CASANARE
Miembros retirados de la Fuerza Pública reconocerán responsabilidad sobre “falsos positivos” en Casanare
Luego de los avances logrados por la Comisión de la Verdad en la ruta de reconocimiento que ha desarrollado desde inicios de este año, y tras el diálogo entre víctimas y responsables el pasado 15 de marzo de 2021 en Yopal, fue pertinente propiciar este Encuentro por la Verdad, que se llevará a cabo el 10 de noviembre, con el objetivo de dar cuenta del trabajo previo con las partes, así como la visibilización de testimonios, afrontamientos y expectativas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare.
El espacio es un trabajo conjunto de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, el ejercicio que se presentará se da de manera extrajudicial y voluntario. En donde se busca, en primer lugar, un aporte simbólico a la reparación de las víctimas y los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Esto da lugar a que los responsables acepten su participación en los hechos y reconozcan el daño causado. De esta manera se marca una separación de la negación histórica de los actores armados, en particular, de la Fuerza Pública, con relación a su participación en ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare.
El encuentro contará con la presencia de víctimas y responsables.
Cinco testimonios de parte de las víctimas que ayudarán al país a hacer memoria sobre este flagelo y en cuyas historias particulares se refleja el dolor de muchas familias. Tres de los responsables, con quienes se ha adelantado proceso previo de diálogos en privado, entre los que se cuentan: el sargento segundo Faiber Amaya y el mayor Gustavo Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare, ambos miembros retirados del Ejército Nacional
En el encuentro del diálogo realizado en marzo en la ciudad de Yopal se evidenció que son estas evidencias restaurativas las que abren la posibilidad de llevar esta experiencia al escenario público y de esta forma hacer memoria de los hechos y de las víctimas, contribuir a la dignificación de las familias y permitir que los responsables, con su testimonio, aporten al resarcimiento del buen nombre de las víctimas.
Vale la pena resaltar que Casanare, con un 7.9% de los casos totales, registra la segunda cifra más alta en cuanto a la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el país, según la sala de reconocimiento de la JEP, entidad que para darle inicio a la investigación del caso 03 priorizó seis territorios críticos, entre los cuales se encuentra Casanare.
Según cifras de la JEP, entre el 2002 y 2008 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en este departamento, donde operaban el Batallón Contraguerrillas No. 23, el Gaula Casanare del Ejército, el Batallón de Infantería No 44, el Grupo de Caballería Mecanizado No 16 y el Batallón Contraguerrillas No 65, las cuales son las unidades militares a las que se les atribuyen estas graves violaciones a los derechos humanos.
Este acto de reconocimiento en casos de ejecuciones extrajudiciales busca presentar miradas diversas, a partir de los testimonios de las víctimas y de los responsables. También busca explicar los contextos que facilitaron los hechos ocurridos, los diversos roles dentro de las fuerzas militares, grados de responsabilidad, relaciones entre las fuerzas armadas, instituciones y terceros civiles, así como los impactos de estos hechos en las familias, las comunidades y los territorios del departamento.
Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, y se podrá seguir a través de los canales digitales de la Comisión de la Verdad, Facebook: /ComisionVerdadc y YouTube: ComisióndelaVerdad.
Fuente: Comisión de la Verdad
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
Alerta por posible repunte de casos de Dengue en Casanare, ya van cerca de 300 en lo corrido del año
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