CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
Impresionantes resultados de gestión dio a conocer la Directora del Sena en Casanare
El SENA Casanare presentó los resultados de Gestión correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. El balance destaca avances significativos en formación, empleabilidad, emprendimiento, inclusión social e infraestructura, generando un impacto directo en la calidad de vida de los casanareños.
En el ámbito de la formación, la entidad atendió a más de 58.000 aprendices en programas titulados y complementarios. El 57% fueron mujeres (32.954), consolidando el compromiso institucional con el cierre de brechas y la equidad de género. Durante esta vigencia, el SENA amplió su presencia territorial con la puesta en funcionamiento de la subsede Túa, en Monterrey, llevando más oportunidades educativas a comunidades que históricamente habían contado con menor acceso a formación técnica y tecnológica.
En empleabilidad, la Agencia Pública de Empleo logró colocar laboralmente a 6.858 personas, superando la meta en un 139%. Este resultado fue posible gracias a la gestión de 37.006 vacantes, así como a procesos de orientación ocupacional que beneficiaron a 16.257 casanareños, incluyendo jóvenes, comunidades étnicas y población vulnerable.
En materia de emprendimiento, la Regional registró la creación de 27 nuevas empresas, el fortalecimiento de 50 unidades productivas y la financiación de 42 iniciativas mediante Fondo Emprender, impulsando el crecimiento económico local y la generación de empleo.
Más de 4 mil personas certificadas en competencias
Durante la vigencia el SENA Casanare también fortaleció los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, alcanzando 4.799 certificaciones expedidas a trabajadores y productores de diversos sectores. Este proceso benefició a personas con discapacidad, campesinos, mujeres, población de la economía popular y comunidades étnicas, contribuyendo a la cualificación del talento humano en el territorio.
En inclusión social, el SENA brindó atención integral a víctimas del conflicto armado: 1.029 personas lograron vincularse laboralmente, y 3.191 recibieron orientación ocupacional. En el sector rural, la estrategia CampeSENA atendió a 4.377 campesinos, impactando a 178 asociaciones y promoviendo la creación de 26 unidades productivas. Por su parte, Full Popular —estrategia nacional que impulsa la formación y el fortalecimiento de iniciativas de economía popular— formó a 2.832 personas, contribuyendo al crecimiento de emprendimientos familiares y comunitarios.
Más Obras por Impuestos
En infraestructura, la Regional destacó importantes avances. En Paz de Ariporo, se ejecutó un proyecto de modernización de 26 ambientes de formación y la dotación de 6 aulas móviles, gracias al mecanismo de obras por impuestos, financiado por la empresa Parex Resources, con una inversión superior a $12.300 millones.
También en esta subsede se implementó un moderno sistema solar fotovoltaico, financiado con recursos propios por más de $1.900 millones, que contribuye a la generación de energía limpia, la reducción de costos operativos, la descarbonización del sector energético, y permite la formación especializada mediante dos entrenadores modulares para el aprendizaje en tecnologías solares.
La entidad también reportó un 90% de avance en el proyecto de ampliación del Centro Agroindustrial de Yopal, que fortalecerá la infraestructura educativa regional.
Finalmente, en transparencia y atención al ciudadano, el SENA respondió 2.441 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias dentro de los tiempos establecidos. La ejecución presupuestal alcanzó niveles óptimos: 98% en 2024 y 87% en lo corrido de 2025, con 107 procesos de contratación desarrollados bajo criterios de eficiencia y transparencia.
El balance de gestión demuestra que el SENA Casanare continúa consolidándose como un motor de desarrollo para el departamento, impulsando la formación, la productividad, la innovación y las oportunidades para miles de ciudadanos.
CASANARE
Alcaldía de Yopal presentó proyecto para corregir titulación en La Bendición y Alameda Marta Mojica
La secretaria de Planeación de Yopal, Narda Consuelo Perilla, explicó las razones que motivaron la presentación de un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, que busca otorgar facultades al alcalde para adelantar un proceso de englobe y posterior desenglobe de los predios correspondientes a La Bendición y Alameda Marta Mojica, con el fin de corregir inconsistencias detectadas en la titulación.
