NACIONALES
Fiscalía reveló vínculo del ELN con atentado a Escuela de Cadetes
La investigación por el atentado a la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander fue priorizada y apoyada por un equipo de fiscales especializados y grupos de policía judicial de la Dijin de la Policía Nacional.
Como parte de este trabajo, se avanzó, de manera reservada y determinante, en la recopilación de evidencias y material probatorio para identificar y ubicar a los responsables de la acción terroristas que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas.
De esta manera, se logró la captura de ocho personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado ocurrido el 17 de enero de 2019; al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la escuela de cadetes, y se ocuparon nueve bienes entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos.
Los capturados son:
• Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central del ELN (COCE), para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque en la escuela de policía.
• Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín. Es señalado de escoltar en motocicleta la camioneta que fue usada en el atentado.
• Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco. Hay diferente evidencia que también la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado.
• Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá, que habrían servido para financiar la acción criminal. Esta persona es investigada por servir de testaferro y legalizar dineros producto de extorsiones y secuestros en Arauca y Cundinamarca.
• Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani. El material probatorio indica que, entre 2011 a 2019, habría recibido altas sumas de dinero de las que se desconoce su origen, y las consignó a dos cuentas de la red del ELN vinculada al atentado. Las transferencias ascendieron a 1.500 millones de pesos. Alias Dani era empleada del establecimiento de lácteos el Arauqueño, cuyo propietario es Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, procesado por el atentado (Sin foto).
• Jessica Catherine Barrientos, alias Jessica, integrante de comisión de finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN.
• Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos; y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas, hermanos de alias El Quesero, y responsables de actividades de lavado de activos. Contra alias Sebas se han realizado procedimientos en los que se incautaron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares camufladas en vehículos transportadores de queso. Adicionalmente, ha sido detenido por contrabando. (Sin foto)
Los capturados deberán responder por delitos contra las personas y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como:
• Homicidio en persona protegida en concurso homogéneo (pena de 40 a 50 años), por la muerte de los 22 cadetes.
• Tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, por los 89 heridos que dejó el ataque.
Asimismo, se les formularán cargos por:
• Actos de terrorismo (pena de 20 a 37 años).
• Financiamiento al terrorismo (pena 13 a 22 años).
• Lavado de activos (pena de 10 a 30 años).
• Enriquecimiento ilícito (pena de 8 a 15 meses).
• Rebelión (pena de 8 a 13 años).
Adicionalmente, se formulará nueva imputación contra Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo. Este hombre, capturado en mayo de 2019, fue condenado a finales del año pasado por un juez de Yopal (Casanare) a más de ocho años de prisión por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
Afectación al patrimonio del ELN
El rastreo realizado por peritos contables de la Fiscalía General de la Nación y las evidencias recopiladas por investigadores de la Dijin de la Policía Nacional permitieron identificar las bases financieras del denominado Frente de Guerra Oriental del ELN que abasteció de recursos, armas, explosivos, prendas de uso oficial y droga a las milicias urbanas y a diferentes estructuras ilegales en Arauca y zona de frontera con Venezuela.
En ese sentido, hoy se están afectando nueve (9) bienes con fines de extinción de dominio y se puso fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habrían servido para las actividades de inteligencia y adquisición de medios logísticos para realizar el atentado a la Escuela General Santander.
Las diligencias se adelantaron en Bogotá, Zipaquirá (Cundinamarca), Manizales (Caldas); y en el corregimiento La Esmeralda, en Arauquita (Arauca). Las propiedades afectadas son:
• Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldama S.A.S., registrada como una empresa dedicada a la distribución de productos lácteos.
• Cuatro establecimientos de comercio: Lácteos Villa Yulita, Quesera Los Andes, Distriquesos F.F y Lácteos Villa Esperanza.
• Cuatro vehículos.
El valor de los bienes asciende a 2 mil millones de pesos. De acuerdo con el material de prueba, la empresa de razón social Quesera Los Andes, ubicada en el barrio El Carmen (Bogotá), fue utilizada para acondicionar el vehículo que explotó en la escuela de cadetes.
Además se lograron establecer transacciones financieras por más de $ 2.200 millones de pesos, las cuales no cuentan con soportes contables. Asimismo, figura la omisión de declaración de impuestos ante la DIAN por un valor de $100 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
NACIONALES
Ecopetrol libera cerca de 60 millones de barriles diarios de gas natural para garantizar suministro nacional
El Grupo Ecopetrol continúa adoptado decisiones estratégicas que garanticen el suministro de gas natural en todo el país.
A la asignación adicional de 2,7 Gbtu (millones de barriles diarios) de gas natural para garantizar el suministro de gas natural vehicular en Casanare y Meta, se suma un nuevo anuncio de comercialización del energético.
