CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
En la mañana de este lunes festivo, sobre las 06:40 horas, fue hallado el cuerpo sin vida de Gloria Maritza Jiménez, de 45 años, sumergido en un caño que pasa por la parte trasera de unas viviendas en el barrio La Floresta de Monterrey.
De acuerdo con el relato del padrastro de la víctima, desde hace dos días se desconocía su paradero. Al llegar a la vivienda observó el cuerpo en el caudal. En el lugar, el camino improvisado para ingresar por la parte trasera de la casa tiene una altura aproximada de 6 metros hasta el caño.
Según información preliminar, Jiménez el sábado, día del partido, se encontraba en estado de embriaguez y fue vista por última vez esa noche por su hermana.
Personal policial realizó los actos urgentes y, en la inspección inicial, no halló signos de violencia en el cuerpo. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del deceso.
En una operación coordinada en el terminal de transporte del municipio de Paz de Ariporo, unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJÍN, junto al Ejército Nacional, incautaron cinco costales que contenían 475 buzos militares tipo híbrido. El procedimiento se registró este lunes 29 de junio de 2026.
Según las autoridades, el material de intendencia provenía de la ciudad de Bogotá y tenía como destino el departamento de Arauca. Las investigaciones preliminares señalan que estos elementos estarían dirigidos a grupos armados organizados al margen de la ley que delinquen en la zona limítrofe entre Casanare y Arauca.
Las autoridades identificaron como posibles destinatarios al ELN y al Frente 28 de las FARC. El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las diligencias judiciales.
El caso fue vinculado a una noticia criminal matriz que se adelanta en contra de estas estructuras armadas por su accionar delictivo en la región fronteriza de los dos departamentos.
El gobernador César Ortiz Zorro llevó a cabo un recorrido por el municipio de Chámeza, para verificar el progreso de diversos proyectos de infraestructura. Durante la inspección, el mandatario constató un buen avance y la calidad de las obras que se ejecutan para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Acompañado por el alcalde Bernardo Pérez, el gobernador supervisó de cerca la construcción de la vía Chámeza río Upía hasta los límites con Páez, Boyacá, así como el Plan Centro del municipio. También se hizo seguimiento a la adecuación del puesto de salud de la cabecera municipal y a la implementación de tres Puestos de Atención Primaria en Salud en las veredas Jordán Bajo, Barriales y Guruvita.
Vivienda, Casa de la Cultura y Puentes
La agenda incluyó la revisión de proyectos de vivienda rural, la Casa de la Cultura, y la construcción por autoconstrucción de dos puentes en las veredas Mundo Viejo y Brisas del Tonce. Además, se verificó el avance en la instalación de fibra óptica y zonas WiFi tanto en el área urbana como rural, y el mejoramiento de vías rurales.
El gobernador Zorro recordó que en Chámeza ya han sido entregados dos puentes importantes, uno sobre la quebrada Caracoleña y otro sobre la quebrada Tegüitana. “No paramos, seguimos supervisando de primera mano las obras que dignifican y promueven el desarrollo de nuestro pueblo”, afirmó el gobernador, destacando que las obras muestran una buena etapa de ejecución y cumplen con los estándares de calidad.
Los proyectos que actualmente se desarrollan en Chámeza abarcan diversas áreas fundamentales para el municipio, incluyendo infraestructura vial, conectividad, turismo, salud, cultura y vivienda. Estas intervenciones se realizan tanto en la cabecera municipal como en varias veredas, llevando la inversión y el desarrollo a diferentes sectores de la comunidad.
