CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
El 5 de febrero vence plazo para solicitar traspasos de vehículos a personas indeterminadas en Yopal
La Secretaría de Movilidad de Yopal ha emitido un comunicado crucial para la ciudadanía, informando sobre la fecha límite definitiva para la radicación de trámites de traspaso a persona indeterminada. Dando cumplimiento a la Resolución expedida por el Ministerio de Transporte el pasado 4 de diciembre de 2025, el aplicativo nacional que gestiona estos procesos será cerrado de forma irrevocable el 6 de febrero de 2026.
Esta medida implica que, a partir de la mencionada fecha, no será posible iniciar ninguna nueva solicitud bajo la modalidad de traspaso a persona indeterminada. La Secretaría hace un llamado urgente a todos los interesados a tomar las previsiones necesarias para completar sus gestiones antes de que se cumpla este plazo perentorio.
Para asegurar la adecuada revisión de la documentación y facilitar la atención de posibles subsanaciones, la Secretaría de Movilidad ha establecido que recibirá solicitudes únicamente hasta el 5 de febrero de 2026. Este adelanto en el cierre de la recepción permite a la entidad verificar minuciosamente cada documento, garantizando que todos los trámites queden debidamente radicados y cumplan con los requisitos exigidos dentro de los tiempos estipulados por la normativa.
Es fundamental que los ciudadanos interesados revisen con anticipación la totalidad de los requisitos necesarios para evitar cualquier inconveniente, como devoluciones o rechazos, que pudieran impedir la correcta finalización del proceso. La entidad enfatiza la importancia de la proactividad para evitar contratiempos de última hora.
La Secretaría de Movilidad de Yopal ha sido enfática al señalar que los trámites que se intenten presentar después del 5 de febrero de 2026 no serán aceptados. Aunque el cierre técnico del aplicativo por parte del Ministerio de Transporte esté programado para el 6 de febrero, la decisión de la entidad local responde a criterios de planeación, eficiencia administrativa y seguridad jurídica, buscando asegurar la transparencia y el orden en todos los procedimientos.
La Dirección Departamental de Cultura y Turismo abrió la convocatoria para seleccionar a catorce (14) prestadores de servicios turísticos que representarán a Casanare en la Vitrina Turística ANATO 2026, el escenario más importante del turismo en Colombia y Latinoamérica.
La Vitrina Turística ANATO se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero de 2026 en Corferias, Bogotá, y se consolida como un espacio estratégico para la promoción de destinos, la generación de negocios, el intercambio de conocimiento y la articulación entre los diferentes actores del sector turístico.
La participación de Casanare en esta vitrina permitirá visibilizar la diversidad de su oferta turística, destacando experiencias de turismo de naturaleza, avistamiento de fauna, turismo cultural, turismo rural comunitario y aviturismo, así como la riqueza ambiental de la Orinoquía y la identidad de la cultura llanera.
La convocatoria está dirigida a prestadores de servicios turísticos legalmente constituidos en el departamento, con Registro Nacional de Turismo (RNT) activo, que cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y legales establecidos en las bases del proceso. La selección se realizará mediante criterios objetivos que garantizan transparencia, calidad y representatividad territorial.
El proceso de inscripción estará abierto entre el 26 de enero y el 2 de febrero de 2026, y los resultados de los expositores seleccionados se publicarán el 6 de febrero de 2026 a través de los canales oficiales.
¿Cómo inscribirse?
Los prestadores de servicios turísticos interesados en participar deberán diligenciar el formulario de inscripción y cargar la documentación requerida a través del siguiente enlace: https://forms.gle/
Los formatos obligatorios (ficha de inscripción, autorizaciones y declaración juramentada) podrán descargarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/
La inscripción estará habilitada hasta el 30 de enero de 2026 a las 6:00 p. m. y solo se tendrán en cuenta las postulaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria.
CASANARE
Sospechan pozo séptico con restos humanos bajo antigua funeraria en barrio El Triunfo de Yopal
Un posible pozo séptico utilizado décadas atrás para la disposición de restos humanos es la principal hipótesis detrás de una situación que mantiene en alerta a una familia del barrio El Triunfo en Yopal, afectada desde hace varios años por olores nauseabundos y persistentes dentro de su vivienda. Según los denunciantes, los hedores son similares a carne en descomposición y se intensifican al mediodía y en temporada de lluvias, deteriorando gravemente su calidad de vida.
De acuerdo con el testimonio de doña Oliva Torres, propietaria del inmueble afectado, el problema comenzó hace cinco o seis años, luego de que en la casa contigua se realizaran modificaciones estructurales. Desde entonces, los olores se filtran incluso a las habitaciones, presuntamente a través de paredes agrietadas, acompañados por la aparición repentina de moscas y larvas, situación que se ha agravado tras recientes trabajos de remodelación en su vivienda.
Funcionó una funeraria
Vecinos antiguos del sector aseguran que en la residencia contigua funcionó hace varias décadas una funeraria, donde se realizaban arreglos de cuerpos. Según estas versiones, en el lugar se habría construido un pozo séptico para depositar vísceras y residuos biológicos, lo que hoy genera sospechas sobre la posible descomposición de restos humanos como origen del problema. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.
La familia afectada afirma haber acudido a distintas entidades, como la Alcaldía de Yopal, la Casa de Justicia y la Defensoría del Pueblo, sin obtener una solución definitiva. Ante los riesgos sanitarios y las afectaciones en la salud, especialmente de una menor en condición de discapacidad, reiteraron el llamado urgente a la Secretaría de Salud Municipal y a la Dirección de Salud Pública para que se realice una inspección técnica exhaustiva que permita confirmar o descartar la existencia del pozo séptico y adoptar medidas inmediatas.
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