CASANARE
Entre incautaciones de la Fiscalía, JJ Torres ocupa el quinto lugar por millonarios bienes decomisados
La persecución a grupos armados al margen de la ley, a narcotraficantes, a miembros de bandas criminales y a los corruptos dejó el año pasado procesos de extinción de dominio por 5,1 billones de pesos.
Según un balance de la Fiscalía, en total se ocuparon 6.500 bienes, siendo casos de corrupción los que encabezan la lista de incautaciones más valiosas con las que cuenta el Estado.
Aunque el desafío sigue siendo la administración de los bienes por parte del Estado, de llegarse a aprobar la ley propuesta por la Fiscalía y el Gobierno, estos bienes y los que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrían ser monetizados desde el momento de la incautación en beneficio del Estado.
En esta lista negra, las mafias del narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley fueron superados por los protagonistas de los mayores escándalos por corrupción.
1. James Francisco Arias Vásquez, alias el “Chatarrero”
Luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, el “zar de la chatarra” logró una condena de 10 años de prisión por los delitos de contrabando, concierto para delinquir, falsedad en documento público, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pasará a la historia por ser la primera persona que, acogiéndose al nuevo código de Extinción de Dominio, se quedó con el 3 % del dinero ilegal que obtuvo. La Fiscalía le incautó 354 bienes avaluados en 1,8 billones de pesos.
2. Alberto Aroch Mugrabi
El empresario textilero logró que un juez le concediera detención domiciliaria este diciembre por enfermedad. Es procesado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El ente acusador lo señala de realizar exportaciones ficticias para obtener millonarias devoluciones de impuestos por parte de la DIAN. La Fiscalía le incautó seis bienes por un valor de 1 billón de pesos.
3. Clan del Golfo
Es la principal banda criminal del país, liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Las autoridades lograron ocuparle 410 propiedades por 350.300 millones de pesos.
4. Óscar Pachón Rozo, alias “Puntilla”
Al señalado líder de la organización los “Puntilleros”, banda criminal que acogió la disidencia del ERPAC y reemplazó la actividad criminal que dejó el “Loco” Barrera en los Llanos orientales, le decomisaron bienes por 224.000 millones de pesos. Son 4.251 bienes incautados, dentro de los que se incluyen 4.130 cabezas de ganado. Alias “Puntilla” fue capturado a comienzos de 2016.
5. Jhon Jairo Torres, alcalde detenido de Yopal
Las autoridades incautaron bienes al polémico alcalde de Yopal “Jhon Calzones” por 200.000 millones de pesos. Son 23 propiedades, que según Torres fueron adquiridas vendiendo ropa interior para mujeres. Actualmente, espera en detención el fin de un proceso por lavado de activos.
6. Farc
A la guerrilla, que avanza en un proceso de paz con el Gobierno Nacional, le fueron ocupados 370 bienes avaluados en 481.000 millones de pesos. El acuerdo de paz con las Farc prevé la entrega voluntaria de bienes de la organización para la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano.
7. Narcotraficantes
Las autoridades les quitaron a personas señalados de pertenecer a mafias al servicio del narcotráfico un total de 76 bienes que están valorados en 70.000 millones de pesos.
8. Elías Cobos Muñoz.
Fue capturado como jefe de una organización narcotraficante acusada de lavar activos. De esta banda hacían parte coreanos, dueños de centros de comercio en San Andresitos de Bogotá, los cuales eran usados presuntamente para lavar dinero a través de la importación de telas. En total, las autoridades le incautaron 87 bienes por 57.500 millones de pesos.
9. Herederos “paras”
La Fiscalía incautó a herederos de Miguel Arroyabe, jefe del Bloque Capital; testaferros de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “Mellizo”, y de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”, 46 propiedades valoradas en 56.130 millones de pesos.
10. Carrusel de la salud de las Fuerzas Militares
En una red delincuencial en la que participaban oficiales, médicos, particulares y funcionarios públicos, se expedían documentos falsos para emitir diagnósticos médicos e incapacidades por enfermedades inexistentes; así lograban indemnizaciones y reparaciones económicas. También se tramitaban de manera irregular pensiones para obtener pagos por encima de lo debido. Las incautaciones por este caso van en 50.000 millones de pesos.
En el listado también aparecen Francisco Iván Cifuentes Villa y su núcleo familiar con 46 bienes incautaciones por 32.660 millones; Wiston Leonel Torres, conocido como el Abogado del Diablo, a quien le allanaron 40 propiedades por 26.000 millones; y Enilce López, alias la “Gata”, con 75 bienes que valen 15.000 millones.
