CASANARE
Ordenan no tocar cementerio antiguo de Yopal, por posible presencia de cuerpos aún sin identificar
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medida cautelar provisional de protección del antiguo cementerio de Yopal y le ordenó a la Alcaldía, por el término de 6 meses, abstenerse de expedir licencias de urbanismo para obras civiles, de construcción o similares que impliquen cualquier tipo de afectación o modificación del cementerio, en donde se presume la existencia de cuerpos de personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
Las medidas adoptadas por la JEP fueron solicitadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio la Esperanza de Yopal.
Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese municipio modificó el uso del suelo del lugar, además de que la Fiscalía no ha certificado que se haya realizado la prospección y exhumación de la totalidad de cuerpos de personas no identificadas víctimas del conflicto armado que se presume se encuentran allí.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP otorgó a la Fiscalía General de la Nación un término de 45 días para presentar un cronograma que incluya los tiempos requeridos para el abordaje general del cementerio antiguo de Yopal, con miras a identificar los lugares en donde pueden encontrarse cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
NN en el cementerio
La Sección tuvo conocimiento de que se realizó el traslado de alrededor de 150 cuerpos de personas no identificadas que se encontraban en el antiguo cementerio, de los que solo 66 fueron reubicados en el nuevo camposanto.
Al conocerse el paradero de algunos de los cuerpos restantes, que fueron enviados a distintos lugares, se ordenó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Yopal y Tunja, así como al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Bucaramanga garantizar la custodia de los cuerpos exhumados hasta cuando la Fiscalía General de la Nación o la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) realicen las actividades que les corresponden, con miras a la identificación y entrega digna a los familiares.
A este trámite se acumuló la petición de la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda sobre la custodia y cuidado de los cementerios y cadáveres de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados.
Además, se vinculó a la Alcaldía de Yopal, a quien se trasladó la petición, así como las recomendaciones del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial EQUITAS, en relación con el cuidado y protección de los lugares, dada la situación por cuenta del Covid-19 y que implica extremar cuidados para impedir que se alteren lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada.
Finalmente, se corrió traslado de todo lo actuado en este trámite a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para el ejercicio de sus competencias.
Fuente: Jurisdicción Especial Para La Paz – JEP
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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