CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
Ya son 7 las personas lesionadas por pólvora en Casanare durante esta época del año
La Secretaría de Salud de Casanare informó sobre el preocupante aumento de lesiones por pólvora pirotécnica en el departamento durante el periodo de vigilancia intensificada 2025–2026, que abarca del 1 de diciembre de 2025 al 17 de enero de 2026.
Con corte al 25 de diciembre de 2025, se han notificado un total de 7 casos confirmados de lesiones por pólvora, lo que representa un incremento del 75% en comparación con los 4 casos registrados en la misma fecha durante la temporada anterior (2024-2025).
Los casos reportados incluyen un nuevo incidente en las últimas 24 horas y detallan que las lesiones han sido causadas por artefactos como voladores, totes y volcanes. Entre los afectados se encuentran tanto menores de edad como adultos, algunos de los cuales se encontraban bajo los efectos del alcohol o eran observadores de la manipulación de la pólvora.
Otra vez las recomendaciones
La Secretaría de Salud de Casanare, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, insta a la comunidad a adoptar medidas preventivas estrictas. Se recomienda encarecidamente evitar que niños y adolescentes manipulen pólvora o jueguen con fósforos, velas y encendedores, así como impedir su presencia en áreas donde se manipulen estos objetos.
Asimismo, se hace un llamado a no almacenar artefactos pirotécnicos ni sustancias inflamables en los hogares y a dialogar con los menores sobre los riesgos inherentes. Es fundamental abstenerse de manipular pólvora pirotécnica bajo los efectos del alcohol.
Ante un accidente con pólvora, la recomendación principal es trasladar al herido de inmediato al servicio de urgencias más cercano, sin importar la aparente levedad de la quemadura. En caso de no estar cerca de un centro médico, se aconseja retirar la pólvora residual y aplicar agua fría en la lesión durante 10 a 15 minutos, sin usar otras sustancias ni hielo. Para intoxicaciones, no inducir el vómito y llevar el producto ingerido al centro de salud. La Secretaría enfatiza con los lemas: “Que la pólvora no te quite las oportunidades en Casanare” y “La vida es primero la pólvora no es un juego”.
CASANARE
Suspendida temporalmente la obra de construcción del hospital local de Villanueva
Red Salud Casanare anunció la suspensión temporal de la construcción del Hospital Local de Villanueva, desde el 16 de diciembre de 2025 y con una duración prevista hasta el 17 de marzo de 2026.
Esta medida se ha tomado debido a aspectos técnicos inherentes al desarrollo del proyecto, los cuales requieren ajustes específicos. El objetivo es asegurar la correcta ejecución de la obra y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad planificados para esta infraestructura de salud.
La entidad reitera su firme compromiso con la comunidad del municipio de Villanueva y con el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud en todo el departamento de Casanare.
Se ha informado que se mantendrá una comunicación constante y transparente con la ciudadanía para cualquier novedad relacionada con la reanudación de los trabajos de construcción.
Red Salud Casanare E.S.E. agradece la comprensión de la población, asegurando que este proceso está orientado a la consecución de un proyecto sólido, sostenible y en beneficio directo de todos los habitantes.


