CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Yopal alcanzó una de las calificaciones más altas del país en gestión de regalías, luego de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) otorgara al municipio 96 puntos sobre 100 en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), correspondiente al primer trimestre de 2026.
El resultado posiciona a la capital casanareña entre las entidades territoriales con mejor desempeño en la formulación, contratación, ejecución y seguimiento de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, reflejando el fortalecimiento técnico y administrativo liderado por el alcalde Marco Tulio Ruiz y la secretaria de Planeación, Narda Perilla.
La medición del DNP evaluó proyectos estratégicos del municipio, varios de ellos relacionados con infraestructura vial, educación, movilidad y sostenibilidad ambiental, los cuales permitieron consolidar la alta calificación obtenida por Yopal.
¿Qué se calificó?
Entre los proyectos evaluados se encuentran el mejoramiento vial entre Mata de Limón, Floreña, El Palmar y El Aracal; la construcción y dotación de aulas y restaurante escolar en la Institución Educativa Teresa de Calcuta; la actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana y Rural; la implementación de pagos por servicios ambientales en la cuenca del río Cravo Sur; y el fortalecimiento de ambientes pedagógicos en instituciones educativas oficiales.
De acuerdo con el informe del DNP, Yopal obtuvo 100 puntos en eficiencia de contratación para proyectos sin contratar. En los proyectos actualmente en ejecución alcanzó 96 puntos, destacándose con:
• 97 puntos en cumplimiento del cronograma.
• 100 puntos en desempeño del costo.
• 100 puntos en equilibrio entre avance físico y financiero.
En proyectos terminados, el municipio obtuvo 89 puntos y logró una calificación perfecta de 100 puntos en cumplimiento de producto.
La medición también refleja el crecimiento institucional del municipio frente a administraciones anteriores. Mientras en 2023 Yopal registraba indicadores considerablemente inferiores en el manejo de regalías, hoy alcanza una de las mejores calificaciones del país, consolidando una recuperación técnica y administrativa en la gestión de recursos públicos.
Actualmente, el municipio cuenta con seis proyectos medidos dentro del índice, capacidad institucional nivel 3 y más de 22 mil millones de pesos en recursos del Sistema General de Regalías evaluados dentro de esta medición nacional.
“Hoy Yopal demuestra que sí se pueden hacer las cosas bien. Esta calificación es el reflejo de un gobierno que planea, ejecuta y hace seguimiento responsable a los recursos públicos. Aquí no hablamos de proyectos en el papel, hablamos de obras y resultados para la gente”, señaló el alcalde Marco Tulio
La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Casanare reportó un balance preliminar de más de 400 familias damnificadas por inundaciones en los municipios de Pore, Trinidad y Paz de Ariporo. Estas afectaciones son consecuencia del desbordamiento de los ríos La Curama, Pauto y Ariporo, en medio de la temporada de lluvias.
Desde las zonas afectadas, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo de la Gobernación, informó que los censos continúan a cargo de las alcaldías, oficinas municipales de Gestión del Riesgo y organismos de socorro. El objetivo es consolidar el número total de familias afectadas y coordinar la atención humanitaria necesaria.
El gobernador César Ortiz Zorro ya dispuso las ayudas humanitarias para responder a las emergencias. Porras destacó que varias obras preventivas ejecutadas en puntos críticos han logrado disminuir el impacto de las crecientes en familias que históricamente sufrían inundaciones.
En Pore, el balance preliminar supera las 230 familias afectadas tras el fuerte desbordamiento de los ríos Pauto y La Curama, con daños en veredas como La Plata, Macolla, El Garzón y Brisas del Pauto. En Paz de Ariporo y Trinidad, cerca de 200 familias también reportaron afectaciones en veredas como Rincón Hondo y Elvecia.
De acuerdo con el IDEAM, se mantiene alerta roja por alta vulnerabilidad de deslizamientos en Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, Sabanalarga, Támara y Yopal. Asimismo, los ríos Ariporo, Pauto y Casanare continúan en alerta roja por alto riesgo de inundaciones, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente.
Casanare será uno de los departamentos incluidos en el CONPES de Política de Modernización Ferroviaria de Colombia, una iniciativa gubernamental que busca fortalecer la red férrea del país. El objetivo es elevar su operatividad del 36% actual a más del 75% después de 2035, lo que representa un avance estratégico para el desarrollo nacional.
Tras una jornada de trabajo con el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gobernador César Ortiz Zorro informó que el departamento de Casanare está próximo a ser incorporado en esta política. Esta inclusión es vista como un pilar estratégico para el desarrollo futuro de la región.
“Solicitamos inclusión expresa en la red férrea estratégica nacional y en los estudios técnicos del plan de acción”, afirmó el mandatario. Con estas gestiones, el gobernador destacó que Casanare no será un mero espectador en el proceso de modernización ferroviaria de Colombia, sino un actor clave.
La reactivación férrea representa una oportunidad significativa para conectar los territorios, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad regional. Además, busca avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles, contribuyendo a la eficiencia del transporte de carga y pasajeros.
Esta iniciativa nacional aspira a que el tren retome su papel como motor de desarrollo económico y social para el país. Su implementación en Casanare promete generar nuevas oportunidades y mejorar la infraestructura de transporte en la región.
