CASANARE
Fiscalía le imputará cargos en enero a Milton Álvarez, será investigado por falsa denuncia
Así lo confirmaron fuentes del organismo. Álvarez es Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare e integrante de una poderosa familia de esa región. Milton Álvarez fue alcalde de Tauramena, Diputado y quería ser Gobernador de Casanare.
En marzo de 2010, Milton y Javier Álvarez, hermanos y miembros de una poderosa familia casanareña, denunciaron a Florisminda Martínez por extorsión. Ella, se suponía, les había pedido dinero a cambio de retirar la denuncia en la que los culpaba por la muerte de su hijo Alexis Guerrero Martínez, en zona rural de Tauramena. Milton Álvarez, quien para 2010 aspiraba a ser el candidato liberal a la Gobernación de Casanare, aseguró que detrás de la mujer que exigía $30 millones para retractarse había un grupo que buscaba afectar sus aspiraciones políticas. La Fiscalía de Casanare la llamó a juicio en tiempo récord: un mes. En 2014 y 2015, sin embargo, fue absuelta en primera y segunda instancia.
En esta historia los papeles se cambiaron y el acusador ahora es el acusado. En enero próximo la Fiscalía le imputará cargos a Milton Álvarez por fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio. Es decir, será investigado formalmente. Los jueces que absolvieron a Florisminda Martínez determinaron que el día en que las autoridades la capturaron recibiendo el dinero de la presunta extorsión en la casa de Milton Álvarez, de manos de él mismo, no fue ella quien convocó a la cita para recibir la plata, sino el político casanareño y que, en vez de constreñimiento, allí se había dado una negociación.
La Fiscalía, en su primer intento de imputarle cargos al político en un juzgado de Yopal (Casanare) el pasado 19 de octubre, retomó los argumentos del Juzgado Segundo Promiscuo de Monterrey y del Tribunal de Yopal, para asegurar que Florisminda Martínez nunca hizo en realidad una exigencia de dinero, sino que recibió una oferta para que se retractara de lo denunciado por el homicidio de su hijo y sus acompañantes Leonardo Achagua y Andrés Salamanca, en la finca La Dorada (en Tauramena), en diciembre de 2007. Los tres hombres, según su relato, iban a aquella hacienda a realizar un negocio, el cual les dejaría ganancias por cerca de $40 millones.
El dueño de la finca La Dorada es un viejo conocido de los asuntos judiciales de Casanare: Carlos López Chaparro, alias el Negro. El reconocido ganadero casanareño salió del anonimato cuando en julio de 2012 acusó ante la Corte Suprema al entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, de haber hecho pactos mientras era senador con el jefe paramilitar de Casanare, Martín Llanos. De igual forma acusó a los hermanos Milton y Javier Álvarez de haber fraguado un plan para asesinarlo. En 2008, además, ya los había señalado de haberlo desplazado de su finca y de hacer parte del último reducto paramilitar en Casanare.
En septiembre de 2015, un juzgado de Bogotá condenó a López Chaparro a tres años y ocho meses de prisión por el falso testimonio que dio contra el hoy vicepresidente y los hermanos Álvarez. Sus declaraciones, no obstante, fueron tomadas en serio por la Fiscalía un tiempo y le costaron la libertad a Milton Álvarez, quien fue detenido en junio de 2011, cuatro meses antes de las elecciones regionales en las que él aspiraba a ser gobernador. En su contra también había declaraciones de diez testigos exparamilitares, quienes hablaron de supuestas alianzas suyas con Martín Llanos. En 2013, un juzgado de Yopal estableció que eran falsos testigos y que detrás de ellos estaba López Chaparro.
Milton Álvarez pasó 22 meses en prisión y en 2013 fue absuelto. Él y su hermano han declarado que cada vez que resultan salpicados en expedientes, las acusaciones suelen provenir de López Chaparro. En el caso que hoy prepara la Fiscalía, sin embargo, los roles parecen estar al revés: el organismo indaga si los hermanos Álvarez le pagaron a Florisminda Martínez para que inculpara por el triple asesinato a López Chaparro, reconocido ganadero y comerciante de la región que está en Panamá. Su condena fue el resultado de un preacuerdo con la Fiscalía, recibió detención domiciliaria y luego pudo radicarse en el país vecino a cambio de atender los requerimientos de las autoridades.
En la audiencia de imputación de cargos del pasado 19 de octubre contra Milton Álvarez, la Fiscalía aseguró que el 18 de julio de 2011, casi cuatro años después de la muerte del hijo de Florisminda Martínez, dos hombres fueron llevados a una notaría en Tauramena por Isidro Alfonso Roa a que realizaran una declaración extrajuicio, implicando penalmente a el Negro López Chaparro por los tres asesinatos perpetrados en la finca de su propiedad, La Dorada. Alfonso Roa, subrayó la Fiscalía, fue abogado de Milton Álvarez y hoy ejerce como secretario de Gobierno en Tauramena, cuyo alcalde es Javier Álvarez, el hermano de Milton Álvarez. Posteriormente los dos hombres se retractaron.
