REGIÓN
Indígenas de la Orinoquía reclaman la restitución de más de 500 mil hectáreas
Con la acción judicial presentada recientemente por la Unidad de Restitución de Tierras – URT en favor del Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, en reclamo de 9 mil hectáreas ubicadas en Puerto Carreño, se consolidan importantes cifras en las labores de la Dirección Territorial Bogotá, para proteger a las víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras en la Orinoquía colombiana.
Toda vez que, con ello, este despacho suma ya en ruta étnica diez demandas presentadas durante la actual administración, para buscar la restitución de más de 500 mil hectáreas de tierra en beneficio de los pueblos originarios.
Ante juzgados de restitución de Meta y Cundinamarca fueron radicados estos diez procesos legales. Así, la entidad espera no solo el restablecimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la Orinoquía, sino la reivindicación de sus derechos culturales, sociales, económicos e inmateriales.
Llama la atención que seis de las diez demandas de restitución presentadas se ubican en el río Guaviare, entre los departamentos de Vichada y Guainía, lo que da cuenta de la prioridad que se le ha dado a esta zona fuertemente afectada por el conflicto armado.
En resumen, estas son las diez demandas en mención:
- Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, del pueblo Amorúa, ubicado en el municipio de Puerto Carreño (Vichada). Esta comunidad reclama la restitución de 9 mil hectáreas.
- Comunidad Carpintero Palomas, de los pueblos Sikuani y Piapoco, ubicada entre Vichada y Guainía. Se pide el restablecimiento territorial de 43 mil hectáreas.
- Comunidad Chigüiro, de los pueblos Sikuani y Piapoco, ubicada entre Guainía y Vichada. La demanda presentada reclama 6 mil hectáreas.
- Comunidad Arrecifal, ubicada entre Guainía y Vichada. Se solicita la restitución de 108 mil hectáreas de tierra.
- Comunidad Yamjolí, de los pueblos Piapoco, Sikuani y Sáliba, ubicada en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento territorial de 3 mil 165 hectáreas.
- Resguardo Indígena Guaco Bajo – Guaco Alto, de los pueblos Sikuani y Piapoco. Dichas comunidades reclaman sus derechos sobre 91 mil hectáreas.
- Territorio Metiwa Guacamayas del pueblo Sikuani, ubicado en Cumaribo, (Vichada). Se solicita la restitución de 16 mil hectáreas.
- Resguardo Indígena Chaparral y Barro Negro, del pueblo U’wa, ubicado en Casanare. La comunidad ancestral reclama un territorio de 17 mil hectáreas.
- Resguardo Indígena Laguna Curvina – Sapuara, ubicado en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento de los derechos sobre 77 mil hectáreas.
- Resguardo Indígena Murciélago Altamira y comunidad de Barranco Picure, en Barrancominas (Guainía).
Las demandas presentadas por el equipo de Asuntos Étnicos de la Dirección Territorial Bogotá, cumplen con las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 4633 de 2011, razón por la cual siete de ellas han sido ya admitidas por los Jueces Especializados de Meta y Cundinamarca.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Concesión Transversal del Sisga informa que a partir del 24 de octubre y hasta el 1 de noviembre, se llevará a cabo la instalación de un puente militar a la altura del Túnel El Trapiche, hasta sector del puente el Rebosadero.
Este trabajo será realizado en estrecha colaboración entre el Ejército Nacional de Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Concesionario, como parte de las medidas adoptadas para mitigar las afectaciones causadas por la ola invernal que ha impactado diversas regiones del país por la ola invernal que ha afectado a diversas regiones del país.
Debido a estos trabajos, la vía permanecerá cerrada temporalmente en el sector mencionado, este es necesario para garantizar la seguridad tanto de los colaboradores como de los usuarios de la vía, y facilitar la instalación del puente que permitirá restablecer el tránsito de manera segura y eficiente.
Este puente militar proporcionará una alternativa temporal sólida para asegurar la movilidad en el corredor, evitando mayores inconvenientes para la comunidad y garantizando el tránsito entre los departamentos conectados por esta vía estratégica.
El financiamiento de esta obra proviene del Proyecto Transversal del Sisga, y busca ofrecer una solución efectiva ante las afectaciones generadas por el fuerte invierno, que ha debilitado varias infraestructuras en la región.
Fuente: Concesión Transversal del Sisga
REGIÓN
Multan a Electrificadora de Boyacá, liquidó mal el peaje que cobra a operadores por uso de sus redes
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) confirmó la multa impuesta a la Empresa de Energía de Boyacá por valor de $842.689.505, al comprobar incumplimientos a la regulación del servicio público domiciliario de energía.
De acuerdo con la Dirección de Investigaciones de Energía y Gas de la Superservicios, esta empresa que presta sus servicios en los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Sucre, calculó incorrectamente el ajuste anual del Porcentaje de Administración, Operación y Mantenimiento a Reconocer (PAOMR), durante los años 2018 a 2020, con lo cual se apartó de las disposiciones que rigen el régimen tarifario.
El PAOMR es el peaje por el uso de redes
El PAOMR es un indicador clave dentro del marco regulatorio, se calcula anualmente y refleja los costos asociados al uso de las redes de distribución eléctrica. Este valor es fundamental para evaluar el rendimiento de los operadores de red y determina las tarifas que los consumidores deben pagar por el servicio de energía, contribuyendo así a la calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico.
Con esta acción, la empresa incumplió lo establecido en la Ley 142 de 1994, en la Resolución CREG 119 de 2007, y la Resolución CREG 097 de 2008.
La sanción fue confirmada mediante la Resolución SSPD No. 20242400301975 del 25 de junio de 2024, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la empresa. La decisión se encuentra en firme.
Fuente: Comunicaciones SUPERSERVICIOS
Las autoridades avanzan en las primeras pesquisas para determinar las causas y autores del asesinato del concejal del municipio de Paya, (Boyacá) José Alirio Pirabán Cataño, desaparecido desde el viernes en horas de la mañana, entre la cabecera municipal de Paya y la inspección de Morcote.
Según un comunicado de la Gobernación de Boyacá, el cabildante fue retenido por hombres no identificados, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido.
El cuerpo sin vida fue hallado de José Alirio Pirabán fue hallado en la mañana del sábado, por lo que autoridades abrieron investigación para determinar la causa de muerte.
La Alcaldía de Paya rechazó este hecho y declaró día cívico este lunes 21 de octubre como señal de duelo ante la lamentable pérdida del concejal José Alirio Pirabán Cataño. Durante este día, no habrá atención al público en las dependencias municipales.
La velación del concejal se realiza en la tarima de la inspección de Policía, a las 10:00am se tiene prevista la ceremonia de exequias, con posterior acompañamiento al cementerio de la vereda La Palma, jurisdicción de la vereda Niscota.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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