CASANARE
OPINIÓN: Más que principio de precaución, se requiere debate serio para la prevención
En Colombia se han dado muy pocos debates públicos técnicos e informados, con respecto al fracturamiento hidráulico (fracking), para que la gente tenga argumentos claros que le permitan tomar posiciones responsables; todo ha sido una colcha de retazos orquestada por intereses particulares que no privilegian el bien general.
Es muy fácil caer en la dicotomía del agua versus el petróleo, con argumento resumido a 140 caracteres en las redes sociales, llenos de ofensas, resentimientos y conclusiones superfluas. Las organizaciones ambientalistas en su afán de justificar su permanencia y recursos, pregonan de manera apocalíptica que la humanidad debe escoger entre el agua y el petróleo, so pena de ser responsables de la pérdida del recurso hídrico, y peor aún la destrucción inexorable del planeta.
Nos quieren poner contra la pared, ante lo cual cualquier ser racional optaría por supuesto por escoger el agua, la vida y eliminar toda amenaza a su existencia. Sin embargo, la posición radical de estos grupos se centra en conceptos sesgados, conclusiones amañadas y estudios caducos que no consideran las curvas de aprendizaje, ni los avances tecnológicos, y quieren condenarnos al subdesarrollo social y miseria económica motivados por intereses ocultos de orden político y doctrinario.
La premisa que considero válida a los intereses de todos los colombianos y de la humanidad en general es que agua sí, pero petróleo también y para ambos casos bien hecho. Son múltiples las razones que aducen los detractores del desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, incluyendo que se acaba el agua de consumo humano por contaminación de fuentes, que la salud de las personas se afecta por el uso de la técnica del “fracking”, que la sismicidad traerá cataclismos en las áreas de operación, que el suelo quedará contaminado por material radiactivo que lo dejará estéril y afectará a los seres vivientes, en fin toda suerte de plagas y maldiciones nos caerán si osamos entrar a producir estos recursos que la naturaleza nos ofrece.
Con estos argumentos se han presentado toda clase de recursos legales y emplazamientos políticos, para que se dictamine el denominado Principio de precaución, el cual cursa instancia final ante el Consejo de Estado, y será tratado este 7 de junio en sesión plena.
Celebramos que el Consejo de Estado haya abierto la discusión en una Audiencia Pública. Esta es una nueva oportunidad para entregarle al país argumentos sobre la conveniencia del “fracking” en YNC.
Con este recurso, el cual de ser aprobado prohibiría toda actividad en torno a operaciones de fracking en yacimientos no convencionales, se pretende dar un golpe frontal a las sugerencias de la Comisión de Expertos, a las recomendaciones de la Contraloría, de los gremios de industria y a la propuesta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo – (PND), en cuanto a que el país debe adelantar los Proyectos Pilotos Integrales de Investigación- PPII, que le permitan aplicar el Principio de prevención, que se define como aquel que, ante posibles riesgos en las actividades humanas sean medidos sus efectos y consecuencias a todo su entorno social, ambiental y económico, para determinar medidas de monitoreo, control y operación segura que permitan su desarrollo sostenible y armonioso.
Entonces no es cierto lo que aseguran los movimientos ambientalistas, que el PND a través de un “mico” le abrió las puertas a esta técnica. La verdad es que a través del PND se “estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales”. Todos queremos ir hacia el camino de la revolución energética, pero ¿cómo vamos a financiarla si no es con los recursos de los hidrocarburos siendo los provenientes de yacimientos no convencionales los disponibles a más corto plazo?.
Las manifestaciones en contra del fracking y la minería, como la del 7 de junio, son expresiones que convocan a muchos que no tienen certeza de lo que defienden o lo hacen con elementos de juicio sin fundamentos, basados en información sesgada, o los mueven otros intereses particulares.
Si se tratase de una verdadera manifestación de rechazo a los efectos de actividades que generan contaminación y destrucción del medio ambiente, me surge la duda, ¿Por qué no marchan en rechazo a los actos de voladuras de oleoductos, o a la tala de árboles criminal, o la ganadería extensiva de latifundios que devoran nuestras selvas?.
Mi conclusión es que en estas otras no hay un efecto mediático que genere adhesión popular o prebendas extorsivas al Gobierno por la alta sensibilidad de los hidrocarburos y la minería dentro de la ecuación económica del país.