El proceso, sin embargo, no ha podido arrancar en forma hasta la fecha. Ese 19 de octubre, la defensa de Milton Álvarez alegó que el juez penal de Yopal que estudiaría el caso no tenía competencia. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría alzaron su voz de protesta, el juez admitió el argumento y remitió el caso a Monterrey, porque “los hechos ocurrieron en Tauramena y la cabecera de ese circuito judicial es Monterrey”. El Espectador confirmó con fuentes de la Fiscalía, no obstante, que la audiencia será reprogramada para enero próximo. Milton Álvarez, por su parte, insiste en que detrás de este proceso una vez más está su gran opositor, el Negro Carlos López Chaparro.
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
Gobernación de Casanare activa caravanas humanitarias para atender damnificados por emergencias
Ante las recientes emergencias registradas en diversos municipios de Casanare, el gobernador César Ortiz Zorro ha activado el equipo de atención humanitaria departamental. El objetivo es brindar una respuesta inmediata a las familias afectadas por las lluvias y otros eventos catastróficos que han impactado la región.
La primera jornada de estas caravanas humanitarias se llevó a cabo en Santa María de Palmarito, en el municipio de Maní, donde se entregaron ayudas con elementos de primera necesidad a los hogares damnificados por la temporada invernal. En el casco urbano de Maní, también se brindó apoyo a dos familias afectadas por un vendaval y un incendio estructural, en un esfuerzo coordinado con la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Las jornadas de atención humanitaria continuarán su recorrido por el departamento. Este jueves se tiene prevista una intervención en Paz de Ariporo, y el próximo viernes la caravana llegará a Pore, con el fin de asistir a nuevas familias que han sufrido los embates de emergencias recientes en sus comunidades.
Ayuda para familia que perdió su vivienda en incendio
Un caso destacado fue la atención a la familia de Julián Martínez y Sofía Tapón en Nunchía, cuya vivienda en la vereda Pretexto fue completamente destruida por un incendio. La emergencia consumió la estructura y todas sus pertenencias, incluyendo muebles, electrodomésticos, ropa y documentos esenciales.
Como parte de la asistencia, la Dirección de Gestión del Riesgo entregó láminas de zinc, amarres, lonas, mercados, colchonetas, toldillos y cobijas, entre otros elementos básicos para la recuperación. A esta ayuda se sumó la gestora social Diana Soler, quien proporcionó ropa para la menor, kits escolares y artículos de aseo personal.
Este trabajo humanitario, liderado por Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, se desarrolló en coordinación con la Alcaldía y los organismos de socorro, e incluyó acompañamiento psicológico a la familia afectada. Gracias a su red de apoyo, la familia no requirió traslado a un albergue temporal, recibiendo hospedaje en el núcleo familiar.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare continúa con la ejecución de trabajos de rehabilitación, reparcheo y mantenimiento vial en corredores estratégicos del municipio de Yopal. El objetivo principal de estas intervenciones es mejorar la movilidad y garantizar condiciones de tránsito más seguras para los usuarios de estas importantes vías.
En el corredor que conecta Yopal con Morichal, Tilodirán y Quebrada Seca, las cuadrillas han avanzado significativamente en la recuperación de la carpeta asfáltica. A la fecha, se han intervenido aproximadamente 450 metros lineales en el sector El Atajo, 360 metros lineales en la Zona 13 y 195 metros lineales en La Cotiza, donde las labores aún prosiguen para optimizar la transitabilidad.
De manera simultánea, en el corregimiento de El Morro, específicamente en el sector de La Guamalera, se está llevando a cabo la atención de puntos críticos. En esta zona se han instalado 86 metros cúbicos de asfalto, lo que contribuye a mejorar sustancialmente las condiciones de circulación y seguridad vial. Estas acciones son parte de una estrategia impulsada por la Gobernación de Casanare, liderada por César Ortiz Zorro, y gestionada por el secretario de Infraestructura, Álvaro Rivera.
Sin embargo, durante el desarrollo de las obras, se han reportado situaciones de imprudencia por parte de algunos conductores. Estos han ignorado la señalización instalada en los frentes de trabajo, poniendo en riesgo la integridad tanto de los trabajadores como de los demás usuarios de la vía.
Ante esta situación, el secretario de Infraestructura ha emitido un llamado a la responsabilidad y al respeto por las normas de tránsito en los sectores donde se realizan las intervenciones. El funcionario enfatizó que, si bien estas labores pueden generar incomodidades temporales, son cruciales para mejorar las condiciones viales y la seguridad.
Las labores continuarán en los próximos días tanto en el corredor Morichal – Tilodirán – Quebrada Seca como en el sector de La Guamalera. Se solicita a conductores y transportadores transitar con paciencia, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal, respetando la señalización y los pasos regulados para garantizar la seguridad de todos.
CASANARE
Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras
Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.
Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.
De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.
Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.
