CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
El alcalde Marco Tulio Ruíz realizó una visita al predio donde se proyecta la construcción del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) para la Comuna VII, acompañado por ediles y representantes comunitarios, como parte del seguimiento a iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura de salud del municipio.
El lote destinado para la obra está ubicado en la carrera 44 con calle 49A, barrio Rivarca. La iniciativa busca ampliar la cobertura y mejorar el acceso oportuno a servicios básicos de salud para los habitantes de este sector y zonas aledañas.
Para financiar el proyecto, la Administración Municipal y la ESE Salud Yopal adelantarán gestiones ante el Gobierno Nacional en procura de recursos cercanos a los $6.000 millones.
En caso de que esa financiación no se concrete, desde el gobierno local se estudia la posibilidad de destinar recursos propios, con la meta de garantizar la ejecución y proyectar su puesta en funcionamiento hacia 2027.
De concretarse, el nuevo CAPS reforzaría la red de atención primaria en salud, un nivel necesario para la prevención, el diagnóstico temprano y la atención cercana a esta comunidad, especialmente en sectores que han demandado mayor presencia de servicios médicos.
Este viernes a las 7:00 de la noche finaliza la campaña “Casanare Unido por Córdoba”, iniciativa que durante siete días convocó a los casanareños a donar alimentos no perecederos, ropa nueva y usada, calzado, concentrado para perros y gatos, utensilios de cocina y kits de cama para las familias afectadas por el frente frío vigente en el país. Este mismo fenómeno natural ha tenido coletazos en Casanare, donde también se han registrado lluvias y afectaciones en Sabanalarga.
Durante la jornada solidaria se han reunido más de siete toneladas de ayudas, las cuales comenzarán a enviarse este lunes. El primer despacho será encabezado por el gobernador César Ortiz Zorro, quien acompañará la salida del cargamento hacia Córdoba, donde numerosas familias esperan este apoyo tras haberlo perdido todo por las fuertes precipitaciones.
La campaña ha contado con el respaldo de los organismos de socorro, la Fuerza Pública y las diferentes dependencias de la Gobernación de Casanare, bajo la coordinación de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, que lideró la actividad logística y organizativa.
A esta iniciativa se vincularon cinco municipios: Recetor, Villanueva, Trinidad, Orocué y San Luis de Palenque. De ellos, Recetor ya realizó la entrega de lo recaudado en el punto de acopio en el departamento, mientras que los demás municipios estarán trasladando sus ayudas durante el transcurso de este viernes y sábado. Con el cierre de la convocatoria este viernes en la noche, se da fin a una de las jornadas solidarias más representativas de los últimos meses en este territorio.
El aumento de residuos como bolsas, llantas, escombros y material vegetal en calles, lotes y zonas verdes de Yopal, ha encendido las alarmas por una situación que no solo afecta la imagen de la ciudad, sino también la salud pública y el medio ambiente.
Frente a este panorama, la administración municipal viene adelantando acciones concretas para mejorar el manejo de los residuos sólidos. Esta iniciativa se consolida a través del trabajo articulado con distintos actores del sector, buscando mitigar la problemática y promover una cultura ciudadana responsable.
Reducir puntos críticos de basuras
En este sentido, se han activado de manera conjunta las acciones contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). El propósito es reducir los puntos críticos de acumulación de basura, llantas, escombros y material vegetal.
Esta hoja de ruta permitirá fortalecer los procesos de recolección, aprovechamiento y disposición final, garantizando una gestión más eficiente y sostenible para toda la comunidad.
Durante una jornada de trabajo interinstitucional, la Secretaría de Infraestructura socializó los lineamientos y estrategias a corto plazo con las diferentes dependencias municipales, empresas de aseo, Policía Nacional y Asociaciones de Recicladores, coordinando acciones inmediatas para enfrentar la problemática de manera integral.
El gobierno del alcalde Marco Tulio Ruíz, al hacer frente a esta situación, fortalece su compromiso con el ordenamiento urbano, la salud pública y la protección del medio ambiente, e invita a todos los yopaleños a sumarse a esta estrategia como actores clave en la cadena de gestión de residuos.
-
CASANARE6 horas agoMás de siete toneladas de ayudas recaudadas en Casanare para damnificados de Córdoba
-
CASANARE7 horas agoModernización del alumbrado público en Villa David avanza rápidamente
-
CASANARE7 horas agoAlcaldía de Yopal analiza situación de residuos sólidos en la ciudad
-
CASANARE5 horas agoAlcalde de Yopal visitó predio para nuevo CAPS en la Comuna VII