Connect with us

CASANARE

Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare

Published

on

HENRY TORRES ESCALANTE

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.

Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.

Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.

En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.

A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.

Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.

¿Qué determina la JEP?

La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.

En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.

¿Qué sigue? 

Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.

Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

 

CASANARE

Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras

Published

on

By

Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.

Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.

Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.

Continue Reading

CASANARE

Comunidad de Paz de Ariporo interviene jarillón afectado por bachacos

Published

on

By

Un jarillón de más de tres kilómetros que protege predios rurales en la vereda Elvecia, municipio de Paz de Ariporo, puso a prueba la unión de la comunidad. Durante la temporada seca, el gobierno de César Ortiz Zorro, mediante Gestión del Riesgo, rehabilitó y reforzó 2,5 kilómetros de esta estructura.

Sin embargo, un tramo cercano a los 500 metros, que había permanecido en buen estado por más de una década gracias al cuidado de campesinos como Arsenio Romero, fue afectado por la presencia de bachacos. Estos insectos provocaron filtraciones que debilitaron cerca de 20 metros del dique.

Ante el riesgo que esta situación representaba para varias viviendas y fincas del sector, los habitantes convocaron un convite comunitario durante el fin de semana. Esta iniciativa fue acompañada por la Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Casanare y contó con el apoyo de la Alcaldía de Paz de Ariporo.

Los trabajos actuales consisten en la construcción de un muro de contención utilizando sacos y material de río para recuperar el tramo afectado. Los sacos son llenados manualmente, trasladados hasta donde pueden ingresar las camionetas y, posteriormente, transportados en carretillas y al hombro hasta el punto de intervención.

A la fecha, se lleva un avance del 60% en la recuperación del jarillón, y esta semana se realizará otra jornada comunitaria para concluir la misión. La comunidad ha demostrado un gran compromiso y esfuerzo, transportando bultos que superan las siete arrobas de peso.

Wilson Porras, director departamental de Gestión del Riesgo, lideró el convite y destacó el trabajo conjunto entre comunidad e instituciones. Señaló que los seis diques ejecutados por el gobierno departamental durante la temporada seca continúan cumpliendo su propósito de proteger a las familias casanareñas que por años sufrieron afectaciones.

Continue Reading

CASANARE

Casanare refuerza medidas contra tabaco y vapeadores para proteger a jóvenes

Published

on

By

La Secretaría de Salud de Casanare continúa fortaleciendo las acciones de prevención frente al consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. El enfoque principal está en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el propósito de proteger su salud y promover entornos libres de humo y aerosoles.

Según el médico Pedro Cruz, estos productos están lejos de ser inofensivos. Explicó que, aunque se promocionan como alternativas menos dañinas, contienen nicotina y otras sustancias químicas que pueden generar dependencia y afectar el funcionamiento de los pulmones, el corazón y el cerebro.

En Colombia, el tabaquismo está asociado a cerca de 34.800 muertes cada año, lo que lo convierte en uno de los principales problemas de salud pública prevenibles. Por ello, el departamento continúa fortaleciendo las estrategias de prevención, educación y sensibilización orientadas a reducir el consumo de estos productos y sus consecuencias.

Para enfrentar esta problemática, se han socializado los lineamientos del Programa de Cesación de Tabaco con las IPS del departamento, capacitando al talento humano en salud y desarrollando campañas educativas a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), incluyendo la difusión de la cartilla “En tus manos, felizmente saludable”.

Las EPS también se han sumado a este esfuerzo, realizando actividades de información y educación sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos convencionales, vapeadores y otros productos. Asimismo, se fortalecen las acciones de promoción y vigilancia de los espacios libres de humo y aerosoles en los municipios del departamento.

Los resultados de las encuestas nacionales de consumo de sustancias psicoactivas evidencian avances: mientras en 2019 el 10,5% de la población entre 12 y 65 años reportaba consumo de tabaco, para 2023 esta cifra se redujo al 5,3% de la población de 10 años o más. El municipio de Monterrey expidió el Decreto 069 de 2025, que prohíbe a menores de edad el uso, porte, distribución, préstamo, alquiler, venta y consumo de estos productos.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lo Mas Leido