CASANARE
Fiscalía le imputará cargos en enero a Milton Álvarez, será investigado por falsa denuncia
Así lo confirmaron fuentes del organismo. Álvarez es Secretario de Gobierno de la Gobernación de Casanare e integrante de una poderosa familia de esa región. Milton Álvarez fue alcalde de Tauramena, Diputado y quería ser Gobernador de Casanare.
En marzo de 2010, Milton y Javier Álvarez, hermanos y miembros de una poderosa familia casanareña, denunciaron a Florisminda Martínez por extorsión. Ella, se suponía, les había pedido dinero a cambio de retirar la denuncia en la que los culpaba por la muerte de su hijo Alexis Guerrero Martínez, en zona rural de Tauramena. Milton Álvarez, quien para 2010 aspiraba a ser el candidato liberal a la Gobernación de Casanare, aseguró que detrás de la mujer que exigía $30 millones para retractarse había un grupo que buscaba afectar sus aspiraciones políticas. La Fiscalía de Casanare la llamó a juicio en tiempo récord: un mes. En 2014 y 2015, sin embargo, fue absuelta en primera y segunda instancia.
En esta historia los papeles se cambiaron y el acusador ahora es el acusado. En enero próximo la Fiscalía le imputará cargos a Milton Álvarez por fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio. Es decir, será investigado formalmente. Los jueces que absolvieron a Florisminda Martínez determinaron que el día en que las autoridades la capturaron recibiendo el dinero de la presunta extorsión en la casa de Milton Álvarez, de manos de él mismo, no fue ella quien convocó a la cita para recibir la plata, sino el político casanareño y que, en vez de constreñimiento, allí se había dado una negociación.
La Fiscalía, en su primer intento de imputarle cargos al político en un juzgado de Yopal (Casanare) el pasado 19 de octubre, retomó los argumentos del Juzgado Segundo Promiscuo de Monterrey y del Tribunal de Yopal, para asegurar que Florisminda Martínez nunca hizo en realidad una exigencia de dinero, sino que recibió una oferta para que se retractara de lo denunciado por el homicidio de su hijo y sus acompañantes Leonardo Achagua y Andrés Salamanca, en la finca La Dorada (en Tauramena), en diciembre de 2007. Los tres hombres, según su relato, iban a aquella hacienda a realizar un negocio, el cual les dejaría ganancias por cerca de $40 millones.
El dueño de la finca La Dorada es un viejo conocido de los asuntos judiciales de Casanare: Carlos López Chaparro, alias el Negro. El reconocido ganadero casanareño salió del anonimato cuando en julio de 2012 acusó ante la Corte Suprema al entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, de haber hecho pactos mientras era senador con el jefe paramilitar de Casanare, Martín Llanos. De igual forma acusó a los hermanos Milton y Javier Álvarez de haber fraguado un plan para asesinarlo. En 2008, además, ya los había señalado de haberlo desplazado de su finca y de hacer parte del último reducto paramilitar en Casanare.
En septiembre de 2015, un juzgado de Bogotá condenó a López Chaparro a tres años y ocho meses de prisión por el falso testimonio que dio contra el hoy vicepresidente y los hermanos Álvarez. Sus declaraciones, no obstante, fueron tomadas en serio por la Fiscalía un tiempo y le costaron la libertad a Milton Álvarez, quien fue detenido en junio de 2011, cuatro meses antes de las elecciones regionales en las que él aspiraba a ser gobernador. En su contra también había declaraciones de diez testigos exparamilitares, quienes hablaron de supuestas alianzas suyas con Martín Llanos. En 2013, un juzgado de Yopal estableció que eran falsos testigos y que detrás de ellos estaba López Chaparro.
Milton Álvarez pasó 22 meses en prisión y en 2013 fue absuelto. Él y su hermano han declarado que cada vez que resultan salpicados en expedientes, las acusaciones suelen provenir de López Chaparro. En el caso que hoy prepara la Fiscalía, sin embargo, los roles parecen estar al revés: el organismo indaga si los hermanos Álvarez le pagaron a Florisminda Martínez para que inculpara por el triple asesinato a López Chaparro, reconocido ganadero y comerciante de la región que está en Panamá. Su condena fue el resultado de un preacuerdo con la Fiscalía, recibió detención domiciliaria y luego pudo radicarse en el país vecino a cambio de atender los requerimientos de las autoridades.
