META
Hallan en Lejanías fosa con restos de indígenas desaparecidos en 2013
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Meta, con apoyo del pueblo indígena Nasa (Páez) y la Comisión de Búsqueda de Comunes, recuperó en zona rural del municipio de Lejanías tres cuerpos y estructuras óseas que podrían corresponder a indígenas de la comunidad desaparecidos desde el 2013 durante el conflicto armado.
El Plan Regional de Búsqueda del Meta, que se encuentra en construcción, busca localizar en 26 de los 29 municipios del departamento a 7.710 personas dadas por desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado, de las cuales el 77 % correspondería a casos de desaparición forzada.
La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes, destacó la acción decidida de las familias indígenas Nasa, quienes buscan a 8 jóvenes reclutados ilegalmente entre 2010 y 2011, y la contribución en ese esfuerzo que los firmantes del Acuerdo de Paz. “Las víctimas no cesan de construir paz todos los días con su persistencia, con su dignidad y con su generosidad humana”.
La UBPD, como resultado de la investigación humanitaria y extrajudicial, pudo establecer que los cuerpos de los indígenas fueron inhumados en zona montañosa de Lejanías. Junto a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Búsqueda contrastó la información entregada, entre agosto de 2020 y enero 2021, por la Comisión de Búsqueda de Comunes, los datos aportados por las familias de las personas desaparecidas, la comunidad y los registros oficiales sobre hostilidades en la zona en 2013.
En los cerca de 780 metros cuadrados que fueron intervenidos en la acción humanitaria, la UBPD también recuperó elementos y prendas asociadas a las personas que estuvieron en la zona, lo que permitiría reconstruir los hechos que rodearon las circunstancias de la desaparición y la inhumación de los cuerpos.
Buscando desde los saberes ancestrales
Las familias y la comunidad indígena Nasa participan activamente en la búsqueda de sus jóvenes desaparecidos. Madres, padres y hermanos, además de entregar información sobre sus seres queridos, removieron rocas, retiraron tierra y ayudaron en las labores de prospección desde sus saberes ancestrales.
Una autoridad del pueblo Páez acompañó el proceso de prospección y recuperación, que se extendió por 12 días, y armonizó el terreno para proteger a las familias y al equipo de la UBPD. “Primero buscamos desde lo espiritual. Abrimos el camino en la montaña para los buscadores. Luego con las familias y la UBPD nos pusimos de acuerdo y empezamos a excavar”.
Para la UBPD, la búsqueda de las personas desaparecidas se debe hacer con enfoque territorial, diferencial, con respeto por la cosmovisión de los pueblos étnicos, en este caso del Nasa, a partir de sus necesidades y particularidades como comunidad indígena. Las estructuras óseas recuperadas fueron entregadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación, junto a muestras genéticas tomadas a sus posibles familiares y a otros miembros del pueblo Nasa.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-
Lo que hace algunos años fue un escenario de miedo, desplazamiento y abandono forzado, hoy es ejemplo de resiliencia, productividad y esperanza. La familia de Juan María Torres y Audita Acosta, víctimas del conflicto armado en San Juanito (Meta), logró consolidar con éxito su proyecto productivo de fríjol gracias al acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Según la sentencia emitida en favor de esta familia por la justicia especializada, los esposos habitaron durante décadas el predio ‘Buena Vista’, ubicado en la vereda El Carmen. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, los constantes enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública, así como las amenazas de reclutamiento forzado contra sus hijos, los obligaron a abandonar su tierra y desplazarse en el año 2004.
Tras el proceso de restitución, la URT garantizó la reparación integral de esta familia campesina mediante la implementación de un proyecto productivo de fríjol, con una inversión equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, recursos que permitieron fortalecer la producción agrícola, realizar adecuaciones en el predio y mejorar sus condiciones de trabajo.
La intervención también incluyó acciones de seguridad alimentaria, mediante la entrega de gallinas ponedoras, apoyo para la producción de maíz, el fortalecimiento de la cría de cerdos, cultivos de granadilla y la adecuación de una bodega para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.
Uno de los logros más significativos para la familia fue la entrega de una vivienda rural digna en el predio restituido, permitiéndoles regresar de manera definitiva a su tierra y reconstruir su proyecto de vida en condiciones adecuadas y seguras.
Actualmente, Juan y Audita continúan desarrollando sus actividades agrícolas y pecuarias, con cultivos de maíz y fríjol, además de la producción porcina. Su visión de futuro apunta ahora a diversificar su actividad económica mediante la siembra de sagú y la adquisición de una máquina para su procesamiento, iniciativa con la que buscan generar nuevos ingresos y fortalecer su emprendimiento rural.
El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, destacó este caso como un ejemplo del impacto transformador de la política pública de restitución: “nos llena de orgullo ver cómo las familias restituidas convierten las oportunidades en proyectos de vida sostenibles. Este caso demuestra que la restitución va mucho más allá de devolver la tierra; significa generar condiciones reales para que las víctimas permanezcan en el territorio, produzcan, mejoren su calidad de vida y construyan futuro con dignidad”.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
