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Fiscalía General y Policía ponen en marcha práctico sistema para denunciar delitos
Con el objetivo de contrarrestar las dificultades que se les puedan presentar a los ciudadanos a la hora de denunciar algún delito, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ponen en marcha el Sistema Nacional de Denuncia Virtual ‘ADenunciar’, para permitir al ciudadano reportar a través de internet los delitos que más afectan su cotidianidad.
Inicialmente, la herramienta estará habilitada para la recepción de reportes por seis de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y que no requieren valoración médico – legal: hurto a personas, hurto a comercio, hurto a residencias, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y la extorsión. Estas conductas fueron seleccionadas porque son algunas de las más denunciadas en todo el país.
¿Cómo funciona?
A diferencia del mecanismo habitual de denuncia, que obliga a las personas a trasladarse a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía o Estaciones de Policía, ahora es posible efectuar el mismo trámite en cuestión de minutos.
El denunciante solo necesita acceso a internet. Desde un computador o teléfono móvil debe ingresar al enlace ‘ADenunciar’, dispuesto en las páginas web de la Policía Nacional (www.policia.gov.co) y de la Fiscalía (www.fiscalia.gov.co).
Posteriormente, el sistema habilita un formato que pide al ciudadano nombre completo, número de cédula y algunos datos personales, para así evitar denuncias anónimas que terminen en reportes falsos. La herramienta garantiza la protección de los datos de los usuarios, como lo contempla la Ley 1581 de 2012.
Tras diligenciar la información requerida, el siguiente paso es la descripción detallada del hecho que va a reportar la víctima o cualquier persona que tenga elementos para poner en conocimiento uno de los seis delitos anteriormente mencionados.
En un plazo máximo de 24 horas, el funcionario de policía judicial que recibe la solicitud, validará la identidad del denunciante, verificará que la petición cumpla con los requisitos de una denuncia penal y enviará al correo electrónico del ciudadano el Número Único de Noticia Criminal. De no ser aceptado el reporte, el mensaje que llegará al usuario explicará las razones de la negativa y la ruta a seguir para llevar a feliz término el trámite.
Otras de las ventajas del Sistema Nacional de Denuncia Virtual es que, en un término de cinco días, el denunciante recibirá un correo con los datos del despacho del fiscal asignado al caso. Igualmente, con el número de registro del reporte, se podrá hacer seguimiento a la denuncia y consultar su evolución en la página web de la Fiscalía General de la Nación.
Es importante resaltar que, si la víctima de cualquiera de los seis delitos admitidos por la herramienta es menor de edad, debe ser un adulto el encargado de realizar el trámite.
Los ciudadanos que quieran reportar conductas penales distintas o poner en conocimiento una situación que afecta la convivencia, podrán ir al vínculo ‘Salas de denuncia’ ubicado a un costado de ‘ADenunciar’. Allí encontrará de manera ágil los puntos de recepción de denuncias o de atención ciudadana más cercanos.
‘ADenunciar’ comenzó a gestarse hace ocho meses por la Oficina de Telemática de la Policía Nacional, con el apoyo fundamental de la Fiscalía. En esta primera fase tendrá 170 funcionarios de la Policía y la Fiscalía para garantizar el éxito del proceso y, para una segunda fase, espera ampliar la cobertura de delitos y poner en funcionamiento una aplicación para dispositivos móviles.
La puesta en marcha del Sistema Nacional de Denuncia Virtual hace parte del proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) de la Policía Nacional y de la estrategia nacional contra el delito de la Fiscalía General de la Nación ‘De la gente, por la gente, para la gente’.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
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En Yopal, adulto mayor asesinó a su expareja tras discusión por intención de vender vivienda
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 en Yopal, cuando fue asesinada María Ofelia Mendoza Martínez, de 66 años, a manos de su excompañero sentimental en medio de una discusión dentro de su vivienda, en la carrera 12 con calle 42, barrio El Fical.
De acuerdo con la información oficial, la víctima, quien era modista y pertenecía a la Junta de Acción Comunal del sector, recibió una herida en el tórax con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte en la puerta del lugar de los hechos, hasta donde alcanzó a caminar en busca de ayuda. El ataque se habría producido tras una disputa relacionada con la intención del agresor de vender la casa en la que ambos habían residido.
El responsable fue identificado como Pedro Pablo Gualdrón Beltrán, de 73 años, quien luego de agredir a la mujer se autolesionó en el abdomen. La rápida reacción de la patrulla policial permitió su captura en flagrancia, luego de que uniformados acudieran al sitio alertados por voces de auxilio.
Como antecedente relevante, se conoció que la víctima había denunciado en 2009 a su agresor por violencia intrafamiliar, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este tipo de conflictos y su trágico desenlace cuando no se logran contener a tiempo. Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el capturado.
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En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.
La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.
El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.
En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.
El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.
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Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas
Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.
ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.
