CASANARE
OPINIÓN: Más que principio de precaución, se requiere debate serio para la prevención
En Colombia se han dado muy pocos debates públicos técnicos e informados, con respecto al fracturamiento hidráulico (fracking), para que la gente tenga argumentos claros que le permitan tomar posiciones responsables; todo ha sido una colcha de retazos orquestada por intereses particulares que no privilegian el bien general.
Es muy fácil caer en la dicotomía del agua versus el petróleo, con argumento resumido a 140 caracteres en las redes sociales, llenos de ofensas, resentimientos y conclusiones superfluas. Las organizaciones ambientalistas en su afán de justificar su permanencia y recursos, pregonan de manera apocalíptica que la humanidad debe escoger entre el agua y el petróleo, so pena de ser responsables de la pérdida del recurso hídrico, y peor aún la destrucción inexorable del planeta.
Nos quieren poner contra la pared, ante lo cual cualquier ser racional optaría por supuesto por escoger el agua, la vida y eliminar toda amenaza a su existencia. Sin embargo, la posición radical de estos grupos se centra en conceptos sesgados, conclusiones amañadas y estudios caducos que no consideran las curvas de aprendizaje, ni los avances tecnológicos, y quieren condenarnos al subdesarrollo social y miseria económica motivados por intereses ocultos de orden político y doctrinario.
La premisa que considero válida a los intereses de todos los colombianos y de la humanidad en general es que agua sí, pero petróleo también y para ambos casos bien hecho. Son múltiples las razones que aducen los detractores del desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, incluyendo que se acaba el agua de consumo humano por contaminación de fuentes, que la salud de las personas se afecta por el uso de la técnica del “fracking”, que la sismicidad traerá cataclismos en las áreas de operación, que el suelo quedará contaminado por material radiactivo que lo dejará estéril y afectará a los seres vivientes, en fin toda suerte de plagas y maldiciones nos caerán si osamos entrar a producir estos recursos que la naturaleza nos ofrece.
Con estos argumentos se han presentado toda clase de recursos legales y emplazamientos políticos, para que se dictamine el denominado Principio de precaución, el cual cursa instancia final ante el Consejo de Estado, y será tratado este 7 de junio en sesión plena.
Celebramos que el Consejo de Estado haya abierto la discusión en una Audiencia Pública. Esta es una nueva oportunidad para entregarle al país argumentos sobre la conveniencia del “fracking” en YNC.
Con este recurso, el cual de ser aprobado prohibiría toda actividad en torno a operaciones de fracking en yacimientos no convencionales, se pretende dar un golpe frontal a las sugerencias de la Comisión de Expertos, a las recomendaciones de la Contraloría, de los gremios de industria y a la propuesta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo – (PND), en cuanto a que el país debe adelantar los Proyectos Pilotos Integrales de Investigación- PPII, que le permitan aplicar el Principio de prevención, que se define como aquel que, ante posibles riesgos en las actividades humanas sean medidos sus efectos y consecuencias a todo su entorno social, ambiental y económico, para determinar medidas de monitoreo, control y operación segura que permitan su desarrollo sostenible y armonioso.
Entonces no es cierto lo que aseguran los movimientos ambientalistas, que el PND a través de un “mico” le abrió las puertas a esta técnica. La verdad es que a través del PND se “estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos no convencionales”. Todos queremos ir hacia el camino de la revolución energética, pero ¿cómo vamos a financiarla si no es con los recursos de los hidrocarburos siendo los provenientes de yacimientos no convencionales los disponibles a más corto plazo?.
Las manifestaciones en contra del fracking y la minería, como la del 7 de junio, son expresiones que convocan a muchos que no tienen certeza de lo que defienden o lo hacen con elementos de juicio sin fundamentos, basados en información sesgada, o los mueven otros intereses particulares.
Si se tratase de una verdadera manifestación de rechazo a los efectos de actividades que generan contaminación y destrucción del medio ambiente, me surge la duda, ¿Por qué no marchan en rechazo a los actos de voladuras de oleoductos, o a la tala de árboles criminal, o la ganadería extensiva de latifundios que devoran nuestras selvas?.
Mi conclusión es que en estas otras no hay un efecto mediático que genere adhesión popular o prebendas extorsivas al Gobierno por la alta sensibilidad de los hidrocarburos y la minería dentro de la ecuación económica del país.
A toda costa el Gobierno Nacional, las agremiaciones, las empresas operadoras y de servicios de la industria de los hidrocarburos debemos evitar cualquier dinámica que induzca al conflicto social. No se puede permitir la creciente confusión a las comunidades como la que se está viviendo hoy debido al poco acceso que tienen a información técnica, científica y veraz.
Es nuestro deber aportar, a través de proyectos como los de pedagogía regional que adelanta Acipet los cuales llegan directamente a la comunidad de todos los niveles para impartir conocimiento.
En Acipet estamos de acuerdo con la protesta y las marchas como derecho de expresión social, pero no las compartimos si se hacen con base en falsos preceptos, información incorrecta y sobre todo bajo intereses politizados. Por eso, desde Acipet invitamos a los movimientos ambientalistas a que debatan con argumentos comprobados y no con discursos demagogos o espectáculos circenses colocando en los medios de comunicación declaraciones faranduleras sin ningún rigor científico.
Por: Carlos Alberto Leal Niño – Presidente de la Junta Directiva de Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo)
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
