CASANARE
Fiscalía le imputará cargos en enero a Milton Álvarez, será investigado por falsa denuncia
Así lo confirmaron fuentes del organismo. Álvarez es Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare e integrante de una poderosa familia de esa región. Milton Álvarez fue alcalde de Tauramena, Diputado y quería ser Gobernador de Casanare.
En marzo de 2010, Milton y Javier Álvarez, hermanos y miembros de una poderosa familia casanareña, denunciaron a Florisminda Martínez por extorsión. Ella, se suponía, les había pedido dinero a cambio de retirar la denuncia en la que los culpaba por la muerte de su hijo Alexis Guerrero Martínez, en zona rural de Tauramena. Milton Álvarez, quien para 2010 aspiraba a ser el candidato liberal a la Gobernación de Casanare, aseguró que detrás de la mujer que exigía $30 millones para retractarse había un grupo que buscaba afectar sus aspiraciones políticas. La Fiscalía de Casanare la llamó a juicio en tiempo récord: un mes. En 2014 y 2015, sin embargo, fue absuelta en primera y segunda instancia.
En esta historia los papeles se cambiaron y el acusador ahora es el acusado. En enero próximo la Fiscalía le imputará cargos a Milton Álvarez por fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio. Es decir, será investigado formalmente. Los jueces que absolvieron a Florisminda Martínez determinaron que el día en que las autoridades la capturaron recibiendo el dinero de la presunta extorsión en la casa de Milton Álvarez, de manos de él mismo, no fue ella quien convocó a la cita para recibir la plata, sino el político casanareño y que, en vez de constreñimiento, allí se había dado una negociación.
La Fiscalía, en su primer intento de imputarle cargos al político en un juzgado de Yopal (Casanare) el pasado 19 de octubre, retomó los argumentos del Juzgado Segundo Promiscuo de Monterrey y del Tribunal de Yopal, para asegurar que Florisminda Martínez nunca hizo en realidad una exigencia de dinero, sino que recibió una oferta para que se retractara de lo denunciado por el homicidio de su hijo y sus acompañantes Leonardo Achagua y Andrés Salamanca, en la finca La Dorada (en Tauramena), en diciembre de 2007. Los tres hombres, según su relato, iban a aquella hacienda a realizar un negocio, el cual les dejaría ganancias por cerca de $40 millones.
El dueño de la finca La Dorada es un viejo conocido de los asuntos judiciales de Casanare: Carlos López Chaparro, alias el Negro. El reconocido ganadero casanareño salió del anonimato cuando en julio de 2012 acusó ante la Corte Suprema al entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, de haber hecho pactos mientras era senador con el jefe paramilitar de Casanare, Martín Llanos. De igual forma acusó a los hermanos Milton y Javier Álvarez de haber fraguado un plan para asesinarlo. En 2008, además, ya los había señalado de haberlo desplazado de su finca y de hacer parte del último reducto paramilitar en Casanare.
En septiembre de 2015, un juzgado de Bogotá condenó a López Chaparro a tres años y ocho meses de prisión por el falso testimonio que dio contra el hoy vicepresidente y los hermanos Álvarez. Sus declaraciones, no obstante, fueron tomadas en serio por la Fiscalía un tiempo y le costaron la libertad a Milton Álvarez, quien fue detenido en junio de 2011, cuatro meses antes de las elecciones regionales en las que él aspiraba a ser gobernador. En su contra también había declaraciones de diez testigos exparamilitares, quienes hablaron de supuestas alianzas suyas con Martín Llanos. En 2013, un juzgado de Yopal estableció que eran falsos testigos y que detrás de ellos estaba López Chaparro.
Milton Álvarez pasó 22 meses en prisión y en 2013 fue absuelto. Él y su hermano han declarado que cada vez que resultan salpicados en expedientes, las acusaciones suelen provenir de López Chaparro. En el caso que hoy prepara la Fiscalía, sin embargo, los roles parecen estar al revés: el organismo indaga si los hermanos Álvarez le pagaron a Florisminda Martínez para que inculpara por el triple asesinato a López Chaparro, reconocido ganadero y comerciante de la región que está en Panamá. Su condena fue el resultado de un preacuerdo con la Fiscalía, recibió detención domiciliaria y luego pudo radicarse en el país vecino a cambio de atender los requerimientos de las autoridades.
