Connect with us

META

Inicia proceso para reclamar más de 26 mil hectáreas de territorio indígena en Meta y Vichada

Published

on

La Unidad de Restitución de Tierras, radicó ante un juez Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, la demanda que pretende reclamar 26.617 hectáreas y 5538 m² del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae ubicado en los municipios de Puerto Gaitán en el departamento del Meta y Cumaribo, Vichada.

El territorio está conformado por 425 personas del pueblo Sikuani que representan 100 familias, organizadas en 20 comunidades y que han sido víctimas de afectaciones como confinamiento, despojo y abandono por cuenta de la presencia y disputa territorial de los grupos al margen de la ley.

Entre las pretensiones de la acción judicial se encuentra: amparar el derecho fundamental a la restitución de los derechos territoriales del pueblo indígena Sikuani, además que en concertación con las comunidades del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae, culmine el proceso de ampliación, solicitado desde el año 1987 y reiterado en 1992; que realicen acciones informativas, en el marco de una estrategia pedagógica y de sensibilización con la población campesina inmersa en el Resguardo y los colindantes en las zonas de mayor presión colonizadora para que, con un enfoque de derechos y de reconciliación, se informe y sensibilice acerca de la condición legal y cultural de los territorios indígenas.

Algunas de las afectaciones que motivaron la presentación de la demanda, están relacionadas con la permanente presencia de narcotraficantes, guerrilla y Autodefensas. Según el informe de caracterización realizado por el equipo étnico de la URT, en la década de los 90, en este territorio se hallaron dos pistas clandestinas al servicio del narcotráfico, las cuales eran vigiladas por grupos paramilitares que impedían el paso del pueblo Sikuani hacia la vereda de Planas ocasionando el confinamiento.

Posteriormente y tras la constitución del Resguardo, hizo presencia la guerrilla de las FARC – EP, quienes circulaban en las zonas aledañas y luego, con el auge de los cultivos ilícitos, ingresaban al territorio, obligando a las comunidades a vincularse a la actividad ilegal y restringieron las actividades de subsistencia, afectando de esta manera, el gobierno propio.

En 1993 el ejército realizó aspersiones de glifosato sobre el territorio colectivo Iwiwi y Alto Patenae lo cual causó un grave impacto en la flora y los caños utilizados por los pobladores ancestrales, ocasionando afectaciones ambientales para la comunidad.

En los años siguientes, el pueblo Sikuani fue objeto de reclutamiento y de todo tipo de desmanes por parte de la guerrilla y de los paramilitares. La afectación más reciente fue en 2022, cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo realizaron señalamientos y amenazas, por medio de un audio de WhatsApp, contra miembros de la guardia indígena.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

META

Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

Published

on

By

En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

Continue Reading

META

Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

Published

on

By

Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

Continue Reading

META

JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

Published

on

By

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lo Mas Leido