CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Con el propósito de facilitar el pago oportuno del impuesto predial, la Secretaría de Hacienda mantiene vigente el sistema de pago por cuotas, una alternativa que permite a los contribuyentes distribuir el valor del impuesto a lo largo del año y organizar mejor sus finanzas.
Esta modalidad, respaldada por las resoluciones 432 de diciembre de 2025 y 094 de marzo de 2026, busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y brindar mayor flexibilidad para que las familias y empresas organicen sus finanzas sin asumir el pago total del impuesto en una sola fecha.
Tenga en cuenta que las próximas fechas de vencimiento para quienes se acogieron al sistema son:
- 30 de junio: quinta cuota.
- 31 de julio: sexta cuota.
- 31 de agosto: séptima cuota.
- 30 de septiembre: octava y última cuota.
La Secretaría de Hacienda resalta que este beneficio aplica únicamente para los contribuyentes que se encuentran al día en sus obligaciones tributarias. En consecuencia, no cobija deudas de vigencias anteriores ni predios cuyos propietarios registren mora.
Asimismo, hizo un llamado a cumplir oportunamente con cada una de las cuotas, teniendo en cuenta que las obligaciones pendientes comenzarán a generar intereses moratorios a partir del 1 de octubre de 2026.
Con este mecanismo, la Administración Municipal continúa promoviendo alternativas que faciliten el pago oportuno de los tributos, fortalezcan la cultura tributaria y contribuyan al recaudo de los recursos destinados a la inversión y al desarrollo del municipio.
La vía terciaria que del casco urbano de Recetor conduce a la escuela Volcanes, registra a la fecha un 35% de ejecución, lo que representa el avance de 900 metros de placa huella construida, y más de 20 obras de drenaje intervenidas entre alcantarillas, box culvert, gaviones y cunetas.
En reunión adelantada el pasado miércoles 17 de junio, en la vereda Maracagua, se socializó el avance del proyecto a comunidad del sector, presidentes -entrante y saliente- de la Junta de Acción Comunal, concejales, secretario de Infraestructura y personero de Recetor, por parte del representante legal e interventoría de la obra, y el apoyo a la supervisión del Instituto Financiero de Casanare (IFC).
Se realizó además un recorrido por el sitio de la obra, se verificaron en terreno los avances, se atendieron las inquietudes de la comunidad y las acciones a seguir para la continuidad del proyecto, en las condiciones climáticas actuales.
“A pesar de algunos inconvenientes presentados en la ejecución de la obra, estamos realizando las acciones necesarias para lograr la terminación del proyecto, en la fecha prevista: enero del 2027”, dijo Bairon Leonel Carrascal Leguizamón, subgerente de Gestión Estratégica del IFC.
Cabe recordar que esta obra beneficiará a más de 1.200 habitantes de Recetor, impulsará el desarrollo turístico y abrirá la proyección a la nueva expansión urbanística del municipio.
La Empresa de Alumbrado Público de Yopal SAYOP, desplegó sus cuadrillas técnicas y operativas en la vereda Buenavista para adelantar intensas jornadas de mantenimiento correctivo en la infraestructura lumínica del sector.
La intervención técnica se realizó sobre más de 100 luminarias de tecnología LED que venían presentando intermitencias y fallas en su funcionamiento habitual. Una vez conocido los fallos en el sistema de iluminación, se adelantaron las labores operativas en terreno, para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y asegurar que este reconocido sector turístico de la ciudad esté bien iluminado.
Las afectaciones en gran parte del sistema de alumbrado público de este sector se ocasionaron por descargas atmosféricas y lluvias que impactaron las redes y los circuitos eléctricos dedicados al alumbrado público, afectando algunos componentes de los equipos LED.
Para SAYOP SAS ESP es determinante responder de manera inmediata a estas afectaciones, por lo que a diario las cuadrillas técnicas y operativas recorren las calles de la ciudad realizando monitoreo y mantenimiento de la infraestructura para garantizar la reducción de los entornos de riesgo, optimizar la visibilidad nocturna y salvaguardar la seguridad, tranquilidad y bienestar de las familias, productores y transportadores que transitan diariamente por la capital casanareña.
Finalmente, se recuerda la línea de WhatsApp 314 421 9017, para que la ciudadanía continúe reportando de manera formal cualquier novedad en el alumbrado público de la ciudad.
