CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
Ataque sicarial en parque La Herradura deja un muerto y un adolescente herido en Yopal
Un ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como Luigi Leobaldo Chávez Escalona, fue asesinado la noche de este domingo 31 de mayo en un ataque con arma de fuego ocurrido en el parque La Herradura de Yopal. El hecho se registró hacia las 10:00 de la noche, en inmediaciones de la tarima ubicada en este reconocido espacio público de la capital casanareña.
De acuerdo con información preliminar, dos personas que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar. El acompañante descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó contra la víctima, causándole la muerte en el sitio. En medio del ataque también resultó herido un adolescente de 13 años, quien recibió un impacto de bala en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y fuera de peligro.
Las autoridades indicaron que la víctima presentaba varias heridas ocasionadas por arma de fuego. Tras el hecho, unidades policiales realizaron labores de inspección y recolección de elementos materiales probatorios en la escena del crimen para avanzar en la identificación de los responsables.
De manera preliminar, una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a una posible disputa relacionada con el control de la comercialización de sustancias estupefacientes en el sector. El caso es materia de investigación por parte de la SIJIN, mientras se adelantan las acciones para dar con el paradero de los autores del homicidio.
CASANARE
En Casanare, llegaron a votar y tenían órdenes de captura vigentes
Dos personas fueron capturadas este domingo 31 de mayo en los municipios de Hato Corozal y Aguazul en Casanare, durante el desarrollo de la primera vuelta presidencial, luego de que las autoridades verificaran que en su contra existían órdenes de captura vigentes expedidas por autoridades judiciales.
El primer caso se registró en una institución educativa de Hato Corozal, donde uniformados que apoyaban la seguridad de la jornada electoral identificaron a un ciudadano de 24 años, requerido por la justicia por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. La captura se produjo cuando el hombre se presentó al puesto de votación y fue sometido al procedimiento de verificación de identidad.
La segunda captura ocurrió en el municipio de Aguazul, en otro puesto de votación habilitado para las elecciones presidenciales. Allí fue detenido un ciudadano que era solicitado mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado, expedida por una autoridad competente.
Las autoridades informaron que ambos procedimientos se realizaron de manera coordinada y sin afectar el normal desarrollo de la jornada democrática. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con los procesos legales en su contra.
CASANARE
En la Casa de la Mujer, cursos de formación fortalecen el emprendimiento y la empleabilidad en Yopal
Actualmente, decenas de participantes hacen parte de los cursos de panadería, repostería y lácteos y mecánica de motos, procesos académicos que se desarrollan gracias al trabajo articulado entre la Dirección para la Igualdad y la Equidad de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la Casa de la Mujer y la Familia en Yopal.
Uno de los aspectos más destacados de esta estrategia es el avance del curso de panadería, repostería y lácteos, cuyos aprendices ya iniciaron su etapa práctica en la cocina habilitada en la Casa de la Mujer y la Familia. Este espacio especializado permite que los participantes fortalezcan sus conocimientos mediante experiencias reales de elaboración de productos, afianzando las competencias adquiridas durante su proceso de formación.
Las respuestas de la comunidad a estas ofertas educativas han sido positivas, reflejadas en el alta acogida de los cursos y en el compromiso demostrado por cada uno de los aprendices. La participación activa de mujeres y hombres interesados en fortalecer sus habilidades, evidencia el interés por acceder a nuevas alternativas de crecimiento personal, generación de ingresos y emprendimiento.
Asimismo, el curso de mecánica de motos avanza satisfactoriamente, brindando conocimientos técnicos y prácticos en las instalaciones de la casa de la Mujer, que permiten a los participantes ampliar sus oportunidades laborales y desarrollar proyectos productivos en áreas con alta demanda en el mercado local.
“Nuestro compromiso es seguir gestionando oportunidades que permitan a las personas adquirir conocimientos, fortalecer sus capacidades y generar alternativas de desarrollo económico para sus familias. Ver la acogida y el entusiasmo de los participantes nos motiva a continuar trabajando por una formación cada vez más incluyente y pertinente”, señaló la Directora para la Igualdad y la Equidad de la Mujer, Ana Milcen Tarache Farfán.
“Estos procesos representan una puerta abierta hacia nuevas oportunidades. Nos llena de satisfacción ver cómo los participantes avanzan en su aprendizaje y aprovechan cada herramienta que ponemos a su disposición para construir proyectos de vida más sólidos y sostenibles”, expresó la Gestora social, Paula Ruíz.
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