CASANARE
OPINIÓN: Más que principio de precaución, se requiere debate serio para la prevención
En Colombia se han dado muy pocos debates públicos técnicos e informados, con respecto al fracturamiento hidráulico (fracking), para que la gente tenga argumentos claros que le permitan tomar posiciones responsables; todo ha sido una colcha de retazos orquestada por intereses particulares que no privilegian el bien general.
Es muy fácil caer en la dicotomía del agua versus el petróleo, con argumento resumido a 140 caracteres en las redes sociales, llenos de ofensas, resentimientos y conclusiones superfluas. Las organizaciones ambientalistas en su afán de justificar su permanencia y recursos, pregonan de manera apocalíptica que la humanidad debe escoger entre el agua y el petróleo, so pena de ser responsables de la pérdida del recurso hídrico, y peor aún la destrucción inexorable del planeta.
Nos quieren poner contra la pared, ante lo cual cualquier ser racional optaría por supuesto por escoger el agua, la vida y eliminar toda amenaza a su existencia. Sin embargo, la posición radical de estos grupos se centra en conceptos sesgados, conclusiones amañadas y estudios caducos que no consideran las curvas de aprendizaje, ni los avances tecnológicos, y quieren condenarnos al subdesarrollo social y miseria económica motivados por intereses ocultos de orden político y doctrinario.
La premisa que considero válida a los intereses de todos los colombianos y de la humanidad en general es que agua sí, pero petróleo también y para ambos casos bien hecho. Son múltiples las razones que aducen los detractores del desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, incluyendo que se acaba el agua de consumo humano por contaminación de fuentes, que la salud de las personas se afecta por el uso de la técnica del “fracking”, que la sismicidad traerá cataclismos en las áreas de operación, que el suelo quedará contaminado por material radiactivo que lo dejará estéril y afectará a los seres vivientes, en fin toda suerte de plagas y maldiciones nos caerán si osamos entrar a producir estos recursos que la naturaleza nos ofrece.
Con estos argumentos se han presentado toda clase de recursos legales y emplazamientos políticos, para que se dictamine el denominado Principio de precaución, el cual cursa instancia final ante el Consejo de Estado, y será tratado este 7 de junio en sesión plena.
Celebramos que el Consejo de Estado haya abierto la discusión en una Audiencia Pública. Esta es una nueva oportunidad para entregarle al país argumentos sobre la conveniencia del “fracking” en YNC.
Con este recurso, el cual de ser aprobado prohibiría toda actividad en torno a operaciones de fracking en yacimientos no convencionales, se pretende dar un golpe frontal a las sugerencias de la Comisión de Expertos, a las recomendaciones de la Contraloría, de los gremios de industria y a la propuesta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo – (PND), en cuanto a que el país debe adelantar los Proyectos Pilotos Integrales de Investigación- PPII, que le permitan aplicar el Principio de prevención, que se define como aquel que, ante posibles riesgos en las actividades humanas sean medidos sus efectos y consecuencias a todo su entorno social, ambiental y económico, para determinar medidas de monitoreo, control y operación segura que permitan su desarrollo sostenible y armonioso.
Entonces no es cierto lo que aseguran los movimientos ambientalistas, que el PND a través de un “mico” le abrió las puertas a esta técnica. La verdad es que a través del PND se “estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales”. Todos queremos ir hacia el camino de la revolución energética, pero ¿cómo vamos a financiarla si no es con los recursos de los hidrocarburos siendo los provenientes de yacimientos no convencionales los disponibles a más corto plazo?.
Las manifestaciones en contra del fracking y la minería, como la del 7 de junio, son expresiones que convocan a muchos que no tienen certeza de lo que defienden o lo hacen con elementos de juicio sin fundamentos, basados en información sesgada, o los mueven otros intereses particulares.
Si se tratase de una verdadera manifestación de rechazo a los efectos de actividades que generan contaminación y destrucción del medio ambiente, me surge la duda, ¿Por qué no marchan en rechazo a los actos de voladuras de oleoductos, o a la tala de árboles criminal, o la ganadería extensiva de latifundios que devoran nuestras selvas?.
Mi conclusión es que en estas otras no hay un efecto mediático que genere adhesión popular o prebendas extorsivas al Gobierno por la alta sensibilidad de los hidrocarburos y la minería dentro de la ecuación económica del país.
A toda costa el Gobierno Nacional, las agremiaciones, las empresas operadoras y de servicios de la industria de los hidrocarburos debemos evitar cualquier dinámica que induzca al conflicto social. No se puede permitir la creciente confusión a las comunidades como la que se está viviendo hoy debido al poco acceso que tienen a información técnica, científica y veraz.
Es nuestro deber aportar, a través de proyectos como los de pedagogía regional que adelanta Acipet los cuales llegan directamente a la comunidad de todos los niveles para impartir conocimiento.
En Acipet estamos de acuerdo con la protesta y las marchas como derecho de expresión social, pero no las compartimos si se hacen con base en falsos preceptos, información incorrecta y sobre todo bajo intereses politizados. Por eso, desde Acipet invitamos a los movimientos ambientalistas a que debatan con argumentos comprobados y no con discursos demagogos o espectáculos circenses colocando en los medios de comunicación declaraciones faranduleras sin ningún rigor científico.
Por: Carlos Alberto Leal Niño – Presidente de la Junta Directiva de Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo)
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
