CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Una caravana de ayudas humanitarias ha llegado al municipio de Hato Corozal, para atender a 445 familias campesinas afectadas por la reciente temporada invernal. Esta iniciativa es el resultado de la gestión realizada por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, ante el Gobierno nacional.
Durante la jornada de este martes, se brindó asistencia a 209 hogares en veredas como San José del Ariporo, Santa Rita, Santa Teresa, La Argentina, Las Mercedes, Berlín, Santa María de Chire y Pueblo Nuevo. El operativo contó con la participación del director de Gestión del Riesgo, Wilson Porras, la alcaldesa Tatiana Tiraban y el apoyo de Bomberos Voluntarios.
El programa de asistencia tiene como objetivo recorrer 30 veredas del municipio para asegurar la cobertura total de las familias censadas. La temporada invernal ha dejado a numerosas comunidades en condiciones vulnerables, haciendo que estas ayudas sean cruciales para su recuperación.
Luis Alvarado, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José del Ariporo, expresó su agradecimiento y destacó la importancia de las ayudas recibidas. Alvarado señaló que su comunidad enfrenta anualmente fuertes temporadas de sequía que impactan significativamente a las familias campesinas, lo que subraya la necesidad de este tipo de apoyo.
La caravana continuará su recorrido por las zonas más apartadas de Hato Corozal. El objetivo es completar la atención de los 445 núcleos familiares identificados por los organismos de socorro en los próximos días.
Los sabores, tradiciones y experiencias que conectan el territorio y la sostenibilidad vuelven a tomar protagonismo en Casanare con la apertura oficial de la convocatoria para la Ruta Gastronómica BOCAL – Edición 2026.
La iniciativa es liderada por la Cámara de Comercio de Casanare y el Clúster de Turismo de Naturaleza y Gastronomía Consciente. Para esta edición, la Gobernación de Casanare se ha vinculado como aliado estratégico a través de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, consolidando esta apuesta como una estrategia de posicionamiento del turismo gastronómico y cultural del departamento.
Para la edición 2026 se seleccionarán ocho restaurantes, bares, gastrobares y cafeterías del departamento que deseen fortalecer su propuesta gastronómica y hacer parte de esta ruta estratégica de promoción turística. Los participantes deberán cumplir con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos en la convocatoria.
Los establecimientos elegidos recibirán acompañamiento técnico personalizado durante el primer semestre del año, que contempla el diseño o fortalecimiento de una experiencia gastronómica propia, la generación de guiones interpretativos y talleres en identidad culinaria, innovación y marketing digital.
Además, se les apoyará en la creación de contenido promocional, inclusión en el portafolio oficial de la Ruta BOCAL y el fortalecimiento de huertas regenerativas a través de la estrategia “Conucos para la Vida”. La convocatoria estará abierta hasta el 19 de febrero de 2026 a las 11:59 p.m., con acceso a los términos y condiciones mediante un enlace proporcionado.
Con esta apuesta, la Gobernación de Casanare continúa posicionando la gastronomía del departamento como un motor de desarrollo económico, identidad territorial y proyección turística, resaltando la singularidad de su cultura y su cocina consciente.
Durante 2025, un total de 2.629 personas en Casanare requirieron transfusiones de sangre, una cifra que evidencia la alta demanda de este vital recurso en el departamento. La Secretaría de Salud de Casanare ha emitido un urgente llamado a la solidaridad ciudadana para incrementar las donaciones.
Según el informe de IPS con actividad transfusional del Instituto Nacional de Salud, la necesidad de sangre es constante y crucial para salvar vidas en diversas situaciones. Estas incluyen accidentes de tránsito, cirugías de urgencia, partos, y el tratamiento de pacientes con enfermedades de la sangre y cáncer.
Tatiana Chávez Duque, secretaria de Salud de Casanare, subrayó la importancia de la donación voluntaria, haciendo especial énfasis en la necesidad de personas con tipo de sangre O negativo, considerado donante universal. Este tipo de sangre, presente en solo el 5% de la población, es indispensable en emergencias.
Nubia Elena García Novoa, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Casanare, afirmó que el proceso de donación es seguro, sencillo y no compromete la salud del donante. “Donar sangre puede salvar vidas. Cada donante cuenta y cada gota es importante; no debemos esperar a que un familiar se accidente para hacerlo, porque la necesidad es permanente”, destacó.
Recordó además que, a pesar de los avances médicos, la sangre no puede ser fabricada y su obtención depende exclusivamente de la generosidad humana. Para ser donante se requiere tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y presentar el documento de identidad.
Se aconseja no haber tenido gripa o infecciones en el último mes, no tomar antibióticos, no haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 6 meses, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, mantener prácticas sexuales seguras y no estar en ayunas el día de la donación. Las donaciones se realizan en el Banco de Sangre del Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal.
