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Entre incautaciones de la Fiscalía, JJ Torres ocupa el quinto lugar por millonarios bienes decomisados

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La persecución a grupos armados al margen de la ley, a narcotraficantes, a miembros de bandas criminales y a los corruptos dejó el año pasado procesos de extinción de dominio por 5,1 billones de pesos.

Según un balance de la Fiscalía, en total se ocuparon 6.500 bienes, siendo casos de corrupción los que encabezan la lista de incautaciones más valiosas con las que cuenta el Estado.

Aunque el desafío sigue siendo la administración de los bienes por parte del Estado, de llegarse a aprobar la ley propuesta por la Fiscalía y el Gobierno, estos bienes y los que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrían ser monetizados desde el momento de la incautación en beneficio del Estado.

En esta lista negra, las mafias del narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley fueron superados por los protagonistas de los mayores escándalos por corrupción.

1. James Francisco Arias Vásquez, alias el “Chatarrero”

Luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, el “zar de la chatarra” logró una condena de 10 años de prisión por los delitos de contrabando, concierto para delinquir, falsedad en documento público, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pasará a la historia por ser la primera persona que, acogiéndose al nuevo código de Extinción de Dominio, se quedó con el 3 % del dinero ilegal que obtuvo. La Fiscalía le incautó 354 bienes avaluados en 1,8 billones de pesos.

2. Alberto Aroch Mugrabi

El empresario textilero logró que un juez le concediera detención domiciliaria este diciembre por enfermedad. Es procesado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El ente acusador lo señala de realizar exportaciones ficticias para obtener millonarias devoluciones de impuestos por parte de la DIAN. La Fiscalía le incautó seis bienes por un valor de 1 billón de pesos.

3. Clan del Golfo

Es la principal banda criminal del país, liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Las autoridades lograron ocuparle 410 propiedades por 350.300 millones de pesos.

4. Óscar Pachón Rozo, alias “Puntilla”

Al señalado líder de la organización los “Puntilleros”, banda criminal que acogió la disidencia del ERPAC y reemplazó la actividad criminal que dejó el “Loco” Barrera en los Llanos orientales, le decomisaron bienes por 224.000 millones de pesos. Son 4.251 bienes incautados, dentro de los que se incluyen 4.130 cabezas de ganado. Alias “Puntilla” fue capturado a comienzos de 2016.

5. Jhon Jairo Torres, alcalde detenido de Yopal

Las autoridades incautaron bienes al polémico alcalde de Yopal “Jhon Calzones” por 200.000 millones de pesos. Son 23 propiedades, que según Torres fueron adquiridas vendiendo ropa interior para mujeres. Actualmente, espera en detención el fin de un proceso por lavado de activos.

6. Farc

A la guerrilla, que avanza en un proceso de paz con el Gobierno Nacional, le fueron ocupados 370 bienes avaluados en 481.000 millones de pesos. El acuerdo de paz con las Farc prevé la entrega voluntaria de bienes de la organización para la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano.

7. Narcotraficantes

Las autoridades les quitaron a personas señalados de pertenecer a mafias al servicio del narcotráfico un total de 76 bienes que están valorados en 70.000 millones de pesos.

8. Elías Cobos Muñoz.

Fue capturado como jefe de una organización narcotraficante acusada de lavar activos. De esta banda hacían parte coreanos, dueños de centros de comercio en San Andresitos de Bogotá, los cuales eran usados presuntamente para lavar dinero a través de la importación de telas. En total, las autoridades le incautaron 87 bienes por 57.500 millones de pesos.

9. Herederos “paras”

La Fiscalía incautó a herederos de Miguel Arroyabe, jefe del Bloque Capital; testaferros de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “Mellizo”, y de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”, 46 propiedades valoradas en 56.130 millones de pesos.

10. Carrusel de la salud de las Fuerzas Militares

En una red delincuencial en la que participaban oficiales, médicos, particulares y funcionarios públicos, se expedían documentos falsos para emitir diagnósticos médicos e incapacidades por enfermedades inexistentes; así lograban indemnizaciones y reparaciones económicas. También se tramitaban de manera irregular pensiones para obtener pagos por encima de lo debido. Las incautaciones por este caso van en 50.000 millones de pesos.

