CASANARE
Miembros retirados de la Fuerza Pública reconocerán responsabilidad sobre “falsos positivos” en Casanare
Luego de los avances logrados por la Comisión de la Verdad en la ruta de reconocimiento que ha desarrollado desde inicios de este año, y tras el diálogo entre víctimas y responsables el pasado 15 de marzo de 2021 en Yopal, fue pertinente propiciar este Encuentro por la Verdad, que se llevará a cabo el 10 de noviembre, con el objetivo de dar cuenta del trabajo previo con las partes, así como la visibilización de testimonios, afrontamientos y expectativas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare.
El espacio es un trabajo conjunto de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, el ejercicio que se presentará se da de manera extrajudicial y voluntario. En donde se busca, en primer lugar, un aporte simbólico a la reparación de las víctimas y los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Esto da lugar a que los responsables acepten su participación en los hechos y reconozcan el daño causado. De esta manera se marca una separación de la negación histórica de los actores armados, en particular, de la Fuerza Pública, con relación a su participación en ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare.
El encuentro contará con la presencia de víctimas y responsables.
Cinco testimonios de parte de las víctimas que ayudarán al país a hacer memoria sobre este flagelo y en cuyas historias particulares se refleja el dolor de muchas familias. Tres de los responsables, con quienes se ha adelantado proceso previo de diálogos en privado, entre los que se cuentan: el sargento segundo Faiber Amaya y el mayor Gustavo Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare, ambos miembros retirados del Ejército Nacional
En el encuentro del diálogo realizado en marzo en la ciudad de Yopal se evidenció que son estas evidencias restaurativas las que abren la posibilidad de llevar esta experiencia al escenario público y de esta forma hacer memoria de los hechos y de las víctimas, contribuir a la dignificación de las familias y permitir que los responsables, con su testimonio, aporten al resarcimiento del buen nombre de las víctimas.
Vale la pena resaltar que Casanare, con un 7.9% de los casos totales, registra la segunda cifra más alta en cuanto a la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el país, según la sala de reconocimiento de la JEP, entidad que para darle inicio a la investigación del caso 03 priorizó seis territorios críticos, entre los cuales se encuentra Casanare.
Según cifras de la JEP, entre el 2002 y 2008 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en este departamento, donde operaban el Batallón Contraguerrillas No. 23, el Gaula Casanare del Ejército, el Batallón de Infantería No 44, el Grupo de Caballería Mecanizado No 16 y el Batallón Contraguerrillas No 65, las cuales son las unidades militares a las que se les atribuyen estas graves violaciones a los derechos humanos.
Este acto de reconocimiento en casos de ejecuciones extrajudiciales busca presentar miradas diversas, a partir de los testimonios de las víctimas y de los responsables. También busca explicar los contextos que facilitaron los hechos ocurridos, los diversos roles dentro de las fuerzas militares, grados de responsabilidad, relaciones entre las fuerzas armadas, instituciones y terceros civiles, así como los impactos de estos hechos en las familias, las comunidades y los territorios del departamento.
Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, y se podrá seguir a través de los canales digitales de la Comisión de la Verdad, Facebook: /ComisionVerdadc y YouTube: ComisióndelaVerdad.
Fuente: Comisión de la Verdad
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
