CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
En el marco del Día Mundial de las Abejas, celebrado cada 20 de mayo, Yopal fue escenario de una jornada ambiental que enfatizó la crucial importancia de estos polinizadores para la producción de alimentos, el equilibrio ambiental y la conservación de los ecosistemas.
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, resaltó los esfuerzos continuos para la protección de las abejas y el fortalecimiento de la actividad apícola en el departamento.
Casanare cuenta con un comité activo de la Cadena Apícola, organizado e inscrito ante el Ministerio de Agricultura, con voz y voto en el Consejo Nacional de la Cadena. Adicionalmente, 326 productores apícolas de 10 asociaciones han conformado la Federación de las Abejas y la Apicultura, impulsando el trabajo conjunto del sector.
Se destacaron la puesta en marcha del Clúster de Bioeconomía Apícola y proyectos de Pago por Servicios Ambientales, que beneficiarán a 100 familias con una inversión de 2.500 millones de pesos. Estas iniciativas buscan conservar ecosistemas estratégicos y promover la inclusión de la miel producida en Casanare en programas como Compras Públicas y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) departamental.
Durante la conmemoración, realizada en el centro comercial Unicentro de Yopal, se exhibieron las mieles producidas en el departamento y se presentó el trabajo de la cadena apícola. En el encuentro, también se ofrecieron recomendaciones para el cuidado de las abejas y se anunció que Casanare será la sede del Congreso Nacional Apícola 2027.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de las delegadas departamentales en Casanare, Laura Catalina Cubides y Luz Ángela Barrero Chávez, confirmó el cambio del sitio de escrutinios tanto municipal como departamental en las elecciones presidenciales, que ahora se realizarán en el primer piso de la Cámara de Comercio de Casanare, en Yopal, por ofrecer mejores condiciones para la logística necesaria.
Al informar que todo se encuentra listo para la jornada democrática, las funcionarias señalaron que en Casanare se instalarán 171 puestos de votación y 1.019 mesas, distribuidas en zonas urbanas, rurales y dos establecimientos carcelarios. El censo electoral asciende a 328.773 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 166.556 son hombres y 162.217 mujeres.
Como parte de la preparación logística, la entidad adelanta capacitaciones dirigidas a 7.548 jurados de votación, además de testigos electorales, delegados de puesto y demás actores institucionales que participarán en los comicios.
Ante las inquietudes sobre la seguridad y transparencia del proceso, las delegadas reiteraron que son los ciudadanos, a través de los jurados de votación, quienes cuentan los votos, al tiempo que reiteraron que el sistema electoral colombiano cuenta con mecanismos de control y trazabilidad que buscan garantizar la transparencia en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Entre estos se destacan la presencia de testigos electorales, observadores internacionales y la custodia física y digital de las actas, así como el acompañamiento permanente de la fuerza pública en el 100 % de las mesas de votación.
Las delegadas hicieron un llamado a la ciudadanía para consultar previamente su puesto de votación y acudir temprano a las urnas, utilizando únicamente los canales oficiales para informarse.
La Gobernación de Casanare avanza en el mantenimiento de 60 kilómetros de vías rurales en el sector de la Triple Frontera, beneficiando directamente a comunidades de Paz de Ariporo, Pore y Trinidad. Las labores, que ya cuentan con maquinaria operativa en varios frentes, buscan mejorar la infraestructura vial de la región.
Actualmente, los trabajos se desarrollan en Paz de Ariporo, específicamente en los sectores de Guasimal, Socorro y El Boral. Posteriormente, las operaciones se extenderán hacia Vijagual, en jurisdicción de Pore, y luego por el tramo El Boral–Canalete, también en Paz de Ariporo.
Esta intervención es crucial para mejorar un importante corredor vial, fortaleciendo la movilidad, el transporte de productos agrícolas y la conectividad general de las comunidades campesinas y productivas asentadas en esta zona estratégica del departamento.
El gobernador de Casanare, Cesar Ortiz Zorro, lidera estas acciones que buscan recuperar corredores esenciales y dar respuesta a las necesidades históricas de las poblaciones rurales. El secretario de Infraestructura, Alvaro Rivera, ha dispuesto la maquinaria necesaria y brinda acompañamiento permanente para garantizar el progreso de las obras.
Rivera destacó que el mantenimiento vial en la Triple Frontera responde al mandato del gobernador de llevar soluciones reales a las comunidades rurales y mejorar la conectividad departamental. Añadió que el proyecto ha sido posible gracias a la articulación con la empresa Perenco, los alcaldes locales, las comunidades y la gestión del diputado Alejandro López.
El funcionario agregó que estas iniciativas refuerzan la red vial terciaria del departamento. La administración del gobernador Zorro ha intervenido más de 3.900 kilómetros de vías rurales, con 680 kilómetros completados solo este año, dinamizando la economía campesina en todo Casanare.
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