CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, en articulación con Prosperidad Social, invita a toda la comunidad a participar en el Encuentro Popular “Economías para la Vida”, una jornada que busca fortalecer la economía popular, promover la inclusión productiva y acercar la oferta institucional a la ciudadanía.
La actividad se realizará hoy miércoles 20 de mayo de 2026, en el Parque El Resurgimiento, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el marco del Convenio 644 de 2025, liderado por Prosperidad Social para el fortalecimiento de población vulnerable y víctima en el departamento de Casanare.
El encuentro contará con una feria de emprendimiento con la participación de 40 asociaciones de economía popular, entre las cuales contaremos con emprendimientos de titulares de Renta Joven, Renta Ciudadana y Colombia Mayor, además de una feria de servicios con entidades nacionales, departamentales y municipales, muestras culturales y espacios de articulación institucional orientados al fortalecimiento de iniciativas productivas en el territorio.
Adicionalmente, la jornada incluirá talleres socioemocionales enfocados en el fortalecimiento de habilidades blandas como la empatía, la resiliencia, la resolución de conflictos y la autoestima, herramientas fundamentales para el desarrollo personal y comunitario.
“Desde la Secretaría de Desarrollo Social respaldamos esta iniciativa de Prosperidad Social porque entendemos la importancia de generar escenarios donde las comunidades puedan acceder a servicios, fortalecer sus capacidades y conectarse con oportunidades reales para sus proyectos productivos y su bienestar integral”, señaló la secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero.
La funcionaria también reiteró la invitación especial a los beneficiarios de los programas nacionales Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor, programas que son atendidos en la Casa de la Mujer y la Familia y cuya operatividad en el municipio es garantizada por la Administración Municipal a través de la Oficina de Transferencias Monetarias, por el convenio 900 de 2024.
Entre las entidades que harán parte de la feria de servicios se encuentran el SENA, Banco Agrario, Cámara de Comercio de Casanare, Comfacasanare, Agencia Nacional de Tierras, Unidad para las Víctimas, Unidad Solidaria, Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y Departamental, Secretaría de Salud Municipal, entre otras entidades aliadas.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social se extiende la invitación a toda la comunidad para que participe activamente de este encuentro, conozca la oferta institucional disponible, apoye los emprendimientos y haga parte de un espacio construido para fortalecer las oportunidades y el bienestar de las familias del departamento.
Se acerca una fecha clave para los contribuyentes del régimen común en Yopal. El próximo 22 de mayo vence el plazo para la declaración y retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al bimestre marzo–abril, una obligación fundamental para el funcionamiento financiero del municipio.
Con la fecha límite cada vez más cerca, la recomendación es no dejar el trámite para última hora. La experiencia de jornadas anteriores ha demostrado que los días previos al vencimiento suelen concentrar mayor afluencia de usuarios, lo que puede generar demoras tanto en la atención presencial como en los procesos.
Hoy, sin embargo, cumplir con este impuesto ya no depende de hacer filas. A través de la plataforma https://impuestos.yopal.gov.co/ , los contribuyentes pueden realizar todo el proceso en línea: desde la liquidación hasta el pago, en cuestión de minutos y sin desplazamientos.
El ICA es una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, solo en el 2025 se recaudaron 85.000 millones, recursos que se traducen en inversión pública, obras y programas para la comunidad. De ahí la importancia de cumplir dentro de los tiempos establecidos y evitar recargos adicionales.
La invitación es clara: anticiparse al vencimiento y aprovechar las herramientas digitales disponibles. Porque hoy, pagar el ICA puede ser más rápido que esperar en una fila.
La Secretaría de Salud de Casanare ha presentado los resultados del monitoreo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) correspondiente a abril de 2026, abarcando las áreas urbanas del departamento. Este reporte se elaboró con base en la información recolectada durante ese mes y en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007, que establece los parámetros para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
El informe clasifica a seis municipios en riesgo medio: La Salina, Orocué, Pore, Recetor, Sabanalarga y Támara. Además, Chámeza y San Luis de Palenque fueron catalogados con riesgo bajo. Por otro lado, un grupo de once municipios, incluyendo Aguazul, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, Sácama, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, registraron la clasificación de “sin riesgo”.
¿Qué es el IRCA?
El Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) se define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. En el análisis de abril, se identificaron diversas variables no aceptables que contribuyeron a la clasificación de riesgo en los municipios afectados.
Entre las características o variables no aceptables destacadas por el laboratorio de salud pública para el cálculo del IRCA en abril, se encuentran: Coliformes Totales en La Salina; Color Aparente, Hierro, Fluoruros y Turbiedad en Orocué; Cloro Residual Libre y pH en Pore; Color Aparente, pH y Turbiedad en Recetor; Cloro Residual Libre en Sabanalarga; y Color Aparente, Hierro y Turbiedad en Támara. Para los municipios con riesgo bajo, Chámeza presentó fallas en Color Aparente y pH, y San Luis de Palenque en Color Aparente.
El área de Salud Pública realiza un monitoreo continuo a través de la vigilancia de los Sistemas de Suministro de Agua Urbanos. La Secretaría de Salud recomienda a la comunidad adoptar medidas preventivas ante posibles riesgos, tales como evitar el consumo directo de agua de la llave, hervir el agua durante más de cinco minutos antes de su consumo, y realizar periódicamente la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua en las viviendas.
