En Colombia se han dado muy pocos debates públicos técnicos e informados, con respecto al fracturamiento hidráulico (fracking), para que la gente tenga argumentos claros que le permitan tomar posiciones responsables; todo ha sido una colcha de retazos orquestada por intereses particulares que no privilegian el bien general.

Es muy fácil caer en la dicotomía del agua versus el petróleo, con argumento resumido a 140 caracteres en las redes sociales, llenos de ofensas, resentimientos y conclusiones superfluas. Las organizaciones ambientalistas en su afán de justificar su permanencia y recursos, pregonan de manera apocalíptica que la humanidad debe escoger entre el agua y el petróleo, so pena de ser responsables de la pérdida del recurso hídrico, y peor aún la destrucción inexorable del planeta.

Nos quieren poner contra la pared, ante lo cual cualquier ser racional optaría por supuesto por escoger el agua, la vida y eliminar toda amenaza a su existencia. Sin embargo, la posición radical de estos grupos se centra en conceptos sesgados, conclusiones amañadas y estudios caducos que no consideran las curvas de aprendizaje, ni los avances tecnológicos, y quieren condenarnos al subdesarrollo social y miseria económica motivados por intereses ocultos de orden político y doctrinario.

La premisa que considero válida a los intereses de todos los colombianos y de la humanidad en general es que agua sí, pero petróleo también y para ambos casos bien hecho. Son múltiples las razones que aducen los detractores del desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, incluyendo que se acaba el agua de consumo humano por contaminación de fuentes, que la salud de las personas se afecta por el uso de la técnica del “fracking”, que la sismicidad traerá cataclismos en las áreas de operación, que el suelo quedará contaminado por material radiactivo que lo dejará estéril y afectará a los seres vivientes, en fin toda suerte de plagas y maldiciones nos caerán si osamos entrar a producir estos recursos que la naturaleza nos ofrece.

Con estos argumentos se han presentado toda clase de recursos legales y emplazamientos políticos, para que se dictamine el denominado Principio de precaución, el cual cursa instancia final ante el Consejo de Estado, y será tratado este 7 de junio en sesión plena.

Celebramos que el Consejo de Estado haya abierto la discusión en una Audiencia Pública. Esta es una nueva oportunidad para entregarle al país argumentos sobre la conveniencia del “fracking” en YNC.

Con este recurso, el cual de ser aprobado prohibiría toda actividad en torno a operaciones de fracking en yacimientos no convencionales, se pretende dar un golpe frontal a las sugerencias de la Comisión de Expertos, a las recomendaciones de la Contraloría, de los gremios de industria y a la propuesta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo – (PND), en cuanto a que el país debe adelantar los Proyectos Pilotos Integrales de Investigación- PPII, que le permitan aplicar el Principio de prevención, que se define como aquel que, ante posibles riesgos en las actividades humanas sean medidos sus efectos y consecuencias a todo su entorno social, ambiental y económico, para determinar medidas de monitoreo, control y operación segura que permitan su desarrollo sostenible y armonioso.

Entonces no es cierto lo que aseguran los movimientos ambientalistas, que el PND a través de un “mico” le abrió las puertas a esta técnica. La verdad es que a través del PND se “estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales”. Todos queremos ir hacia el camino de la revolución energética, pero ¿cómo vamos a financiarla si no es con los recursos de los hidrocarburos siendo los provenientes de yacimientos no convencionales los disponibles a más corto plazo?.

Las manifestaciones en contra del fracking y la minería, como la del 7 de junio, son expresiones que convocan a muchos que no tienen certeza de lo que defienden o lo hacen con elementos de juicio sin fundamentos, basados en información sesgada, o los mueven otros intereses particulares.

Si se tratase de una verdadera manifestación de rechazo a los efectos de actividades que generan contaminación y destrucción del medio ambiente, me surge la duda, ¿Por qué no marchan en rechazo a los actos de voladuras de oleoductos, o a la tala de árboles criminal, o la ganadería extensiva de latifundios que devoran nuestras selvas?.

Mi conclusión es que en estas otras no hay un efecto mediático que genere adhesión popular o prebendas extorsivas al Gobierno por la alta sensibilidad de los hidrocarburos y la minería dentro de la ecuación económica del país.

A toda costa el Gobierno Nacional, las agremiaciones, las empresas operadoras y de servicios de la industria de los hidrocarburos debemos evitar cualquier dinámica que induzca al conflicto social. No se puede permitir la creciente confusión a las comunidades como la que se está viviendo hoy debido al poco acceso que tienen a información técnica, científica y veraz.

Es nuestro deber aportar, a través de proyectos como los de pedagogía regional que adelanta Acipet los cuales llegan directamente a la comunidad de todos los niveles para impartir conocimiento.

En Acipet estamos de acuerdo con la protesta y las marchas como derecho de expresión social, pero no las compartimos si se hacen con base en falsos preceptos, información incorrecta y sobre todo bajo intereses politizados. Por eso, desde Acipet invitamos a los movimientos ambientalistas a que debatan con argumentos comprobados y no con discursos demagogos o espectáculos circenses colocando en los medios de comunicación declaraciones faranduleras sin ningún rigor científico.

Por: Carlos Alberto Leal Niño – Presidente de la Junta Directiva de Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo)