CASANARE
Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.
A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.
Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Qué determina la JEP?
La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.
En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
¿Qué sigue?
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.
Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP
CASANARE
Yopal coordina jornadas de donación de sangre para fortalecer reservas y salvar vidas
En un esfuerzo conjunto con el Hospital Regional de la Orinoquía, Yopal está coordinando activas jornadas de donación de sangre. El objetivo principal es fortalecer la reserva de componentes sanguíneos para asegurar que ningún paciente se quede sin el apoyo vital que necesita, estando siempre preparados para salvar vidas en situaciones críticas.
Durante el año 2025, se realizaron seis jornadas de donación en el municipio, logrando recolectar 107 unidades de sangre, con un promedio de 17.8 unidades por campaña. Estas iniciativas son cruciales para garantizar reservas suficientes para la atención de pacientes que requieran transfusiones en casos de trauma, cirugías de urgencia o cualquier otro evento crítico.
Para el primer semestre de 2026, se han programado cinco jornadas de donación. A la fecha, una de ellas ya se ha llevado a cabo, con la captación de 17 unidades de sangre, lo que contribuye significativamente a seguir fortaleciendo las reservas estratégicas del banco de sangre del departamento de Casanare.
De mantenerse esta positiva tendencia, se proyecta que durante el primer semestre del año se puedan recolectar cerca de 90 unidades adicionales. Este incremento sustancial mejoraría la capacidad de respuesta frente a emergencias colectivas o eventos de desastre, garantizando una mayor seguridad para la comunidad.
Estas acciones forman parte integral del fortalecimiento del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en el municipio de Yopal. Se desarrollan en estrecha coordinación con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), lo que permite una mejor articulación entre la red hospitalaria y las estrategias comunitarias de atención.
La disponibilidad oportuna de sangre y sus derivados es un componente clave y fundamental dentro de la cadena de atención en emergencias. Permite responder de manera más efectiva y eficiente ante situaciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes, incrementando significativamente sus probabilidades de supervivencia.
CASANARE
Alcaldía anuncia inversión de más de $1.400 millones en infraestructura educativa para Yopal
La Secretaría de Educación de Yopal ha anunciado una inversión superior a los $1.400 millones para el mejoramiento de la infraestructura en cinco instituciones educativas del municipio. Este importante proyecto busca atender necesidades prioritarias identificadas tras una mesa de trabajo con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).
Las instituciones beneficiadas incluyen la sede principal de la I.E. Santa Teresa de Punto Nuevo, la I.E. La Inmaculada de Tilodirán, la I.E. Policarpa Salavarrieta de Morichal, la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento sede La Libertad y la I.E. Lorgio Rodríguez de El Taladro, donde además se construirá una residencia escolar.
El proyecto operará bajo un esquema de cofinanciación, donde la administración municipal aportará $516 millones de pesos, y el FFIE asumirá el monto restante necesario para la ejecución de las obras. Esta alianza estratégica busca maximizar el impacto de la inversión.
Wilborb Ricardo Leal, secretario de Educación (e), explicó que esta labor conjunta responde a demandas manifestadas por las comunidades educativas. Las mejoras se centrarán en unidades sanitarias y el cambio de cubiertas en aulas de clases de las instituciones educativas ubicadas en el área rural.
Se estima que las obras tendrán un periodo de ejecución de siete meses, una vez firmada el acta de inicio. Al finalizar, más de 1.450 estudiantes se beneficiarán directamente, contando con espacios más seguros y adecuados para su desarrollo académico y bienestar.
Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del alcalde Marco Tulio Ruiz y la Secretaría de Educación Municipal para fortalecer los entornos educativos. Durante 2025, ya se logró el mejoramiento de infraestructura en 10 sedes educativas, y con este nuevo convenio, se proyecta ampliar y consolidar un ambiente propicio para la calidad educativa.
CASANARE
50 yopaleños se capacitaron gratuitamente en operación de drones agrícolas
La Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Yopal, en un esfuerzo por modernizar el sector agrícola, realizó un curso gratuito sobre la introducción a la operación de drones DJI Agras. Esta iniciativa busca promover el uso de herramientas tecnológicas avanzadas en el campo.
Un total de 50 personas participaron en la jornada, recibiendo formación integral sobre el uso de drones en actividades productivas agrícolas. La capacitación cubrió conceptos básicos de los equipos DJI Agras, sus características principales, componentes y recomendaciones esenciales para su manejo y mantenimiento adecuado.
Además del componente teórico, los asistentes tuvieron la oportunidad de observar prácticas de vuelo. Estas demostraciones permitieron conocer de manera aplicada el funcionamiento de estos dispositivos en las labores agrícolas, mostrando su potencial para optimizar procesos en el campo. La actividad contó con el apoyo de las empresas aliadas Luyma S.A. y J-MAQ.
Daniel Sánchez, uno de los participantes, subrayó la importancia de estos espacios de aprendizaje. Resaltó la necesidad actual de capacitarse en el uso de nuevas tecnologías que están revolucionando y transformando los procesos productivos en el sector agrícola de la región.
José Tobías Díaz Alarcón, secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, explicó que estas jornadas forman parte de una estrategia de formación impulsada por la Administración Municipal. Su propósito es facilitar el acceso de la ciudadanía a herramientas tecnológicas que contribuyan al desarrollo productivo y la competitividad.
Esta capacitación se enmarca en las acciones continuas de la administración para fortalecer el conocimiento tecnológico en el municipio y promover su aplicación efectiva en sectores estratégicos como el agrícola, impulsando así el crecimiento económico y la innovación local.
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