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CASANARE

Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare

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HENRY TORRES ESCALANTE

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.

Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.

Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.

En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.

A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.

Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.

¿Qué determina la JEP?

La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.

En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.

¿Qué sigue? 

Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.

Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

 

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A la cárcel por el homicidio de un hombre en Yopal, al parecer, por $2 mil pesos

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CAPTURA HOMICIDIO PROGRESO

Un fiscal de la Seccional Casanare logró que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Michel Eduardo Riaño Rodríguez, por su presunta responsabilidad en un homicidio.
De acuerdo con las investigaciones, Riaño Rodríguez, de 22 años, le entregó a un hombre 2.000 pesos para que le comprara un cigarrillo de marihuana, y cuando este regresó sin el dinero y sin el cigarrillo, lo habría atacado con un arma blanca causándole la muerte, en hechos ocurridos en el Barrio El Progreso.
Agentes de la Policía Nacional hicieron efectiva su captura en la Avenida Marginal de la Selva, en Yopal, el 22 de febrero anterior.
La Fiscalía le imputó al hombre el delito de homicidio, cargo que no aceptó, sin embargo fue enviado a la Cárcel de La Guafilla.

Fuente: El Diairo del Llano – HOLA Casanare

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Proyecto de Plan de Desarrollo de Casanare ya está en poder de Corporinoquia y Consejo Departamental de Planeación

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Plan de Desarrollo radicado

La Gobernación de Casanare radicó el Plan de Desarrollo 2024-2027 ante Corporinoquia y el Consejo Departamental de Planeación. El documento está compuesto por 175 páginas.

El proyecto está elaborado a partir de las más de 10,500 propuestas generadas por más de 9,400 personas que participaron en las 298 mesas de diálogo social instaladas en los 19 municipios de Casanare.

Una vez que Corporinoquia y el Consejo Departamental de Planeación emitan su concepto favorable o recomendaciones, la Gobernación procederá a radicar el Plan de Desarrollo ante la Asamblea Departamental. Este paso marcará el inicio de las sesiones donde se debatirá y aprobará el plan que guiará las acciones y políticas públicas en Casanare durante los próximos años.

“Estas dos corporaciones tienen hasta un mes de plazo, esperamos que sea mucho antes, que puedan emitir ese concepto preliminar y con base a las recomendaciones, poder presentar el documento ante la Asamblea Departamental, citaremos a sesiones extraordinarias para presentar el plan de Desarrollo”, señaló Rubiel Vargas Pinto, Director de Política Sectorial.

Estructura del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo consta de 5 capítulos:

  • Bases del Plan,
  • Componente estratégico,
  • Componente financiero,
  • Inversiones con cargo a recursos del Sistema General de Regalías,
  • Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo

Así como 3 anexos importantes:

  • Plan Territorial de Salud,
  • Plan Departamental de Extensión Agropecuaria
  • Diagnóstico de Infancia y Adolescencia.

El proceso refleja el compromiso y la participación activa de la comunidad casanareña en la construcción del futuro del departamento. La Gobernación agradece a todos los ciudadanos que han contribuido con sus iniciativas y proyectos para la formulación de este plan que busca impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo en Casanare.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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CASANARE

Hasta $20 millones de recompensa por delatar a quienes inicien incendios forestales

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incendio noche

En el Puesto de Mando Unificado establecido en respuesta al fenómeno El Niño en Casanare, se informó sobre esta medida adoptada por el Gobierno Nacional, en la que se pagarán recompensas de hasta 20 millones de pesos a quienes denuncien y permitan la captura de los pirómanos que están atentando contra los recursos naturales, mediante la generación de incendios forestales y quemas prohibidas.

Las líneas habilitadas son: 3143587212 línea contra el crimen. 3203001101 línea para la protección ambiental.

Convenios con Bomberos

Igualmente, en el PMU que lidera Guillermo Velandia director de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación, se dio a conocer que 17 municipios de Casanare, ya cuentan con los convenios bomberiles vigentes. Solo están pendientes los municipios de Támara y San Luis de Palenque quienes avanzan en su proceso, los cuales podrían quedar activos en los próximos días.

Con respecto al balance de incendios forestales y quemas prohibidas, a la fecha, se registra un consolidado de 378 eventos, que han destruido 7.378 hectáreas de vegetación en este departamento.

“Continuamos articulando las acciones frente a las emergencias propias de la temporada, como el incendio estructural en Paz de Ariporo, donde dos familias que residían en la misma vivienda, perdieron todas sus pertenencias. En respuesta, el señor Gobernador desplazó ayuda humanitaria que será entregada este viernes, como apoyo a los hogares residentes en la vereda La Barranca”, puntualizó el ingeniero Guillermo.

Fuente: Comunicaciones Gobernación de Casanare

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