En el listado también aparecen Francisco Iván Cifuentes Villa y su núcleo familiar con 46 bienes incautaciones por 32.660 millones; Wiston Leonel Torres, conocido como el Abogado del Diablo, a quien le allanaron 40 propiedades por 26.000 millones; y Enilce López, alias la “Gata”, con 75 bienes que valen 15.000 millones.

Por el caso de la EPS Confamiliar del Huila se incautaron 28 bienes por 10.500 millones; a la Oficina de Envigado le ocuparon 11 propiedades por 5.000 millones y aparece Marco Antonio Gil, alias “El Papero”, a quien le incautaron un bien por 3.000 millones de pesos.

Fuente: www.semana.com

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Excomandante del Batallón de Tauramena reconoció tardíamente su culpa en “falsos positivos”

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“Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado”, dijo el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán ante más de 70 familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, entre ellas un sobreviviente. Sus palabras se escucharon durante la audiencia restaurativa convocada por la JEP, luego de que el compareciente se retractara y anunciara su decisión de reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados.

Según relató, solo logró dimensionar el daño causado al acercarse y escuchar lo que han vivido las víctimas. No se refería únicamente a la audiencia realizada este 18 y 19 de marzo, en Yopal, sino también a los encuentros privados ordenados por la JEP, con el acompañamiento de expertos psicosociales, en los que tuvo la oportunidad de conocer los daños que estos crímenes causaron en las víctimas, sus familias, las comunidades y los territorios. “Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”, dijo.

León Durán fue convocado a esta audiencia tras ser imputado como máximo responsable en el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Como inicialmente negó su responsabilidad, su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), lo que activó la ruta adversarial. Sin embargo, antes de que se presentara el escrito de acusación en su contra, el teniente coronel retirado decidió reconocer su responsabilidad por al menos 30 crímenes cometidos cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’.

Se trata de hechos ocurridos entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006. La imputación se dio en calidad de coautor mediato, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Según la investigación, el patrón macrocriminal se desplegó mediante tres modalidades: 1) La ejecución de personas capturadas o puestas fuera de combate, 2) La selección de víctimas a partir de información de inteligencia falsa y 3) El reclutamiento de personas bajo engaño con promesas de empleo.

Por eso, este reconocimiento, que se produce en un momento avanzado del proceso judicial, marcó un punto de inflexión en su caso. Se trata del primer proceso de reconocimiento tardío en la JEP, que ocurre cuando un compareciente, tras haber negado su responsabilidad, decide retractarse y aceptar los hechos antes de que se emita una sentencia en su contra. En estos casos, los comparecientes pueden acceder a una Sanción Alternativa, que contempla entre 5 y 8 años de privación de la libertad, así como otras medidas restaurativas orientadas a reparar los daños causados a las víctimas y contribuir a la no repetición.

El reconocimiento

Su reconocimiento llegó después de años de silencio y negación, y tras escuchar los relatos y las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de este proceso, decidió de manera voluntaria y consciente aceptar su responsabilidad y solicitar la realización de una audiencia restaurativa para iniciar un camino de dignificación de las víctimas, con un reconocimiento fáctico, jurídico y restaurativo que corresponda a la realidad de los hechos. Por su parte, los magistrados precisaron que este “no es un escenario adversarial ni un debate probatorio; su finalidad es facilitar la resolución de los conflictos y propender por el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.

Al escuchar a las víctimas durante la audiencia, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reiteró los compromisos que había adquirido con ellas y les dijo: “Quiero hacer entrega de la copia del archivo operacional. Ese archivo demuestra que el original fue alterado y modificado mediante documentos e informaciones. Esta entrega la hago con el objeto de que se utilice toda la información detallada que hay ahí, en donde aparecen los nombres de los miembros que participaron en cada hecho, así como de funcionarios de otras instituciones. Esta documentación consta de 26 carpetas, y entrego también 17 carpetas con las capturas realizadas durante el tiempo que estuve como comandante del batallón”.

Durante su intervención, León Durán leyó, uno a uno, los hechos, los nombres de las víctimas y las fechas de sus asesinatos: civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate. Asimismo, explicó que ya rindió una primera entrevista ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entregó documentos con información relevante y continúa colaborando con esa entidad para obtener datos que contribuyan a su búsqueda. “Encontrar los cuerpos de las víctimas es un compromiso que tengo y que siempre he ratificado. Es motivo de intranquilidad y no me deja dormir aceptar que fui partícipe del asesinato de sus familiares y que, pasados 20 años, persiste la desaparición forzada”, dijo.

