CASANARE
Fiscalía le imputará cargos en enero a Milton Álvarez, será investigado por falsa denuncia
Así lo confirmaron fuentes del organismo. Álvarez es Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare e integrante de una poderosa familia de esa región. Milton Álvarez fue alcalde de Tauramena, Diputado y quería ser Gobernador de Casanare.
En marzo de 2010, Milton y Javier Álvarez, hermanos y miembros de una poderosa familia casanareña, denunciaron a Florisminda Martínez por extorsión. Ella, se suponía, les había pedido dinero a cambio de retirar la denuncia en la que los culpaba por la muerte de su hijo Alexis Guerrero Martínez, en zona rural de Tauramena. Milton Álvarez, quien para 2010 aspiraba a ser el candidato liberal a la Gobernación de Casanare, aseguró que detrás de la mujer que exigía $30 millones para retractarse había un grupo que buscaba afectar sus aspiraciones políticas. La Fiscalía de Casanare la llamó a juicio en tiempo récord: un mes. En 2014 y 2015, sin embargo, fue absuelta en primera y segunda instancia.
En esta historia los papeles se cambiaron y el acusador ahora es el acusado. En enero próximo la Fiscalía le imputará cargos a Milton Álvarez por fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio. Es decir, será investigado formalmente. Los jueces que absolvieron a Florisminda Martínez determinaron que el día en que las autoridades la capturaron recibiendo el dinero de la presunta extorsión en la casa de Milton Álvarez, de manos de él mismo, no fue ella quien convocó a la cita para recibir la plata, sino el político casanareño y que, en vez de constreñimiento, allí se había dado una negociación.
La Fiscalía, en su primer intento de imputarle cargos al político en un juzgado de Yopal (Casanare) el pasado 19 de octubre, retomó los argumentos del Juzgado Segundo Promiscuo de Monterrey y del Tribunal de Yopal, para asegurar que Florisminda Martínez nunca hizo en realidad una exigencia de dinero, sino que recibió una oferta para que se retractara de lo denunciado por el homicidio de su hijo y sus acompañantes Leonardo Achagua y Andrés Salamanca, en la finca La Dorada (en Tauramena), en diciembre de 2007. Los tres hombres, según su relato, iban a aquella hacienda a realizar un negocio, el cual les dejaría ganancias por cerca de $40 millones.
El dueño de la finca La Dorada es un viejo conocido de los asuntos judiciales de Casanare: Carlos López Chaparro, alias el Negro. El reconocido ganadero casanareño salió del anonimato cuando en julio de 2012 acusó ante la Corte Suprema al entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, de haber hecho pactos mientras era senador con el jefe paramilitar de Casanare, Martín Llanos. De igual forma acusó a los hermanos Milton y Javier Álvarez de haber fraguado un plan para asesinarlo. En 2008, además, ya los había señalado de haberlo desplazado de su finca y de hacer parte del último reducto paramilitar en Casanare.
En septiembre de 2015, un juzgado de Bogotá condenó a López Chaparro a tres años y ocho meses de prisión por el falso testimonio que dio contra el hoy vicepresidente y los hermanos Álvarez. Sus declaraciones, no obstante, fueron tomadas en serio por la Fiscalía un tiempo y le costaron la libertad a Milton Álvarez, quien fue detenido en junio de 2011, cuatro meses antes de las elecciones regionales en las que él aspiraba a ser gobernador. En su contra también había declaraciones de diez testigos exparamilitares, quienes hablaron de supuestas alianzas suyas con Martín Llanos. En 2013, un juzgado de Yopal estableció que eran falsos testigos y que detrás de ellos estaba López Chaparro.
Milton Álvarez pasó 22 meses en prisión y en 2013 fue absuelto. Él y su hermano han declarado que cada vez que resultan salpicados en expedientes, las acusaciones suelen provenir de López Chaparro. En el caso que hoy prepara la Fiscalía, sin embargo, los roles parecen estar al revés: el organismo indaga si los hermanos Álvarez le pagaron a Florisminda Martínez para que inculpara por el triple asesinato a López Chaparro, reconocido ganadero y comerciante de la región que está en Panamá. Su condena fue el resultado de un preacuerdo con la Fiscalía, recibió detención domiciliaria y luego pudo radicarse en el país vecino a cambio de atender los requerimientos de las autoridades.
En la audiencia de imputación de cargos del pasado 19 de octubre contra Milton Álvarez, la Fiscalía aseguró que el 18 de julio de 2011, casi cuatro años después de la muerte del hijo de Florisminda Martínez, dos hombres fueron llevados a una notaría en Tauramena por Isidro Alfonso Roa a que realizaran una declaración extrajuicio, implicando penalmente a el Negro López Chaparro por los tres asesinatos perpetrados en la finca de su propiedad, La Dorada. Alfonso Roa, subrayó la Fiscalía, fue abogado de Milton Álvarez y hoy ejerce como secretario de Gobierno en Tauramena, cuyo alcalde es Javier Álvarez, el hermano de Milton Álvarez. Posteriormente los dos hombres se retractaron.
El proceso, sin embargo, no ha podido arrancar en forma hasta la fecha. Ese 19 de octubre, la defensa de Milton Álvarez alegó que el juez penal de Yopal que estudiaría el caso no tenía competencia. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría alzaron su voz de protesta, el juez admitió el argumento y remitió el caso a Monterrey, porque “los hechos ocurrieron en Tauramena y la cabecera de ese circuito judicial es Monterrey”. El Espectador confirmó con fuentes de la Fiscalía, no obstante, que la audiencia será reprogramada para enero próximo. Milton Álvarez, por su parte, insiste en que detrás de este proceso una vez más está su gran opositor, el Negro Carlos López Chaparro.
