CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
El fortalecimiento del sistema de salud en Casanare podría dar un paso histórico con la incorporación de un avión ambulancia para el traslado oportuno de pacientes, una iniciativa que ya cuenta con directriz del Ministerio de Salud y que fue confirmada por el gobernador César Ortiz Zorro tras la reciente visita del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo al departamento este jueves 15 de enero de 2026.
El mandatario departamental explicó que este proyecto se enmarca dentro de un plan integral orientado a modernizar la red pública de salud, que incluye la consolidación de un hospital de alta complejidad, la mejora en la dotación de equipos biomédicos y el fortalecimiento del transporte asistencial, en articulación con el Gobierno Nacional.
Ortiz Zorro destacó que la aeronave estaría destinada exclusivamente a la atención de emergencias médicas que requieren remisiones fuera del departamento, una necesidad urgente dadas las grandes distancias y las dificultades de acceso en varias zonas del territorio casanareño, lo que actualmente limita una atención oportuna y especializada.
Finalmente, el gobernador resaltó el respaldo del ministro de Salud, a quien calificó como un aliado estratégico para sacar adelante proyectos prioritarios del sector, señalando que esta gestión responde a un anhelo de años y que se espera avanzar en su materialización en el corto plazo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumplió una agenda de trabajo en el departamento de Casanare, donde visitó los municipios de Orocué, Paz de Ariporo y Hato Corozal, con el objetivo de revisar la infraestructura hospitalaria y avanzar en el fortalecimiento de la red pública de salud, adquiriendo compromisos concretos para mejorar la atención a las comunidades.
En Paz de Ariporo, el ministro recorrió el hospital local y anunció proyectos que ya cuentan con contratos en marcha, entre ellos la dotación de equipos biomédicos para poner en funcionamiento una sala de cirugía y el fortalecimiento del talento humano con especialistas en pediatría, ginecología, medicina interna y psiquiatría. También se confirmó la asignación de equipos de laboratorio automatizados, una ambulancia medicalizada y otra en proceso, además del envío de una comisión técnica que evaluará la edificación con miras a proyectar el hospital como centro de segundo nivel para el norte de Casanare.
Durante su visita a Hato Corozal, Jaramillo anunció la ampliación del centro de salud, con el fin de aumentar la capacidad resolutiva del municipio. Para ello, se enviará un equipo técnico que evaluará adecuaciones, mejoras y el desarrollo del nuevo proyecto, teniendo en cuenta el lote destinado para la expansión. Adicionalmente, se confirmó la recuperación de ocho puestos de salud para fortalecer la atención primaria en zonas rurales y urbanas.
Finalmente, en Orocué, el ministro, junto al gobernador César Augusto Ortiz y el alcalde Anderson Bernal, recorrió la Red Salud Casanare E.S.E., donde se adquirieron compromisos como la dotación de una unidad odontológica, la asignación de una ambulancia, la instalación de equipos de rayos X y el fortalecimiento de los Equipos Básicos de Salud, con el propósito de garantizar una atención oportuna, preventiva y continua a la población.
El Concejo Municipal de Yopal realizó una mesa de trabajo para analizar las denuncias presentadas por auxiliares de enfermería del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), relacionadas con las condiciones salariales y contractuales correspondientes a la vigencia 2026. Durante el encuentro, los concejales escucharon de manera directa las inquietudes del personal de salud y reiteraron su disposición de servir como puente institucional para la búsqueda de mejores garantías laborales.
La jornada contó con el acompañamiento de la Personería Municipal de Yopal, encabezada por el personero Yesid Camacho Flórez, quien junto a los cabildantes tomó atenta nota de las solicitudes del personal asistencial y administrativo. Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentran la asignación de salarios justos, la estabilidad contractual y mejores condiciones para el ejercicio de sus funciones.
Aunque en esta oportunidad no se contó con la presencia de la administración departamental ni de las directivas del HORO, el Concejo Municipal manifestó que mantiene abiertas las puertas para propiciar un encuentro conjunto que permita avanzar en soluciones efectivas en favor del talento humano en salud.
Por su parte, el personero municipal anunció que oficiará a la Gobernación de Casanare, como ente responsable de la E.S.E. HORO, así como a la Asamblea Departamental y a la Procuraduría Regional, con el fin de articular esfuerzos que garanticen la dignificación laboral de los auxiliares de enfermería y la protección de sus derechos.
