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CASANARE

Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare

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HENRY TORRES ESCALANTE

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.

Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.

Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.

En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.

A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.

Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.

¿Qué determina la JEP?

La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.

En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.

¿Qué sigue? 

Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.

Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

 

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Comerciante de Villanueva murió tras ser atacado con arma blanca por un migrante

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Osma Ezequiel Pinzón, de 55 años, murió durante la madrugada de este miércoles 17 de junio luego de ser atacado con arma blanca en el sector conocido como la entrada al antiguo DAS, sobre la vía que conduce a la vereda El Triunfo, en zona rural de Villanueva. Por este hecho, las autoridades capturaron a una persona señalada de presuntamente haber participado en la agresión.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, el presunto responsable es una persona migrante de 25 años, cuya captura fue posible gracias a la reacción de las autoridades, el apoyo de la ciudadanía y el sistema de cámaras de seguridad instalado en el sector.

Información recopilada indica que la víctima era propietaria de un establecimiento dedicado a la venta de alimentos ubicado en la vereda El Triunfo. Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Nacional y funcionarios encargados de los actos urgentes para realizar las diligencias de inspección técnica y levantamiento del cuerpo.

Las circunstancias en las que ocurrió el homicidio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones judiciales contra la persona capturada.

Fuente: Conexión Noticias

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Denuncian que Unitrópico ha gastado más de 3 mil millones a través del rubro de “internacionalización”

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Estudiantes de la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) denunciaron despilfarro de recursos sin control a través de las políticas de internacionalización de la institución, al considerar que los recursos públicos deberían estar más orientados a fortalecer la formación académica, cultural y deportiva de los estudiantes, y no al disfrute de funcionarios y representantes del Consejo Directivo. Además, hicieron un llamado a la comunidad universitaria para ejercer mayor veeduría sobre la inversión de los recursos públicos.

La petición fue formulada por Iván Ricardo Nieto y Fabián Torres, estudiantes de la institución y candidatos a representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo, quienes manifestaron su preocupación por lo que consideran una desproporción entre los recursos destinados a funcionarios y los dirigidos directamente al estudiantado. Según señalaron, la internacionalización debe generar beneficios tangibles para los alumnos, al ser estos los principales destinatarios de la educación pública.

Los denunciantes también cuestionaron la transparencia en la ejecución de algunos gastos asociados a este proceso, al indicar que no existiría suficiente claridad sobre el origen y la justificación de ciertos desembolsos. En ese sentido, pidieron un mayor control sobre la forma en que se administran los recursos asignados a este componente institucional.

De acuerdo con las declaraciones de los estudiantes, entre los años 2023 y 2025 la universidad habría destinado más de 3.000 millones de pesos a viáticos, viajes y actividades relacionadas con la internacionalización. Según su denuncia, estos recursos habrían sido utilizados principalmente en desplazamientos al exterior, participación en eventos académicos, manutención, tiquetes y otras actividades que, en una proporción considerable, habrían beneficiado a funcionarios y miembros del Consejo Superior y no a estudiantes.

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Brutal caso de violencia intrafamiliar en Yopal dejó cuatro personas heridas y un capturado con pronóstico reservado

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Un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrido la noche del pasado jueves 11 de junio en el barrio El Portal de Yopal estuvo a punto de desencadenar una tragedia de mayores proporciones. Según información preliminar, un hombre que habría llegado a su vivienda en aparente estado de embriaguez inició una fuerte discusión con su compañera sentimental, a quien presuntamente agredió física y verbalmente frente a sus hijos, hijastros del hombre.

De acuerdo con el reporte conocido, los hijos de la mujer intervinieron para defenderla, momento en el que el presunto agresor tomó armas blancas e hirió a un hijastro de 26 años  y a una hijastra de 22 años. En medio de la confrontación, los familiares habrían reaccionado para repeler el ataque, ocasionándole varias lesiones en la cabeza al hombre con una varilla, quien posteriormente debió ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece con pronóstico reservado.

La situación escaló aún más cuando el sujeto, al verse golpeado, tomó un machete y persiguió a las víctimas hasta una vía principal cercana, donde habría lesionado a una joven que se encontraba en las inmediaciones de un establecimiento comercial y que, según las versiones recopiladas, no tenía relación directa con la disputa familiar.

La oportuna intervención de la Policía permitió controlar la situación y capturar al presunto agresor por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer completamente este violento hecho que dejó cuatro personas lesionadas y que, de no haber sido atendido a tiempo, pudo terminar en una tragedia con consecuencias mucho más graves.

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