A toda costa el Gobierno Nacional, las agremiaciones, las empresas operadoras y de servicios de la industria de los hidrocarburos debemos evitar cualquier dinámica que induzca al conflicto social. No se puede permitir la creciente confusión a las comunidades como la que se está viviendo hoy debido al poco acceso que tienen a información técnica, científica y veraz.
Es nuestro deber aportar, a través de proyectos como los de pedagogía regional que adelanta Acipet los cuales llegan directamente a la comunidad de todos los niveles para impartir conocimiento.
En Acipet estamos de acuerdo con la protesta y las marchas como derecho de expresión social, pero no las compartimos si se hacen con base en falsos preceptos, información incorrecta y sobre todo bajo intereses politizados. Por eso, desde Acipet invitamos a los movimientos ambientalistas a que debatan con argumentos comprobados y no con discursos demagogos o espectáculos circenses colocando en los medios de comunicación declaraciones faranduleras sin ningún rigor científico.
Por: Carlos Alberto Leal Niño – Presidente de la Junta Directiva de Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo)
En cumplimiento de los lineamientos de conectividad rural, el gobierno departamental, en articulación con la Alcaldía de Aguazul, ha formalizado el inicio de las labores de mantenimiento vial en un corredor estratégico de 13 kilómetros en las veredas Monterralo, El Paraíso y Los Lirios.
Este proyecto, liderado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca resarcir el deterioro histórico de la malla vial rural, garantizando la competitividad de los productores y la seguridad en el transporte escolar de la zona.
Durante una mesa de trabajo técnico-social con los habitantes, Ramón Avella, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso, destacó la importancia de este anuncio. Afirmó que es fundamental ver a la Gobernación y la Alcaldía trabajando de la mano en una necesidad sentida por la comunidad.
Desde la Secretaría de Infraestructura departamental se enfatizó que estas acciones responden a una directriz del mandatario seccional de mantener presencia institucional permanente y ofrecer soluciones técnicas de alto impacto. El despliegue de la maquinaria iniciará la próxima semana.
Esteban Escaño, ingeniero de la Secretaría de Infraestructura, manifestó que la misión es ejecutar una intervención integral que garantice la estabilidad de la vía, cumpliendo con los estándares técnicos y los tiempos concertados con la comunidad.
Juan Vargas, habitante de la vereda El Paraíso, validó el cronograma de trabajo y agradeció el apoyo, señalando que la mejora de las vías es algo anhelado desde hace años y que beneficiará la economía local y la ruta escolar de sus hijos.
Este 9 de febrero marca el inicio oficial del programa de alimentación escolar PAE en Yopal, beneficiando a 14.300 estudiantes distribuidos en 88 sedes educativas oficiales del municipio. este servicio esencial busca garantizar que los alumnos tengan un plato de comida nutritivo que acompañe su jornada escolar y represente un apoyo significativo para sus familias.
Durante las últimas dos semanas, se ha llevado a cabo una labor exhaustiva de preparación para asegurar un arranque sin contratiempos. Se realizaron tareas de limpieza y desinfección de restaurantes escolares, revisión de espacios, adecuaciones y el alistamiento general de toda la logística operativa. Cada ración es el resultado de una meticulosa planificación y estrictos controles.
La compleja logística semanal del PAE ya está plenamente operativa. Los jueves se reciben los mercados, que incluyen abarrotes, frutas y verduras frescas, mientras que los viernes se realiza el despacho de alimentos a las 22 sedes educativas urbanas. Los sábados, una flota de 12 vehículos se dirige a las 66 sedes rurales, garantizando la frescura y completitud de los productos en todo el municipio.
El impacto del programa se extiende más allá de los comedores escolares, generando una importante dinámica económica y social. El PAE está creando 230 empleos directos, incluyendo manipuladoras, auxiliares de bodega, nutricionistas, conductores y personal administrativo. Además, se suman cerca de 100 empleos indirectos, y se impulsa la economía local mediante la compra de productos de la región, fortaleciendo a productores y comerciantes de Yopal.
Para 2026, el programa experimentará un crecimiento significativo. gracias a la gestión del secretario de educación de Yopal, David Díaz, se lograron recursos adicionales superiores a los 7 mil millones de pesos. Esta inyección presupuestaria permitirá ampliar la cobertura del PAE, llegando a un mayor número de estudiantes en el municipio y consolidando su impacto positivo.
Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.
Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.
La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.
