CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
24 años de cárcel para cabecilla del Clan del Golfo que aceptó ordenar 21 asesinatos en Casanare
Por la ola de violencia registrada en diferentes municipios de Casanare entre 2020 y 2021, la Fiscalía General de la Nación identificó a un cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo, del ‘Clan del Golfo’ que ordenó, por cadena de mando, al menos 21 crímenes en la región.
Se trata de José Antonio Hernández Pérez, alias Zamir, quien mediante preacuerdo aceptó su responsabilidad en los asesinatos y fue condenado por un juez de conocimiento a 24 años y 10 meses de prisión.
Según la Fiscalía, las acciones delincuenciales se registraron en Yopal, Maní, Villanueva, Tauramena, Pore y Orocué, como parte del control territorial que ejercía este grupo armado en el territorio.
Uno de los crímenes que se le atribuyen, es el del líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paso Cusiana en Tauramena, Julio Velásquez Martínez, ocurrido el 7 de diciembre de 2020.
La víctima se encontraba en un taller de ornamentación en el momento que hombres, que se movilizaban en una motocicleta, lo atacaron con arma de fuego causándole la muerte.
El hecho se presentó porque se negó a trabajar con el grupo ilegal. Otro de los asesinatos, se registró el 9 de mayo de 2021, en Orocué, donde integrantes de la subestructura cumpliendo órdenes de alias Zamir, dispararon en repetidas ocasiones a
un hombre y posteriormente arrojaron su cuerpo a un río. El hecho se habría perpetrado porque la víctima supuestamente estaba suministrando información a las autoridades sobre las actividades de grupos armados en la región.
Por todo lo anterior, fue sentenciado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las tres conductas agravadas.
El ingeniero Guillermo Pérez asumió oficialmente como nuevo director de Política Sectorial del Departamento Administrativo de Planeación de Casanare.
Es profesional en Ingeniería Industrial, con estudios en ingeniería de telecomunicaciones, especialista en Administración, próximo especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y actualmente cursa una maestría en Dirección y Administración de Empresas. Cuenta además con certificaciones como auditor interno internacional, perito avaluador, evaluador de competencias laborales y en implementación y administración de normas ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001, entre otras.
Posee una amplia trayectoria como alto directivo, liderando la planeación y ejecución de proyectos de ingeniería en los sectores de hidrocarburos, construcción y sector público. En este último, se ha desempeñado como Secretario de Obras Públicas de Yopal, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E), Secretario de Tránsito (E), Director Departamental de Gestión del Riesgo de Casanare y Representante Legal del Fondo de Gestión del Riesgo.
CASANARE
Descuentos en sanciones e intereses de hasta el 90% a deudores de impuesto vehicular en Casanare
Por iniciativa del gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, la Asamblea Departamental aprobó un proyecto de ordenanza que establece significativos beneficios tributarios para los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto del impuesto sobre vehículos automotores, una medida orientada a aliviar la economía de los ciudadanos y fortalecer los recursos públicos destinados a la inversión social.
La iniciativa, impulsada por la Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Hacienda, permitirá a propietarios de motocicletas de más de 125 c.c. y vehículos particulares ponerse al día con sus obligaciones fiscales, mediante importantes reducciones en sanciones e intereses causados por mora.
El programa contempla un esquema de descuentos progresivos durante la vigencia 2026, incentivando el pronto pago y la normalización de la cartera tributaria del departamento.
Descuentos para deudores morosos:
Del 1 de enero al 30 de abril: Los contribuyentes morosos que realicen su pago en este periodo obtendrán hasta a un 90% de descuento en sanciones e intereses.
Del 1 de mayo al 31 de agosto: Durante esta etapa, el beneficio corresponderá hasta un 70% de descuento.
Del 1 de septiembre al 31 de diciembre: En la fase final del año, se otorgará hasta el 50% de descuento.
Para mayor información puede escribir a los correos electrónicos: rentas@casanare.gov.co o cobrocoactivo@casanare.gov.co
También se podrá realizar el trámite de liquidación acercándose a la oficina de Rentas Departamental o desde la página web: https://impuestos.casanare.gov.co/impuesto-vehiculos
“Con esta estrategia, la administración departamental busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mejorar la cultura de pago y consolidar las finanzas públicas, en beneficio del desarrollo social y económico de Casanare, por lo que invitamos a los casanareños a realizar el pago del impuesto vehicular y aprovechar esta oportunidad para ponerse al día”, manifestó Gloria Lucia Rivera, secretaria de Hacienda de Casanare.
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