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Hallan en Lejanías fosa con restos de indígenas desaparecidos en 2013

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Meta, con apoyo del pueblo indígena Nasa (Páez) y la Comisión de Búsqueda de Comunes, recuperó en zona rural del municipio de Lejanías tres cuerpos y estructuras óseas que podrían corresponder a indígenas de la comunidad desaparecidos desde el 2013 durante el conflicto armado.

El Plan Regional de Búsqueda del Meta, que se encuentra en construcción, busca localizar en 26 de los 29 municipios del departamento a 7.710 personas dadas por desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado, de las cuales el 77 % correspondería a casos de desaparición forzada.

La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes, destacó la acción decidida de las familias indígenas Nasa, quienes buscan a 8 jóvenes reclutados ilegalmente entre 2010 y 2011, y la contribución en ese esfuerzo que los firmantes del Acuerdo de Paz. “Las víctimas no cesan de construir paz todos los días con su persistencia, con su dignidad y con su generosidad humana”.

La UBPD, como resultado de la investigación humanitaria y extrajudicial, pudo establecer que los cuerpos de los indígenas fueron inhumados en zona montañosa de Lejanías. Junto a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Búsqueda contrastó la información entregada, entre agosto de 2020 y enero 2021, por la Comisión de Búsqueda de Comunes, los datos aportados por las familias de las personas desaparecidas, la comunidad y los registros oficiales sobre hostilidades en la zona en 2013.

En los cerca de 780 metros cuadrados que fueron intervenidos en la acción humanitaria, la UBPD también recuperó elementos y prendas asociadas a las personas que estuvieron en la zona, lo que permitiría reconstruir los hechos que rodearon las circunstancias de la desaparición y la inhumación de los cuerpos.

Buscando desde los saberes ancestrales

Las familias y la comunidad indígena Nasa participan activamente en la búsqueda de sus jóvenes desaparecidos. Madres, padres y hermanos, además de entregar información sobre sus seres queridos, removieron rocas, retiraron tierra y ayudaron en las labores de prospección desde sus saberes ancestrales.

Una autoridad del pueblo Páez acompañó el proceso de prospección y recuperación, que se extendió por 12 días, y armonizó el terreno para proteger a las familias y al equipo de la UBPD. “Primero buscamos desde lo espiritual. Abrimos el camino en la montaña para los buscadores. Luego con las familias y la UBPD nos pusimos de acuerdo y empezamos a excavar”.

Para la UBPD, la búsqueda de las personas desaparecidas se debe hacer con enfoque  territorial, diferencial, con respeto por la cosmovisión de los pueblos étnicos, en este caso del Nasa, a partir de sus necesidades y particularidades como comunidad indígena. Las estructuras óseas recuperadas fueron entregadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación, junto a muestras genéticas tomadas a sus posibles familiares y a otros miembros del pueblo Nasa.

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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