de Yopal que estudiaría el caso no tenía competencia. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría alzaron su voz de protesta, el juez admitió el argumento y remitió el caso a Monterrey, porque “los hechos ocurrieron en Tauramena y la cabecera de ese circuito judicial es Monterrey”. El Espectador confirmó con fuentes de la Fiscalía, no obstante, que la audiencia será reprogramada para enero próximo. Milton Álvarez, por su parte, insiste en que detrás de este proceso una vez más está su gran opositor, el Negro Carlos López Chaparro.
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
