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Con apoyo de la comunidad recuperan cuerpos de personas dadas por desaparecidas en Lejanías

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En colaboración con una comunidad campesina, adelantamos la recuperación de varios cuerpos que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado en el municipio de Lejanías, Meta.

En esta acción humanitaria, que hace parte de la implementación del Plan Regional de Búsqueda del Meta – Subregión Alto y Medio Ariari,  los equipos forense y territorial Villavicencio de la UBPD intervinieron distintas áreas en zona rural de este municipio para recuperar cuatro cuerpos que fueron inhumados hace más de 30 años.

A partir de la investigación humanitaria y extrajudicial que adelantó el equipo Villavicencio, que contó con valiosos aportes de información tanto de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello como de residentes de la localidad, se logró dar con el paradero de los cuerpos que fueron sepultados en caminos y montañas de la zona entre los años 80 y 90.

La investigación también señala que para esa época hubo presencia de varios actores armados que hicieron parte del conflicto, por lo que se presentaron hostilidades por el control territorial que pudieron propiciar la muerte y posterior desaparición de combatientes y civiles.

En un acto de humanidad y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, los campesinos y las campesinas de la región sepultaron los cuerpos con recursos propios. Décadas después, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la comunidad a través de su Junta de Acción Comunal (JAC) contactó al equipo Villavicencio de la UBPD para que, mediante una acción humanitaria, se recuperaran los cuerpos y así empezar el proceso de identificación para una futura entrega digna a sus familiares y seres queridos.

Para Juan*, líder comunitario, la labor de la UBPD es fundamental en la construcción de paz. “Nos sentimos orgullosos de que nos visite la entidad y de contribuir con la búsqueda de las personas. La UBPD hace un papel importante en el departamento del Meta porque busca a las personas que están enterradas para entregárselas a sus familias”.

Con el apoyo de la comunidad, los equipos forense y territorial Villavicencio de la Unidad de Búsqueda se desplazaron hasta las áreas donde estaban inhumados los cuerpos, por lo que debieron cruzar caminos pedregosos y empinados, montañas y ríos, además de adelantar las tareas de recuperación en medio de las lluvias y el frío típico de la zona, cercana al páramo del Sumapaz.

Los cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto de Medicina Legal en Villavicencio para que realicen la identificación. Dos de estos cuerpos, se presume, pueden corresponder a los seres queridos de dos familias con las que la UBPD desarrolla acciones que garantizan su participación en la búsqueda. “Tras este proceso, adelantaremos la búsqueda de los otros familiares para hacer su entrega digna”, enfatizó Viveros.

Además de la recuperación de los cuerpos, el equipo territorial Villavicencio de la Unidad de Búsqueda recolectó nueva información entre los pobladores de la zona para avanzar en la implementación del Plan Regional de Búsqueda del Meta – subregión Alto y Medio Ariari.

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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