CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
La espera ha terminado para residentes, instituciones y comerciantes del corredor de Matepantano, la Alcaldía de Yopal ha iniciado importantes obras de mejoramiento y rehabilitación vial. Este proyecto abarca desde la calle 11 hasta el sector de la Subasta Subacasanare, una sección que no recibía una inversión de esta magnitud en más de dos décadas, marcando un hito en el desarrollo de la infraestructura local.
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, destacó el amplio alcance de la obra, que incluye la pavimentación de 4,5 kilómetros de vía, la instalación de luminarias fotovoltaicas, la construcción de senderos peatonales y cruciales obras para el manejo de aguas. esta intervención está diseñada para beneficiar directamente a los sectores educativo, comercial, ganadero, deportivo y turístico de la zona, impulsando su crecimiento y seguridad.
Con una inversión superior a los $10 mil millones de pesos, el proyecto fue aprobado por el Ocad Paz, asegurando recursos significativos para la modernización de esta arteria vital. el mandatario subrayó que la obra contempla la ampliación del corredor vial, pasando de 6 a 7,3 metros, y la mejora de la iluminación desde la calle 11 hasta el sector de la Subasta, mejorando sustancialmente la transitabilidad y la seguridad vial.
La ejecución de los trabajos estará a cargo del Consorcio Matepantano M&M, que ya ha presentado a la comunidad los estudios, diseños y el cronograma de intervención. se estima que la obra iniciará en los próximos días y tendrá una duración aproximada de seis meses. la Administración Municipal ha anunciado la implementación de un plan de movilidad estratégico para minimizar el impacto en el tránsito y el comercio durante el periodo de construcción, priorizando además la vinculación de mano de obra local en todo el proceso.
La Secretaría de Educación de Yopal hace un llamado urgente a padres de familia y acudientes: aunque las matrículas en los colegios públicos son permanentes, es fundamental realizar el trámite antes del 26 de enero, fecha de inicio de clases, para asegurar que los estudiantes comiencen su año escolar sin contratiempos ni retrasos en su aprendizaje. esta invitación aplica para niveles desde prejardín hasta grado once.
El secretario de educación de Yopal, David Díaz, extendió la convocatoria a jóvenes y adultos que deseen retomar sus estudios a través de las modalidades sabatina y nocturna, una valiosa oportunidad para quienes, por diversas circunstancias, abandonaron el sistema educativo.
Díaz enfatizó que “ningún niño, niña o joven debería quedarse por fuera del colegio por falta de información o por dejar el trámite para última hora”, subrayando el compromiso con una educación pública inclusiva.
Para solicitar un cupo, el proceso es directo y sencillo: los interesados deben acudir a la institución educativa de su elección. Allí, los colegios recibirán la documentación requerida y, según la disponibilidad de cupos, guiarán a los padres o acudientes en los pasos a seguir. La Secretaría de Educación ofrece orientación, pero la matrícula se gestiona exclusivamente en cada plantel.
Es imprescindible presentar una carpeta de cuatro solapas con los siguientes documentos: registro civil del estudiante, dos fotos tipo carné, copia del carné de vacunas, certificado de afiliación a eps, último boletín de notas académicas, copia de la cédula del acudiente y un recibo de servicio público (luz, agua o gas natural) que acredite la dirección de residencia.
A pesar de que el proceso de matrícula se mantiene abierto, las autoridades educativas insisten en la importancia de adelantar el trámite a tiempo.
El secretario Díaz Sánchez advirtió que “cuando un estudiante ingresa tarde, no solo pierde clases, también se le dificulta adaptarse al ritmo escolar”, por lo que insta a las familias a completar el proceso antes del inicio del calendario académico, garantizando así un mejor desempeño y adaptación de los alumnos.
Un grupo de más de 100 transportadores del departamento de Casanare atraviesa una grave crisis económica, tras denunciar una millonaria deuda por el servicio de transporte de pacientes renales, prestado en el marco de un contrato de la EPS Capresoca con la empresa Ruta del Sol – Opetrans, firmado por el anterior agente interventor-
Aunque actualmente el traslado de usuarios ya es asumido por una nueva empresa local, los afectados reclaman el pago de más de 408 millones de pesos correspondientes a servicios ya ejecutados.
Según explicó Andrés Ladino, vocero de los transportadores, pese a la falta de pagos decidieron continuar con la prestación del servicio por responsabilidad social, asumiendo de su propio bolsillo gastos como combustible, peajes y mantenimiento de los vehículos, dado que los pacientes con enfermedad renal no pueden interrumpir sus tratamientos de diálisis. Esta situación, afirmó, ha golpeado severamente la economía de conductores y sus familias.
Ante la ausencia de respuestas por parte de la empresa responsable, los afectados radicaron un derecho de petición ante Capresoca, con copia a la Procuraduría, solicitando la aplicación de un “derecho de cesión” para que la EPS realice los pagos directamente a los propietarios de los vehículos. El temor, indicaron, es que si los recursos son girados al contratista, no lleguen finalmente a quienes prestaron el servicio.
De acuerdo con Ladino, los transportadores fueron subcontratados por la empresa Ruta del Sol – Opetrans, firma de la Costa Caribe que no cuenta con oficina ni representante legal en Casanare. El servicio inició el 8 de mayo de 2025 y, aunque los pagos se cumplieron durante los dos primeros meses, desde agosto no se realizaron desembolsos, pese a que el contrato con Capresoca estuvo vigente entre el 4 de marzo y el 31 de octubre por un valor cercano a los 960 millones de pesos.