Las víctimas alzaron su voz

Durante la audiencia, las víctimas tomaron la palabra para exponer el dolor, los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, familias y comunidades, así como sus demandas de verdad, reconocimiento y dignificación. Sus intervenciones permitieron reconstruir lo ocurrido e interpelaron directamente al compareciente sobre su responsabilidad.

El primero en intervenir fue Siervo Fernández Cuervo, único sobreviviente de los hechos atribuidos a Germán Alberto León Durán, quien tomó la palabra para reclamar justicia y exigir que se limpiara su nombre. “Mi señora madre se fue de este mundo, al igual que mi padre, con la esperanza de que se supiera que yo no era ningún guerrillero”, dijo. Relató cómo su vida cambió desde el 26 de febrero de 2006, cuando integrantes del Birno intentaron asesinarlo. “Desde esa fecha para acá mi vida cambió. Mi señora de esa época decidió irse de mi lado porque decía que en cualquier momento llegaba la tropa y nos sacaba”, contó.

A su turno, Kevin Córdoba Arias dijo: “Estoy aquí para hablar por mi tío porque a él lo silenciaron dos veces: primero con las balas y luego con la estigmatización”. Nombrando uno a uno a los integrantes de su familia, afirmó: “Vengo a dignificar su nombre. Giovanny era hijo, hermano, tío y sobrino; era un hombre con sueños, con una familia que lo esperaba. No era un criminal. Exijo que su nombre sea limpiado de manera oficial y pública, que el país conozca la verdad”.

Dirigiéndose a León Durán, Diana Marcela, hija de Héctor Contreras, una de las víctimas documentadas en la investigación, le dijo: “Quiero pedirle que me ayude a encontrar a mi papá. Es el único acto de reparación que puede servir para mí: saber la verdad y poder hallarlo”. En ese mismo sentido, alzó la voz Ana Rita, hermana de Bautista Leguizamón, desaparecido el 15 de marzo de 2006: “Necesitamos un lugar donde podamos ir a llorarlo y saber dónde están. Han pasado muchos años”.

A su turno, otra de las víctimas que intervino, Alba Doraima, hermana de Carlos Alfonso Fonseca, dijo durante la audiencia: “Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes para Colombia: que el camino hacia la paz no nace del olvido, sino del reconocimiento, del respeto y de la memoria”. En esa misma orilla se paró Daniel Alejandro, hijo de Gustavo Adolfo Wilkin Correa, asesinado el 16 de agosto de 2006. “La paz se construye aquí, en audiencias como estas, donde, por primera vez, alguien dice públicamente: ‘yo fui responsable’, y eso no borra el daño, pero es el primer ladrillo. Y Colombia necesita más ladrillos, necesita muchos ladrillos, necesita que las personas que tomaron las decisiones más grandes y que causaron el daño más profundo también se paren aquí algún día”, dijo.

En ese mismo sentido, el magistrado Gustavo Salazar recalcó que “6.402 es una cifra que hoy tiene rostro en este auditorio y que a pesar de su dimensión no describe la indignación, el resentimiento, la desolación y la ausencia de verdad y justicia durante tantos años. Los crímenes que abordamos hoy son el reflejo de la caída moral de una institucionalidad que no se miró hacia adentro” y concluyó diciendo: “hoy estamos acá para realzar la inocencia, más allá de los grises de la condición humana, porque estos crímenes fueron actos injustos en toda su injusticia; el maltrato, la tortura, la humillación y el asesinato del desvalido, del ingenuo, del sometido, jamás son admisibles”.

¿Qué sigue?

Luego de esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad emitirá la sentencia respectiva, mediante la cual se impondrá la Sanción Alternativa al compareciente Germán Alberto León Durán. De acuerdo con lo previsto, esta sanción puede oscilar entre cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad y un componente restaurativo.

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Yopal será el punto de partida de ‘Conecta País de la Belleza’, iniciativa del MinTic

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Este viernes 20 de marzo, la ciudad de Yopal será el escenario de la primera activación de Conecta País de la Belleza, una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Canal Trece que recorrerá distintas regiones del país para visibilizar historias de innovación, emprendimiento cultural y desarrollo territorial.