En la audiencia de imputación de cargos del pasado 19 de octubre contra Milton Álvarez, la Fiscalía aseguró que el 18 de julio de 2011, casi cuatro años después de la muerte del hijo de Florisminda Martínez, dos hombres fueron llevados a una notaría en Tauramena por Isidro Alfonso Roa a que realizaran una declaración extrajuicio, implicando penalmente a el Negro López Chaparro por los tres asesinatos perpetrados en la finca de su propiedad, La Dorada. Alfonso Roa, subrayó la Fiscalía, fue abogado de Milton Álvarez y hoy ejerce como secretario de Gobierno en Tauramena, cuyo alcalde es Javier Álvarez, el hermano de Milton Álvarez. Posteriormente los dos hombres se retractaron.
El proceso, sin embargo, no ha podido arrancar en forma hasta la fecha. Ese 19 de octubre, la defensa de Milton Álvarez alegó que el juez penal de Yopal que estudiaría el caso no tenía competencia. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría alzaron su voz de protesta, el juez admitió el argumento y remitió el caso a Monterrey, porque “los hechos ocurrieron en Tauramena y la cabecera de ese circuito judicial es Monterrey”. El Espectador confirmó con fuentes de la Fiscalía, no obstante, que la audiencia será reprogramada para enero próximo. Milton Álvarez, por su parte, insiste en que detrás de este proceso una vez más está su gran opositor, el Negro Carlos López Chaparro.
Fuente: www.elespectador.com
Con el propósito de brindar un espacio de visibilización comercial a emprendedores del departamento, el SENA Regional Casanare realizará este 30 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m., la Feria de Economía Popular en el Centro Comercial Gran Plaza Alcaraván, donde el público podrá conocer y adquirir una amplia variedad de productos elaborados por talento local.
Durante la jornada, los visitantes encontrarán propuestas como jabones artesanales, turbantes, vestidos, materas, gastronomía, miel, cremas naturales, accesorios y joyas, así como shampoo natural, todos desarrollados por emprendedores que hacen parte de los procesos de formación y acompañamiento de la Entidad.
En el marco de esta feria, los emprendedores también tendrán la oportunidad de participar en el Evento de Divulgación Tecnológica (EDT) “Las redes sociales en el desarrollo de una estrategia digital: Catálogos digitales”, un espacio diseñado para fortalecer sus capacidades en marketing digital, uso estratégico de redes sociales y creación de catálogos en línea, herramientas claves para aumentar la visibilidad de sus negocios y mejorar sus canales de venta.
La feria estará abierta al público hasta las 7 p.m., convirtiéndose en un escenario para apoyar la producción local y promover el crecimiento de la economía popular en Casanare.
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través de la Dirección para la Igualdad y Equidad de la Mujer, avanza en acciones pedagógicas y formativas clave. estas iniciativas, respaldadas por la Gestora Social Paula Ruíz, buscan prevenir y mitigar las violencias contra las mujeres, además de fortalecer su autonomía económica y emocional en la región.
Como parte de esta importante agenda, un grupo de 150 mujeres emprendedoras de la comunidad participó activamente en un taller intensivo de marketing digital. el evento tuvo lugar en la Casa de la Mujer y la Familia, un espacio fundamental para proporcionar herramientas prácticas que impulsan las ventas y abren nuevas oportunidades de crecimiento para sus emprendimientos locales.
El taller se centró en temas cruciales como el desarrollo de marcas auténticas, el uso estratégico de diversas redes sociales, la creación de contenido atractivo y el posicionamiento digital efectivo. para motivar la aplicación de lo aprendido, cada participante recibió un aro de luz y un trípode, insumos esenciales para sus primeros pasos en la creación de contenido y la visibilización de sus marcas.
