ARAUCA
JEP acepta sometimiento de General (r) de la Fuerza Aérea, por la masacre de Santo Domingo en Tame
La JEP aceptó el sometimiento del brigadier general (r) Sergio Andrés Garzón Vélez, exintegrante del Comando Aéreo de Combate No. 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El exintegrante de la fuerza pública ha sido aceptado como compareciente forzoso en el marco del proceso relacionado con los hechos conocidos como la ‘Masacre de Santo Domingo’, ocurridos el 13 de diciembre de 1998, en Tame (Arauca).
La JEP determinó que los testimonios y aportes a la verdad hechos por Garzón Vélez revelan hechos y responsabilidades previamente desconocidas o no acreditadas con prueba directa, como el ametrallamiento de civiles desde aeronaves de la FAC y maniobras orientadas a encubrir a altos mandos militares que tuvieron conocimiento de lo sucedido.
¿Cómo fueron los hechos?
De acuerdo con el relato del ahora compareciente Garzón Vélez, con base en información de inteligencia militar, se conoció que el sábado 12 de diciembre de 1998 aterrizaría una avioneta en inmediaciones del caserío Santo Domingo, zona rural de Tame, la cual, presuntamente, llevaría dinero o armas para actividades de la guerrilla relacionadas con narcotráfico.
Con esa información, tropas de la Brigada 18 del Ejército y del Batallón Contraguerrilla No. 36 pusieron en marcha las operaciones militares denominadas ‘Relámpago I y II’ y ‘Pantera’. En esa operación las tropas refirieron haber entrado en combate con cerca de 250 guerrilleros de las Farc-EP, y que dicho combate se extendió a los días siguientes, por ello se requirió el apoyo de la Fuerza Aérea.
En la operación de apoyo aéreo participaron seis aeronaves, cinco helicópteros y un avión Skymaster. Uno de los helicópteros estaba armado con un dispositivo explosivo tipo clúster o de munición racimo, compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación, cada una de 20 libras. En medio de los enfrentamientos, los pilotos de dicho helicóptero decidieron lanzar de forma indiscriminada el artefacto explosivo sobre la zona poblada de la vereda Santo Domingo, sin hacer distinción entre pobladores y combatientes, lo que provocó la muerte de 17 civiles, incluyendo niñas, niños y mujeres, y dejó heridas a otras 21 personas, todas identificadas como no combatientes.
El Estado fue declarado responsable
Las investigaciones en instancias judiciales nacionales e internacionales sobre estos hechos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han determinado la responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el análisis de la Sala, los miembros de la FAC no suspendieron las acciones bélicas a pesar de tener la capacidad y preparación necesaria para hacerlo. Además, hay evidencia de que los tripulantes fueron advertidos de la presencia de civiles en la zona, pero decidieron continuar con el bombardeo, lo que conllevó a causar la muerte y lesiones a personas protegidas por el DIH, en estado de indefensión.
Reconoció su responsabilidad
De los aportes de verdad dados por Garzón Vélez, la Sala destaca el reconocimiento de su responsabilidad en el ametrallamiento de civiles luego de haber sido lanzada la bomba racimo sobre el caserío. El ahora compareciente reconoció que dirigió los disparos hacia el perímetro en el que se encontraban personas vestidas de blanco que huían de la zona, sin verificar si se trataba de civiles o de combatientes. Así mismo, Garzón propuso participar en un acto de reconocimiento y en un encuentro con las víctimas como acciones restaurativas.
Para resolver su situación jurídica, los comparecientes deben hacer aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas, reconocer responsabilidad en los hechos en los que participaron y hacer acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas.
Participación de las víctimas
En el marco de este proceso, la JEP ha ordenado convocar a las víctimas directas sobrevivientes y a los familiares de las personas fallecidas o heridas que deseen acreditarse para ejercer sus derechos ante esta Jurisdicción. La convocatoria busca garantizar su participación y el acceso a medidas de verdad, justicia, restauración y no repetición. Hasta la fecha, dos personas han sido acreditadas formalmente.
La JEP reafirma su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la centralidad de las víctimas y la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, invitando a todas las personas afectadas por los hechos del 13 de diciembre de 1998 a sumarse a este proceso.
Para más información sobre el proceso de acreditación de víctimas ante la JEP, visite la página web www.jep.gov.co, consulte la sección ‘Participa’ y haga clic en la ventana ‘Participación de víctimas en la JEP’. También puede enviar un correo electrónico a info@jep.gov.co, comunicarse con la línea de atención nacional 01 8000 180602 o a través de nuestro canal de atención en WhatsApp: (+57) 320 779 0909.
Fuente: Comunicaciones JEP
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
