CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
Capturan a alias “El Costeño”, con 10 procesos judiciales, por violación de una mujer en Paz de Ariporo
En un operativo adelantado en el municipio de Aguazul, la Policía Nacional capturó a Over de Jesús Chacón, conocido con el alias de “El Costeño”, señalado de presuntamente cometer un acto sexual violento contra una mujer en zona rural de Paz de Ariporo.
De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido el pasado viernes santo 03 de abril de 2026 hacia las 5:00 am en la vereda El Tesoro, donde el individuo puso a la víctima en estado de vulnerabilidad, intimidándola y amenazándola con un arma blanca para someterla sexualmente.
Se conoció que el capturado presenta un amplio prontuario judicial que lo perfila como un actor criminal recurrente. Según la investigación, está vinculado a 10 procesos judiciales como indiciado, entre ellos cuatro por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; dos por porte ilegal de armas de fuego o municiones; dos por hurto agravado y calificado; uno por violencia intrafamiliar y otro por acto sexual violento. Además, registra nueve capturas en flagrancia entre los años 2013 y 2023.
Las autoridades avanzan con los actos urgentes para continuar con el proceso judicial del detenido, además de la recolección de material probatorio para su respectiva judicialización.
La Alcaldía de Yopal informó un avance del 70 % en las obras de pavimentación que se ejecutan en tres sectores estratégicos del municipio, tras una jornada de seguimiento liderada por la secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández.
Las intervenciones se desarrollan en la carrera 33A, la calle 23A entre carreras 24 y 27, y la carrera 28B. En estos tramos se han ejecutado labores como la instalación de sardineles, la conformación de base y subbase, y la renovación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario, con el fin de garantizar la integralidad de las obras.
De acuerdo con la funcionaria, los trabajos han registrado avances pese a ajustes técnicos asociados a la reposición de redes del alcantarillado sanitario y acueducto. “Las obras presentan un avance del 70 %. Se espera su entrega en los próximos meses”, señaló.
De manera paralela, avanzan las adecuaciones para la pavimentación de 4,5 kilómetros en la vía a Matepantano, en el tramo comprendido entre la Subasta Ganadera y la Estación de Policía de Yopal. En este corredor se ejecutan frentes de trabajo simultáneos para optimizar los tiempos de obra.
La disposición inadecuada de residuos sólidos continúa afectando espacios públicos en zonas urbanas y rurales de Yopal, a pesar de las jornadas de limpieza adelantadas por la Administración Municipal en puntos identificados como críticos.
Durante la reciente Tercera Jornada de “Juntos Cuidando a Yopal”, se recolectaron 1.310 toneladas de residuos, entre desechos sólidos, escombros, llantas y material vegetal, en diferentes sectores del municipio. En el marco de esta intervención, se atendieron puntos como la diagonal 47, la calle 32 con carrera 21 y la vía hacia la vereda Picón, en el sector La Pedrera, donde se realizaron labores de limpieza y recolección. En este último punto se desarrollaron, además, dos jornadas adicionales con apoyo de personal y maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, ante la acumulación recurrente de residuos.
Otra vez llenos de basuras
No obstante, las autoridades evidenciaron que estos mismos sectores han sido nuevamente ocupados con basuras, escombros, material vegetal, muebles y llantas en desuso.
Ante esta situación, la Administración Municipal solicitó intensificar los operativos de control en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades competentes, y avanzar en la aplicación de las medidas correctivas y sancionatorias previstas en la normatividad vigente frente a la disposición inadecuada de residuos.
Las autoridades reiteraron que el manejo adecuado de residuos y la conservación del espacio público requieren del cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía, con el fin de evitar afectaciones ambientales, sanitarias y de convivencia.
