CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Recetor y Chámeza serán escenario de una nueva jornada del Hospital Itinerante, una estrategia liderada por el gobernador César Ortiz Zorro, que sigue acercando servicios de salud gratuitos a comunidades con acceso limitado a la atención médica.
Durante las jornadas, la población podrá acceder a servicios en pediatría, psicología, optometría, ginecología, medicina general y odontología, así como vacunación, planificación familiar y controles de crecimiento y desarrollo. También se realizarán procedimientos como resección de lipomas y atención de hernias umbilicales, junto con actividades de promoción y prevención, educación en salud mental, nutrición y salud oral, y tamizajes para Chagas, sífilis y VIH.
La secretaria de Salud, Tatiana Chávez Duque, afirmó que en 2026 se retomó esta iniciativa que ha permitido ampliar la cobertura en distintos municipios. A la fecha, se han llevado a cabo 23 jornadas en el departamento, con más de 42.700 atenciones y 788 procedimientos quirúrgicos.
Estas jornadas se realizan con el apoyo del Hospital Regional de la Orinoquía, las alcaldías y Red Salud Casanare, en un trabajo articulado que busca facilitar el acceso a servicios médicos en diferentes zonas del departamento.
Las actividades se cumplirán el 27 de marzo en Recetor y el 28 y 29 de marzo en Chámeza, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en los centros de salud de cada municipio.
CASANARE
Yopal avanza con plan de vacunación escalonado contra el dengue para proteger a la infancia
Yopal continúa con la implementación del Plan Escalonado de Vacunación contra el dengue, una iniciativa liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud de la Gobernación de Casanare. Esta estrategia busca pYopal, roteger a niños y niñas de 9 años o que cursan cuarto grado de primaria, quienes son uno de los grupos más vulnerables ante la enfermedad que sigue afectando a las familias en el departamento.
Actualmente, las IPS del municipio de Yopal disponen de 2.500 dosis del biológico, con las cuales se espera inmunizar gratuitamente a un número equivalente de menores con la primera dosis. La vacuna es un recurso crucial para prevenir síntomas severos, complicaciones que pueden ser graves y reducir los casos que requieran hospitalización.
El dengue es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti, presente en cerca del 80% del territorio colombiano. Con corte a la semana epidemiológica número 10 de 2026, Casanare ha registrado 206 casos de dengue, con 30 de ellos en Yopal. Del total departamental, el 51,7% presentó signos de alarma y el 0,7% fue clasificado como dengue grave.
A las medidas preventivas tradicionales, como la eliminación de criaderos, la fumigación y el uso de repelentes y mosquiteros, se suma ahora la vacunación como una herramienta fundamental para mitigar el impacto de esta enfermedad en la salud pública. Es esencial mantener todas las acciones de prevención de forma permanente.
La vacuna contra el dengue está indicada para personas entre los 4 y 60 años, sin importar antecedentes de haber padecido la enfermedad. La protección inicia 14 días después de la primera dosis, siendo fundamental completar el esquema con una segunda dosis a los tres meses. Se hace un llamado a madres, padres y cuidadores para que acudan a las IPS del municipio y accedan a esta vacuna gratuita.
El hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Cruz, reportado como desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo, ha generado profunda consternación en el municipio de Pore. La localización se produjo en el sector del río Güacharía, donde unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro adelantaron las primeras diligencias judiciales.
En el lugar hicieron presencia integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pore, junto con personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica, el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes. La zona fue acordonada mientras se recolectaban elementos materiales probatorios.
De acuerdo con las autoridades, el caso ya es materia de investigación y se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cruz. Aunque por ahora no se han entregado hipótesis oficiales, los investigadores trabajan en la recolección de análisis forenses que permitan establecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.
Entre tanto, la familia del fallecido y la comunidad de Pore permanecen a la espera de resultados que permitan conocer la verdad de lo ocurrido. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con celeridad en las indagaciones, con el fin de determinar las causas del deceso y establecer posibles responsabilidades.
