CASANARE
La JEP postuló a 22 exmilitares y civiles para recibir sanciones propias por 318 “falsos positivos” en Casanare
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un nuevo paso en el esclarecimiento del Caso 03, al postular ante el Tribunal para la Paz a 22 comparecientes —entre ellos 19 integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles— por su responsabilidad en el asesinato y desaparición de 318 personas en Casanare, entre 2005 y 2008, presentadas ilegalmente como dadas de baja en combate.
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que los postulados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva sobre el patrón macrocriminal ejecutado en la región. Por ello, fueron remitidos para la etapa de juicio en la que se definirá la imposición de Sanciones Propias, penas restaurativas que implican restricción efectiva de libertades, reparación a las víctimas y monitoreo internacional, pero no cárcel.
¿Quiénes son los imputados?
Entre los comparecientes se encuentran el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI; el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare; y varios exoficiales, suboficiales y soldados vinculados al Batallón Ramón Nonato Pérez (Birno) y otras unidades operativas. También fueron incluidos el exdetective del DAS Orlando Rivas Tovar y los civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes fungieron como falsos informantes para atraer víctimas a los grupos militares.
Según la JEP, los comparecientes integraron una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para ejecutar y encubrir asesinatos de civiles, motivados por un sistema de presiones e incentivos que premiaba los resultados operacionales. Bajo esta lógica, los militares reportaron ilegítimamente muertes en combate para obtener reconocimientos, permisos y ascensos.
La Sala también imputó delitos de tortura y tratos crueles a seis de los acusados, luego de comprobar que varias víctimas fueron ultrajadas física y psicológicamente antes de ser asesinadas. Los hechos fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Más de 612 víctimas han sido acreditadas en el subcaso Casanare. En los espacios restaurativos realizados por la JEP, sobrevivientes y familiares participaron en encuentros con los responsables, logrando esclarecer detalles sobre las ejecuciones y las dinámicas internas de las unidades militares implicadas.
Los proyectos restaurativos
Los postulados presentaron cuatro proyectos restaurativos que serán evaluados por el Tribunal para la Paz: la creación del Parque Memoria y Paz en Yopal, la Universidad de la Memoria y la Justicia, el monumento “Homenaje al Campesino por su Valor y Dignidad” y un programa de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.
La resolución de conclusiones, emitida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Casanare, constituye la quinta de este tipo y la cuarta dentro del Caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. La decisión abre paso a la etapa de juicio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones y las condiciones de cumplimiento.
Este subcaso permitió establecer que, entre 2005 y 2008, la Brigada XVI alcanzó los primeros lugares en resultados operacionales a costa de una práctica criminal sistemática. La JEP determinó que, en palabras de uno de los comparecientes, lo ocurrido en el Casanare constituyó “una masacre contra el pueblo casanareño”.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
Tribunal ordena a la Alcaldía de Yopal cobrar estampillas omitidas en convenios con ASOSUPRO
En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de la Acción Popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar y declaró que el Municipio de Yopal y la Asociación de Municipios ASOSUPRO vulneraron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al omitir el cobro de las estampillas municipales en los contratos celebrados dentro del Convenio Marco de Cooperación 1001.84.1668 de 2022.
Según el fallo, ASOSUPRO ejecutó diversos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías sin efectuar el recaudo de contribuciones como la estampilla Procultura, Pro Adulto Mayor, Pro Deporte y Fondo de Seguridad. Esta omisión, advirtió el Tribunal, generó un detrimento a los programas sociales que dependen de dichos recursos y evidenció un uso inadecuado de la figura de los convenios interadministrativos.
El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Yopal iniciar un proceso de fiscalización, determinación y cobro de las estampillas en cada uno de los contratos celebrados por ASOSUPRO, suspendiendo temporalmente los términos de prescripción mientras se ejecuta la sentencia. Además, el municipio deberá elaborar en un plazo de cuatro meses un informe detallado sobre los tributos recaudados y pendientes.
