CASANARE
Miembros retirados de la Fuerza Pública reconocerán responsabilidad sobre “falsos positivos” en Casanare
Luego de los avances logrados por la Comisión de la Verdad en la ruta de reconocimiento que ha desarrollado desde inicios de este año, y tras el diálogo entre víctimas y responsables el pasado 15 de marzo de 2021 en Yopal, fue pertinente propiciar este Encuentro por la Verdad, que se llevará a cabo el 10 de noviembre, con el objetivo de dar cuenta del trabajo previo con las partes, así como la visibilización de testimonios, afrontamientos y expectativas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare.
El espacio es un trabajo conjunto de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, el ejercicio que se presentará se da de manera extrajudicial y voluntario. En donde se busca, en primer lugar, un aporte simbólico a la reparación de las víctimas y los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Esto da lugar a que los responsables acepten su participación en los hechos y reconozcan el daño causado. De esta manera se marca una separación de la negación histórica de los actores armados, en particular, de la Fuerza Pública, con relación a su participación en ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare.
El encuentro contará con la presencia de víctimas y responsables.
Cinco testimonios de parte de las víctimas que ayudarán al país a hacer memoria sobre este flagelo y en cuyas historias particulares se refleja el dolor de muchas familias. Tres de los responsables, con quienes se ha adelantado proceso previo de diálogos en privado, entre los que se cuentan: el sargento segundo Faiber Amaya y el mayor Gustavo Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare, ambos miembros retirados del Ejército Nacional
En el encuentro del diálogo realizado en marzo en la ciudad de Yopal se evidenció que son estas evidencias restaurativas las que abren la posibilidad de llevar esta experiencia al escenario público y de esta forma hacer memoria de los hechos y de las víctimas, contribuir a la dignificación de las familias y permitir que los responsables, con su testimonio, aporten al resarcimiento del buen nombre de las víctimas.
Vale la pena resaltar que Casanare, con un 7.9% de los casos totales, registra la segunda cifra más alta en cuanto a la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el país, según la sala de reconocimiento de la JEP, entidad que para darle inicio a la investigación del caso 03 priorizó seis territorios críticos, entre los cuales se encuentra Casanare.
Según cifras de la JEP, entre el 2002 y 2008 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en este departamento, donde operaban el Batallón Contraguerrillas No. 23, el Gaula Casanare del Ejército, el Batallón de Infantería No 44, el Grupo de Caballería Mecanizado No 16 y el Batallón Contraguerrillas No 65, las cuales son las unidades militares a las que se les atribuyen estas graves violaciones a los derechos humanos.
Este acto de reconocimiento en casos de ejecuciones extrajudiciales busca presentar miradas diversas, a partir de los testimonios de las víctimas y de los responsables. También busca explicar los contextos que facilitaron los hechos ocurridos, los diversos roles dentro de las fuerzas militares, grados de responsabilidad, relaciones entre las fuerzas armadas, instituciones y terceros civiles, así como los impactos de estos hechos en las familias, las comunidades y los territorios del departamento.
Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, y se podrá seguir a través de los canales digitales de la Comisión de la Verdad, Facebook: /ComisionVerdadc y YouTube: ComisióndelaVerdad.
Fuente: Comisión de la Verdad
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.



