META
Con apoyo de la comunidad recuperan cuerpos de personas dadas por desaparecidas en Lejanías
En colaboración con una comunidad campesina, adelantamos la recuperación de varios cuerpos que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado en el municipio de Lejanías, Meta.
En esta acción humanitaria, que hace parte de la implementación del Plan Regional de Búsqueda del Meta – Subregión Alto y Medio Ariari, los equipos forense y territorial Villavicencio de la UBPD intervinieron distintas áreas en zona rural de este municipio para recuperar cuatro cuerpos que fueron inhumados hace más de 30 años.
A partir de la investigación humanitaria y extrajudicial que adelantó el equipo Villavicencio, que contó con valiosos aportes de información tanto de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello como de residentes de la localidad, se logró dar con el paradero de los cuerpos que fueron sepultados en caminos y montañas de la zona entre los años 80 y 90.
La investigación también señala que para esa época hubo presencia de varios actores armados que hicieron parte del conflicto, por lo que se presentaron hostilidades por el control territorial que pudieron propiciar la muerte y posterior desaparición de combatientes y civiles.
En un acto de humanidad y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, los campesinos y las campesinas de la región sepultaron los cuerpos con recursos propios. Décadas después, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la comunidad a través de su Junta de Acción Comunal (JAC) contactó al equipo Villavicencio de la UBPD para que, mediante una acción humanitaria, se recuperaran los cuerpos y así empezar el proceso de identificación para una futura entrega digna a sus familiares y seres queridos.
Para Juan*, líder comunitario, la labor de la UBPD es fundamental en la construcción de paz. “Nos sentimos orgullosos de que nos visite la entidad y de contribuir con la búsqueda de las personas. La UBPD hace un papel importante en el departamento del Meta porque busca a las personas que están enterradas para entregárselas a sus familias”.
Con el apoyo de la comunidad, los equipos forense y territorial Villavicencio de la Unidad de Búsqueda se desplazaron hasta las áreas donde estaban inhumados los cuerpos, por lo que debieron cruzar caminos pedregosos y empinados, montañas y ríos, además de adelantar las tareas de recuperación en medio de las lluvias y el frío típico de la zona, cercana al páramo del Sumapaz.
Los cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto de Medicina Legal en Villavicencio para que realicen la identificación. Dos de estos cuerpos, se presume, pueden corresponder a los seres queridos de dos familias con las que la UBPD desarrolla acciones que garantizan su participación en la búsqueda. “Tras este proceso, adelantaremos la búsqueda de los otros familiares para hacer su entrega digna”, enfatizó Viveros.
Además de la recuperación de los cuerpos, el equipo territorial Villavicencio de la Unidad de Búsqueda recolectó nueva información entre los pobladores de la zona para avanzar en la implementación del Plan Regional de Búsqueda del Meta – subregión Alto y Medio Ariari.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
