CASANARE
Ordenan no tocar cementerio antiguo de Yopal, por posible presencia de cuerpos aún sin identificar
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medida cautelar provisional de protección del antiguo cementerio de Yopal y le ordenó a la Alcaldía, por el término de 6 meses, abstenerse de expedir licencias de urbanismo para obras civiles, de construcción o similares que impliquen cualquier tipo de afectación o modificación del cementerio, en donde se presume la existencia de cuerpos de personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
Las medidas adoptadas por la JEP fueron solicitadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio la Esperanza de Yopal.
Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese municipio modificó el uso del suelo del lugar, además de que la Fiscalía no ha certificado que se haya realizado la prospección y exhumación de la totalidad de cuerpos de personas no identificadas víctimas del conflicto armado que se presume se encuentran allí.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP otorgó a la Fiscalía General de la Nación un término de 45 días para presentar un cronograma que incluya los tiempos requeridos para el abordaje general del cementerio antiguo de Yopal, con miras a identificar los lugares en donde pueden encontrarse cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
NN en el cementerio
La Sección tuvo conocimiento de que se realizó el traslado de alrededor de 150 cuerpos de personas no identificadas que se encontraban en el antiguo cementerio, de los que solo 66 fueron reubicados en el nuevo camposanto.
Al conocerse el paradero de algunos de los cuerpos restantes, que fueron enviados a distintos lugares, se ordenó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Yopal y Tunja, así como al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Bucaramanga garantizar la custodia de los cuerpos exhumados hasta cuando la Fiscalía General de la Nación o la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) realicen las actividades que les corresponden, con miras a la identificación y entrega digna a los familiares.
A este trámite se acumuló la petición de la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda sobre la custodia y cuidado de los cementerios y cadáveres de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados.
Además, se vinculó a la Alcaldía de Yopal, a quien se trasladó la petición, así como las recomendaciones del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial EQUITAS, en relación con el cuidado y protección de los lugares, dada la situación por cuenta del Covid-19 y que implica extremar cuidados para impedir que se alteren lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada.
Finalmente, se corrió traslado de todo lo actuado en este trámite a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para el ejercicio de sus competencias.
Fuente: Jurisdicción Especial Para La Paz – JEP
Un hombre fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles 30 de abril en la vía Aguazul – Maní. Inicialmente el caso se reportó como accidente de tránsito, pero al llegar bomberos y agentes de tránsito al sitio, hallaron el cuerpo sin vida con impactos de bala.
La víctima fue identificada como Luis Enrique Hernández Alfonso, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha V80 de placa YAR85A por la vereda El Sural de Aguazul. Según la inspección al cuerpo, presentaba tres heridas por arma de fuego.
Hernández Alfonso era propietario de la finca donde en noviembre de 2025 se realizó un allanamiento que dejó la captura de alias ‘Tobías’, integrante del Clan del Golfo y sobrino del hoy occiso. Se dedicaba a la agricultura y a la venta de ganado.
Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona. En una de ellas se observa a una motocicleta NKD con un sujeto que iba detrás de la moto de la víctima.
La investigación tomó un nuevo rumbo, lo que inició como accidente de tránsito pasó a ser homicidio.
Luego de cumplir con los exigentes requerimientos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobó la planta de licores artesanales de Casanare.
Este es el resultado de más de 20 años de investigación en la producción de bebidas fermentadas y destiladas, elaboradas con productos naturales del llano, tal como lo hicieron los antiguos artesanos llaneros, quienes, en alambiques caseros, lograron producir bebidas espirituosas de alta calidad.
La planta autorizada por el Invima, está ubicada en la zona rural de Yopal, desde donde se ha logrado destilar alcoholes tipo premium, que, previo a la aprobación del Instituto, logró calificaciones meritorias en catas que se realizaron en afamados centros académicos y en mercados especializados tanto en el ámbito nacional como internacional.
En la nueva planta que ahora tiene permiso de operación del gobierno colombiano, se pueden destilar bebidas consideradas de alta calidad para los mercados de licores, tipos whiskys, rones, ginebras, aguardientes y cervezas, entre otros productos, donde se utiliza materia prima de origen campesino casanareño y esto apunta, a que los labriegos productores de cañas, frutas, granos y otras plantas regionales como algarrobo, sarrapia, mastranto, maíz y otros, de origen rural, tengan una importante nueva ventana de mercadeo.
Dentro de los reconocimientos que ha obtenido la nueva planta de licores, se puede mencionar las bebidas elaboradas con arroz, que fueron calificadas por expertos de la república de China, con un altísimo grado de calidad, situación que le abre la puerta a exportar a esa república, licores fabricados en Casanare.
Por otra parte, la aprobación de esta planta, le abre el camino para que, por los menos 10 empresarios de cervezas artesanales de Casanare, aspiren a obtener los permisos y licencias por parte del Invima.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, aseguró que la situación financiera de Capresoca EPS es crítica y que durante años se habrían maquillado los estados financieros para ocultar su verdadera crisis. Según el mandatario, la entidad fue sostenida artificialmente con cifras que no reflejaban la realidad, lo que hoy tiene a la EPS en una condición cercana a la quiebra.
El gobernador indicó que ya solicitó una auditoría integral para esclarecer el historial financiero de la entidad y determinar responsabilidades. Señaló que este proceso busca establecer cómo se llegó a la actual situación y que sea la justicia la encargada de definir quiénes llevaron a Capresoca a este punto.
En medio de este panorama, Ortiz Zorro reveló que sostuvo conversaciones con el Gobierno Nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes le habrían dado un parte de tranquilidad al manifestar que, por ahora, no se contempla la liquidación de la EPS.
No obstante, el mandatario insistió en que cualquier intervención debe estar orientada a un verdadero plan de salvamento, con un agente que articule esfuerzos con el departamento. Reconoció que, aunque Capresoca sigue prestando servicios, estos no cumplen con las expectativas, y reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que solucione los problemas históricos del país.
