META
Indígenas Piapoco y Sikuani recibieron 16 mil hectareas de tierra en Puerto Gaitán
Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), formalizó la entrega de 16 mil hectáreas y 250 metros cuadrados a las autoridades ancestrales y comunidad conformada por familias de los pueblos Piapoco y Sikuani, que ahora, gracias a una sentencia, ya son reconocidos como el Resguardo Indígena Florida Kawinanae.
La entrega, que estuvo acompañada por el Ejército y la Policía, y a la que concurrieron el director de Asuntos Étnicos, Acxan Duque y el director territorial de la URT en el Meta, César Santoyo, dejó entre las autoridades e integrantes del resguardo sentimientos de respaldo y confianza para que se cumplan las disposiciones emitidas en el fallo de restitución. En él, además de recuperar sus derechos territoriales, se impartieron medidas para garantizar la pervivencia y cultura de los indígenas seminómadas de esta región de Colombia.
En el espacio, Acxan Duque destacó: “este es el resultado de años de trabajo, en los que concurren los sueños de una comunidad por tener los derechos reales de su territorio y de un Gobierno en el que se busca defender a los pueblos étnicos”.
Articulación entre las entidades para el cumplimiento
La sentencia, que se profirió en agosto de 2023, es el resultado de la gestión que lideró la URT ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, y en la que se demostraron las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de esta comunidad, que perdió, además de su territorio, su cultura, cosmogonía y tradiciones. Antes de este fallo, los indígenas Sikuani y Piapoco estaban condenados al exterminio.
Con esta entrega material hecha por parte del director general de la Unidad, el mayor Giovani Yule, se cristaliza la primera de las órdenes impartidas en el fallo
y se avanza para generar las acciones de articulación interinstitucional que permitan que las otras se cumplan. Entre ellas está la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor del Resguardo de la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior -a través de su Dirección de Asuntos Indígenas- deberán, de forma inmediata, constituir el resguardo con el debido censo poblacional, identificar a sus autoridades, y de manera paralela, instalar placas demarcatorias del territorio.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas deberá implementar el Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRC). Este fallo es el primer pronunciamiento que se da a favor de la comunidad indígena en el departamento del Meta y el segundo en el departamento del Vichada.
La historia
Según la investigación adelantada por la URT, el extinto INCORA reservó en 1968 la región conocida como Planas, en los departamentos del Meta y Vichada, como zona exclusiva para la ocupación de los pueblos indígenas. Con esta declaración se constituyeron los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Un proceso favorable para las comunidades en mención, pero que excluyó a los Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Como resultado de esta decisión, parte del territorio fue formalizado a comunidades no indígenas entre los años 1984 y 2011.
El paso de los años, la codicia por la tierra y el control territorial promovieron la desaparición forzada de líderes representativos para los indígenas de la zona, su desplazamiento forzado y el origen del fenómeno de confinamiento de los Sikuani y Piapoco. Así mismo, en 1970 el Estado respaldó la explotación de hidrocarburos que afectaron el ingreso de estas comunidades a las fuentes de agua. De manera simultánea, comenzó la expansión de cultivos de uso ilícito, hecho que generó la entrada de actores armados ilegales, como el entonces Bloque Oriental de las Farc.
Los hechos victimizantes se recrudecieron desde 1980, con el auge del narcotráfico y la compra de tierras por parte de esmeralderos. Situación que se tornó más difícil para los habitantes de la zona con la llegada de las autodefensas.
La enorme riqueza natural de las tierras de los Sikuani y Piapoco hizo que estos grupos ilegales buscarán controlar el territorio -en el cual proliferaron los laboratorios para el procesamiento de coca-, y que se construyeran pistas de aterrizaje clandestinas. Además, varios sectores fueron utilizados para fosas comunes.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
