CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Un juez penal de conocimiento condenó a 44 años de prisión a Enny Yuberley Bohórquez Rincón, tras acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación que lo vinculan con el homicidio del líder social José Luis Hernández Rodríguez, ocurrido el 26 de septiembre de 2024 en Yopal. La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia, contra la cual proceden los recursos de ley.
De acuerdo con la investigación, la víctima salió de una joyería y fue seguida por varios hombres que se movilizaban en un vehículo, luego de advertir que portaba una cadena de oro. En el trayecto, los agresores interceptaron la motocicleta en la que se desplazaba y, al intentar despojarlo de la joya, se produjo un forcejeo en medio del cual recibió varios impactos de arma de fuego.
Las pruebas recopiladas permitieron establecer que, tras el ataque, los responsables huyeron en una motocicleta conducida por Bohórquez Rincón. Hernández Rodríguez fue trasladado a un centro asistencial en Bogotá, donde falleció 43 días después como consecuencia de la gravedad de las heridas. José Luis Hernández Rodríguez, era dirigente comunal de la vereda El Aracal en el Corregimiento de El Morro en Yopal, y miembro de Asojuntas.
El juzgado declaró a Bohórquez Rincón penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Con esta condena, la justicia avanzó en el esclarecimiento de un crimen que impactó a la comunidad del departamento de Casanare.
La empresa del servicio de alumbrado público Sayop ha concluido con éxito la modernización integral del alumbrado en la comuna 7 de Yopal, beneficiando a más de 4.500 habitantes de los barrios Villa David, Getsemaní y Villa Salomé 2. Este proyecto representa un avance significativo en la transformación del panorama nocturno de la ciudad.
Se instalaron 445 luminarias con tecnología led, reemplazando sistemas obsoletos por infraestructura de vanguardia. Esta intervención mejora no solo la iluminación, sino también la calidad de vida de los residentes, recupera espacios públicos para la recreación de niños y niñas, y fortalece la percepción de seguridad en todo el sector.
Este logro se concretó gracias a la estrategia de autoconstrucción de Sayop, utilizando recursos propios y el talento de su equipo técnico y operativo. La empresa demuestra que la voluntad administrativa y la capacidad técnica, junto con un manejo transparente y eficiente de los recursos, pueden generar grandes resultados en beneficio de la comunidad.
La comunidad ha expresado gran entusiasmo por esta transformación. Isidro Mendoza, artesano, destacó el impacto positivo en su productividad: “es excelente, de verdad, el cambio es del 100%. tengo más claridad para trabajar en la noche por fuera con el tejido de los chinchorros; ya veo mejor. Antes a las 7 de la noche tenía que guardar todo, ahora puedo tejer hasta más tarde”.
Por su parte, María Pidiachi, residente de la zona, valoró la presencia de la empresa en áreas periféricas: “es un proyecto muy bueno porque beneficia a nuestra comunidad. El alumbrado que había antes era un poquito oscurito y este sector, como está alejadito del pueblo, necesitaba buena luminaria”.
Con la modernización de la comuna 7, Sayop reafirma su compromiso de llegar a cada rincón de Yopal, trabajando para que la transformación sea una realidad palpable en cada calle, parque y barrio. la meta es consolidar un sistema de alumbrado público eficiente, moderno y al servicio de la ciudadanía.
CASANARE
Alcaldía de Yopal y Banco Agrario otorgan créditos sin intereses a pequeños productores rurales
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura, ha suscrito un convenio con el Banco Agrario. esta alianza permitirá a pequeños productores rurales acceder a créditos con un subsidio del 100 % en la tasa de interés.
El programa, denominado “conucos”, está dirigido a productores previamente caracterizados por la Administración Municipal. Su objetivo principal es facilitar el acceso a capital de trabajo, contribuyendo al fortalecimiento de sus unidades productivas, siendo el municipio quien asume el subsidio de los intereses.
Esta iniciativa forma parte del proyecto estratégico “fortalecimiento de la productividad y competitividad de las cadenas agrícolas mediante la asistencia técnica, gestión de activos crediticios y fomento de la asociatividad”, buscando mejorar las condiciones de financiamiento en el sector rural.
El secretario de desarrollo económico, ganadería y agricultura, Rodrigo Chaparro, informó que los productores pueden acceder a créditos de hasta 14 millones de pesos. estos créditos ofrecen modalidades de pago semestral vencido o contra cosecha, adaptándose a la línea productiva financiada.
En una reunión con el gerente regional del Banco Agrario, Juan Bautista, y el director comercial, José Loaiza, se reveló que, con corte a enero de 2026, 142 productores ya han sido beneficiados, con una colocación superior a los 2.300 millones de pesos. Los recursos se han destinado a actividades como plátano, yuca, caña panelera, maíz, arroz, lechería y avicultura, entre otras.
Los productores interesados en postularse pueden dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura, ubicada en la carrera 21 no. 30–55, en Yopal, para recibir orientación sobre los requisitos y el proceso de acceso al crédito.
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