META
Niños de Villavicencio con cáncer cumplieron el sueño de conocer el mar
La Fundación Mujeres Trabajando por el Meta les brinda el apoyo a los niños con cáncer de la Orinoquia. Desde el 2017 desarrollan diferentes actividades que ayudan al bienestar de los niños durante el proceso de su tratamiento.
Siendo el Hospital Departamental de Villavicencio uno de los nueve puntos oncológicos en el país, los niños que allí atienden necesitaban un lugar para hospedarse con alimentación, apoyo psicosocial, jurídico, alojamiento gratuito y educación.
“La Fundación nace de un grupo de mujeres comerciantes, teniendo la idea de hacer labor social, en esa búsqueda encontramos a los niños con cáncer. En Villavicencio somos la única entidad que realmente trabaja en beneficio de ellos. Empezamos a constituirla y enfocarnos solo en esta población ya que al priorizar otras poblaciones sería más difícil cumplir las ayudas, por eso decidimos orientarnos solo en niños con cáncer, viendo sus necesidades”, indicó Daniela Rodríguez Gutiérrez, directora de la Fundación Mujeres Trabajando por el Meta.
Hasta el momento han ayudado a 158 familias, cada familia lo compone un niño oncológico y sus hermanos, también cuentan con un programa de alimentación donde entregan un mercado al mes a 35 familias activas en tratamiento en la ciudad de Villavicencio. Igualmente tienen el programa del proyecto educativo que consiste en que los niños puedan tener sus clases formales.
Además, cuentan con apoyo sicosocial y jurídico en cuanto a gestión con las EPS para que estas no interrumpan su tratamiento y cuentan con el hogar de paso en donde han ayudado a 55 familias.
Desde la Fundación también realizan campañas de educación y sensibilización sobre el cáncer infantil; simposios de detección temprana de la enfermedad; van a los municipios a dar conferencias con la oncóloga Amparo Plata Martínez, debido a la importante de un diagnóstico oportuno y salvar la vida de los niños.
Sueños de arena
‘Sueños de arena’ nace en el 2018 gracias a Diego Chaparro, uno de los angelitos (así llaman a los niños) quien en una de las intervenciones que realizaba la directora les cuenta que quiere conocer los delfines.
Aunque Diego falleció en el año 2020, desde la fundación se han encargado con mucho esfuerzo, actividades, padrinos y la colaboración de las personas en seguir cumpliéndoles los sueños a los niños.
“Este año se hizo el tercer proyecto de ‘Sueños de arena’ en donde cada viaje cubre unas vacaciones al 100% de la familia, es decir, viaja el niño y su cuidador. Esto hace que ellos se fortalezcan en su tratamiento, que tengan una motivación, incluso Diego, antes de viajar, tuvo muchas recaídas y lo que médicamente se decía que se iba a demorar en recuperarse, las ganas de vivir y de poder conocer el mar hizo que se levantara rápidamente y que fuera un milagro médicamente”, expresó la directora.
Una de las experiencias que resaltó Daniela fue que “en el viaje del año 2019 uno de nuestros niños ya en estado paliativo fallece al segundo día del viaje, inclusive nos decían los médicos que en cualquier momento se podía ir y efectivamente su sueño lo tenía vivo y lo motivó a llegar a Santa Marta disfrutar con su mamá, conocer el mar y fallecer en Santa Marta cumpliendo su sueño”.
La Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA), es la que siempre les ayuda con los hospedajes en Santa Marta para los niños y su acompañante. En este momento la casa de paso está en una de las propiedades de la universidad ya que debido a la pandemia la anterior que tenían les tocó entregarla porque no podían pagar el arriendo.
Cómo ayudar
Para ayudar a esta causa, la fundación cuenta con el plan padrino, pero muchas veces no logran conseguir para todos los niños, entonces realizan diferentes actividades donde se pueden vincular con la compra de productos alimenticios como sándwich, lechonas y otras veces los almacenes ayudan con la ropa para los niños.
Pueden apoyar entregando las tapas plásticas de todos los tamaños y colores, las pueden entregar en el hogar de paso Victoria o depositarlas en los puntos que están ubicados en los Centros Comerciales de la capital del Meta.
Donar ropa, mercado o dinero para apoyarlos en el transporte es otra forma en la que se pueden vincular a esta causa. Para mayor información se pueden comunicar con la directora Daniela Rodríguez al 310 342 3223.
Fuente: Periódico del Meta
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
