CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), fue neutralizado en combate Ricardo Ávila, alias “Roberto”, señalado por las autoridades como cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los Llanos Orientales.
La acción tuvo lugar la tarde del jueves 15 de mayo en la vereda La Manga del municipio de Hato Corozal. Según el reporte oficial, alias “Roberto” presentaba Circular Azul de INTERPOL por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tentativa de homicidio agravado por policías heridos y porte ilegal de armas.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó la operación a través de su cuenta oficial en la red social X. “¡Cayó alias ‘Roberto’! Dinamizador del terror y las rutas del narcotráfico del ELN en el oriente del país”, escribió, destacando la importancia del golpe para debilitar las estructuras criminales del grupo insurgente.
Alias “Roberto” era considerado una pieza clave del ELN. Según las autoridades, coordinaba rutas del narcotráfico, el abastecimiento de armas, la logística del grupo armado y acciones criminales como homicidios selectivos.
Durante el operativo fueron incautadas una pistola glock, una escopeta, munición calibre 9mm y una bandera alusiva al ELN.
Dicen las autoridades, que alias “Roberto” tendría una trayectoria criminal de más de 3 años en la estructura como integrante de las Redes de Apoyo al Terrorismo, encargado de coordinar el abastecimiento (armas de fuego, intendencia, víveres y construcciones de paso) para el Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN.
También lo ubican como responsable del homicidio múltiple registrado el 27/02/2023 en la vereda Minas, zona rural del municipio de Gachantivá (Boyacá), donde murieron tres civiles, durante el mismo hecho lesionó con arma de fuego a 2 policías en momentos que llegaban a atender el procedimiento.
Las autoridades continúan con las operaciones en la región para desarticular las redes criminales del ELN y garantizar la seguridad en zonas afectadas por el conflicto armado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Inspección de Policía Urbanística, adscrita a la Secretaría de Planeación, adelantó una visita de control y seguimiento a construcciones y edificaciones en el barrio Santa Martha, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma urbanística en esta zona de alto crecimiento en la ciudad.
En el marco de estas acciones, fueron selladas dos construcciones por no contar con las licencias respectivas, motivo por el cual se adelantó este proceso preventivo, como parte del control que se le viene haciendo a viviendas y edificaciones en las diferentes comunas de Yopal.
“Es importante recordarle a la ciudadanía, que el Código de Policía tasó las multas en el tema de las infracciones urbanísticas en $1.423.000 por metro cuadrado de intervención sin licencia. Sale más barato, legalizarse y sacar la licencia para evitar sanciones”, sostuvo Pedro Julio Martínez, Inspector de Policía Urbanística.
Sensibilización a constructores
Durante la jornada también se realizaron actividades de sensibilización dirigidas a los constructores, haciendo énfasis en la disciplina urbana, entendida como el cumplimiento de las normas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en la normatividad vigente a nivel nacional.
Cabe destacar que esta Inspección reitera a la ciudadanía que la valla amarilla no autoriza el inicio de las obras en ningún sentido, debido a que su función es la de notificar a terceros, por ello, desde la Secretaría de Planeación, liderada por Narda Perilla, se invita a los yopaleños a realizar el trámite correspondiente y así evitar sanciones.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Beneficiando a jóvenes en proceso de rehabilitación mediante una completa atención integral que promovió su bienestar físico, emocional y social, la Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa Habitante de Calle, lideró la Jornada de Salud y Bienestar en la Fundación Vencedores en la Tierra de Elim, de Morichal.
Esta actividad se desarrolló en articulación con la ESE Salud Yopal, con su programa de Responsabilidad Social y las estrategias de Atención Primaria en Salud (APS) de Capresoca y Nueva EPS, la Secretaría de Salud Municipal, Dimensión de Convivencia Social, Salud y Gestión Diferencial, y la Pastoral Social de la Iglesia San Miguel Arcángel, liderada por el padre William Martínez.
Durante la jornada, los participantes accedieron a servicios médicos, vacunación, actividades pedagógicas y espacios de escucha, fundamentales para fortalecer su salud integral y aportar en su proceso de reintegración social. Así mismo, se destacó la participación y apoyo de la Gestora Social del municipio, Paula Ruíz, quien se unió a la jornada con prendas de vestir como detalle en una muestra de solidaridad y respaldo en este camino de transformación.
Desde la Administración Municipal se continúa trabajando en el fortalecimiento de redes de apoyo, articulando esfuerzos institucionales para brindar oportunidades reales y acompañamiento digno a quienes más lo necesitan.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
