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Fiscalía pide investigar Jueces y Abogados por acciones cuestionables en libertad de JJ Torres

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En carta dirigida al presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, expresó su preocupación por decisiones cuestionables y otras inconsistencias presentadas, en el tema de la libertad del alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres.

La reciente orden judicial que dejó en libertad al actual alcalde de Yopal por un presunto vencimiento de términos, motivó la carta del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, en la que pide investigar las actuaciones surtidas en el desarrollo del proceso penal.

En la misiva dirigida a Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General expresa su preocupación por las decisiones tomadas y otras irregularidades detectadas. Además, de no haberse tenido en cuenta que la persona beneficiada con la libertad está condenada por el delito de urbanización ilegal y enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Me dirijo a usted, con el objetivo de que la Corporación que preside considere estos hechos e investigue la conducta en la que pudieron incurrir abogados y Jueces dentro de esa actuación judicial” resalta la carta.

Las siguientes son las anomalías encontradas por la Fiscalía General de la Nación y que pide ser revisadas.

1. La defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado por existir dos procesos que avanzaban paralelamente por los mismos hechos. El juez de instancia concedió la nulidad sin explicación razonable y desconoció la jurisprudencia al respecto que, ante estas situaciones, no reconoce nulidad y señala que procede la conexidad procesal o el archivo de la investigación menos adelantada.

2. Iván de Jesús Dueñas García, Juez Único del Circuito Especializado de Yopal, quien tomó la decisión de nulidad, según registros del sistema de información de la Fiscalía (SPOA), fue condenado el 28 de mayo de 2015, por el delito de prevaricato al favorecer con una petición de libertad al exalcalde de Aguazul Mauricio Jiménez Pérez. La Condena contra el Juez está confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

3. La nulidad otorgada a John Jairo Torres Torres fue revocada por el Tribunal Superior de Yopal el 25 de enero de 2017. Solo hasta el 7 de abril del mismo año se fijó la continuación de la audiencia de acusación. Así que se perdieron 102 días en el proceso, tiempo que contribuyó al vencimiento de términos.

4. La defensa del Alcalde de Yopal renunció a la representación del procesado e impidió cumplir con la audiencia preparatoria programada para el 9 de junio de 2017. Llama la atención que cuatro días antes, es decir, el 5 de junio de 2017, un abogado acudió a un juez para pedir la libertad del señor Torres Torres. Así que: “hubo representación para solicitudes de libertad, pero no para avanzar en el proceso”.

El Fiscal General de la Nación pide que la justicia actúe para controlar los actos de dilación conscientes y que exceden cualquier límite de interpretación. “… es imprescindible que se fortalezca la capacidad de gestión de la administración de justicia, pues no es posible que un caso, con la trascendencia como el que se expone, tome tanto tiempo la fijación de audiencias” concluye el texto.

Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación

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Abren convocatoria para que prestadores turísticos de Casanare participen en ANATO 2026

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La Dirección Departamental de Cultura y Turismo abrió la convocatoria para seleccionar a catorce (14) prestadores de servicios turísticos que representarán a Casanare en la Vitrina Turística ANATO 2026, el escenario más importante del turismo en Colombia y Latinoamérica.

La Vitrina Turística ANATO se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero de 2026 en Corferias, Bogotá, y se consolida como un espacio estratégico para la promoción de destinos, la generación de negocios, el intercambio de conocimiento y la articulación entre los diferentes actores del sector turístico.

La participación de Casanare en esta vitrina permitirá visibilizar la diversidad de su oferta turística, destacando experiencias de turismo de naturaleza, avistamiento de fauna, turismo cultural, turismo rural comunitario y aviturismo, así como la riqueza ambiental de la Orinoquía y la identidad de la cultura llanera.

La convocatoria está dirigida a prestadores de servicios turísticos legalmente constituidos en el departamento, con Registro Nacional de Turismo (RNT) activo, que cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y legales establecidos en las bases del proceso. La selección se realizará mediante criterios objetivos que garantizan transparencia, calidad y representatividad territorial.

El proceso de inscripción estará abierto entre el 26 de enero y el 2 de febrero de 2026, y los resultados de los expositores seleccionados se publicarán el 6 de febrero de 2026 a través de los canales oficiales.

¿Cómo inscribirse?

Los prestadores de servicios turísticos interesados en participar deberán diligenciar el formulario de inscripción y cargar la documentación requerida a través del siguiente enlace: https://forms.gle/kZghX7BRtXRc8bVB6

Los formatos obligatorios (ficha de inscripción, autorizaciones y declaración juramentada) podrán descargarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Fn1d21ekQaDVsI7dFtwe21KIeNVy76mO

La inscripción estará habilitada hasta el 30 de enero de 2026 a las 6:00 p. m. y solo se tendrán en cuenta las postulaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria.

