CASANARE
Miembros retirados de la Fuerza Pública reconocerán responsabilidad sobre “falsos positivos” en Casanare
Luego de los avances logrados por la Comisión de la Verdad en la ruta de reconocimiento que ha desarrollado desde inicios de este año, y tras el diálogo entre víctimas y responsables el pasado 15 de marzo de 2021 en Yopal, fue pertinente propiciar este Encuentro por la Verdad, que se llevará a cabo el 10 de noviembre, con el objetivo de dar cuenta del trabajo previo con las partes, así como la visibilización de testimonios, afrontamientos y expectativas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare.
El espacio es un trabajo conjunto de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, el ejercicio que se presentará se da de manera extrajudicial y voluntario. En donde se busca, en primer lugar, un aporte simbólico a la reparación de las víctimas y los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Esto da lugar a que los responsables acepten su participación en los hechos y reconozcan el daño causado. De esta manera se marca una separación de la negación histórica de los actores armados, en particular, de la Fuerza Pública, con relación a su participación en ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare.
El encuentro contará con la presencia de víctimas y responsables.
Cinco testimonios de parte de las víctimas que ayudarán al país a hacer memoria sobre este flagelo y en cuyas historias particulares se refleja el dolor de muchas familias. Tres de los responsables, con quienes se ha adelantado proceso previo de diálogos en privado, entre los que se cuentan: el sargento segundo Faiber Amaya y el mayor Gustavo Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare, ambos miembros retirados del Ejército Nacional
En el encuentro del diálogo realizado en marzo en la ciudad de Yopal se evidenció que son estas evidencias restaurativas las que abren la posibilidad de llevar esta experiencia al escenario público y de esta forma hacer memoria de los hechos y de las víctimas, contribuir a la dignificación de las familias y permitir que los responsables, con su testimonio, aporten al resarcimiento del buen nombre de las víctimas.
Vale la pena resaltar que Casanare, con un 7.9% de los casos totales, registra la segunda cifra más alta en cuanto a la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el país, según la sala de reconocimiento de la JEP, entidad que para darle inicio a la investigación del caso 03 priorizó seis territorios críticos, entre los cuales se encuentra Casanare.
Según cifras de la JEP, entre el 2002 y 2008 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en este departamento, donde operaban el Batallón Contraguerrillas No. 23, el Gaula Casanare del Ejército, el Batallón de Infantería No 44, el Grupo de Caballería Mecanizado No 16 y el Batallón Contraguerrillas No 65, las cuales son las unidades militares a las que se les atribuyen estas graves violaciones a los derechos humanos.
Este acto de reconocimiento en casos de ejecuciones extrajudiciales busca presentar miradas diversas, a partir de los testimonios de las víctimas y de los responsables. También busca explicar los contextos que facilitaron los hechos ocurridos, los diversos roles dentro de las fuerzas militares, grados de responsabilidad, relaciones entre las fuerzas armadas, instituciones y terceros civiles, así como los impactos de estos hechos en las familias, las comunidades y los territorios del departamento.
Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, y se podrá seguir a través de los canales digitales de la Comisión de la Verdad, Facebook: /ComisionVerdadc y YouTube: ComisióndelaVerdad.
Fuente: Comisión de la Verdad
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