A partir del 1º de diciembre de 2025 la compañía ofrecerá para la venta entre 46 y 60 Gbtud de sus campos del Piedemonte Llanero. Estas cantidades equivalen aproximadamente al 20% de la demanda residencial, comercial y de gas natural vehicular del país.
La empresa estatal informó que este gas adicional estará disponible desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y se ofrecerá en dos modalidades definidas en la regulación vigente:
– En firme, que garantiza el suministro continuo durante el periodo contratado.
– Con interrupciones, que permite suspender el suministro en caso de limitaciones, según las reglas establecidas.
De acuerdo con Ecopetrol, en la modalidad ‘En firme’ se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 Gbtud para los meses de marzo a mayo de 2026, y serán comercializadas durante el trimestre de negociación que inicia en diciembre de 2025.
Y en la modalidad de ‘Interrumpible’ se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 Gbtud para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026, y serán comercializadas mensualmente, teniendo en cuenta las condiciones regulatorias vigentes que señalan que para el trimestre de diciembre a febrero sólo se permite la comercialización de gas bajo la modalidad Interrumpible.
“En Ecopetrol seguimos comprometidos en el abastecimiento de gas natural para todos los colombianos. Gracias a esfuerzos recientes de eficiencia, optimización y sustitución energética en varios de nuestros procesos productivos por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, podemos liberar mayores volúmenes para amentar la oferta de gas provenientes de nuestros campos en el Piedemonte Llanero”, declaró Bayron Triana Arias, Vicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición, de Ecopetrol.
Agregó el directivo que este incremento en la oferta refleja el compromiso de la compañía estatal con el país y con la transición energética. “Así avanzamos hacia un futuro con más energía limpia y más seguridad energética para todos los colombianos, y se contribuye al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y las metas de transición energética del Grupo Ecopetrol”, aseguró.
NACIONALES
La JEP no aceptó al exjefe jurídico de la Gobernación de Casanare en gobierno de Raúl Flórez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Henry Villarraga Oliveros, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no cumplió con el requisito de aportar verdad plena, presentó argumentos exculpatorios y negó la existencia de patrones macrocriminales ampliamente demostrados en su contra.
Según la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Villarraga omitió información clave que habría permitido esclarecer su presunto papel en el encubrimiento de graves crímenes del conflicto armado, particularmente en el caso del coronel (r) Robinson González del Río, investigado por ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
La JEP recordó que contra Villarraga cursan varios procesos penales y disciplinarios por, presuntamente, ofrecer asesoría ilegal al oficial retirado y comprometerse a influir para que uno de sus procesos fuera trasladado a la Justicia Penal Militar, buscando garantizar impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal especial concluyó que el exmagistrado incumplió las condiciones básicas exigidas para acceder a los beneficios del sistema transicional, pues su aporte se limitó a justificar sus actuaciones con argumentos jurídicos y a cuestionar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, alegando una supuesta “guerra jurídica” contra miembros de la fuerza pública.
Para la Sala, requerir nuevamente al solicitante para que hiciera un aporte de verdad sustancial representaría un desgaste injustificado del aparato judicial, más aún cuando Villarraga ha tenido múltiples oportunidades para hacerlo en los procesos que se adelantan en su contra.
El expediente fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde cursa un proceso disciplinario en etapa de acusación y otro penal cuya apertura quedó sin efectos. La JEP, además, rechazó cualquier discurso estigmatizante o desobligante frente a las víctimas, la sociedad y las instituciones del Estado.
El Senador José Vicente Carreño Castro radicó el Proyecto de Ley 135 de 2025 que reconoce y establece “a los agentes de protección o escoltas requeridos como una profesión y/u oficio de alto riesgo”, en la medida que este trabajo está en proteger a personas con la posibilidad de sufrir un atentado, por lo que deben prevenir y enfrentar este tipo de eventualidad, lo que de inmediato los convierte también en blanco de los agresores.
Carreño Castro reveló que “al establecer de alto riesgo esta profesión u oficio, los agentes de protección o escoltas quedan cobijados en las ´Pensiones especiales de vejez´, establecido en los Artículos 3 al 10 del Decreto 2090 de 2003, adicionando esta iniciativa legislativa una modificación al Artículo 8 –modificado a la vez por el Artículo 1 del Decreto 2655 de 2014- en el sentido de que este régimen especial de pensión, incluye a los trabajadores vinculados a esta actividad hasta el 31 de diciembre de 2034, y no solo hasta el 31 de diciembre de 2024, como lo establece el mencionado Decreto 2655”.
La iniciativa legislativa –que ahora pasa a la Comisión VII del Senado- le fija al SENA la tarea de estructurar “un pensum académico con ciclos de competencias laborales, técnico, tecnólogo y profesional en seguridad dirigido este personal, para lo cual podrá celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales”, con el fin de que este ejercicio no solo sea considerado un oficio, sino además como una nueva profesión con todos la validación constitucional y legal, como la plantea el mencionado proyecto de ley.
