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El caso de los “Falsos Positivos” en Casanare y la búsqueda de Justicia en la JEP

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FALSOS-POSITIVOS

El departamento de Casanare fue escenario de una de las tragedias más desgarradoras del conflicto armado colombiano: los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.

Entre 2005 y 2008, el Ejército Nacional cometió estos crímenes con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales, logrando ascensos y beneficios dentro de la institución. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la imputación de responsabilidades, revelando la magnitud de estos crímenes en el oriente colombiano.

En Casanare, según los informes de la JEP, se registraron más de 300 casos de falsos positivos, donde campesinos, jóvenes desempleados y personas en situación de vulnerabilidad fueron víctimas. Fueron engañados con falsas promesas de trabajo, llevados a zonas rurales y luego asesinados, para ser presentados como bajas en combate. Esta región se convirtió en uno de los epicentros de esta práctica, con el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” como uno de los principales involucrados.

El horror de los falsos positivos comenzó a salir a la luz cuando familiares de las víctimas empezaron a denunciar la desaparición de sus seres queridos, desconociendo que habían sido presentados como guerrilleros. A medida que las investigaciones avanzaron, se reveló que estos crímenes no eran casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que involucraba a altos mandos del Ejército. La Fiscalía General de la Nación, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, documentaron decenas de testimonios que apuntaban a un patrón claro de violaciones de derechos humanos.

En 2021, la JEP abrió el Caso 03

Las audiencias ante la JEP han sido clave para que los militares implicados reconozcan su responsabilidad. Uno de los aspectos más relevantes es que algunos de los acusados han aceptado su participación y han ofrecido detalles sobre cómo funcionaba la estructura criminal dentro del Ejército. Esto no solo ha permitido reconstruir la verdad de lo sucedido, sino también identificar a los máximos responsables y ofrecer medidas de reparación a las familias de las víctimas.

Sin embargo, el proceso de justicia es complejo. A pesar de los avances, muchas víctimas aún esperan la verdad completa y justicia plena. Para los familiares, el reconocimiento de los crímenes es un paso importante, pero no suficiente. Exigen que los autores intelectuales y los que se benefician de confesar estos crímenes enfrenten las máximas sanciones dentro del sistema de justicia transicional.

La JEP ha señalado que el próximo paso en este caso será la definición de las sanciones para los responsables. Los implicados que hayan reconocido su culpa podrían recibir sanciones restaurativas, como el compromiso de trabajar en proyectos comunitarios y de reparación simbólica. En contraste, aquellos que no admiten su responsabilidad enfrentarán penas más severas, que incluyen cárcel.

El caso de los falsos positivos en Casanare es uno de los más dolorosos en la historia reciente de Colombia. A medida que la JEP avanza en la imputación de responsabilidades y la búsqueda de justicia, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que, finalmente, se haga justicia para los más de 300 inocentes que fueron asesinados y cuyos nombres deben ser registrados como víctimas de un conflicto que les arrebató la vida sin justificación.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Casanare ocupa el sexto lugar entre los departamentos con más solicitudes de búsqueda de menores de edad

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se une a la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas. Desde 2002, cada 12 de febrero se recuerda el aniversario de la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los conflictos armados.

Con corte al 29 de enero del 2025, la Entidad registró 3.201 solicitudes de búsqueda de niños, niñas y adolescentes dados por desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado. De estas personas, 88 son niñas, 182 son niños y 2.914 son adolescentes. Asimismo, 302 son indígenas y 135 son parte de la comunidad afro. Los departamentos con más solicitudes de búsqueda son Meta, con 576; Antioquia, con 522; y Caquetá, con 197.

Cifras de desaparición de menores en Casanare 

Casanare, ocupa el sexto lugar entre los departamentos con más solicitudes de búsqueda de menores de edad, con un registro actual de 128 casos, motivo por el cual se hace un llamado tajante al respeto de sus derechos.

Es por eso que en el marco de la conmemoración del día internacional de las manos rojas se proyectó una iniciativa de sensibilización en el colegio Instituto Técnico Ambiental San Mateo del municipio de Yopal, donde se pretende, a través de la Unidad de Búsqueda y el cuerpo directivo y de docentes de la institución educativa, amplificar el mensaje de compromiso y corresponsabilidad en el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes deben permanecer al margen de las dinámicas del conflicto armado.

