CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Salud Municipal, lideró un Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) extraordinario en la vereda Barbasco, luego de identificarse un foco de rabia bovina en esta zona rural del municipio. La intervención tuvo como propósito fortalecer las acciones de prevención, control y vigilancia frente a esta enfermedad zoonótica.
Durante la jornada se desarrolló un espacio educativo dirigido a la comunidad, con la participación del equipo de Atención Primaria en Salud (APS), profesionales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y funcionarios de las secretarías de Salud municipal y departamental, quienes socializaron medidas de prevención y protocolos de atención.
El equipo de Zoonosis brindó orientación sobre los signos y síntomas de la rabia en animales de producción, de compañía y fauna silvestre, así como recomendaciones para reportar oportunamente a las autoridades competentes la presencia de comportamientos inusuales o sospechosos.
Asimismo, el equipo de Vigilancia Epidemiológica compartió información sobre otras enfermedades de origen viral que pueden afectar la salud pública y que pueden prevenirse mediante la detección temprana y el acceso oportuno a los servicios de salud.
La jornada concluyó con la vinculación de líderes comunitarios del sector a la Red de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad (REVCOM), con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la identificación y notificación temprana de eventos que puedan representar riesgos para la salud pública.
Después de años de espera, gestiones y solicitudes constantes de padres de familia, docentes y estudiantes, la comunidad de la Institución Educativa Centro Social recibe una gran noticia: el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, firmó las escrituras del predio donde se individualiza la nueva sede, un paso decisivo para hacer realidad esta anhelada obra.
La institución, que durante años funcionó en arriendo, generó amplia discusión en la ciudad. Hoy, con esta firma, se formaliza el terreno destinado a levantar una infraestructura propia, moderna y adecuada, que beneficiará a más de 1.800 estudiantes. Además, el mandatario confirmó que el municipio aportará $17.000 millones de pesos incluidos dentro del endeudamiento para la cofinanciación de la obra, garantizando así espacios dignos y acordes a las necesidades académicas.
El camino para llegar a este punto ha sido técnico y riguroso. Desde los primeros meses de gobierno se inició un proceso exhaustivo que incluyó el estudio topográfico del terreno, la obtención de la licencia de subdivisión mediante reloteo, la protocolización de la subdivisión del predio y su radicación en la Notaría Segunda de Yopal. En octubre de 2025, se formalizó la subdivisión en dos predios: uno para la actual estación de Policía y otro para la futura sede del Centro Social, actualmente registrado ante Instrumentos Públicos para la segregación de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria.
La secretaria de Planeación, Narda Perilla, anunció que el próximo 1 de marzo el proyecto de acuerdo será radicado ante el Concejo Municipal para surtir los debates y trámites correspondientes, un paso clave para continuar avanzando. Por su parte, la secretaria de Infraestructura, ingeniera Hernández, informó que se abrirá una vía que separará físicamente el predio de la estación de Policía del lote donde se construirá la institución educativa, atendiendo una solicitud expresa de la comunidad.
Con esta decisión, la administración municipal demuestra su compromiso con la educación como eje fundamental del desarrollo de la ciudad. La nueva sede del Centro Social no solo representa una obra de infraestructura, sino una respuesta concreta a una necesidad sentida por cientos de familias yopaleñas que hoy ven más cerca el sueño de contar con una infraestructura en condiciones adecuadas para sus hijos.
La Secretaría de Movilidad adelantará un estudio técnico, económico y financiero para analizar un posible ajuste en las tarifas del transporte público interveredal. Esta decisión se toma tras una reunión clave sostenida entre el alcalde Marco Tulio Ruíz, conductores y representantes legales de empresas transportadoras en Yopal.
El mandatario señaló durante el encuentro que ‘este estudio permitirá tomar decisiones responsables, garantizando equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y el bienestar de los usuarios, siempre priorizando la calidad y la seguridad en la movilidad’.
Por su parte, el secretario de Movilidad, Michael Castro, destacó la importancia de avanzar en acciones que contribuyan a mejorar el servicio prestado a las comunidades rurales, así como fortalecer el diálogo permanente con el sector transportador.
Asimismo, la administración municipal continuará con la gestión para habilitar un espacio adecuado para el parqueo de las busetas. El objetivo es evitar desórdenes y reducir afectaciones a la movilidad urbana, beneficiando tanto a los transportadores como a la ciudadanía en general.
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