El evento, que se realizará en el Coliseo Cubierto Casiquiare, marcará el inicio oficial del proyecto y reunirá a comunidades locales, emprendedores, creadores de contenido y actores del ecosistema digital en una jornada que combinará tecnología, cultura y formación digital.

Durante la jornada se desarrollarán muestras de emprendimiento cultural local, talleres, activaciones tecnológicas y espacios de formación, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales en la región y promover el talento de los territorios.

Además, en el marco del evento se realizará la entrega de computadores destinados a fortalecer las escuelas locales, en articulación con Computadores para Educar y como parte de las acciones del Ministerio TIC para impulsar el acceso a la tecnología y la educación digital en las regiones.

La activación contará con la participación del Viceministro de Transformación Digital Andrés López, así como de creadores e influenciadores digitales que compartirán experiencias con los asistentes sobre creación de contenido, comunidades digitales y oportunidades en el ecosistema digital.

Entre los invitados estarán Juliana Seligmann, Marco Lasso y Dominic Wolf, quienes participarán en actividades de interacción con el público y conversaciones sobre el impacto de las plataformas digitales en la difusión de historias y proyectos locales.

Asimismo, los creadores Diego Andariego y Gio @estratomedio liderarán clases magistrales sobre desarrollo de contenido digital y construcción de comunidades en línea, dirigidas a jóvenes, emprendedores y creadores interesados en fortalecer su presencia en plataformas digitales.

“Conecta País busca mostrar cómo la tecnología, la creatividad y la cultura están transformando los territorios. Queremos visibilizar historias reales de comunidades y creadores que están impulsando el desarrollo digital del país”, señaló vocería MinTIC.

Conecta País de la Belleza es una iniciativa que recorrerá distintas regiones de Colombia para documentar historias de comunidades, emprendimientos e iniciativas locales vinculadas con innovación, cultura y turismo.

A través de una serie audiovisual, activaciones territoriales y la Ruta TIC, el proyecto busca fortalecer la creación y circulación de contenidos digitales desde los territorios, promover el emprendimiento cultural y fomentar el turismo en las regiones mediante la visibilización de sus historias y proyectos locales.

La activación en Yopal marca el inicio de esta estrategia nacional que conectará tecnología, cultura y territorio, ampliando las oportunidades para que las historias de las regiones lleguen a audiencias en todo el país.

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Casanare se prepara para elecciones comunales de dignatarios en abril de 2026

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La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha intensificado el acompañamiento a los organismos de acción comunal, de cara a las elecciones de dignatarios programadas para el 26 de abril de 2026.

Un punto central de este proceso es la conformación del Tribunal de Garantías, una instancia fundamental encargada de asegurar la transparencia, legalidad e igualdad entre todos los candidatos. Este tribunal debe ser elegido a más tardar el 26 de marzo, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.

¿Qué hace el Tribunal de Garantías Electorales?

El tribunal tendrá la función de supervisar todo el proceso, desde la inscripción de candidatos hasta el momento de la votación. Para su elección, cada organismo comunal debe revisar sus estatutos, realizar una convocatoria formal y verificar que los integrantes cumplan requisitos como ser afiliados activos, no ser candidatos y no tener intereses directos en el proceso.

Estará conformado por tres miembros principales y tres suplentes, quienes desempeñarán sus funciones por un periodo de tres meses. Durante su conformación, también se definirán aspectos clave como los cargos a elegir, el sistema de votación, el mecanismo de postulación, la resolución de empates y el lugar de la jornada electoral, dejando todo registrado en un acta que certifica su legalidad.

El proceso electoral comunal se desarrollará en tres etapas bien definidas: una fase preelectoral, que incluye la depuración de afiliados y la elección del tribunal; la jornada de votación propiamente dicha, el 26 de abril; y una fase posterior, en la que las organizaciones deberán radicar la documentación correspondiente ante la Dirección de Desarrollo Comunitario dentro de los 20 días siguientes a los comicios.

Jessica Avella Blanco, directora de Desarrollo Comunitario, enfatizó la importancia de este acompañamiento: “Estamos acompañando a las Juntas de Acción Comunal para que este proceso se realice con total transparencia. La elección oportuna del Tribunal de Garantías es clave para generar confianza y asegurar que se cumpla la ley en cada etapa”. La Gobernación de Casanare reitera el llamado a los organismos comunales a cumplir con cada fase y consultar los requisitos disponibles en los canales oficiales.

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