CASANARE
Fiscalía pide investigar Jueces y Abogados por acciones cuestionables en libertad de JJ Torres
En carta dirigida al presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, expresó su preocupación por decisiones cuestionables y otras inconsistencias presentadas, en el tema de la libertad del alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres.
La reciente orden judicial que dejó en libertad al actual alcalde de Yopal por un presunto vencimiento de términos, motivó la carta del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, en la que pide investigar las actuaciones surtidas en el desarrollo del proceso penal.
En la misiva dirigida a Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General expresa su preocupación por las decisiones tomadas y otras irregularidades detectadas. Además, de no haberse tenido en cuenta que la persona beneficiada con la libertad está condenada por el delito de urbanización ilegal y enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Me dirijo a usted, con el objetivo de que la Corporación que preside considere estos hechos e investigue la conducta en la que pudieron incurrir abogados y Jueces dentro de esa actuación judicial” resalta la carta.
Las siguientes son las anomalías encontradas por la Fiscalía General de la Nación y que pide ser revisadas.
1. La defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado por existir dos procesos que avanzaban paralelamente por los mismos hechos. El juez de instancia concedió la nulidad sin explicación razonable y desconoció la jurisprudencia al respecto que, ante estas situaciones, no reconoce nulidad y señala que procede la conexidad procesal o el archivo de la investigación menos adelantada.
2. Iván de Jesús Dueñas García, Juez Único del Circuito Especializado de Yopal, quien tomó la decisión de nulidad, según registros del sistema de información de la Fiscalía (SPOA), fue condenado el 28 de mayo de 2015, por el delito de prevaricato al favorecer con una petición de libertad al exalcalde de Aguazul Mauricio Jiménez Pérez. La Condena contra el Juez está confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
3. La nulidad otorgada a John Jairo Torres Torres fue revocada por el Tribunal Superior de Yopal el 25 de enero de 2017. Solo hasta el 7 de abril del mismo año se fijó la continuación de la audiencia de acusación. Así que se perdieron 102 días en el proceso, tiempo que contribuyó al vencimiento de términos.
4. La defensa del Alcalde de Yopal renunció a la representación del procesado e impidió cumplir con la audiencia preparatoria programada para el 9 de junio de 2017. Llama la atención que cuatro días antes, es decir, el 5 de junio de 2017, un abogado acudió a un juez para pedir la libertad del señor Torres Torres. Así que: “hubo representación para solicitudes de libertad, pero no para avanzar en el proceso”.
El Fiscal General de la Nación pide que la justicia actúe para controlar los actos de dilación conscientes y que exceden cualquier límite de interpretación. “… es imprescindible que se fortalezca la capacidad de gestión de la administración de justicia, pues no es posible que un caso, con la trascendencia como el que se expone, tome tanto tiempo la fijación de audiencias” concluye el texto.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
