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CASANARE

Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare

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HENRY TORRES ESCALANTE

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.

Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.

Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.

En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.

A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.

Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.

¿Qué determina la JEP?

La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.

En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.

¿Qué sigue? 

Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.

Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

 

CASANARE

Ecopetrol y FAO impulsan desarrollo apícola en Casanare, con primera gira de intercambio de experiencias

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En el municipio de Villanueva se llevó a cabo la primera gira de intercambio de experiencias de la cadena apícola, una iniciativa en la que apicultores de los municipios de Yopal y Aguazul se reunieron para aprender, compartir saberes y fortalecer sus capacidades técnicas y comerciales alrededor de la producción de miel, una actividad con alto potencial ambiental, productivo y económico para Casanare. Esta es la primera de seis giras del proyecto Red Agro Casanare desarrollada en el marco del convenio entre la FAO y Ecopetrol.

La actividad busca acercar a las familias productoras vinculadas a la Red, con transformadores y comercializadores, y fortalecer las capacidades técnicas y comerciales de organizaciones apícolas del departamento. Comprender de primera mano otros eslabones de la cadena de valor, facilita la adopción o adecuación de prácticas productivas, acorde con las necesidades de los actores que demandan y valorizan dichos productos.

La jornada contó con la participación de cuatro organizaciones de productores: Asobubuy, Apiyopal, Acapimor y Asoapisevilla (Junta de Acción Comunal de la vereda Sevilla), quienes encontraron en este espacio una oportunidad para crecer juntos, intercambiar experiencias reales y proyectarse como una cadena con visión empresarial.

Aprender desde la experiencia

La gira se desarrolló en alianza con Apifarma S.A.S., empresa referente en la transformación y comercialización de productos apícolas en el sur del departamento, que actualmente comercializa entre 8 y 10 toneladas de miel al mes.

En planta y en campo, los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre apicultura moderna y rentable, manejo sanitario de apiarios, costos de producción, cálculo de rentabilidad de la actividad apícola, preparación de colmenas para la cosecha y técnicas de reproducción, entre otros.

“Más que grandes tecnologías, se trata de cuidar los detalles: entender mejor a las abejas para que vivan bien y produzcan más”, explicó Eduardo Parra, fundador de Apifarma. “Aquí aprendieron a preparar una colmena para una buena cosecha, a identificar si tiene reina y a reproducir sus abejas para crecer de forma sostenible”.

Para María Irene Jiménez, de Acapimor, la experiencia fue clave: “Nos mostraron con claridad el punto de equilibrio para que un apicultor pueda vivir de esta actividad. También aprendimos sobre la selección adecuada de núcleos”.

Confianza, mercado y trabajo en red

Más allá del aprendizaje técnico, la gira fortaleció los lazos entre las organizaciones participantes. Heidi Pérez Moreno, coordinadora de la Red de Abastecimiento Agroalimentario para Casanare, destacó que el objetivo es generar encuentros que construyan confianza y abran oportunidades reales.

“La meta es realizar seis giras de intercambio entre familias productoras y posibles compradores en distintas cadenas de valor. No se trata solo de vender, sino de reconocerse, confiar y crecer juntos”, señaló.

Mujeres que lideran y heredan conocimiento

La gira se destacó por la participación de mujeres líderes en la apicultura, quienes hoy impulsan el fortalecimiento del sector y el relevo generacional en sus comunidades.

Vilma Vargas, integrante de Asobubuy, resaltó el valor del aprendizaje técnico y del trabajo colaborativo: “Nos preparamos cada día para ser mejores, para que más mujeres vean que este camino es posible y se animen a vincularse al proceso”.

Desde la vereda Sevilla, Dianiria Parra, destacó la importancia de compartir el conocimiento y proyectarlo en el tiempo: “Esta experiencia me permitió reforzar muchos conocimientos, especialmente sobre la división de las colmenas. Es importante poder compartir lo aprendido y dejar un legado para mi familia, mis hijos y mis vecinos, para que alguien continúe lo que uno aprende”.

Por su parte, Loley Bernal, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Sevilla y representante legal de Asoapisevilla, agradeció el espacio de intercambio: “Estas salidas nos motivan y nos fortalecen. Compartir con otros apicultores nos impulsa a seguir creciendo como organizaciones”.

Finalmente, Lizeth Dalel, integrante de Apiyopal, destacó el valor del intercambio entre productores: “Fue una gira muy interesante de conocimiento y de experiencias, de conocernos entre los diferentes apicultores y reconocer la valía de cada uno de nosotros frente a las experiencias en apicultura”.

Certificación y próximos pasos

Al cierre de la jornada, los participantes recibieron la certificación en “Apicultura Moderna y Rentable: Apiarios y Manejo Sanitario”. El siguiente paso será replicar estos conocimientos en cada organización, con el acompañamiento de los profesionales del proyecto, expertos en apicultura y comercialización, fortaleciendo así las unidades productivas desde lo técnico y lo productivo.

Las seis giras programadas en el departamento son una apuesta por consolidar la Red Agro Casanare como un motor de desarrollo sostenible y de oportunidades económicas reales para las comunidades rurales.

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En allanamiento en Yopal cayeron alias “Mustafá” y “Tatiana”, tenían armas y estupefacientes

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En Yopal, personal de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN del Departamento de Policía Casanare, llevó a cabo una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio La Campiña.

Durante el desarrollo de esta operación se logró la captura en flagrancia de dos personas, conocidas con los alias de “Mustafá” y “Tatiana”, por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Así mismo, se efectuó la incautación de cuatro (04) revólveres, una (01) pistola traumática, dos (02) escopetas, una de ellas de aire comprimido, seis kilos de marihuana, 400 gramos de clorhidrato de cocaína, elementos para la dosificación de estupefacientes y dinero en efectivo.

De acuerdo con el reporte policial, las personas capturadas presentan antecedentes como indiciados por delitos como tráfico de estupefacientes y hurto. Así mismo, la información recolectada indica que las armas incautadas estarían siendo utilizadas para la comisión de diferentes conductas delictivas en el municipio.

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Avanzan obras para prevenir colapso de la vía Yopal – El Morro en el sector de La Guamalera

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La Gobernación de Casanare, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, avanza en las obras de mitigación y protección en uno de los puntos más críticos del corredor vial Yopal – El Morro. Este tramo, afectado por procesos de socavación y obstrucciones en la quebrada La Guamalera, ha registrado bloqueos y pérdida de banca durante las temporadas invernales.

Durante una inspección técnica, Wilson Porras, director de la dependencia, verificó el avance de la intervención. Explicó que se construye un box culvert de 3 metros por 4 metros, una infraestructura que permitirá el paso de crecientes súbitas acompañadas de material rocoso. Las alcantarillas existentes resultaban insuficientes, provocando represamientos y alto riesgo.

Otras obras de protección

De manera complementaria, se adelantan obras de protección en gaviones, estructuras conformadas por mallas metálicas rellenas con piedra. Estas estructuras están diseñadas para estabilizar el talud y controlar la erosión, buscando frenar la socavación progresiva que año tras año afectaba la calzada y ponía en peligro la pérdida total de la carretera.

La intervención tiene como objetivo principal reducir el alto riesgo de pérdida total de la vía, un problema recurrente que ha afectado significativamente la movilidad y la seguridad de los transeúntes en esta importante conexión vial.

La Gobernación de Casanare mantiene un seguimiento permanente a la ejecución del proyecto, con el fin de asegurar que la obra esté completamente operativa antes del inicio de la primera temporada invernal del año 2026, garantizando así la transitabilidad y seguridad del corredor.

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