CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Yopal aseguró una inversión de cerca de $7.000 millones gracias a la gestión del alcalde Marco Tulio Ruíz ante el Ministerio de Salud. Estos recursos están destinados a transformar la ESE Salud Yopal, elevando el estándar de atención para miles de familias que dependen de la red pública municipal con más equipos y mejor infraestructura.
La inversión principal, aprobada mediante tres resoluciones, incluye $2.347 millones para la adquisición de equipos biomédicos. Esta dotación busca fortalecer los servicios de la red pública, optimizando la capacidad diagnóstica y asegurando una atención más oportuna y precisa para los usuarios.
Además, se destinaron $3.809 millones para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en el Hospital Central de Yopal y siete Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). este proyecto reducirá costos energéticos, minimizará el impacto ambiental y mejorará la sostenibilidad en la prestación de servicios sanitarios.
Un monto de $519 millones se asignó para la adecuación del Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de Punto Nuevo, beneficiando a las familias del sector rural. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor de la administración municipal para recuperar infraestructura sanitaria en zonas rurales y ampliar el acceso a servicios esenciales.
En paralelo, la administración ha habilitado el PAPS de Tacarimena, sumándose a los puestos de La Chaparrera, Quebradaseca y El Morro. El municipio también proyecta la construcción de nuevos puestos en El Taladro y Mata de Limón, superando la meta del plan de desarrollo en cuanto a intervenciones rurales y fortaleciendo la red pública.
La Alcaldía de Yopal ratificó ante el Concejo Municipal, que enfrenta un desafío significativo en la expedición de facturas del Impuesto Predial debido a inconsistencias en la base de datos catastral entregada por el operador Catasig. Según el asesor jurídico de la alcaldía, Édgar Paerez, se han detectado más de 16.000 errores en los registros, lo que ha generado preocupación entre los contribuyentes.
Errores detectados y respuesta de Catasig
Entre los errores detectados se encuentran avalúos en cero, cédulas de ciudadanos sin número de identificación y unidades habitacionales sin área de terreno de construcción. Catasig ha respondido que no corregirá los errores de oficio y que los ciudadanos deben presentar solicitudes individuales para corregirlos a través del mecanismo de conservación catastral. Es decir, a los contribuyentes cuyas facturas tengan errores por exagerados avalúos les corresponderá solicitar la revisión aportando todos los soportes que exige Catasig, incluida la topografía del predio.
Impacto en los contribuyentes y medidas de la alcaldía
Esto significa que cada ciudadano que detecte un error deberá presentar una solicitud con pruebas y documentos para que Catasig lo corrija. La alcaldía ha expresado su preocupación por el impacto que esto tendrá en los contribuyentes y ha anunciado que ante la premura aplicará la base de datos con los errores detectados, ya que no tiene la competencia para corregirlos. Los contribuyentes a quienes la factura sea muy elevada, deberán solicitar la revisión ante Catasig, si el error es por sobrevaloración o error del avalúo; y ante la Alcaldía, si el error es por mal aplicación de la tarifa.
Plazos y descuentos
Teniendo en cuenta que el tiempo ha corrido en 2026 y no se han expedido las facturas para que los contribuyentes cancelen, la Alcaldía de Yopal ha radicado un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para ampliar el calendario tributario y ofrecer alivios a los contribuyentes. La primera fecha de pago con descuento se ha pospuesto para el 31 de mayo.
Recomendaciones a los contribuyentes
La alcaldía recomienda a los contribuyentes revisar sus facturas cuidadosamente y presentar reclamaciones ante Catasig si detectan errores por avalúos. Es importante tener en cuenta que la alcaldía no puede modificar los errores catastrales y que los ciudadanos deben acudir a Catasig para resolverlos.
CASANARE
Estos son los acuerdos logrados con el gobierno nacional y Perenco para garantizar suministro de gas en Casanare
El gobierno nacional celebró el acuerdo logrado con autoridades locales, comunidades y empresas del sector energético de Casanare, que permitirá asegurar el abastecimiento temporal de gas natural mientras se avanza en la ampliación de redes de distribución en varios municipios del departamento. La medida beneficiará a usuarios rurales actualmente no formalizados en municipios como Aguazul, Maní, Yopal, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué y Paz de Ariporo.
El acuerdo se logró en una reunión de negociación directa para definir soluciones transitorias que permitan garantizar el abastecimiento de gas natural combustible y avanzar en la formalización de usuarios rurales. En el encuentro se acordó que la empresa Perenco Colombia Limited aportará temporalmente parte del gas natural que tiene contratado en el mercado mayorista para garantizar el abastecimiento durante el proceso de transición.
Asimismo, se coordinará el transporte del gas y se cubrirán los costos asociados a la conducción y suministro durante el periodo inicial mientras se consolidan soluciones estructurales para el servicio.