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Sospechan pozo séptico con restos humanos bajo antigua funeraria en barrio El Triunfo de Yopal

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Un posible pozo séptico utilizado décadas atrás para la disposición de restos humanos es la principal hipótesis detrás de una situación que mantiene en alerta a una familia del barrio El Triunfo en Yopal, afectada desde hace varios años por olores nauseabundos y persistentes dentro de su vivienda. Según los denunciantes, los hedores son similares a carne en descomposición y se intensifican al mediodía y en temporada de lluvias, deteriorando gravemente su calidad de vida.

De acuerdo con el testimonio de doña Oliva Torres, propietaria del inmueble afectado, el problema comenzó hace cinco o seis años, luego de que en la casa contigua se realizaran modificaciones estructurales. Desde entonces, los olores se filtran incluso a las habitaciones, presuntamente a través de paredes agrietadas, acompañados por la aparición repentina de moscas y larvas, situación que se ha agravado tras recientes trabajos de remodelación en su vivienda.

Funcionó una funeraria

Vecinos antiguos del sector aseguran que en la residencia contigua funcionó hace varias décadas una funeraria, donde se realizaban arreglos de cuerpos. Según estas versiones, en el lugar se habría construido un pozo séptico para depositar vísceras y residuos biológicos, lo que hoy genera sospechas sobre la posible descomposición de restos humanos como origen del problema. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

La familia afectada afirma haber acudido a distintas entidades, como la Alcaldía de Yopal, la Casa de Justicia y la Defensoría del Pueblo, sin obtener una solución definitiva. Ante los riesgos sanitarios y las afectaciones en la salud, especialmente de una menor en condición de discapacidad, reiteraron el llamado urgente a la Secretaría de Salud Municipal y a la Dirección de Salud Pública para que se realice una inspección técnica exhaustiva que permita confirmar o descartar la existencia del pozo séptico y adoptar medidas inmediatas.

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Contrato de $24 mil millones a microempresa barranquillera desata denuncias contra Capresoca EPS

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Una denuncia pública radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y otros organismos de control pone bajo la lupa la contratación adelantada por Capresoca EPS para la vigencia 2026, durante la administración de la Agente Especial de Intervención, Betty Cecilia Anaya Nieto. El documento advierte posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de la salud, con incrementos contractuales que superan ampliamente el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Según la denuncia, el caso más crítico corresponde al contrato 003-2026, suscrito con PROVITALY SAS por un valor cercano a los $24 mil millones de pesos para el suministro de medicamentos bajo la modalidad de cápita. Según el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, sede de PROVITALY SAS, es una microempresa constituida en 2018, con un capital autorizado y suscrito de apenas seis millones de pesos, lo que genera serios cuestionamientos sobre su capacidad financiera, técnica y operativa para ejecutar un contrato de tal magnitud en 14 municipios de Casanare.

Contrato 003.2026 suscrito con PROVITALY SAS para el suministro de medicamentos en 14 municipios

 

 

Certificado de existencia y representación legal de PROVITALY SAS

La denuncia señala que este contrato representa un incremento aproximado del 26 % frente a la vigencia anterior, pese a que los recursos que lo financian —la UPC— solo aumentaron 16,49 % para 2026. Además, se advierte que no habría evidencia de estudios financieros rigurosos ni de verificación de experiencia previa del contratista, quien incluso no habría cumplido requisitos mínimos en convocatorias similares adelantadas por otras entidades del sector salud.

Otras alertas en la denuncia

A estas alertas se suman incrementos desproporcionados en los valores per cápita en los municipios con mayor concentración de afiliados, la inclusión de medicamentos con registros sanitarios vencidos y la fragmentación de rutas integrales de atención. El documento también denuncia presuntos sobrecostos en el contrato de transporte aéreo de pacientes, con alzas de hasta el 114 % en algunas rutas. Ante este panorama, los denunciantes solicitan a los entes de control investigar a fondo la contratación de Capresoca EPS y determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales por el presunto detrimento de los recursos de la salud de los casanareños.

El Diario del Llano buscó respuesta de la Agente Interventora Betty Cecilia Anaya Nieto sobre el mencionado contrato 003.2026, pero la funcionaria no quiso pronunciarse al respecto, señalando que tenía que verificar los estudios previos del contrato.

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