CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
Autoridades recuerdan que se pueden reportar infracciones viales a través de la plataforma RECORD
La plataforma Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos (RECORD), del Ministerio de Transporte, ya se encuentra habilitada y sirve como un canal de denuncia para que cualquier ciudadano pueda reportar y documentar comportamientos inseguros o infracciones al Código Nacional de Tránsito en las vías de Yopal.
La plataforma simplifica el proceso de denuncia ciudadana donde el usuario debe ingresar al sistema, seleccionar el tipo de evento a reportar, describir lo ocurrido y adjuntar la evidencia (foto o video). una de las principales ventajas de RECORD es que permite realizar el reporte de manera anónima, ofreciendo seguridad y protección al ciudadano que decide aportar información valiosa para las autoridades.
Una vez enviado el informe, la plataforma lo remite directamente a la Secretaría de Movilidad. es allí donde un equipo técnico se encarga de iniciar los procedimientos correspondientes, que pueden incluir requerimientos al propietario del vehículo, citaciones (comparendos) o la apertura de procesos sancionatorios conforme al Código Nacional de Tránsito.
Además de las sanciones individuales, los reportes coadyuvan al análisis de puntos críticos y comportamientos recurrentes en la ciudad, lo que permite a la Secretaría reforzar los operativos y diseñar estrategias de prevención más efectivas.
Tras la reciente captura de alias ‘Mamadeo’, señalado como cabecilla de la red sicarial del Tren de Aragua en Casanare, el gobernador César Ortiz Zorro envió un mensaje directo a quienes hicieron parte de su estructura, asegurando que el delincuente está entregando información y que sus socios ya están identificados.
En rueda de prensa, Ortiz Zorro solicitó a la Fuerza Pública desplegar toda su capacidad operativa para ubicar a los integrantes de esta red criminal, vinculada a extorsiones, intimidaciones y hechos violentos que han impactado a comerciantes y ciudadanos de Yopal y varios municipios del departamento.
El mandatario recordó que la recompensa de $120 millones de pesos incrementó la presión sobre el delincuente y aportó datos determinantes que facilitaron la captura realizada en Perú, mediante cooperación internacional con Interpol y la Policía Nacional del Perú.
El gobernador señaló que los videos extorsivos enviados a comerciantes de Casanare eran grabados en territorio peruano y reiteró el llamado a denunciar sin ceder a exigencias económicas. La detención permitió confirmar que alias ‘Mamadeo’ mantenía operaciones criminales desde el exterior, pese a estar requerido por homicidio y concierto para delinquir.
GeoPark presentó el balance de su apuesta por fortalecer la educación en Casanare, mediante iniciativas que abarcan infraestructura escolar, formación docente, acceso a educación superior y dotación de herramientas para el aprendizaje.
Estas acciones hacen parte de la estrategia de inversión socioambiental de la Compañía, orientada a promover mejores condiciones de vida y a ampliar oportunidades para sus comunidades vecinas, en línea con su propósito de Crear Valor y Retribuir.
Solo en 2025, GeoPark ha destinado más de $21.000 millones de pesos a iniciativas educativas en los territorios donde está presente, consolidando una visión integral que prioriza el fortalecimiento de capacidades locales y la creación de oportunidades de desarrollo a largo plazo. Esta apuesta se articula con la alianza recientemente firmada entre la Gobernación de Casanare y GeoPark, orientada a fortalecer la educación rural y la permanencia escolar en el departamento.
En los municipios de Hato Corozal y La Salina, la Compañía invirtió más de $5.800 millones de pesos, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, para fortalecer 14 instituciones educativas rurales mediante la entrega de material escolar y equipamientos. La dotación incluyó instrumentos musicales que impulsan la identidad cultural, implementos deportivos que promueven hábitos saludables y trabajo en equipo, mobiliario escolar que mejora las condiciones de aprendizaje, y procesos de acompañamiento pedagógico para docentes. Esta inversión beneficia a más de 4.500
estudiantes y miembros de la comunidad educativa en zonas rurales del departamento.
De manera complementaria, en Tauramena, la alianza con la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente permitió mejorar las oportunidades de aprendizaje de más de 520 niños y niñas en siete sedes rurales, mediante la implementación de metodologías activas y colaborativas, el fortalecimiento del liderazgo docente y la participación de las familias en el proceso educativo. Así mismo, GeoPark realizó la entrega de 7.000 kits escolares en Casanare, Meta y Putumayo para
apoyar la continuidad educativa en comunidades rurales.
En cuanto al acceso a educación superior, la Compañía impulsa el Programa de Becas Universitarias para Mujeres en Ciencias e Ingenierías, que desde 2014 ha beneficiado a 14 jóvenes en América Latina, seis de ellas en Colombia, de las cuales tres ya se han graduado en el país.
GeoPark también desarrolla un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que actualmente permite que 20 jóvenes casanareños cursen estudios profesionales en distintas áreas, ampliando las oportunidades de formación superior en el departamento.
“Cuando invertimos en educación rural, invertimos en el futuro de las regiones. Nuestra estrategia de inversión socioambiental busca ampliar capacidades locales y abrir oportunidades que permanezcan en el tiempo. Para GeoPark, esa es una manera de Crear Valor y Retribuir,” señaló Aníbal Fernández de Soto, Director de Naturaleza y Vecinos de GeoPark.
GeoPark continuará fortaleciendo alianzas público-privadas orientadas al desarrollo territorial sostenible y a la generación de oportunidades educativas para las comunidades donde está presente.
