CASANARE
Entre incautaciones de la Fiscalía, JJ Torres ocupa el quinto lugar por millonarios bienes decomisados
La persecución a grupos armados al margen de la ley, a narcotraficantes, a miembros de bandas criminales y a los corruptos dejó el año pasado procesos de extinción de dominio por 5,1 billones de pesos.
Según un balance de la Fiscalía, en total se ocuparon 6.500 bienes, siendo casos de corrupción los que encabezan la lista de incautaciones más valiosas con las que cuenta el Estado.
Aunque el desafío sigue siendo la administración de los bienes por parte del Estado, de llegarse a aprobar la ley propuesta por la Fiscalía y el Gobierno, estos bienes y los que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrían ser monetizados desde el momento de la incautación en beneficio del Estado.
En esta lista negra, las mafias del narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley fueron superados por los protagonistas de los mayores escándalos por corrupción.
1. James Francisco Arias Vásquez, alias el “Chatarrero”
Luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, el “zar de la chatarra” logró una condena de 10 años de prisión por los delitos de contrabando, concierto para delinquir, falsedad en documento público, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pasará a la historia por ser la primera persona que, acogiéndose al nuevo código de Extinción de Dominio, se quedó con el 3 % del dinero ilegal que obtuvo. La Fiscalía le incautó 354 bienes avaluados en 1,8 billones de pesos.
2. Alberto Aroch Mugrabi
El empresario textilero logró que un juez le concediera detención domiciliaria este diciembre por enfermedad. Es procesado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El ente acusador lo señala de realizar exportaciones ficticias para obtener millonarias devoluciones de impuestos por parte de la DIAN. La Fiscalía le incautó seis bienes por un valor de 1 billón de pesos.
3. Clan del Golfo
Es la principal banda criminal del país, liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Las autoridades lograron ocuparle 410 propiedades por 350.300 millones de pesos.
4. Óscar Pachón Rozo, alias “Puntilla”
Al señalado líder de la organización los “Puntilleros”, banda criminal que acogió la disidencia del ERPAC y reemplazó la actividad criminal que dejó el “Loco” Barrera en los Llanos orientales, le decomisaron bienes por 224.000 millones de pesos. Son 4.251 bienes incautados, dentro de los que se incluyen 4.130 cabezas de ganado. Alias “Puntilla” fue capturado a comienzos de 2016.
5. Jhon Jairo Torres, alcalde detenido de Yopal
Las autoridades incautaron bienes al polémico alcalde de Yopal “Jhon Calzones” por 200.000 millones de pesos. Son 23 propiedades, que según Torres fueron adquiridas vendiendo ropa interior para mujeres. Actualmente, espera en detención el fin de un proceso por lavado de activos.
6. Farc
A la guerrilla, que avanza en un proceso de paz con el Gobierno Nacional, le fueron ocupados 370 bienes avaluados en 481.000 millones de pesos. El acuerdo de paz con las Farc prevé la entrega voluntaria de bienes de la organización para la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano.
7. Narcotraficantes
Las autoridades les quitaron a personas señalados de pertenecer a mafias al servicio del narcotráfico un total de 76 bienes que están valorados en 70.000 millones de pesos.
8. Elías Cobos Muñoz.
Fue capturado como jefe de una organización narcotraficante acusada de lavar activos. De esta banda hacían parte coreanos, dueños de centros de comercio en San Andresitos de Bogotá, los cuales eran usados presuntamente para lavar dinero a través de la importación de telas. En total, las autoridades le incautaron 87 bienes por 57.500 millones de pesos.
9. Herederos “paras”
La Fiscalía incautó a herederos de Miguel Arroyabe, jefe del Bloque Capital; testaferros de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “Mellizo”, y de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”, 46 propiedades valoradas en 56.130 millones de pesos.
10. Carrusel de la salud de las Fuerzas Militares
En una red delincuencial en la que participaban oficiales, médicos, particulares y funcionarios públicos, se expedían documentos falsos para emitir diagnósticos médicos e incapacidades por enfermedades inexistentes; así lograban indemnizaciones y reparaciones económicas. También se tramitaban de manera irregular pensiones para obtener pagos por encima de lo debido. Las incautaciones por este caso van en 50.000 millones de pesos.
En el listado también aparecen Francisco Iván Cifuentes Villa y su núcleo familiar con 46 bienes incautaciones por 32.660 millones; Wiston Leonel Torres, conocido como el Abogado del Diablo, a quien le allanaron 40 propiedades por 26.000 millones; y Enilce López, alias la “Gata”, con 75 bienes que valen 15.000 millones.
Por el caso de la EPS Confamiliar del Huila se incautaron 28 bienes por 10.500 millones; a la Oficina de Envigado le ocuparon 11 propiedades por 5.000 millones y aparece Marco Antonio Gil, alias “El Papero”, a quien le incautaron un bien por 3.000 millones de pesos.
Fuente: www.semana.com
La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento de Casanare fueron designados un total de 7.548 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 6.108 son principales y 1.440 son remanentes.
Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.
Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’.
Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación. Es importante reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.
CASANARE
Colegio Braulio González de Yopal recibe 16 computadores para fortalecer su sala de sistemas
La Institución Educativa Braulio González de Yopal recibió 16 computadores para apoyar los procesos académicos y el acceso a herramientas tecnológicas de sus estudiantes. La entrega fue gestionada por la Secretaría de Educación de Yopal, el Club Rotario Yopal y la empresa Linalca Informática.
La donación se concretó luego de que la secretaria de Educación, Carmenza Motta Rodríguez, expusiera la necesidad tecnológica del plantel. El Club Rotario Yopal adelantó gestiones con Linalca Informática en Bogotá para obtener los equipos.
El rector Jaime Rincón indicó que la institución ha tenido déficit de computadores en la última década, con una relación de un equipo por cada 30 estudiantes. Señaló que los nuevos equipos permitirán adecuar una sala de sistemas para uso de la comunidad educativa.
Estudiantes manifestaron que anteriormente las clases dependían del computador del docente y de algunos celulares. Con los nuevos equipos, tendrán acceso a programas y herramientas digitales para sus actividades. La Secretaría de Educación destacó que la entrega beneficiará a los estudiantes del plantel.
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz Riaño, participó en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación de Casanare, donde se hizo seguimiento al proceso de empalme entre el IGAC y CATASIG.
Durante la jornada se revisaron aspectos técnicos, administrativos y operativos relacionados con la transición del servicio público catastral, que avanza según el cronograma establecido. También se analizaron alternativas frente al impuesto predial y posibles medidas de alivio para la comunidad.
El alcalde señaló que el trabajo conjunto con entidades nacionales y departamentales busca garantizar el desarrollo del proceso y brindar claridad a los contribuyentes sobre los cambios en materia catastral y predial.
En el encuentro se acordó el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio de Hacienda. Además, participaron veedores ciudadanos y líderes sociales en el seguimiento a las acciones relacionadas con el proceso en el municipio.
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