Según la funcionaria, cuando se realizó la asignación inicial de los lotes no se adelantó un estudio de títulos profundo, situación que generó un inconveniente al momento de inscribir en la Oficina de Registro el Decreto 248, el cual fue rechazado. A partir de este hecho, la Administración Municipal, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, realizó el estudio detallado de los títulos y encontró varias imprecisiones jurídicas que obligan a reiniciar parte del proceso.
“Nos tocó hacer el estudio de títulos con el Ministerio de Vivienda y hallamos imprecisiones. Por eso debemos solicitar estas facultades, volver a asignar —a las mismas personas— y reiniciar el proceso de titulación”, indicó Perilla.
Aunque el trámite debe arrancar prácticamente desde cero, la Secretaría enfatizó que no se requiere adquirir nuevos predios, pues el trabajo se centrará en unificar (englobe) y luego dividir nuevamente (desenglobe) los terrenos para proceder con el registro correcto, expedir una nueva resolución de asignación y remitir finalmente los expedientes a escrituración.
Estaría listo entre marzo y abril
La funcionaria señaló que el proceso no es inmediato debido a los tiempos de registro, pero estima que la protocolización podría concretarse entre marzo y abril del próximo año, siempre que el Concejo otorgue las facultades solicitadas.
Respecto al impacto que este ajuste podría tener en otros proyectos vinculados a Alameda Marta Mojica, Perilla aseguró que no existe afectación en las iniciativas que avanzan de manera paralela. Añadió que una vez se consolide el procedimiento de La Bendición, Planeación Municipal revisará Alameda Marta Mojica y, si es necesario, se harán ajustes al plan parcial correspondiente.
La Secretaría destacó que el objetivo es garantizar un proceso de titulación seguro, transparente y sustentado jurídicamente para las familias beneficiarias, evitando futuros rechazos o irregularidades en la inscripción de los actos administrativos.
CASANARE
Ministro de Minas nada que le da la cara a Casanare y Meta para definir precios del gas
Fue suspendido temporalmente el Puesto de Mando Unificado (PMU). convocado para revisar las tarifas del gas en los departamentos de Casanare y Meta. La decisión se tomó con el objetivo de continuar las mesas técnicas esta semana, en busca de una solución definitiva que responda a las necesidades de las comunidades afectadas.
La solicitud de suspensión fue presentada por la Mesa del PMU quienes además propusieron la realización de una nueva reunión antes del 28 de noviembre, con la presencia del Ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol. El propósito: avanzar hacia un acuerdo que garantice tarifas justas y sostenibles para los usuarios del gas en la región.
Se espera que esta semana, con presencia de los dirigentes del orden nacional se pueda avanzar en la solución de la problemática que mantiene en vilo el abastecimiento del combustible para los dos departamentos, irónicamente, los que más gas le aportan a la producción nacional.
La reunión estuvo liderada por el alcalde de Aguazul Nelson Camacho, gremios del gas, Ecopetrol y líderes regionales, Comité Cívico pro Tarifas del Gas de Casanare y Meta.
También estuvieron los Alcaldes de Orocué, Anderson Bernal, Yopal, Marco Tulio Ruiz, Trinidad, Damaris Abril y Villavicencio, Alexander Baquero, representes del Gobernador de Casanare, César Zorro, la Gerente de Enerca, Nubia Castro, y el Secretario de Minas y Energía, Gabriel Felipe Suescun de la Gobernación del Meta.
Se espera que en la próxima sesión, con presencia de los altos funcionarios nacionales, se logren avances concretos que permitan cerrar este capítulo con soluciones reales para Casanare y Meta.
-
CASANARE11 horas agoImpresionantes resultados de gestión dio a conocer la Directora del Sena en Casanare
-
CASANARE13 horas agoAlcaldía de Yopal presentó proyecto para corregir titulación en La Bendición y Alameda Marta Mojica
-
CASANARE13 horas agoMinistro de Minas nada que le da la cara a Casanare y Meta para definir precios del gas
-
NACIONALES14 horas agoICETEX y Rosetta Stone abren convocatoria para cursos virtuales de inglés


