CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
En una iniciativa para promocionar su riqueza cultural y turística, Casanare presentará “Bogotá Palpita Joropo” del 3 al 5 de julio en la capital del país. Esta estrategia, liderada por la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, sirve como antesala al 5.º Festival Mundial del Arraigo Llanero ‘Casanare Palpita 2026’, invitando a los colombianos a vivir la gran fiesta del Llano en Aguazul.
La gira promocional, impulsada por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca fortalecer la difusión del departamento a nivel nacional. El objetivo es posicionar a Casanare como un destino donde la tradición, el turismo y la identidad llanera se experimentan con orgullo, llevando la cultura regional más allá de sus fronteras habituales.
Durante tres días, centros comerciales como Bima, Salitre Plaza y Titán Plaza serán el epicentro de una vibrante muestra del folclor casanareño. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de artistas llaneros, shows de contrapunteo, demostraciones en vivo de los emblemáticos Cantos de Trabajo de Llano y un concurso de baile de joropo en pareja.
Además de las expresiones artísticas, la iniciativa ofrecerá a los visitantes la oportunidad de explorar la oferta turística y cultural del departamento, fomentando la conexión con la identidad llanera. Se espera que esta exposición atraiga a un nuevo público hacia las tradiciones de Casanare.
La estrategia busca acercar al público bogotano a la esencia del Llano y motivarlos a participar en el Festival Mundial del Arraigo Llanero “Casanare Palpita 2026”, programado del 23 al 26 de julio en Aguazul. Este festival reunirá lo mejor de la música, la danza, las tradiciones, el emprendimiento y la gastronomía de Casanare.
La agenda de “Bogotá Palpita Joropo” incluye presentaciones el 3 de julio en Bima (12:00 m.), el 4 de julio en Salitre Plaza (2:00 p. m.) y el 5 de julio en Titán Plaza (10:00 a. m.). Con estas actividades, Casanare adelanta en Bogotá la experiencia que miles de visitantes disfrutarán en Aguazul.
CASANARE
“Lo que empieza mal, termina mal”: Gerente de Red Salud sobre el fallido hospital de Trinidad
La construcción del nuevo hospital de Trinidad podría quedar oficialmente encaminada hacia su liquidación una vez expire, el próximo 13 de julio, la última suspensión del contrato. Así se conoció al término de una mesa de seguimiento liderada por la Contraloría General de la República, en la que se concluyó que el proyecto presenta serias deficiencias desde su planeación y ejecución.
La gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, indicó que la prioridad será proteger los recursos públicos, mientras el organismo de control anunció que promoverá las actuaciones necesarias para establecer eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
De acuerdo con Red Salud Casanare, el contrato apenas alcanza un avance cercano al 3 %, pese a que el contratista recibió un anticipo superior a los 2.600 millones de pesos. La entidad evaluará hacer efectivas las pólizas para recuperar los recursos desembolsados y determinar la responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría por el presunto manejo irregular de esos dineros. La continuidad o terminación definitiva del proyecto dependerá del concepto técnico de la interventoría, aunque las fallas detectadas en diseños, aspectos estructurales y condiciones técnicas ponen en duda la viabilidad de continuar con la obra.
Sumado a todas las falencias, se encontró que el contratista con el dinero del anticipo hizo la demolición del antiguo Centro de Salud donde se construiría la nueva infraestructura, y ahora no existe ni el antiguo, y mucho menos el nuevo que apenas lleva el 3% de ejecución. En una mesa de trabajo realizada por iniciativa de la Alcaldía, se encontró que, presuntamente, en los diseños de la red de aires acondicionados se suplantó a un ingeniero que aparece firmando los mismos.
Comunidad la principal perjudicada
La alcaldesa de Trinidad, Damaris Abril, reconoció que la comunidad ha sido la principal perjudicada por la paralización del proyecto y admitió que desde su formulación se presentaron errores de planeación que hoy impiden avanzar en la construcción del hospital. Por ello, pidió que se adopten decisiones de fondo que permitan reiniciar el proceso bajo condiciones técnicas adecuadas y con garantías para el manejo transparente de los recursos públicos.
Entretanto, el gerente departamental de la Contraloría, Reyneiro Flechas, confirmó que será remitido un informe ejecutivo a la Contraloría Delegada para el Sistema General de Regalías, con el propósito de definir las acciones legales correspondientes y evaluar la compulsa de copias ante la Fiscalía y la Procuraduría.
Paralelamente, Red Salud Casanare y la Secretaría Departamental de Salud anunciaron medidas transitorias para reforzar la atención médica en Trinidad, entre ellas la instalación de infraestructura provisional u hospitales de campaña, que permita ampliar la capacidad del servicio de urgencias mientras se resuelve el futuro del proyecto.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ender Lisandro Sierra Martínez y Nelson Luis Carmona Vásquez, quienes estarían implicados en el hurto de una camioneta de alta gama en zona rural del municipio de Maní.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio en la vereda Las Islas del citado municipio, donde los procesados, de manera violenta y en la modalidad de atraco con arma de fuego, se apoderaron del vehículo y emprendieron la huida. Sin embargo, el oportuno aviso de la comunidad permitió su captura en flagrancia por parte de la Policía Nacional.
Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.
Durante el procedimiento, fue recuperada la camioneta y se logró la incautación de una pistola y 14 proyectiles calibre 9 milímetros.
