CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
Sicarios asesinaron migrante en Yopal, autoridades analizan si se trata de vendettas por microtráfico
Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material de guerra, explosivos, elementos de intendencia e insumos médicos en una zona rural del municipio de Támara. Según la información, la caleta pertenecería a las disidencias del Frente 28 y almacenaba elementos que presuntamente serían utilizados para la ejecución de acciones armadas.
Durante la operación fueron hallados artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento, chalecos y otros elementos de uso militar. Además, las tropas incautaron insumos médicos que, según el Ejército, serían empleados para atender a integrantes de ese grupo armado que resultaran heridos durante enfrentamientos con la Fuerza Pública.
Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es la forma en que estaban ocultos algunos explosivos. Según el reporte oficial, los artefactos improvisados con metralla eran escondidos en objetos de uso cotidiano, como termos, y estaban acondicionados para ser activados mediante sistemas de cable telemando. El Ejército advirtió que esta modalidad representa un alto riesgo para la población civil, especialmente para campesinos, niños y habitantes de las veredas, quienes podrían confundir estos elementos con objetos inofensivos.
El material explosivo fue destruido de manera controlada por unidades de la Octava División del Ejército, siguiendo los protocolos establecidos para evitar riesgos a la comunidad. El Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de manipular objetos sospechosos, alejarse del lugar y reportar cualquier hallazgo a las autoridades competentes.
Un joven de 29 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la mañana de este domingo 5 de julio en la intersección de la calle 40 con carrera 23, en Yopal. La víctima fue identificada como Anderson Alexander Achagua Tarache, quien se movilizaba en una motocicleta KTM Duke de placas LFN30F.
De acuerdo con la información preliminar y los videos captados por cámaras de seguridad del sector, tanto la motocicleta como un triciclo eléctrico transitaban en el mismo sentido por la carrera 23. Al llegar a la calle 40, y al parecer, debido a la maniobra imprevista realizada por uno de los conductores, ambos vehículos terminaron colisionando. El triciclo era conducido por una mujer en condición de discapacidad.
Achagua Tarache recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones. La conductora del triciclo también fue remitida para valoración médica, al presentar un fuerte dolor en la espalda.
Las autoridades de tránsito asumieron la investigación para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis que serán objeto de verificación se encuentran una posible imprudencia en la conducción y un eventual estado de embriaguez de alguno de los involucrados, aspectos que solo podrán ser confirmados o descartados por las diligencias e informes oficiales.
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