CASANARE
La JEP postuló a 22 exmilitares y civiles para recibir sanciones propias por 318 “falsos positivos” en Casanare
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un nuevo paso en el esclarecimiento del Caso 03, al postular ante el Tribunal para la Paz a 22 comparecientes —entre ellos 19 integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles— por su responsabilidad en el asesinato y desaparición de 318 personas en Casanare, entre 2005 y 2008, presentadas ilegalmente como dadas de baja en combate.
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que los postulados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva sobre el patrón macrocriminal ejecutado en la región. Por ello, fueron remitidos para la etapa de juicio en la que se definirá la imposición de Sanciones Propias, penas restaurativas que implican restricción efectiva de libertades, reparación a las víctimas y monitoreo internacional, pero no cárcel.
¿Quiénes son los imputados?
Entre los comparecientes se encuentran el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI; el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare; y varios exoficiales, suboficiales y soldados vinculados al Batallón Ramón Nonato Pérez (Birno) y otras unidades operativas. También fueron incluidos el exdetective del DAS Orlando Rivas Tovar y los civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes fungieron como falsos informantes para atraer víctimas a los grupos militares.
Según la JEP, los comparecientes integraron una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para ejecutar y encubrir asesinatos de civiles, motivados por un sistema de presiones e incentivos que premiaba los resultados operacionales. Bajo esta lógica, los militares reportaron ilegítimamente muertes en combate para obtener reconocimientos, permisos y ascensos.
La Sala también imputó delitos de tortura y tratos crueles a seis de los acusados, luego de comprobar que varias víctimas fueron ultrajadas física y psicológicamente antes de ser asesinadas. Los hechos fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Más de 612 víctimas han sido acreditadas en el subcaso Casanare. En los espacios restaurativos realizados por la JEP, sobrevivientes y familiares participaron en encuentros con los responsables, logrando esclarecer detalles sobre las ejecuciones y las dinámicas internas de las unidades militares implicadas.
Los proyectos restaurativos
Los postulados presentaron cuatro proyectos restaurativos que serán evaluados por el Tribunal para la Paz: la creación del Parque Memoria y Paz en Yopal, la Universidad de la Memoria y la Justicia, el monumento “Homenaje al Campesino por su Valor y Dignidad” y un programa de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.
La resolución de conclusiones, emitida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Casanare, constituye la quinta de este tipo y la cuarta dentro del Caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. La decisión abre paso a la etapa de juicio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones y las condiciones de cumplimiento.
Este subcaso permitió establecer que, entre 2005 y 2008, la Brigada XVI alcanzó los primeros lugares en resultados operacionales a costa de una práctica criminal sistemática. La JEP determinó que, en palabras de uno de los comparecientes, lo ocurrido en el Casanare constituyó “una masacre contra el pueblo casanareño”.
Fuente: El Diario del Llano
La Alcaldía de Yopal informa que, mediante Decreto No. 091 de 2026, se modificó de manera transitoria el horario de atención presencial al público para este martes 7 de julio, con ocasión del partido de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La atención en la Administración Central se realizará en jornada continua de 7:00 a. m. a 3:00 p.m. como una disposición administrativa que busca facilitar la participación de los funcionarios en este espacio de integración, recreación y unión ciudadana.
La Administración Municipal aclara que esta modificación del horario no constituye vacancia administrativa ni suspende los términos legales en procesos contractuales, de cobro coactivo, disciplinarios o demás actuaciones administrativas que se adelanten en las diferentes dependencias.
Asimismo, se garantizará la prestación de los servicios esenciales, la gestión del riesgo, la seguridad ciudadana y el control de tránsito y movilidad, mediante los planes de contingencia establecidos por las dependencias responsables.
Con esta disposición, la Alcaldía de Yopal reitera su compromiso con la adecuada prestación del servicio público, el bienestar del talento humano institucional y la atención oportuna a la ciudadanía.
CASANARE
Sicarios asesinaron migrante en Yopal, autoridades analizan si se trata de vendettas por microtráfico
Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material de guerra, explosivos, elementos de intendencia e insumos médicos en una zona rural del municipio de Támara. Según la información, la caleta pertenecería a las disidencias del Frente 28 y almacenaba elementos que presuntamente serían utilizados para la ejecución de acciones armadas.
Durante la operación fueron hallados artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento, chalecos y otros elementos de uso militar. Además, las tropas incautaron insumos médicos que, según el Ejército, serían empleados para atender a integrantes de ese grupo armado que resultaran heridos durante enfrentamientos con la Fuerza Pública.
Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es la forma en que estaban ocultos algunos explosivos. Según el reporte oficial, los artefactos improvisados con metralla eran escondidos en objetos de uso cotidiano, como termos, y estaban acondicionados para ser activados mediante sistemas de cable telemando. El Ejército advirtió que esta modalidad representa un alto riesgo para la población civil, especialmente para campesinos, niños y habitantes de las veredas, quienes podrían confundir estos elementos con objetos inofensivos.
El material explosivo fue destruido de manera controlada por unidades de la Octava División del Ejército, siguiendo los protocolos establecidos para evitar riesgos a la comunidad. El Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de manipular objetos sospechosos, alejarse del lugar y reportar cualquier hallazgo a las autoridades competentes.