Gabriel Burbano, director de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales de la Unidad de Búsqueda, destacó el fortalecimiento a colectivos, movimientos y plataformas para impulsar la búsqueda en los territorios.

“Es importante recordar el llamado a la acción, a la articulación, a la corresponsabilidad y a la solidaridad con el fin de poder acceder a la información entre todas las instituciones que debemos articularnos. Hay muchos niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto; reconocemos esos impactos diferenciados y esas afectaciones”, indicó Gabriel Burbano.

Para conmemorar esta fecha, este 12 de febrero, al mediodía, cerca de 38 organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado, entre las que se encuentra la Unidad de Búsqueda, se unirán a través de talleres, actividades pedagógicas y ejercicios de sensibilización para exhortar a la necesidad de proteger a la niñez, prevenir su participación en conflictos armados y, a los Estados, a adoptar medidas que restablezcan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

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A la cárcel tres capturados en allanamientos en La Resistencia en Yopal

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La Fiscalía General de la Nación presentó, ante un juez con función de control de garantías, a José Alejandro Calderón, Jully Janeth Ramos Malpica y Mary Luz Malpica López, como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El juez envió a los procesados a la cárcel, quienes, al parecer, almacenaban y expendían estupefacientes en el sector del asentamiento humano conocido como La Resistencia, en Yopal.

El hombre y las dos mujeres fueron capturados por la Policía Nacional, a quienes les incautaron bazuco, clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos para la dosificación, 31 celulares, bicicletas, 3 portátiles, dos pistolas traumáticas, entre otros.

Los procesados no aceptaron el cargo imputado por un fiscal de la Seccional de Casanare.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Afiliados de la Nueva EPS quedarán sin servicio en la Unidad Renal este jueves por falta de pago

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UNIDAD RENAL

La Unidad Renal en Yopal enfrenta una grave crisis debido a la falta de pago de varias EPS, lo que pone en peligro la continuidad de los servicios de diálisis, hemodiálisis y otros tratamientos vitales para los pacientes renales. César Tocasuche, presidente de la Asociación de Usuarios de la Unidad Renal, ha advertido que la situación es crítica, especialmente para los afiliados de la Nueva EPS.

La deuda acumulada de la Nueva EPS con la Unidad Renal ha alcanzado niveles insostenibles, obligando a tomar medidas drásticas. A partir del próximo jueves, los servicios para los pacientes de la Nueva EPS quedarán suspendidos si no se realiza un pago o abono significativo, afectando cerca de 90 a 100 pacientes renales. Tocacuche también mencionó que la EPS Capresoca adeuda una cantidad considerable, lo que podría llevar a la suspensión de servicios para todos los pacientes en cualquier momento.

“Nos quedaríamos sin tratamiento”, expresó Tocasuche, quien enfatizó que si la Unidad Renal colapsa, unos 350 pacientes de todo el departamento de Casanare se verán afectados. La Unidad Renal de Yopal es la única en el departamento, y los pacientes tendrían que trasladarse a otras ciudades como Villavicencio, Bogotá o Tunja para recibir atención, algo que muchos no pueden costear debido a sus bajos ingresos.

Situación es compleja

La Unidad Renal ha manifestado que, de no recibir pagos pronto, su capacidad para mantener el suministro de los insumos necesarios, como los químicos para los tratamientos, se verá gravemente comprometida. Esto podría llevar al cierre total de la unidad, dejando a los pacientes sin opciones de tratamiento en la región.

Además, Tocasuche advirtió que si los pacientes no reciben el tratamiento programado, la única alternativa sería acudir a urgencias, lo que colapsaría el sistema de salud de Casanare. Se espera que en los próximos días se logren avances en las negociaciones con las EPS para evitar un problema mayor.

La comunidad de pacientes renales y sus familias están en alerta, esperando una próxima solución que garantice la continuidad de los servicios y el bienestar de quienes dependen de la Unidad Renal para su supervivencia.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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