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Según Contraloría General de la República, Puerto Gaitán es el “campeón” en despilfarro de regalías

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El departamento del Meta tiene 17 de los 20 hallazgos fiscales más representativos que detectó la Contraloría General en el segundo semestre de 2016, y al municipio de Puerto Gaitán le corresponde la mitad (10 hallazgos por $35.640 millones).

“Son muchas las obras financiadas con recursos de regalías que se terminan y nunca se ponen en funcionamiento, para el beneficio de la comunidad, como se aprecia claramente en regiones como los Llanos Orientales, en concreto en el departamento del Meta y particularmente en el municipio de Puerto Gaitán”, indicó el Contralor General, Edgardo Maya Villazón.

La Contraloría encontró en este departamento escuelas e internados construidos y abandonados, centros de atención hospitalaria en el mismo estado, alcantarillados, acueductos y equipos médicos que nunca se pusieron en servicio, proyectos de vivienda inconclusos y un Centro Comercial para vendedores ambulantes donde operan 6 de 34 locales, a lo que suma el hasta ahora frustrado proyecto de la Refinería del Meta.

El listado de “Elefantes Blancos” en el Meta es largo:

  • Presunto hallazgo fiscal por $10.359 millones, por la construcción de infraestructura educativa en el municipio de La Macarena (Meta). Las obras están terminadas y liquidadas, pero no están en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $9.828 millones, por el Centro de Atención Hospitalario de Uribe (Meta). A la fecha no ha prestado un solo día de servicio a la comunidad objeto de la inversión.
  • Hallazgo fiscal por $9.220 millones, por el deficiente manejo e inversión de recursos girados a la Empresa de Petróleos del Llano –Llanopetrol, con destino al proyecto de la Refinería del Meta, que no evidencia físicamente ningún proceso constructivo y muestra una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente.
  • Hallazgo fiscal por $5.799 millones, por la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre (Fase II), ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra finalizó, no ha sido puesta en funcionamiento, está dejada a la intemperie y, por falta de seguridad, ha resultado afectada por vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $4.442 millones, por la construcción de la escuela internado de Alto de Tillava, en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra se terminó en agosto de 2013 y nunca se puso en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $4.298 millones, por el diseño y construcción del Centro Comercial para Vendedores Ambulantes del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se encontró una obra subutilizada, que no opera en su totalidad, considerando que el momento de la visita adelantada por la Contraloría a estas instalaciones, solo 6 de 34 locales se encuentran en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $3.924 millones, por la construcción de la Escuela Internado para el resguardo Awaliba, situado en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). La obra no ha sido puesta en funcionamiento y se encuentra a la intemperie.
  • Hallazgo fiscal por $3.499 millones, por la construcción de la escuela internado Centro Poblado de Planas, en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). La obra fue culminada en mayo de 2013, no ha sido puesta en funcionamiento y está siendo afectada por la intemperie y el vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $3.476 millones, por la construcción de infraestructura educativa para las comunidades indígenas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Las estructuras construidas no se encuentran utilizadas.
  • Hallazgo fiscal por $3.113 millones, por la construcción de sistemas de acueducto para comunidades de los resguardos indígenas Domo Planas, Unuma y Vencedor Piriri, del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se detectaron deficiencias en la labor de interventoría del contrato, por cuanto 8 de estos sistemas de acueducto nunca fueron conectados a las viviendas y aún así las obras fueron recibidas a satisfacción, y 17 no se encuentran en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $3.002 millones, por el suministro de equipos médicos esenciales para dotación de los hospitales de Uribe y la Macarena (Meta), que a la fecha no han prestado ningún beneficio a la comunidad.
  •  Hallazgo fiscal por $2.759 millones, por obras de mejoramiento de internados y escuelas en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se encontraron deficiencias constructivas y en la planeación e inversión de los recursos. El internado de Planas nunca operó, se encuentra abandonado y su estructura deteriorada por el desuso y el vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $2.435 millones, por el mejoramiento de la vía San Lorenzo-Pueblo Nuevo, en el municipio de Castilla La Nueva (Meta). Se presentaron falencias en la etapa de planeación del contrato.
  • Hallazgo fiscal por $2.232 millones, por las obras construidas para el funcionamiento del internado Kuwei, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra finalizó en septiembre de 2012 y nunca ha sido puesta en funcionamiento, siendo afectada por el vandalismo y por estar expuesta a la intemperie.
  • Hallazgo fiscal por $2.127 millones, por la construcción de vivienda para la población vulnerable del municipio de La Macarena (Meta). El contrato (220 de 2015) se encuentra suspendido y del total de viviendas contratadas (292) solo se observan una obras de cimentación del terreno, 47 lotes correspondientes al 4% de ejecución del proyecto.
  • Hallazgo fiscal por $2.112 millones, por la construcción del Alcantarillado Pluvial para el Centro Poblado San Miguel (sector 21), en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra no está en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $2.068 millones, por la construcción del Centro de Atención Hospitalario del municipio de La Macarena (Meta), que a la fecha no ha prestado un solo día de servicio a la comunidad.

    Fuente: Prensa Contraloría General

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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