Por el caso de la EPS Confamiliar del Huila se incautaron 28 bienes por 10.500 millones; a la Oficina de Envigado le ocuparon 11 propiedades por 5.000 millones y aparece Marco Antonio Gil, alias “El Papero”, a quien le incautaron un bien por 3.000 millones de pesos.
Fuente: www.semana.com
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Villanueva la tarde del domingo 22 de marzo, cuando un hombre fue asesinado con arma de fuego al interior de un establecimiento público ubicado en el centro de la localidad, en la carrera 9 entre calles 10 y 11.
La víctima fue identificada como Joselito Acosta Bonilla, quien, según información preliminar, permanecía desde horas del día consumiendo bebidas embriagantes en un bar del sector. Testigos indicaron que el hombre se encontraba dormido debido a su estado de embriaguez cuando un sujeto que portaba casco ingresó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.
De acuerdo con el reporte oficial, el occiso recibió al menos dos impactos de arma de fuego en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Tras cometer el ataque, el agresor huyó del sitio a bordo de una motocicleta sin ser identificado.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Se conoció además que la víctima registraba un antecedente en el SPOA como indiciado por el delito de lesiones en el año 2015 y, al parecer, se desempeñaba en oficios varios en el sector arrocero de la región.
En preparación para la Semana Santa, que inicia este domingo 29 de marzo, la Gobernación de Casanare, en articulación con Corporinoquia, impulsa la jornada ambiental “En Semana Santa, la tierra renace”, una iniciativa orientada a promover la siembra de especies nativas en los 19 municipios y fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.
Como parte de esta estrategia, Corporinoquia donó 19.000 plántulas de especies nativas a la Gobernación, material vegetal que será distribuido en los municipios. La programación contempla su entrega durante el Domingo de Ramos en las iglesias, así como su uso en jornadas de plantación durante la semana mayor, con el fin de ofrecer alternativas que reduzcan el uso de la palma de cera y la palma de areca, especies tradicionalmente utilizadas en esta celebración.
La iniciativa busca aportar a la restauración de áreas degradadas, la conservación de los ecosistemas y la disminución de los efectos de la deforestación. También apunta a fortalecer la conciencia ecológica en niños, jóvenes y familias, mediante acciones que promuevan la protección de la flora nativa y la recuperación ambiental.
El secretario de Agricultura de Casanare, Alexi Duarte, señaló que esta estrategia invita a la comunidad a sembrar árboles y a cuidar los ecosistemas estratégicos, en un contexto en el que el departamento ha enfrentado incendios forestales. Indicó que las plántulas serán entregadas en los 19 municipios, principalmente en iglesias, con el propósito de incentivar la participación ciudadana y promover una mayor responsabilidad frente al cuidado ambiental.
Agregó que el equipo de profesionales de la Secretaría de Agricultura acompañará las jornadas en diferentes municipios, brindando orientación técnica y promoviendo la siembra como una práctica colectiva.
Por su parte, Alfonso Cárdenas, director de Planeación Departamental, destacó la articulación con Corporinoquia y el alcance de estas acciones para generar mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Resaltó la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo que integre la protección ambiental, reconociendo que es el único entorno que garantiza la vida de las actuales y futuras generaciones.
En preparación para las elecciones de Juntas de Acción Comunal previstas para el próximo 26 de abril, la Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, lideró la segunda mesa de Coordinación Electoral y Consejo de Seguridad, con el objetivo de garantizar el orden público y la transparencia del proceso.
La jornada se desarrolló en cumplimiento de los mandatos legales y bajo el principio de coordinación administrativa establecido en la Ley 2200 de 2022, en concordancia con la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fortaleciendo la articulación entre las entidades involucradas.
El encuentro contó con la participación de representantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles y el acompañamiento del Ministerio del Interior, lo que permitió consolidar una hoja de ruta en el marco del Comité de Coordinación y Seguimiento Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2615 de 1991, orientada a mitigar riesgos y brindar garantías al proceso.
Durante la sesión se resaltó la importancia de este ejercicio democrático, en el que participarán cerca de 1.100 veredas del departamento, donde las comunidades elegirán a sus representantes comunales, impulsando la participación ciudadana y el fortalecimiento organizativo.
El secretario de Gobierno, Julio Ramos Prieto, afirmó que se avanza en la garantía de condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, legalidad y confianza, promoviendo la participación democrática.
Finalmente, la articulación institucional permitirá definir estrategias de prevención, control y vigilancia orientadas a garantizar el desarrollo de la jornada electoral en condiciones de seguridad y legalidad, mediante un trabajo coordinado entre la Gobernación, las autoridades y el Gobierno nacional para asegurar elecciones en paz y con plenas garantías para los casanareños.
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