CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
Brutal caso de violencia intrafamiliar en Yopal dejó cuatro personas heridas y un capturado con pronóstico reservado
Un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrido la noche del pasado jueves 11 de junio en el barrio El Portal de Yopal estuvo a punto de desencadenar una tragedia de mayores proporciones. Según información preliminar, un hombre que habría llegado a su vivienda en aparente estado de embriaguez inició una fuerte discusión con su compañera sentimental, a quien presuntamente agredió física y verbalmente frente a sus hijos, hijastros del hombre.
De acuerdo con el reporte conocido, los hijos de la mujer intervinieron para defenderla, momento en el que el presunto agresor tomó armas blancas e hirió a un hijastro de 26 años y a una hijastra de 22 años. En medio de la confrontación, los familiares habrían reaccionado para repeler el ataque, ocasionándole varias lesiones en la cabeza al hombre con una varilla, quien posteriormente debió ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece con pronóstico reservado.
La situación escaló aún más cuando el sujeto, al verse golpeado, tomó un machete y persiguió a las víctimas hasta una vía principal cercana, donde habría lesionado a una joven que se encontraba en las inmediaciones de un establecimiento comercial y que, según las versiones recopiladas, no tenía relación directa con la disputa familiar.
La oportuna intervención de la Policía permitió controlar la situación y capturar al presunto agresor por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer completamente este violento hecho que dejó cuatro personas lesionadas y que, de no haber sido atendido a tiempo, pudo terminar en una tragedia con consecuencias mucho más graves.
CASANARE
Ataque sicarial en Maní dejó una persona muerta y dos más heridas, entre ellas una bebé
Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas y autores del ataque sicarial ocurrido el pasado domingo en horas de la noche en el municipio de Maní, donde resultó muerta una mujer identificada como Jeinys Soraida Sánchez Vargas, además de resultar heridos José Yesmer Cano Gutiérrez y una menor de 07 meses.
Según el reporte policial, los se presentaron pasadas las 8:00 pm, cuando las víctimas se transportaban en una motocicleta por una calle del barrio El Progreso, siendo abordados por dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta NKD, vestidos con overoles amarillos, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.
Aunque en medio de la confusión, inicialmente se habló de la posterior muerte de Cano Gutiérrez, el reporte policial señala que el hombre sobrevivió al ataque, y junto con la bebé de 7 meses fueron trasladados al Hospital Regional de la Orinoquía para recibir atención médica. Del hombre se conoce que se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos. La menor fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable en observación.
Dentro de los actos urgentes, se encontró que José Yesmer Cano Gutiérrez estuvo relacionado en épocas anteriores, con un caso de carneo ilegal de ganado, sin embargo, las autoridades no han dado a conocer ninguna hipótesis de este nuevo hecho de sangre.
CASANARE
En Yopal se trabaja para garantizar atención integral a la población habitante de calle
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, lideró la segunda sesión ordinaria del Comité Operativo de Habitante de Calle, un espacio de articulación interinstitucional en el que se realizó seguimiento a las acciones contempladas en el plan de acción y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades que integran esta instancia.
Durante la jornada se evaluó la ejecución de las actividades con corte al 31 de mayo, identificando avances y estableciendo nuevos compromisos para fortalecer la atención integral a la población habitante de calle y en riesgo de habitarla.
La secretaria de Desarrollo Social, Ziomara Abril, destacó la importancia de este ejercicio de seguimiento para garantizar una respuesta institucional articulada. “El trabajo conjunto entre las entidades nos permite identificar avances, fortalecer las acciones que venimos desarrollando y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población habitante de calle. Cada compromiso asumido representa una oportunidad para garantizar sus derechos y avanzar hacia una atención más integral y efectiva”, afirmó.
Entre los compromisos definidos se encuentra el trabajo conjunto con las dependencias responsables para resolver aspectos relacionados con la ejecución presupuestal, el fortalecimiento de la planeación de las acciones previstas y la articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil para avanzar en el proceso de identificación y conformación de la Red de Apoyo para Habitantes de Calle, iniciativa que será liderada por el Ministerio Público.
De igual manera, durante la sesión se revisó la Ruta de Atención para Personas Habitantes de Calle que presenten conductas disruptivas o cuya situación sea reportada por la comunidad. En estos casos, las entidades competentes coordinarán el acompañamiento necesario para su traslado y atención, así como la activación de los procedimientos correspondientes cuando se trate de personas que no pertenezcan al municipio.
A través del Programa Habitante de Calle, la Secretaría de Desarrollo Social continúa liderando acciones de prevención, atención, acompañamiento y articulación institucional, promoviendo estrategias que permitan garantizar los derechos de esta población y fortalecer los mecanismos de respuesta frente a las diferentes situaciones que se presentan en el territorio.
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