CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Villanueva la tarde del domingo 22 de marzo, cuando un hombre fue asesinado con arma de fuego al interior de un establecimiento público ubicado en el centro de la localidad, en la carrera 9 entre calles 10 y 11.
La víctima fue identificada como Joselito Acosta Bonilla, quien, según información preliminar, permanecía desde horas del día consumiendo bebidas embriagantes en un bar del sector. Testigos indicaron que el hombre se encontraba dormido debido a su estado de embriaguez cuando un sujeto que portaba casco ingresó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.
De acuerdo con el reporte oficial, el occiso recibió al menos dos impactos de arma de fuego en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Tras cometer el ataque, el agresor huyó del sitio a bordo de una motocicleta sin ser identificado.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Se conoció además que la víctima registraba un antecedente en el SPOA como indiciado por el delito de lesiones en el año 2015 y, al parecer, se desempeñaba en oficios varios en el sector arrocero de la región.
En preparación para la Semana Santa, que inicia este domingo 29 de marzo, la Gobernación de Casanare, en articulación con Corporinoquia, impulsa la jornada ambiental “En Semana Santa, la tierra renace”, una iniciativa orientada a promover la siembra de especies nativas en los 19 municipios y fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.
Como parte de esta estrategia, Corporinoquia donó 19.000 plántulas de especies nativas a la Gobernación, material vegetal que será distribuido en los municipios. La programación contempla su entrega durante el Domingo de Ramos en las iglesias, así como su uso en jornadas de plantación durante la semana mayor, con el fin de ofrecer alternativas que reduzcan el uso de la palma de cera y la palma de areca, especies tradicionalmente utilizadas en esta celebración.
La iniciativa busca aportar a la restauración de áreas degradadas, la conservación de los ecosistemas y la disminución de los efectos de la deforestación. También apunta a fortalecer la conciencia ecológica en niños, jóvenes y familias, mediante acciones que promuevan la protección de la flora nativa y la recuperación ambiental.
El secretario de Agricultura de Casanare, Alexi Duarte, señaló que esta estrategia invita a la comunidad a sembrar árboles y a cuidar los ecosistemas estratégicos, en un contexto en el que el departamento ha enfrentado incendios forestales. Indicó que las plántulas serán entregadas en los 19 municipios, principalmente en iglesias, con el propósito de incentivar la participación ciudadana y promover una mayor responsabilidad frente al cuidado ambiental.
Agregó que el equipo de profesionales de la Secretaría de Agricultura acompañará las jornadas en diferentes municipios, brindando orientación técnica y promoviendo la siembra como una práctica colectiva.
Por su parte, Alfonso Cárdenas, director de Planeación Departamental, destacó la articulación con Corporinoquia y el alcance de estas acciones para generar mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Resaltó la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo que integre la protección ambiental, reconociendo que es el único entorno que garantiza la vida de las actuales y futuras generaciones.
En preparación para las elecciones de Juntas de Acción Comunal previstas para el próximo 26 de abril, la Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, lideró la segunda mesa de Coordinación Electoral y Consejo de Seguridad, con el objetivo de garantizar el orden público y la transparencia del proceso.
La jornada se desarrolló en cumplimiento de los mandatos legales y bajo el principio de coordinación administrativa establecido en la Ley 2200 de 2022, en concordancia con la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fortaleciendo la articulación entre las entidades involucradas.
El encuentro contó con la participación de representantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles y el acompañamiento del Ministerio del Interior, lo que permitió consolidar una hoja de ruta en el marco del Comité de Coordinación y Seguimiento Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2615 de 1991, orientada a mitigar riesgos y brindar garantías al proceso.
Durante la sesión se resaltó la importancia de este ejercicio democrático, en el que participarán cerca de 1.100 veredas del departamento, donde las comunidades elegirán a sus representantes comunales, impulsando la participación ciudadana y el fortalecimiento organizativo.
El secretario de Gobierno, Julio Ramos Prieto, afirmó que se avanza en la garantía de condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, legalidad y confianza, promoviendo la participación democrática.
Finalmente, la articulación institucional permitirá definir estrategias de prevención, control y vigilancia orientadas a garantizar el desarrollo de la jornada electoral en condiciones de seguridad y legalidad, mediante un trabajo coordinado entre la Gobernación, las autoridades y el Gobierno nacional para asegurar elecciones en paz y con plenas garantías para los casanareños.
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