CASANARE
Denuncian presunto favorecimiento irregular con empresa que ganó contrato de transporte escolar en Casanare
De acuerdo con una publicación de la Revista Semana, el Consorcio Trollanos, que perdió un proceso de adjudicación de contrato para el transporte escolar en 18 municipios de Casanare, denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades durante el proceso precontractual, que favorecerían al consorcio que finalmente ganó el contrato por una cifra superior a los $49 mil millones de pesos, para 173 días de servicio.
El proceso, que se adjudicó mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, arrancó el pasado 16 de julio con la publicación por parte de la Gobernación de Casanare. Se presentaron los Consorcios Trollanos y Nuevo Amanecer que entregaron propuestas el 2 de agosto.
Se señala en la denuncia, que en la primera evaluación ningún consorcio aprobó, pero tras varios días pudieron subsanar los requisitos técnicos, jurídicos y financieros que exigía el contrato. Sin embargo, al parecer, en la segunda valoración habrían empezado las irregularidades que denuncian.
Claribel Vallejo, representante legal del Consorcio Trollanos y firmante de la denuncia ante la Fiscalía, señala que el comité evaluador y asesor de la Oficina Jurídica de la Gobernación les rechazó técnicamente su propuesta, a pesar de argumentar que cumplían con la capacidad transportadora para prestar el servicio público fluvial de pasajeros solicitado en el pliego.
“Se evidencia una incongruencia porque, pese a que advierte que el oferente cumple, al final concluye que es rechazada técnicamente, algo ilógico, ya que si cumplía ese requisito no podía ser una causal de rechazo en el aspecto técnico”, dice la denuncia.
Agrega la denuncia, que el comité asesor y evaluador también habría rechazado la propuesta de Trollanos porque no presentó los certificados de capacidad transportadora de las empresas colaboradoras; sin embargo, en la denuncia, Trollanos mostró varias pruebas de que entregó todos los documentos que se habían pedido en las condiciones del contrato.
Sobre el Consorcio Nuevo Amanecer, que finalmente se quedó con el contrato por 49 mil millones de pesos, dice la denuncia que “no presentó el Registro Único de Proponente (RUP) de los integrantes Flotasugamuxi S.A., Transportes El Morro S.A.S., Cooperativa Multiactiva Nacional de Transportadores Independientes Contrain Ltda y de Cooperativa de Transportadores Rápido Chicamocha”.
Sigue alegando Trollanos, que pese a que esa situación fue una causal de rechazo para ellos, el comité evaluador le habría dado el visto bueno al Consorcio Nuevo Amanecer. En la denuncia se dice también, que el profesional que propuso Nuevo Amanecer para quedarse con el contrato, no cumplía la experiencia certificada.
El Consorcio Trollanos argumenta que la situación deja en evidencia una afectación del derecho a la igualdad entre los dos consorcios, pues existió un trato diferente y discriminatorio contra Trollanos. Por esa razón, se pide a la Fiscalía que investigue a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción.
Fuente: Con Información de Revista Semana
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
El Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Casanare llevó a cabo una jornada de inspección y control en los municipios de Nunchía y Maní, con el objetivo primordial de proteger la salud de la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda continúa promoviendo un mensaje de prevención entre comerciantes y consumidores sobre la importancia de adquirir productos legales.
Durante el recorrido por diversos establecimientos comerciales, el equipo de la Secretaría de Hacienda verificó el estado de licores, cervezas y cigarrillos. Simultáneamente, se generaron espacios de diálogo para concienciar y prevenir la circulación de productos de dudosa procedencia, aquellos sin el pago de impuestos correspondientes o con posibles alteraciones que puedan afectar la salud pública.
Estas visitas se realizaron con un enfoque de asesoría técnica, explicando a los comerciantes cómo identificar una estampilla auténtica y la relevancia de exigir la factura legal al momento de abastecer sus negocios. Esta capacitación busca fortalecer las prácticas responsables y la cadena de legalidad en los municipios.
Los técnicos del Grupo Anticontrabando resaltaron que la entrada legal de productos garantiza que los recursos generados por impuestos permanezcan en el departamento. Estos fondos se transforman directamente en inversión pública, impactando positivamente en áreas fundamentales para la ciudadanía.
Finalmente, se enfatizó que el control al contrabando es una herramienta clave para asegurar que los recursos provenientes del impuesto al consumo se destinen eficazmente a hospitales, instituciones educativas y escenarios deportivos, mejorando directamente la calidad de vida en los municipios de Casanare.
Una tragedia conmociona al sector de La Pedrera en Yopal. En las últimas horas, un siniestro vial en el kilómetro 14 de la vía que conduce hacia este sector cobró la vida de Luis Alejandro Rodríguez Parada, un reconocido comerciante de 32 años.
El hecho ocurrió tras la colisión la noche anterior, entre una motocicleta de placas ADN-39H, en la que se movilizaba Rodríguez Parada junto con su pequeño hijo de 10 años, y un taxi identificado con las placas UVK-883 y número interno MY105. Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.
Lo que agrava el dolor de la comunidad es que el comerciante no iba solo: su hijo de 10 años lo acompañaba en el momento del impacto. El estado de salud del menor aún no ha sido confirmado oficialmente, aunque se señala que habría sufrido diversas fracturas producto del fuerte impacto.
Rodríguez Parada era el dueño de la ferretería El Diamante, ubicada en el sector de El Palmar, y era descrito por la comunidad como un hombre solidario, trabajador y muy querido. Su muerte repentina deja un profundo vacío entre quienes lo conocían y frecuentaban su negocio.
