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CASANARE

Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare

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HENRY TORRES ESCALANTE

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.

Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.

Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.

En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.

A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.

Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.

¿Qué determina la JEP?

La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.

En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.

¿Qué sigue? 

Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.

Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

 

CASANARE

Más de 270 niños participaron en el Primer Festival Infantil de la Canción Llanera, organizado por Ecopetrol

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Ecopetrol, a través de su programa ‘Sembrando Joropo’, celebró el Primer Festival Infantil de la Canción Llanera ‘Canta Claro’, en Yopal, Casanare, con la participación de más de 270 niños y jóvenes de ocho instituciones educativas rurales de la región.

Al evento, que tuvo como propósito fomentar la cultura de la región, asistieron compositores nacionales que crearon repertorios especiales para los niños. Los jóvenes talentos, con edades entre 7 y 18 años, cautivaron al público con la interpretación de 15 canciones seleccionadas previamente.

“El festival responde a la necesidad de crear un repertorio de música llanera para niños. Esta inquietud motivó a Ecopetrol y a la Fundación a promover la creación de canciones con letras enfocadas en educar y transmitir valores culturales”, destacó Sandra Saavedra, directora de La Fundación, operador del programa Sembrando Joropo.

El evento celebró la música y resaltó las raíces compartidas entre los compositores y sus familias, quienes invitaron a sus hijos, nietos y sobrinos a interpretar sus piezas musicales. Participantes provenientes de comunidades rurales de Yopal, Aguazul, Tauramena, Paz de Ariporo y Orocué interpretaron piezas inspiradas en el amor por el llano, el cuidado de los animales, la naturaleza, así como en las costumbres y tradiciones locales.

Premiaciones

Las obras ganadoras en la categoría de mejor composición fueron: “Los sapos fiesteros” de William Barrera Rivero (primer lugar), “Mi caballito de palo” de Jorge Caleb Delgadillo (segundo lugar) y “OE” de Libia Beatriz Parales (tercer lugar). Barrera comentó que su canción narra una historia festiva con un fraseo rítmico que resalta la tradición musical del llano.

En la categoría de interpretación, Johan David Cabaneiro se llevó el primer lugar con “Mi mayor fortuna”, una pieza escrita por su padre Luis Ricardo Cabaneiro Urbano. Isabella Pulido obtuvo el segundo lugar con “Mi más bello aprendizaje”, también compuesta por su padre Carlos Andrés Pulido.

Se otorgó un reconocimiento especial a Gustavo Montaña Riaño por su obra “Gran señora y caballero”, interpretada por su nieta Gabriela.

Estrategia cultural

El jurado, compuesto por destacados artistas y compositores como Alexis Forero Valderrama “Alekos”, diseñador gráfico colombo español; Carlos César Ortegón “Cachi”, investigador y compositor; y Andrés Leal, músico y productor, valoró la calidad artística y el mensaje transmitido en las obras.

“Con esta iniciativa del Plan de Gestión Social Integrado (PGSI) fortalecemos el legado cultural regional, unimos generaciones a través de la música y promovemos el talento infantil en el corazón del llano. Este encuentro no solo celebra el joropo; es una muestra del trabajo conjunto con comunidades y organizaciones locales para conservar nuestro patrimonio cultural”, manifestó Alexander Álvarez, coordinador Social de Ecopetrol en Piedemonte.

Desde el año 2020 el programa ‘Sembrando Joropo’ ha beneficiado a más de 3.700 personas en Yopal, Aguazul y Tauramena, mediante el fortalecimiento de las capacidades artísticas y la promoción del talento infantil de la región.

Fuente: Ecopetrol

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CASANARE

Continúa búsqueda de joven mujer desaparecida en Yopal desde el 25 de agosto

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Familiares y allegados de Ángela Patricia Salas Ruíz, desaparecida desde el 25 de agosto en la ciudad de Yopal, claman a las autoridades para que continúen las acciones que permitan hallarla lo más pronto posible.

En horas de la tarde del 20 de noviembre, lamentablemente resultó infructuosa la búsqueda que realizaron autoridades en una vivienda de la Ciudadela La Bendición de Yopal, quienes mediante diligencia de inspección intentaron corroborar versiones que señalaban que Ángela Patricia, habría sido asesinada por su expareja sentimental y sepultada en el pozo séptico de la residencia.

Las autoridades no encontraron indicios de corroboraran las versiones, por lo que continúan su investigación para tratar de dar con el paradero de la mujer, cuya desaparición mantiene en zozobra a sus familiares, que ruegan a las autoridades mantener la búsqueda de la joven de 22 años.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Traían marihuana y cocaína de Bogotá y vendían a domicilio en Yopal y Aguazul, fueron enviados a la cárcel

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La Fiscalía judicializó a tres hombres, presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Mayoristas, dedicado al tráfico local de estupefacientes en los municipios de Yopal y Aguazul (Casanare), bajo la modalidad de entregas a domicilio.

Óscar Giovanni Acosta Fuentes, Carlos Andrés Ramírez y Óscar Duván Lozano Montaña, fueron presentados ante un juez de control de garantías, e imputados como presuntos responsables de cometer los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procesados no aceptaron los cargos.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que los estupefacientes eran transportados desde Bogotá hasta Yopal, donde, al parecer, los almacenaban y dosificaban, para ser distribuidos en Yopal y Aguazul.

Durante  el desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento, realizada en un inmueble de Yopal, fueron incautados 7 millones de pesos en efectivo, marihuana, clorhidrato de cocaína, elementos para la dosificación y equipos celulares, con los cuales, presuntamente, hacían los contactos para la venta ilícita.

El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y los envió a la cárcel.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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