META
A la cárcel ex secretario de gobierno del Meta y contratistas, por actos de corrupción en 2015
La Fiscalía General de la Nación judicializó al ex secretario de Gobierno del Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro, Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.
De igual manera, fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.
Los elementos de prueba indican que estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó procesos contractuales para realizar obras civiles como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales.
La actuación del exsecretario y dos de los contratistas, al parecer, generaron un detrimento superior a 70.000 millones de pesos.
Investigación
En 2015, Gómez Niño habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); junto con el contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.
En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.
El entonces alcalde de Fuentedeoro, Guillermo Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante Cormacarena los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.
Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.
La Fiscalía imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.
Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son el secretario de Gobierno de Meta y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón. Cuatro investigados más cumplirán detención en el lugar de residencia; mientras que el señor Medina Neira seguirá vinculado al proceso.
Golpe al patrimonio de la red de corrupción
La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre varios activos que aparecen a nombre del ex secretario de Gobierno del Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, al igual que los demás procesados y personas cercanas.
Se trata de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, que habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades que atentan contra la administración pública.
Los bienes, avaluados preliminarmente en 35.124 millones de pesos, fueron ocupados en diligencia realizadas con apoyo de la DIJIN en Paz de Ariporo (Casanare), Fuentedeoro, San Martín y Granada (Meta), Cota (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá). Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Fuente: Comunicaciones Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Jairo Hoyos Arenas, quien fue capturado en flagrancia cuando al parecer movilizaba personas que estarían siendo reclutadas para engrosar las líneas de las disidencias de las Farc.
El pasado 24 de abril, en horas de la madrugada, en un puesto de registro y control de la Policía Nacional en la vía Bogotá – Villavicencio, Hoyos Arenas fue requerido cuando se movilizaba en un vehículo con ocho personas.
Al corroborar las identidades de los ocupantes se hallaron tres menores de edad, quienes señalaron a Hoyos Arenas de haberlos recogido en El Tambo (Cauca) y de trasladarlos a Calamar (Guaviare), donde presuntamente serían entregados a las disidencias de las Farc.
Los menores fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar para el restablecimiento de sus derechos.
La Fiscalía le imputó el delito de reclutamiento ilícito, cargo que no aceptó el procesado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Covioriente, informa que este sábado 27 de abril se llevará a cabo la prueba de carga en el puente vehicular Guatiquía, ubicado en el tramo Villavicencio – Cumaral, unidad funcional 1 del proyecto vial.
El desarrollo de estas pruebas implica restricciones de movilidad que se darán en horario nocturno, desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., en los siguientes puntos sobre la ruta nacional 6510:
– Desde el kilómetro 2+100 hasta el kilómetro 3+450, entre el sector del Monumento al Coleo y la glorieta del Monumento de Las Arpas.
– En el kilómetro 5, sector del cruce hacia la vereda El Cairo.
– En el kilómetro 8+300, en aproximaciones al peaje Puente Amarillo (restricción de vehículos de carga).
En las ubicaciones mencionadas se implementará el Plan de Manejo de Tráfico con señalización y personal encargado del control vehicular, el cual se restablecerá al finalizar las actividades.
Tenga en cuenta que, aunque las pruebas se realizan sobre la estructura, se debe restringir la movilidad metros antes para ubicar la maquinaria y personal encargado de las actividades.
Fuente: Covioriente
En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.
En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.
Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.
Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.
Fuente: Gobernación del Meta
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