CASANARE
OPINIÓN: Más que principio de precaución, se requiere debate serio para la prevención
En Colombia se han dado muy pocos debates públicos técnicos e informados, con respecto al fracturamiento hidráulico (fracking), para que la gente tenga argumentos claros que le permitan tomar posiciones responsables; todo ha sido una colcha de retazos orquestada por intereses particulares que no privilegian el bien general.
Es muy fácil caer en la dicotomía del agua versus el petróleo, con argumento resumido a 140 caracteres en las redes sociales, llenos de ofensas, resentimientos y conclusiones superfluas. Las organizaciones ambientalistas en su afán de justificar su permanencia y recursos, pregonan de manera apocalíptica que la humanidad debe escoger entre el agua y el petróleo, so pena de ser responsables de la pérdida del recurso hídrico, y peor aún la destrucción inexorable del planeta.
Nos quieren poner contra la pared, ante lo cual cualquier ser racional optaría por supuesto por escoger el agua, la vida y eliminar toda amenaza a su existencia. Sin embargo, la posición radical de estos grupos se centra en conceptos sesgados, conclusiones amañadas y estudios caducos que no consideran las curvas de aprendizaje, ni los avances tecnológicos, y quieren condenarnos al subdesarrollo social y miseria económica motivados por intereses ocultos de orden político y doctrinario.
La premisa que considero válida a los intereses de todos los colombianos y de la humanidad en general es que agua sí, pero petróleo también y para ambos casos bien hecho. Son múltiples las razones que aducen los detractores del desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, incluyendo que se acaba el agua de consumo humano por contaminación de fuentes, que la salud de las personas se afecta por el uso de la técnica del “fracking”, que la sismicidad traerá cataclismos en las áreas de operación, que el suelo quedará contaminado por material radiactivo que lo dejará estéril y afectará a los seres vivientes, en fin toda suerte de plagas y maldiciones nos caerán si osamos entrar a producir estos recursos que la naturaleza nos ofrece.
Con estos argumentos se han presentado toda clase de recursos legales y emplazamientos políticos, para que se dictamine el denominado Principio de precaución, el cual cursa instancia final ante el Consejo de Estado, y será tratado este 7 de junio en sesión plena.
Celebramos que el Consejo de Estado haya abierto la discusión en una Audiencia Pública. Esta es una nueva oportunidad para entregarle al país argumentos sobre la conveniencia del “fracking” en YNC.
Con este recurso, el cual de ser aprobado prohibiría toda actividad en torno a operaciones de fracking en yacimientos no convencionales, se pretende dar un golpe frontal a las sugerencias de la Comisión de Expertos, a las recomendaciones de la Contraloría, de los gremios de industria y a la propuesta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo – (PND), en cuanto a que el país debe adelantar los Proyectos Pilotos Integrales de Investigación- PPII, que le permitan aplicar el Principio de prevención, que se define como aquel que, ante posibles riesgos en las actividades humanas sean medidos sus efectos y consecuencias a todo su entorno social, ambiental y económico, para determinar medidas de monitoreo, control y operación segura que permitan su desarrollo sostenible y armonioso.
Entonces no es cierto lo que aseguran los movimientos ambientalistas, que el PND a través de un “mico” le abrió las puertas a esta técnica. La verdad es que a través del PND se “estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales”. Todos queremos ir hacia el camino de la revolución energética, pero ¿cómo vamos a financiarla si no es con los recursos de los hidrocarburos siendo los provenientes de yacimientos no convencionales los disponibles a más corto plazo?.
Las manifestaciones en contra del fracking y la minería, como la del 7 de junio, son expresiones que convocan a muchos que no tienen certeza de lo que defienden o lo hacen con elementos de juicio sin fundamentos, basados en información sesgada, o los mueven otros intereses particulares.
Si se tratase de una verdadera manifestación de rechazo a los efectos de actividades que generan contaminación y destrucción del medio ambiente, me surge la duda, ¿Por qué no marchan en rechazo a los actos de voladuras de oleoductos, o a la tala de árboles criminal, o la ganadería extensiva de latifundios que devoran nuestras selvas?.
Mi conclusión es que en estas otras no hay un efecto mediático que genere adhesión popular o prebendas extorsivas al Gobierno por la alta sensibilidad de los hidrocarburos y la minería dentro de la ecuación económica del país.
A toda costa el Gobierno Nacional, las agremiaciones, las empresas operadoras y de servicios de la industria de los hidrocarburos debemos evitar cualquier dinámica que induzca al conflicto social. No se puede permitir la creciente confusión a las comunidades como la que se está viviendo hoy debido al poco acceso que tienen a información técnica, científica y veraz.
Es nuestro deber aportar, a través de proyectos como los de pedagogía regional que adelanta Acipet los cuales llegan directamente a la comunidad de todos los niveles para impartir conocimiento.
