CASANARE
Fiscalía le imputará cargos en enero a Milton Álvarez, será investigado por falsa denuncia
Así lo confirmaron fuentes del organismo. Álvarez es Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare e integrante de una poderosa familia de esa región. Milton Álvarez fue alcalde de Tauramena, Diputado y quería ser Gobernador de Casanare.
En marzo de 2010, Milton y Javier Álvarez, hermanos y miembros de una poderosa familia casanareña, denunciaron a Florisminda Martínez por extorsión. Ella, se suponía, les había pedido dinero a cambio de retirar la denuncia en la que los culpaba por la muerte de su hijo Alexis Guerrero Martínez, en zona rural de Tauramena. Milton Álvarez, quien para 2010 aspiraba a ser el candidato liberal a la Gobernación de Casanare, aseguró que detrás de la mujer que exigía $30 millones para retractarse había un grupo que buscaba afectar sus aspiraciones políticas. La Fiscalía de Casanare la llamó a juicio en tiempo récord: un mes. En 2014 y 2015, sin embargo, fue absuelta en primera y segunda instancia.
En esta historia los papeles se cambiaron y el acusador ahora es el acusado. En enero próximo la Fiscalía le imputará cargos a Milton Álvarez por fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio. Es decir, será investigado formalmente. Los jueces que absolvieron a Florisminda Martínez determinaron que el día en que las autoridades la capturaron recibiendo el dinero de la presunta extorsión en la casa de Milton Álvarez, de manos de él mismo, no fue ella quien convocó a la cita para recibir la plata, sino el político casanareño y que, en vez de constreñimiento, allí se había dado una negociación.
La Fiscalía, en su primer intento de imputarle cargos al político en un juzgado de Yopal (Casanare) el pasado 19 de octubre, retomó los argumentos del Juzgado Segundo Promiscuo de Monterrey y del Tribunal de Yopal, para asegurar que Florisminda Martínez nunca hizo en realidad una exigencia de dinero, sino que recibió una oferta para que se retractara de lo denunciado por el homicidio de su hijo y sus acompañantes Leonardo Achagua y Andrés Salamanca, en la finca La Dorada (en Tauramena), en diciembre de 2007. Los tres hombres, según su relato, iban a aquella hacienda a realizar un negocio, el cual les dejaría ganancias por cerca de $40 millones.
El dueño de la finca La Dorada es un viejo conocido de los asuntos judiciales de Casanare: Carlos López Chaparro, alias el Negro. El reconocido ganadero casanareño salió del anonimato cuando en julio de 2012 acusó ante la Corte Suprema al entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, de haber hecho pactos mientras era senador con el jefe paramilitar de Casanare, Martín Llanos. De igual forma acusó a los hermanos Milton y Javier Álvarez de haber fraguado un plan para asesinarlo. En 2008, además, ya los había señalado de haberlo desplazado de su finca y de hacer parte del último reducto paramilitar en Casanare.
En septiembre de 2015, un juzgado de Bogotá condenó a López Chaparro a tres años y ocho meses de prisión por el falso testimonio que dio contra el hoy vicepresidente y los hermanos Álvarez. Sus declaraciones, no obstante, fueron tomadas en serio por la Fiscalía un tiempo y le costaron la libertad a Milton Álvarez, quien fue detenido en junio de 2011, cuatro meses antes de las elecciones regionales en las que él aspiraba a ser gobernador. En su contra también había declaraciones de diez testigos exparamilitares, quienes hablaron de supuestas alianzas suyas con Martín Llanos. En 2013, un juzgado de Yopal estableció que eran falsos testigos y que detrás de ellos estaba López Chaparro.
Milton Álvarez pasó 22 meses en prisión y en 2013 fue absuelto. Él y su hermano han declarado que cada vez que resultan salpicados en expedientes, las acusaciones suelen provenir de López Chaparro. En el caso que hoy prepara la Fiscalía, sin embargo, los roles parecen estar al revés: el organismo indaga si los hermanos Álvarez le pagaron a Florisminda Martínez para que inculpara por el triple asesinato a López Chaparro, reconocido ganadero y comerciante de la región que está en Panamá. Su condena fue el resultado de un preacuerdo con la Fiscalía, recibió detención domiciliaria y luego pudo radicarse en el país vecino a cambio de atender los requerimientos de las autoridades.
En la audiencia de imputación de cargos del pasado 19 de octubre contra Milton Álvarez, la Fiscalía aseguró que el 18 de julio de 2011, casi cuatro años después de la muerte del hijo de Florisminda Martínez, dos hombres fueron llevados a una notaría en Tauramena por Isidro Alfonso Roa a que realizaran una declaración extrajuicio, implicando penalmente a el Negro López Chaparro por los tres asesinatos perpetrados en la finca de su propiedad, La Dorada. Alfonso Roa, subrayó la Fiscalía, fue abogado de Milton Álvarez y hoy ejerce como secretario de Gobierno en Tauramena, cuyo alcalde es Javier Álvarez, el hermano de Milton Álvarez. Posteriormente los dos hombres se retractaron.
El proceso, sin embargo, no ha podido arrancar en forma hasta la fecha. Ese 19 de octubre, la defensa de Milton Álvarez alegó que el juez penal de Yopal que estudiaría el caso no tenía competencia. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría alzaron su voz de protesta, el juez admitió el argumento y remitió el caso a Monterrey, porque “los hechos ocurrieron en Tauramena y la cabecera de ese circuito judicial es Monterrey”. El Espectador confirmó con fuentes de la Fiscalía, no obstante, que la audiencia será reprogramada para enero próximo. Milton Álvarez, por su parte, insiste en que detrás de este proceso una vez más está su gran opositor, el Negro Carlos López Chaparro.