En la audiencia de imputación de cargos del pasado 19 de octubre contra Milton Álvarez, la Fiscalía aseguró que el 18 de julio de 2011, casi cuatro años después de la muerte del hijo de Florisminda Martínez, dos hombres fueron llevados a una notaría en Tauramena por Isidro Alfonso Roa a que realizaran una declaración extrajuicio, implicando penalmente a el Negro López Chaparro por los tres asesinatos perpetrados en la finca de su propiedad, La Dorada. Alfonso Roa, subrayó la Fiscalía, fue abogado de Milton Álvarez y hoy ejerce como secretario de Gobierno en Tauramena, cuyo alcalde es Javier Álvarez, el hermano de Milton Álvarez. Posteriormente los dos hombres se retractaron.
El proceso, sin embargo, no ha podido arrancar en forma hasta la fecha. Ese 19 de octubre, la defensa de Milton Álvarez alegó que el juez penal de Yopal que estudiaría el caso no tenía competencia. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría alzaron su voz de protesta, el juez admitió el argumento y remitió el caso a Monterrey, porque “los hechos ocurrieron en Tauramena y la cabecera de ese circuito judicial es Monterrey”. El Espectador confirmó con fuentes de la Fiscalía, no obstante, que la audiencia será reprogramada para enero próximo. Milton Álvarez, por su parte, insiste en que detrás de este proceso una vez más está su gran opositor, el Negro Carlos López Chaparro.
Fuente: www.elespectador.com
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
CASANARE
Yopal blinda la seguridad: sin barras visitantes y con estrictos controles para partido de alto riesgo
Tanto la Alcaldía de Yopal como la Gobernación de Casanare expidieron sendos decretos, mediante los cuales adoptan una serie de medidas especiales de seguridad con ocasión del partido entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional, considerado de alto riesgo. Las administraciones municipal centró sus decisiones en prevenir alteraciones del orden público, estableciendo restricciones y controles estrictos en el marco del desarrollo de este evento deportivo.
Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición del ingreso de hinchadas organizadas visitantes provenientes de otros departamentos, así como la restricción en la venta de boletería destinada a estos grupos. Además, se limitó la realización de caravanas, desplazamientos colectivos y cualquier tipo de movilización masiva de barras que no cuente con autorización previa de las autoridades competentes.
El decreto también ordena a la Policía Nacional implementar operativos especiales de control, vigilancia y verificación en las vías de acceso al municipio y al departamento, con el objetivo de identificar y mitigar posibles riesgos. Estas acciones deberán aplicarse de manera proporcional y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De igual forma, se prohibió el ingreso y transporte de elementos que puedan generar violencia, como pólvora, armas blancas y objetos contundentes. Las medidas estarán vigentes entre el 24 y el 25 de abril de 2026, e incluyen la articulación entre autoridades locales, departamentales y la fuerza pública para garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro.
Asimismo, se ordenaron controles policiales en las vías de acceso al departamento y al municipio. Se prohibió el ingreso de menores de dieciocho (18) años a las localidades occidental norte y occidental sur, además se prohibió el ingreso de menores de catorce (14) años a la localidad occidental central.
De igual manera, se prohibió en Yopal la circulación de motocicletas con acompañante y/o parrillero con edad superior a 14 años, desde el día viernes veinticuatro (24) de abril a las 5:00 p.m. hasta el día sábado veinticinco (25) de abril del 2026 a las 10:00 p.m.
Los contribuyentes en Yopal pueden acceder a descuentos por pronto pago del impuesto predial 2026, con beneficios que varían según las características de cada predio y las fechas en que se realice el pago.
De acuerdo con las condiciones establecidas, existen dos grupos de incentivos: El primero aplica para predios excluidos de la Ley 44 de 1990, entre los que se encuentran lotes urbanizables no urbanizados, lotes urbanizados no edificados, predios nuevos y aquellos que incorporaron construcciones tras la actualización catastral.
Para estos casos, los descuentos son del 30% si el pago se realiza hasta el 31 de mayo, 20% hasta el 30 de julio y 10% hasta el 30 de septiembre. Este beneficio está dirigido a quienes hayan cumplido con el pago del impuesto predial de la vigencia 2025 hasta octubre del año anterior.
Por su parte, los demás predios también cuentan con incentivos por pronto pago. En estos casos, se ofrece un 15% de descuento hasta el 31 de mayo, 10% hasta el 31 de julio y 5% hasta el 30 de septiembre.
Además de estos beneficios, los contribuyentes pueden optar por el sistema de pago alternativo por cuotas, una opción que permite distribuir el valor del impuesto a lo largo del año y facilitar el cumplimiento de la obligación.
Los ciudadanos pueden reclamar su factura en los puntos de atención o descargarla a través del portal https://impuestos.yopal.gov.co/, así como realizar el pago en los lugares autorizados.
La recomendación es aprovechar estos descuentos dentro de los plazos establecidos, lo que no solo representa un ahorro, sino que también evita costos adicionales y facilita el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
