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Fiscalía reveló vínculo del ELN con atentado a Escuela de Cadetes

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La investigación por el atentado a la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander fue priorizada y apoyada por un equipo de fiscales especializados y grupos de policía judicial de la Dijin de la Policía Nacional.

Como parte de este trabajo, se avanzó, de manera reservada y determinante, en la recopilación de evidencias y material probatorio para identificar y ubicar a los responsables de la acción terroristas que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas.

De esta manera, se logró la captura de ocho personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado ocurrido el 17 de enero de 2019; al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la escuela de cadetes, y se ocuparon nueve bienes entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos.

Los capturados son:
• Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central del ELN (COCE), para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque en la escuela de policía.


• Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín. Es señalado de escoltar en motocicleta la camioneta que fue usada en el atentado.


• Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco. Hay diferente evidencia que también la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado.


• Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá, que habrían servido para financiar la acción criminal. Esta persona es investigada por servir de testaferro y legalizar dineros producto de extorsiones y secuestros en Arauca y Cundinamarca.


• Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani. El material probatorio indica que, entre 2011 a 2019, habría recibido altas sumas de dinero de las que se desconoce su origen, y las consignó a dos cuentas de la red del ELN vinculada al atentado. Las transferencias ascendieron a 1.500 millones de pesos. Alias Dani era empleada del establecimiento de lácteos el Arauqueño, cuyo propietario es Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, procesado por el atentado (Sin foto).

• Jessica Catherine Barrientos, alias Jessica, integrante de comisión de finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN.


• Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos; y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas, hermanos de alias El Quesero, y responsables de actividades de lavado de activos. Contra alias Sebas se han realizado procedimientos en los que se incautaron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares camufladas en vehículos transportadores de queso. Adicionalmente, ha sido detenido por contrabando. (Sin foto)

Los capturados deberán responder por delitos contra las personas y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como:

• Homicidio en persona protegida en concurso homogéneo (pena de 40 a 50 años), por la muerte de los 22 cadetes.
• Tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, por los 89 heridos que dejó el ataque.

Asimismo, se les formularán cargos por:
• Actos de terrorismo (pena de 20 a 37 años).
• Financiamiento al terrorismo (pena 13 a 22 años).
• Lavado de activos (pena de 10 a 30 años).
• Enriquecimiento ilícito (pena de 8 a 15 meses).
• Rebelión (pena de 8 a 13 años).

Adicionalmente, se formulará nueva imputación contra Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo. Este hombre, capturado en mayo de 2019, fue condenado a finales del año pasado por un juez de Yopal (Casanare) a más de ocho años de prisión por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
Afectación al patrimonio del ELN

 

El rastreo realizado por peritos contables de la Fiscalía General de la Nación y las evidencias recopiladas por investigadores de la Dijin de la Policía Nacional permitieron identificar las bases financieras del denominado Frente de Guerra Oriental del ELN que abasteció de recursos, armas, explosivos, prendas de uso oficial y droga a las milicias urbanas y a diferentes estructuras ilegales en Arauca y zona de frontera con Venezuela.

En ese sentido, hoy se están afectando nueve (9) bienes con fines de extinción de dominio y se puso fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habrían servido para las actividades de inteligencia y adquisición de medios logísticos para realizar el atentado a la Escuela General Santander.

Las diligencias se adelantaron en Bogotá, Zipaquirá (Cundinamarca), Manizales (Caldas); y en el corregimiento La Esmeralda, en Arauquita (Arauca). Las propiedades afectadas son:

• Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldama S.A.S., registrada como una empresa dedicada a la distribución de productos lácteos.
• Cuatro establecimientos de comercio: Lácteos Villa Yulita, Quesera Los Andes, Distriquesos F.F y Lácteos Villa Esperanza.
• Cuatro vehículos.

El valor de los bienes asciende a 2 mil millones de pesos. De acuerdo con el material de prueba, la empresa de razón social Quesera Los Andes, ubicada en el barrio El Carmen (Bogotá), fue utilizada para acondicionar el vehículo que explotó en la escuela de cadetes.

Además se lograron establecer transacciones financieras por más de $ 2.200 millones de pesos, las cuales no cuentan con soportes contables. Asimismo, figura la omisión de declaración de impuestos ante la DIAN por un valor de $100 millones de pesos.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Colombia tendrá por primera vez una política pública de alimentación escolar

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La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.

“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.

La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:

  1. Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
  2. Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
  3. Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
  4. Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
  5. Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.

“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.

La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.

Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.

Fuente: Comunicaciones Mineducación

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Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia

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Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.

Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.

Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).

El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.

Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.

Fuente: Comunicaciones Función Pública

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Desempleo en marzo se redujo a 9,6 %, reveló DANE: El más bajo desde 2017

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El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.

De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).

La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).

El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.

Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.

​Ocupación por actividades

El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó  381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).

Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.

Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.

​Desempleo​ por ciudades

El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.

Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.

​Informalidad y juventud

El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.

El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.

En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.

Fuente: Comunicaciones DANE

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