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
Incautan licor ilegal y cierran establecimiento comercial en operativo interinstitucional en Aguazul
En un esfuerzo articulado por proteger la salud de los ciudadanos y combatir la ilegalidad, el Grupo Anticontrabando de la Dirección de Rentas de la Gobernación de Casanare, en trabajo conjunto con la Secretaría de Salud departamental, la Secretaría de Gobierno, los Gestores de Convivencia, la Policía Nacional y las oficinas de Protección al Consumidor e Inspección de Urbanismo, logró la incautación de mercancía que no cumplía con los requisitos legales para su comercialización.
Durante los operativos de inspección, vigilancia y control realizados en el municipio de Aguazul, las autoridades interceptaron 30 bolsas de base para granizado. Tras la verificación física del producto se constató que contiene licor; sin embargo, al momento de la inspección, no fue posible determinar la graduación alcohólica exacta mediante el alcoholímetro.
La principal irregularidad detectada radica en que el producto no cumplía con las especificaciones técnicas exigidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al carecer del correspondiente registro sanitario o su radicado.
Riesgo para la salud y evasión fiscal
Esta falta de registro impide que el producto sea considerado legal y, lo más grave, hace imposible garantizar que sea apto para el consumo humano, representando un riesgo latente para la comunidad.
Debido a la presencia de alcohol en la sustancia, la Secretaría de Salud procedió a dejar la mercancía a disposición de la Dirección de Rentas Departamental. Esta entidad se encargará de:
• Verificar técnicamente los grados de alcohol de la sustancia.
• Iniciar el proceso administrativo correspondiente por la evasión al impuesto al consumo.
Como resultado de este hallazgo y tras evidenciar diversas anomalías durante la inspección sanitaria efectuada por el equipo interinstitucional, la Secretaría de Salud determinó aplicar la medida de cierre temporal del establecimiento comercial. El lugar no podrá reabrir sus puertas al público hasta que subsane la totalidad de las novedades registradas en el acta de inspección.
Las autoridades departamentales y locales reiteran su compromiso con la legalidad, e invitan a los comerciantes a cumplir con las normas sanitarias y tributarias vigentes, así como a la ciudadanía a denunciar cualquier producto sospechoso que ponga en riesgo su bienestar.
El departamento de Casanare planteó la meta de convertirse en el primero del país en implementar la trazabilidad total del ganado, durante una reunión realizada este jueves entre la gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Paula Andrea Cepeda Rodríguez, y representantes del sector ganadero del departamento. El propósito se apoya en la implementación de la plataforma SINIGAN V6, que entró en operación el pasado 20 de abril.
Durante el encuentro, el ICA informó que la plataforma ha expedido 203.268 guías de movilización desde su puesta en marcha. Tras conocer estos resultados, representantes del Comité Regional de Ganaderos de Yopal y del Comité Departamental de Ganaderos manifestaron su intención de liderar en Casanare el proceso de trazabilidad total, mediante la actualización de información de los productores y la identificación de los animales con Dispositivos de Identificación Nacional (DIN).
La reunión también permitió aclarar aspectos relacionados con el primer ciclo de vacunación de 2026. El ICA anunció que a partir de la próxima semana comenzará el cargue de la información correspondiente a esta jornada, proceso que servirá para la normalización de datos de los productores. La entidad precisó que actualmente la movilización de ganado puede realizarse sin haber cumplido con este ciclo de vacunación y que no existen sanciones vigentes por esta situación.
Como resultado del encuentro, el ICA se comprometió a fortalecer las jornadas de capacitación y normalización de información, además de revisar la atención prestada en las oficinas locales. Por su parte, los ganaderos acordaron acompañar a los productores que aún no se encuentran registrados en la plataforma. Según la entidad, la actualización de SINIGAN V6 permitirá avanzar en la trazabilidad del sector, contribuir al control del abigeato y facilitar el acceso de la carne colombiana a nuevos mercados.
Un total de 151 familias de las veredas Campanero, Fronteras, Guayanas, Guafal y Macuco, en el municipio de Maní, fueron beneficiadas con una nueva jornada de atención integral desarrollada por el Equipo Básico de Salud N° 4 de Red Salud Casanare, con el propósito de acercar los servicios de salud a las comunidades rurales.
A pesar de las dificultades en las vías de acceso y de las condiciones climáticas propias de la temporada, los profesionales de la salud recorrieron sectores apartados del municipio para garantizar la prestación de servicios en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), financiada por el gobierno nacional.
Durante la jornada se llevaron a cabo actividades enfocadas en la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del bienestar comunitario. Los habitantes recibieron atención en medicina, enfermería, psicología, vacunación, lectura de resultados de laboratorio y acompañamiento en diferentes trámites relacionados con su salud.
De igual manera, estas acciones permiten acercar la oferta institucional a las comunidades rurales, facilitando el acceso oportuno a los servicios de salud e identificando de manera temprana necesidades que requieren seguimiento y atención.
El trabajo realizado por el Equipo Básico de Salud contribuye a fortalecer las estrategias orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, mediante una atención integral y cercana en cada sector visitado.
Finalmente, la jornada permitió brindar servicios de salud a habitantes de cinco veredas del municipio de Maní, llevando atención médica, psicológica, de enfermería y vacunación directamente a los hogares de 151 familias rurales.
