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Pueblos indígenas del Meta inician reclamación de 4.000 hectáreas de tierra
Ante el inminente riesgo de desaparición que afronta el Territorio Colectivo El Turpial y La Victoria, por la presencia de actores armados que ocasionaron afectaciones como confinamiento, reclutamientos forzados y tortura; la Unidad de Restitución de Tierras radicó una demanda para restablecer los derechos territoriales de estas comunidades indígenas ubicadas en Puerto López.
Con la demanda admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, se busca la restitución de 4.254 hectáreas, de las cuales 4.070 hectáreas corresponden al reguardo constituido y 184 al predio Las Leonas, solicitado en ampliación.
Este territorio colectivo está integrado por dos pueblos indígenas: Achaguas y Piapocos. El pueblo Achagua de El Turpial cuenta con 772 habitantes y el pueblo Piapoco de La Victoria está conformado por 371 personas.
Grupos armados afectan comunidades
Se evidenció que el territorio colectivo indígena, ha sido afectado directamente por los grupos armados al margen de la ley, que han vulnerado sus derechos a la cacería, la pesca y la recolección; y han provocando acciones como deforestación y pérdida de bosque, captación de aguas, vertimientos y emisiones de material particulado, aspersión sobre los cultivos de soya y maíz, disposición inadecuada de residuos sólidos y quemas a cielo abierto dentro del territorio.inicio
La acción judicial radicada ante la justicia por el equipo de Asuntos Étnicos de la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, también pretende que los pueblos del Territorio Colectivo restablezcan su autonomía y gobierno propio; sus derechos a la propiedad colectiva, al uso y disfrute del territorio a la libre circulación, al uso, acceso, ocupación y disfrute del territorio y de los recursos naturales; y a la seguridad alimentaria.
A la fecha, la entidad ha gestionado en total 95 demandas en todo el país para reparar los derechos territoriales de indígenas y afros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
