CASANARE
Entre incautaciones de la Fiscalía, JJ Torres ocupa el quinto lugar por millonarios bienes decomisados
La persecución a grupos armados al margen de la ley, a narcotraficantes, a miembros de bandas criminales y a los corruptos dejó el año pasado procesos de extinción de dominio por 5,1 billones de pesos.
Según un balance de la Fiscalía, en total se ocuparon 6.500 bienes, siendo casos de corrupción los que encabezan la lista de incautaciones más valiosas con las que cuenta el Estado.
Aunque el desafío sigue siendo la administración de los bienes por parte del Estado, de llegarse a aprobar la ley propuesta por la Fiscalía y el Gobierno, estos bienes y los que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrían ser monetizados desde el momento de la incautación en beneficio del Estado.
En esta lista negra, las mafias del narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley fueron superados por los protagonistas de los mayores escándalos por corrupción.
1. James Francisco Arias Vásquez, alias el “Chatarrero”
Luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, el “zar de la chatarra” logró una condena de 10 años de prisión por los delitos de contrabando, concierto para delinquir, falsedad en documento público, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pasará a la historia por ser la primera persona que, acogiéndose al nuevo código de Extinción de Dominio, se quedó con el 3 % del dinero ilegal que obtuvo. La Fiscalía le incautó 354 bienes avaluados en 1,8 billones de pesos.
2. Alberto Aroch Mugrabi
El empresario textilero logró que un juez le concediera detención domiciliaria este diciembre por enfermedad. Es procesado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El ente acusador lo señala de realizar exportaciones ficticias para obtener millonarias devoluciones de impuestos por parte de la DIAN. La Fiscalía le incautó seis bienes por un valor de 1 billón de pesos.
3. Clan del Golfo
Es la principal banda criminal del país, liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Las autoridades lograron ocuparle 410 propiedades por 350.300 millones de pesos.
4. Óscar Pachón Rozo, alias “Puntilla”
Al señalado líder de la organización los “Puntilleros”, banda criminal que acogió la disidencia del ERPAC y reemplazó la actividad criminal que dejó el “Loco” Barrera en los Llanos orientales, le decomisaron bienes por 224.000 millones de pesos. Son 4.251 bienes incautados, dentro de los que se incluyen 4.130 cabezas de ganado. Alias “Puntilla” fue capturado a comienzos de 2016.
5. Jhon Jairo Torres, alcalde detenido de Yopal
Las autoridades incautaron bienes al polémico alcalde de Yopal “Jhon Calzones” por 200.000 millones de pesos. Son 23 propiedades, que según Torres fueron adquiridas vendiendo ropa interior para mujeres. Actualmente, espera en detención el fin de un proceso por lavado de activos.
6. Farc
A la guerrilla, que avanza en un proceso de paz con el Gobierno Nacional, le fueron ocupados 370 bienes avaluados en 481.000 millones de pesos. El acuerdo de paz con las Farc prevé la entrega voluntaria de bienes de la organización para la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano.
7. Narcotraficantes
Las autoridades les quitaron a personas señalados de pertenecer a mafias al servicio del narcotráfico un total de 76 bienes que están valorados en 70.000 millones de pesos.
8. Elías Cobos Muñoz.
Fue capturado como jefe de una organización narcotraficante acusada de lavar activos. De esta banda hacían parte coreanos, dueños de centros de comercio en San Andresitos de Bogotá, los cuales eran usados presuntamente para lavar dinero a través de la importación de telas. En total, las autoridades le incautaron 87 bienes por 57.500 millones de pesos.
9. Herederos “paras”
La Fiscalía incautó a herederos de Miguel Arroyabe, jefe del Bloque Capital; testaferros de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “Mellizo”, y de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”, 46 propiedades valoradas en 56.130 millones de pesos.
10. Carrusel de la salud de las Fuerzas Militares
En una red delincuencial en la que participaban oficiales, médicos, particulares y funcionarios públicos, se expedían documentos falsos para emitir diagnósticos médicos e incapacidades por enfermedades inexistentes; así lograban indemnizaciones y reparaciones económicas. También se tramitaban de manera irregular pensiones para obtener pagos por encima de lo debido. Las incautaciones por este caso van en 50.000 millones de pesos.
En el listado también aparecen Francisco Iván Cifuentes Villa y su núcleo familiar con 46 bienes incautaciones por 32.660 millones; Wiston Leonel Torres, conocido como el Abogado del Diablo, a quien le allanaron 40 propiedades por 26.000 millones; y Enilce López, alias la “Gata”, con 75 bienes que valen 15.000 millones.
Por el caso de la EPS Confamiliar del Huila se incautaron 28 bienes por 10.500 millones; a la Oficina de Envigado le ocuparon 11 propiedades por 5.000 millones y aparece Marco Antonio Gil, alias “El Papero”, a quien le incautaron un bien por 3.000 millones de pesos.
Fuente: www.semana.com
CASANARE
Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso
El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.
El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.
Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.
El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:
• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.
Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.
Una defensa que terminó respaldada por la justicia
El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.
Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.
Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.
CASANARE
Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.
De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.
A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.
El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.
En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.
Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.
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Jornadas de prevención de salud mental y de consumo de alcohol llegan a zona rural de Yopal
En la vereda Palo Bajito de Yopal, en la Institución Educativa Divino Salvador, se desarrolló una jornada de escuela de padres, orientada a fortalecer la salud mental y prevenir el consumo de alcohol en entornos familiares y comunitarios del sector.
Durante la actividad, liderada por la Secretaría de Salud Municipal a través del programa de Convivencia Social y Salud Mental, se socializaron los servicios disponibles para la comunidad, en temas como violencia de género, violencia sexual y consumo de sustancias psicoactivas.
A su vez, se abordó la estrategia de prevención del consumo de alcohol “Mente clara, vida sana, un mensaje para la familia”, con el acompañamiento de la comunidad ‘Alcohólicos Anónimos’, quienes entregaron material de lectura a cada padre de familia.
Estas acciones hacen parte de las estrategias de promoción y prevención que se adelantan en el municipio, con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional, promover entornos protectores y generar herramientas en las familias para la toma de decisiones responsables.
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