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Hallan en Lejanías fosa con restos de indígenas desaparecidos en 2013
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Meta, con apoyo del pueblo indígena Nasa (Páez) y la Comisión de Búsqueda de Comunes, recuperó en zona rural del municipio de Lejanías tres cuerpos y estructuras óseas que podrían corresponder a indígenas de la comunidad desaparecidos desde el 2013 durante el conflicto armado.
El Plan Regional de Búsqueda del Meta, que se encuentra en construcción, busca localizar en 26 de los 29 municipios del departamento a 7.710 personas dadas por desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado, de las cuales el 77 % correspondería a casos de desaparición forzada.
La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes, destacó la acción decidida de las familias indígenas Nasa, quienes buscan a 8 jóvenes reclutados ilegalmente entre 2010 y 2011, y la contribución en ese esfuerzo que los firmantes del Acuerdo de Paz. “Las víctimas no cesan de construir paz todos los días con su persistencia, con su dignidad y con su generosidad humana”.
La UBPD, como resultado de la investigación humanitaria y extrajudicial, pudo establecer que los cuerpos de los indígenas fueron inhumados en zona montañosa de Lejanías. Junto a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Búsqueda contrastó la información entregada, entre agosto de 2020 y enero 2021, por la Comisión de Búsqueda de Comunes, los datos aportados por las familias de las personas desaparecidas, la comunidad y los registros oficiales sobre hostilidades en la zona en 2013.
En los cerca de 780 metros cuadrados que fueron intervenidos en la acción humanitaria, la UBPD también recuperó elementos y prendas asociadas a las personas que estuvieron en la zona, lo que permitiría reconstruir los hechos que rodearon las circunstancias de la desaparición y la inhumación de los cuerpos.
Buscando desde los saberes ancestrales
Las familias y la comunidad indígena Nasa participan activamente en la búsqueda de sus jóvenes desaparecidos. Madres, padres y hermanos, además de entregar información sobre sus seres queridos, removieron rocas, retiraron tierra y ayudaron en las labores de prospección desde sus saberes ancestrales.
Una autoridad del pueblo Páez acompañó el proceso de prospección y recuperación, que se extendió por 12 días, y armonizó el terreno para proteger a las familias y al equipo de la UBPD. “Primero buscamos desde lo espiritual. Abrimos el camino en la montaña para los buscadores. Luego con las familias y la UBPD nos pusimos de acuerdo y empezamos a excavar”.
Para la UBPD, la búsqueda de las personas desaparecidas se debe hacer con enfoque territorial, diferencial, con respeto por la cosmovisión de los pueblos étnicos, en este caso del Nasa, a partir de sus necesidades y particularidades como comunidad indígena. Las estructuras óseas recuperadas fueron entregadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación, junto a muestras genéticas tomadas a sus posibles familiares y a otros miembros del pueblo Nasa.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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