En Acipet estamos de acuerdo con la protesta y las marchas como derecho de expresión social, pero no las compartimos si se hacen con base en falsos preceptos, información incorrecta y sobre todo bajo intereses politizados. Por eso, desde Acipet invitamos a los movimientos ambientalistas a que debatan con argumentos comprobados y no con discursos demagogos o espectáculos circenses colocando en los medios de comunicación declaraciones faranduleras sin ningún rigor científico.
Por: Carlos Alberto Leal Niño – Presidente de la Junta Directiva de Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo)
Una mujer perdió la vida en la mañana de este jueves en un trágico accidente de tránsito registrado en el cruce de la calle 30 con carrera 33, en la ciudad de Yopal. La víctima fue identificada como Andrea Lilian Montaña Montaña, de 39 años, natural del municipio de Chámeza, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha de placa PDA 16E cuando colisionó contra un vehículo KIA Sportage de placas PIP207.
El impacto fue tan fuerte que la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos. Al sitio acudieron unidades de tránsito y personal de criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió este siniestro vial.
Preliminarmente se conoció que la víctima fatal se desplazaba por la carrera 33 en sentido norte sur, mientras que el vehículo particular lo hacía por la calle 30 en sentido hacia la vía Mate´pantano. En el mencionado cruce se produjo la violenta colisión contra el costado izquierdo de la camioneta. El impacto quedó reflejado contra las dos puertas del automotor.
Detrás de esta tragedia queda una historia que golpea profundamente a una familia. Andrea era madre soltera y deja dos hijos, quienes hoy deben enfrentar la dolorosa ausencia de su ser querido, una realidad que viven muchas familias cuando la vida se apaga de forma repentina en las vías.
Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras este hecho vuelve a poner sobre la mesa el drama humano que dejan los siniestros viales: hogares marcados por el duelo, proyectos de vida truncados y familias que deben aprender a seguir adelante con una silla vacía en casa.
Los restos óseos hallados durante la construcción de obras de alcantarillado en la ciudadela La Bendición, en Yopal, correspondían a Ángela Patricia Salas Ruiz, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde agosto de 2024.
La identificación se logró mediante pruebas de ADN practicadas por el Instituto de Medicina Legal, que permitieron cotejar el material genético con muestras de familiares cercanos.
De acuerdo con la información conocida, el análisis forense permitió establecer que los restos encontrados pertenecen a la joven desaparecida, cerrando así casi dos años de incertidumbre para sus allegados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando públicamente este resultado, aunque los familiares ya lo hicieron.
Los restos fueron encontrados de manera accidental en abril de 2025, cuando se adelantaban excavaciones para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado en este sector de la capital casanareña. Trabajadores que realizaban la obra detectaron el material óseo, lo que obligó a suspender temporalmente las labores mientras unidades forenses realizaban el levantamiento correspondiente.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis científicos que permitieran establecer su identidad. Mientras se espera un comunicado oficial de las autoridades, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las personas desaparecidas y las circunstancias que rodean este tipo de hechos en la región.
Por este caso, los familiares de la víctima siempre han puesto la lupa sobre un sujeto conocido con el alias de “Vitamina”, quien era la pareja sentimental de Ángela Patricia para la época de su desaparición, de quien se conoció que en estos momentos se encuentra detenido en la Cárcel de La Guafilla por otros delitos.
Lea también: Continúa búsqueda de joven mujer desaparecida en Yopal desde el 25 de agosto
La Secretaría de Hacienda de Casanare reportó un notable incremento en el recaudo del impuesto vehicular, alcanzando la cifra de 2.600 millones de pesos. Este monto incluye 600 millones provenientes del cobro coactivo, lo que representa un crecimiento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el recaudo se situó en 400 millones de pesos.
Este aumento no solo fortalece las finanzas del departamento, proporcionando más recursos para la inversión pública en infraestructura y servicios, sino que también evidencia la confianza de los contribuyentes en las campañas de beneficios tributarios ofrecidas por la administración. Estos resultados son vitales para impulsar el desarrollo regional.
El impacto de las campañas ha sido significativo en la normalización de deudas, con 1.300 personas acercándose a las oficinas para ponerse al día con sus obligaciones. Adicionalmente, 242 procesos de cobro coactivo han sido cerrados exitosamente tras el pago de las deudas, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas.
La administración departamental enfatiza que regularizar estas deudas ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos. Al saldar sus obligaciones, la Secretaría de Hacienda procede de inmediato al levantamiento de medidas cautelares, previniendo embargos de cuentas bancarias y propiedades, y permitiendo a los propietarios circular y disponer de sus bienes con tranquilidad.
“Estamos logrando una recuperación de cartera histórica que se traduce en bienestar para el departamento y tranquilidad para las familias, quienes hoy pueden circular y disponer de sus bienes sin el temor de procesos legales”, manifestó Diana Nossa, directora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda de Casanare.
A pesar de los resultados positivos, la gobernación advierte que aún existe un número considerable de vehículos con deudas pendientes que, si bien no han entrado en etapa coactiva, están próximos a ser ejecutados. Por ello, se extiende una invitación final a los propietarios en mora para que aprovechen los descuentos vigentes y eviten futuros procesos de cobro que puedan afectar su patrimonio.