Fuente: www.elespectador.com
La Alcaldía de Yopal presentó un balance de los avances en materia de seguridad ciudadana durante el más reciente Consejo de Seguridad. Se destacaron reducciones significativas en varios indicadores delictivos, así como las estrategias que continúan fortaleciéndose de manera articulada entre las autoridades locales y nacionales para consolidar la convivencia.
De acuerdo con el informe, en lo corrido de 2025 el municipio registró una reducción del 35 % en los casos de extorsión y del 53 % en el hurto al comercio. Las lesiones personales disminuyeron en un 89 % frente al año anterior, mientras que el hurto a personas, residencias y motocicletas mantiene una tendencia a la baja, con una alta tasa de recuperación de vehículos.
Durante el Consejo de Seguridad, el secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González, señaló la importancia de seguir fortaleciendo la capacidad institucional para la ejecución efectiva de medidas judiciales y administrativas. Se adelantan gestiones conjuntas con instancias departamentales para optimizar los mecanismos disponibles y garantizar una respuesta oportuna del Estado.
La Administración Municipal reiteró que la estrategia de seguridad no responde a acciones aisladas, sino a un enfoque planificado que incorpora experiencias implementadas en otras ciudades del país. Este enfoque está orientado a la prevención de la intolerancia y la violencia social, así como al fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.
Persisten hurto a celulares y violencia intrafamiliar
Las autoridades indicaron que, si bien los resultados son positivos, persisten desafíos que concentran la atención institucional, entre ellos el hurto de celulares y la violencia intrafamiliar, con especial seguimiento en sectores rurales. Estas situaciones hacen parte de los frentes priorizados de intervención, en los que se vienen reforzando acciones preventivas y de control.
La estrategia se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración Municipal. Se incluyen operativos conjuntos, control del espacio público, jornadas de recuperación de entornos y protección animal, al tiempo que se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar los hechos delictivos y a confiar en las instituciones.
Yopal continúa ampliando su infraestructura de conectividad con la puesta en funcionamiento de nuevas zonas WiFi gratuitas en los sectores de La Niata y el barrio Dalel Barón. Esta iniciativa, liderada por el alcalde Marco Tulio Ruiz, busca acercar el acceso a internet a más comunidades y fortalecer las oportunidades educativas, sociales y económicas de la población.
Con la operación de estos puntos de conexión, estudiantes, jóvenes, emprendedores y habitantes en general cuentan ahora con acceso libre a internet en espacios públicos estratégicos. Esto facilita la consulta de información, el desarrollo de actividades académicas, la realización de trámites en línea y la comunicación permanente con diversos servicios digitales.
Las zonas WiFi instaladas funcionan mediante energía solar, lo que garantiza su sostenibilidad y continuidad. Además, cuentan con espacios habilitados para la carga de dispositivos móviles, ampliando las posibilidades de uso para la comunidad. Este tipo de infraestructura permite que los ciudadanos permanezcan conectados sin depender de servicios privados, especialmente en sectores donde el acceso a internet ha sido limitado.
Durante la verificación de los puntos, el alcalde encargado, Jorge Andrés Rodríguez, destacó que la Administración Municipal asumirá la prestación del servicio para garantizar su funcionamiento y propósito social. Por su parte, el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Tobías Díaz Alarcón, explicó que estas zonas impactan el ámbito educativo, el emprendimiento y el acceso a la información.
El edil Gonzalo Salamanca hizo un llamado a los habitantes de La Niata y Dalel Barón para cuidar estos espacios y hacer un uso responsable de la infraestructura. Resaltó que la corresponsabilidad ciudadana es clave para que este tipo de proyectos se mantengan en el tiempo y continúen beneficiando a más personas.
La puesta en marcha de estas zonas WiFi forma parte de una estrategia integral impulsada por el alcalde Marco Tulio Ruiz, orientada a reducir las brechas digitales y a garantizar que más sectores del municipio puedan acceder a la educación, la información y los servicios tecnológicos. Complementariamente, se avanza en la identificación de nuevos puntos para zonas rurales como Alemania y Aracal.
Un proyecto de infraestructura clave para la conectividad entre Boyacá y Casanare, abandonado desde hace años, se hará realidad gracias a un acuerdo entre el gobernador César Ortiz Zorro y el alcalde de Tauramena, Javier Álvarez. Se trata de la finalización del puente sobre el río Cusiana, en la vereda Visinaca.
Esta obra conectará las veredas Monterralo, El Paraíso, Los Lirios (Aguazul) y Visinaca (Tauramena), beneficiando a más de 65 mil personas que dependen de este corredor vial para la comercialización de sus productos agropecuarios, como leche, queso, yuca, plátano y panela.
El puente sobre el río Cusiana, ubicado en el corredor vial Monterrey – Tauramena – Monterralo, se construirá con una estructura metálica de 125 metros de luz, complementada con obras adicionales necesarias para su funcionamiento.
La obra, que asciende a $37.302.185.890, será cofinanciada por la Gobernación de Casanare, con $14.151.092.945, y la Alcaldía de Tauramena, que destinará $23.151.092.945. La ejecución de este importante proyecto estará a cargo del Instituto Financiero de Casanare (IFC) mediante recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Óscar Javier Araque, gerente del IFC, subrayó la importancia de este puente al señalar que “esta obra es muy importante porque va a permitir que Tauramena se interconecte con el departamento de Boyacá, generando progreso, prosperidad y dinamismo para el municipio”.
Líderes de Visinaca expresaron su agradecimiento al gobernador Zorro por cumplir su compromiso y lograr el “desembotellamiento” de varias veredas, fundamentales para el desarrollo económico de los municipios. Previo al inicio de la construcción, la Secretaría de Infraestructura de Casanare ha estado realizando mejoras en las vías terciarias del corredor.