Se conformó un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el concejal accionante, el alcalde de Yopal, el secretario de Hacienda, el representante de ASOSUPRO, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio Público, para garantizar el cumplimiento del fallo que busca restablecer los recursos públicos destinados a la cultura, el deporte y los adultos mayores del municipio.
El cabildante calificó el fallo como histórico, en defensa del patrimonio público de Yopal. Se estima que el municipio dejó de percibir más de $7.000 millones, recursos que debieron destinarse a programas sociales, Adulto mayor, cultura, deporte y seguridad ciudadana.
CASANARE
Senador Alirio Barrera denuncia que grupos políticos “lo quieren encochinar” a el y su familia
El senador Alirio Barrera denunció públicamente lo que calificó como una “persecución política y judicial” en su contra y la de su familia, que —según él— busca “encochinar su nombre” y afectar su imagen en medio de la coyuntura electoral en Casanare. Barrera aseguró que detrás de estos hechos estarían algunos funcionarios de organismos como la SIJIN y el CTI, presuntamente al servicio de intereses políticos de sectores contrarios.
El congresista recordó que hace tres años su yerno fue capturado de manera irregular, en un hecho que calificó como un “espectáculo mediático”, pues horas después fue dejado en libertad al comprobarse que se trató de un error. “Lo hicieron ver como un delincuente, le destruyeron la vida y luego simplemente dijeron que había sido un error”, expresó Barrera, quien afirmó que el proceso fue archivado por la Fiscalía en Bogotá.
Según el senador, la semana anterior se repitió una situación similar cuando su yerno fue nuevamente detenido en un centro comercial de Yopal sin orden judicial ni denuncia en su contra. “Lo capturaron delante de su esposa, su hija y sus hermanos, sin ninguna orden de captura o conducción, para después decir otra vez que se trató de una confusión. Eso es inaceptable”, señaló, advirtiendo que el procedimiento fue irregular y que incluso ingresaron a una propiedad privada como es el Centro Comercial sin autorización.
Barrera aseguró que estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia política para desprestigiar a su familia. “Nos tienen vigilados, nos siguen con drones que llegan a la casa, nos interceptan los teléfonos y nos infiltran con personal de seguridad. Es una persecución sistemática”, afirmó, señalando que algunos funcionarios estarían actuando bajo órdenes de sectores políticos que buscan afectar las aspiraciones suyas y de su esposa, Marisela Duarte, en el escenario regional.
El senador anunció que presentará las pruebas recolectadas ante el Congreso de la República y en instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, pedirá la intervención de la Dirección Nacional de Fiscalías y de la Policía Nacional para investigar lo que considera un abuso de poder y una violación a los derechos fundamentales de su familia.
“Respeto a las instituciones, pero hay funcionarios que se están prestando para hacer favores políticos. Ya lo hicieron antes de unas elecciones y ahora lo vuelven a hacer. No pueden seguir usando la justicia para ganar campañas”, puntualizó el senador Barrera, quien pidió garantías para ejercer su actividad política sin persecuciones ni hostigamientos.
CASANARE
Gestión de Zorro y Archila logró $40 mil millones para que “despegue” el Aeropuerto El Alcaraván
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una inversión de $40.000 millones para fortalecer la infraestructura aérea del departamento, tras una reunión con el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (r) José Henry Pinto, el representante a la Cámara Hugo Archila y el secretario de Desarrollo Económico de Yopal, Rodrigo Chaparro.
Del total de los recursos, $18.000 millones se destinarán al proceso de internacionalización del aeropuerto El Alcaraván de Yopal, que contempla estudios y diseños del terminal de carga, construcción de su infraestructura, rehabilitación de la pista y adquisición de terrenos para su ampliación.
El convenio interadministrativo entre el departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la RAP Llanos y la Aeronáutica Civil será firmado este viernes 7 de noviembre, consolidando un avance determinante en la modernización del principal aeropuerto de la región Orinoquia.
