CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
Dos personas perdieron la vida en un siniestro vial ocurrido en el corredor que comunica a Yopal con el municipio de Pore, a la altura de la Estación de Bombeo Araguaney. El hecho involucró a un motociclista que embistió a una mujer que se movilizaba a pie por la vía.
Las víctimas fueron identificadas como Edwin David Barrios Molina, de 21 años y oriundo de Sácama, quien conducía una motocicleta de placas LDA 46H, y Raquelina Palacios Prieto, de 51 años, quien caminaba por el lugar al momento del impacto.
Al sitio acudió un equipo de atención prehospitalaria para brindar auxilio a los afectados; sin embargo, ambos ya no presentaban signos vitales. La violencia del choque provocó que fallecieran de manera inmediata en el lugar de los hechos.
Hasta el momento, las circunstancias en las que ocurrió el accidente no han sido esclarecidas. Tampoco se ha emitido un reporte oficial por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía en Casanare, mientras avanzan las indagaciones para determinar las causas del siniestro.
CASANARE
Diálogo en Morichal levantó protesta pacífica de la comunidad por doble calzada, agua y seguridad
Luego del diálogo entre la administración municipal, autoridades departamentales y la comunidad del corregimiento de Morichal, se lograron acuerdos que permitieron levantar la protesta que ya completaba dos días, relacionada con el proyecto de doble calzada y el suministro de energía para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua del sector, además de temas de seguridad.
Durante el encuentro, liderado por el gobernador de Casanare César Ortiz Zorro y el alcalde de Yopal Marco Tulio Ruiz, se socializaron y ratificaron varios compromisos encaminados a resolver de fondo las problemáticas planteadas por la comunidad. Entre ellos, la alcaldía informó que ya se realizó la identificación y el censo de usuarios del centro poblado, diagnóstico que permitirá que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) amplíe su área de prestación del servicio. En este proceso, el municipio entregará las redes y el proyecto mediante un aporte bajo condición, teniendo en cuenta que la línea de conducción desde la diagonal 47 hasta Morichal ya se encuentra construida.
En materia de infraestructura vial, el alcalde Marco Tulio Ruiz reiteró que, aunque la vía secundaria Yopal – Morichal no es competencia directa del municipio, “se viene adelantando gestión ante el Instituto Nacional de Vías (Invías) para culminar la doble calzada hacia este corregimiento, proyecto que ya cuenta con viabilidad”. Así mismo, se informó que la vía alterna La Esmeralda – Picón – Morichal fue habilitada y señalizada por parte de las secretarías de Infraestructura y Movilidad, con el fin de garantizar la movilidad de la comunidad.
Frente al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se explicó que esta infraestructura es operada por la EAAAY. no obstante, el alcalde confirmó que actualmente adelanta gestiones ante el Gobierno Nacional para conseguir recursos por $27.000 millones, destinados a optimizar y fortalecer el funcionamiento de esta planta.
Respecto a los temas de inseguridad en el sector denunciados por la comunidad, el Coronel Pablo Javier Galindo, Comandante del Departamento de Policía Casanare, señalo que ya se tiene definido la instalación de una Estación de Policía en el sector, pero que mientras ello ocurre se reforzarán patrullajes y presencia de unidades de vigilancia en horas especiales, donde se ha determinado la mayor ocurrencia de delitos.
Al final de la reunión se restableció la movilidad en la vía afectada por la protesta, y avanzar en soluciones concertadas para la comunidad.
Horas después de que autoridades anunciaran el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el corregimiento de Morichal, zona rural de Yopal, se registró un homicidio que vuelve a generar preocupación entre la comunidad. El hecho ocurrió la noche de este domingo 29 de marzo en un establecimiento público.
La víctima fue identificada como Omar Yesid Gualdrón Inocencio, de quien se conoció que se desempeñaba como encargado de una finca. El hombre fue atacado con arma de fuego y recibió al menos tres disparos que le causaron la muerte en el lugar.
De acuerdo con versiones iniciales, el crimen habría sido perpetrado por dos individuos vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta NKD. Los agresores interceptaron a la víctima, abrieron fuego y posteriormente huyeron con rumbo hacia el casco urbano de Yopal, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
El caso se presenta pocas horas después de una reunión en la que el comandante del Departamento de Policía Casanare, junto a autoridades locales, anunció acciones para contrarrestar delitos como hurto a fincas y robo de motocicletas, por los que se había generado una protesta de la comunidad. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.
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