Estas valiosas acciones se integran en la programación más amplia que la administración municipal lidera en el marco del 25N, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. entre las actividades aún vigentes, destaca la feria empresarial “Por un Yopal con respeto, igualdad y cero violencia”, que se llevará a cabo este 28 de noviembre.
La feria, organizada por el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de Yopal, se realizará en la entrada 2 del Centro Comercial Unicentro. Este evento contará con la participación de numerosas emprendedoras locales, así como una amplia oferta institucional de las secretarías de desarrollo social, salud y gobierno, fortaleciendo el apoyo a las mujeres.
“Estamos convencidos de que brindar a las mujeres herramientas prácticas y habilidades para su desarrollo personal y económico es una forma efectiva de alejarlas de la dependencia y, con ello, de los entornos donde sus derechos pueden ser vulnerados”, afirmó Ana Milcen Tarache Farfán, directora para la igualdad y equidad de la mujer.
En un hecho que ha generado profunda controversia jurídica y política en el municipio de Monterrey, el alcalde Alejandro Ballesteros avanzó con la firma de un crédito por 20 mil millones de pesos, pese a existir una orden judicial expresa que suspendía cualquier actuación relacionada con dicho endeudamiento.
El pasado 21 de octubre, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito Municipal de Monterrey, mediante sentencia de segunda instancia, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso de los concejales de la oposición, al evidenciar que el Proyecto de Acuerdo 014 de 2025, que autorizaba el endeudamiento, fue tramitado de manera irregular, apresurada y sin las garantías mínimas de transparencia. En esa decisión, el despacho judicial ordenó de manera clara no adelantar ninguna actuación dentro del proyecto, hasta que se resolviera una medida cautelar dentro del proceso de nulidad que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal.
La orden judicial era contundente: se debía suspender la aprobación, la sanción del acuerdo por parte del alcalde, la firma del crédito, la incorporación de los recursos al presupuesto y cualquier otro acto derivado del endeudamiento.
No obstante, el 10 de noviembre, en un acto que hoy es calificado por la oposición como un abierto desacato, el alcalde Ballesteros firmó el crédito con el banco BBVA en la ciudad de Yopal, ignorando de manera directa la decisión de un juez constitucional. Posteriormente, la administración municipal incluyó una partida de 1.300 millones de pesos para el pago de intereses del crédito dentro del proyecto de presupuesto para la vigencia 2026, además de pretender incorporar los recursos provenientes del endeudamiento.
El proyecto de presupuesto ya fue aprobado en Comisión Segunda por 3 de los 5 concejales, y actualmente se encuentra en segundo debate en plenaria, donde se anticipa su aprobación por parte de las mayorías oficialistas, pese a las advertencias legales existentes.
Radican incidente de desacato
Ante este panorama, el pasado 21 de noviembre los concejales de oposición radicaron un incidente de desacato contra el alcalde y el Concejo Municipal, al considerar que se violó de manera flagrante la orden judicial. El Juzgado Primero Municipal otorgó un plazo de 48 horas para que el alcalde y la corporación respondieran.
Como argumento de defensa, la administración ha sostenido que la suspensión del Proyecto de Acuerdo 014 no cobijaba el Acuerdo Municipal 012, interpretación que ha sido desestimada por los denunciantes, quienes sostienen que la orden del juez es clara, directa y de obligatorio cumplimiento, y que prohíbe cualquier acto que permita materializar el endeudamiento.
Para la oposición, lo ocurrido refleja la osadía de la administración municipal y su equipo jurídico, que, según afirman, actuaron con pleno conocimiento de la prohibición judicial, con el único objetivo de endeudar al municipio “sí o sí”, incluso por encima del orden constitucional y judicial.
Ahora corresponderá a la justicia determinar si el alcalde Alejandro Ballesteros y los concejales que acompañaron estas decisiones incurrieron en desacato, lo que podría derivar en sanciones personales, disciplinarias y penales, además de eventuales consecuencias sobre la validez de los actos administrativos expedidos.
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