CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Las primeras indagaciones adelantadas por personal especializado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal señalan que una posible falla eléctrica habría originado el incendio estructural que consumió el Almacén El Imperio, ubicado en la carrera 20 entre calles 12 y 13, en pleno centro de la ciudad. Así lo confirmó el comandante de la institución, teniente Rafael Rojas, quien explicó que las labores de inspección permitieron establecer que el fuego se inició en el tercer piso de la edificación, utilizado como bodega.
Según el oficial, en ese nivel se almacenaba una gran cantidad de materiales altamente combustibles, entre ellos plástico, papel, textiles y otros elementos que facilitaron la rápida propagación de las llamas. Aunque la investigación continúa para establecer con certeza las causas de la conflagración, la principal hipótesis que manejan las autoridades corresponde a una falla en el sistema eléctrico del inmueble.
La evaluación preliminar de la infraestructura determinó que el primer y segundo piso no presentan afectaciones de consideración y podrían volver a utilizarse una vez se adelanten las adecuaciones y reparaciones necesarias. En contraste, el tercer piso sufrió daños estructurales severos, por lo que, en las condiciones actuales, no podrá ser utilizado debido al alto nivel de deterioro ocasionado por el incendio.
El teniente Rafael Rojas destacó la solidaridad demostrada por la comunidad yopaleña durante la emergencia. Resaltó el apoyo de los organismos de socorro, instituciones y comerciantes del sector, quienes unieron esfuerzos tanto en las labores de extinción del incendio como en la posterior remoción de escombros, una colaboración que ha sido fundamental para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de la zona afectada.
La Gobernación de Casanare realizó el Primer Comité Departamental de Lucha Contra el Contrabando y Comercio Ilícito de Licores, Cervezas y Cigarrillos de 2026, con el propósito de coordinar acciones de prevención, control y vigilancia frente a estas actividades que afectan los ingresos del departamento y representan un riesgo para la salud de la población. Durante la jornada se expusieron estrategias para enfrentar las modalidades de comercialización ilegal.
Las entidades participantes acordaron trabajar de manera coordinada en tres frentes: cultura ciudadana, control y vigilancia, y procesos de aprehensión y decomiso de mercancías.
Como parte de los compromisos, el Ejército Nacional y la Policía Nacional apoyarán las labores de inteligencia, mientras que el equipo anticontrabando, en coordinación con la Federación Nacional de Departamentos, fortalecerá las jornadas de fiscalización y capacitación. El objetivo es combatir las redes dedicadas al contrabando, proteger los recursos del departamento y prevenir la comercialización de productos ilegales.
La secretaria de Hacienda, Gloria Lucía Rivera, señaló que el trabajo conjunto con la Federación Nacional de Departamentos y las entidades participantes permitirá fortalecer las acciones contra el contrabando de licores, cervezas y cigarrillos, con el fin de proteger los recursos públicos, la legalidad y la salud de los ciudadanos.
CASANARE
Voraz incendio en el centro de Yopal evidenció la falta de una red contraincendios en la ciudad
Luego de más de tres horas de intensas labores, organismos de socorro lograron controlar el incendio estructural que consumió por completo el almacén de variedades “Imperio”, ubicado en la carrera 20 entre calles 12 y 13, en pleno centro de Yopal. La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de los organismos de socorro y autoridades, para evitar que las llamas alcanzaran otros establecimientos comerciales del sector.
Según el reporte del Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, Teniente Rafael Rojas, en la atención participaron 45 unidades del Cuerpo de Bomberos con 11 vehículos, apoyadas por bomberos aeroportuarios, la Defensa Civil, la Policía Nacional con una tanqueta, Gestión del Riesgo, la Fuerza Aérea y personal de empresas de servicios públicos como Enerca, la Empresa de Acueducto de Yopal y Sayop. Gracias a la coordinación interinstitucional, no se reportaron personas lesionadas entre civiles ni socorristas.
Las autoridades informaron que una de las principales dificultades para enfrentar la conflagración fue la alta carga de material combustible almacenado en el establecimiento, entre plásticos y otros elementos, además de inconvenientes iniciales con el suministro de agua. No se conoce aún, el estimado de las cuantiosas pérdidas materiales.
El siniestro se registró hacia las 12:30 del mediodía de este miércoles 24 de junio y generó momentos de tensión entre comerciantes, trabajadores y transeúntes, quienes observaron cómo el fuego avanzaba rápidamente por el local comercial. Las causas de la emergencia son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
La emergencia dejó en evidencia la falta de una red contraincendios en la ciudad de Yopal, que incluya hidrantes en las esquinas o cualquier otro tipo de sistema que permita, en emergencias como esta, que los vehículos extintores del Cuerpo de Bomberos puedan reabastecerse rápidamente de agua, y no tengan que esperar que lleguen carrotanques con el vital líquido para la atención de este tipo de emergencias. Se espera que este lamentable suceso genere una respuesta de las autoridades sobre este delicado tema.
