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Familia desplazada por la violencia tendrá vivienda nueva en compensación
La alegría regresó a familia Torres* que luego de 23 años de abandono de su predio por causa de la violencia paramilitar volverá a tener casa propia.
Tras las labores de representación judicial ejercidas por la Unidad de Restitución de Tierras, el Tribunal Superior de Bogotá les protegió el derecho a la restitución y ordenó la compensación por equivalencia.
En 1997, Héctor Torres*`y su esposa adquirieron el predio de 1.419 metros cuadrados, ubicado el casco urbano del municipio de Granada, Meta por un valor $22 millones, de los cuales pagaron $7 millones con recursos propios y los restantes $15 millones mediante un crédito hipotecario con el banco Colmena.
La tragedia para los Torres* comenzó a mediados de diciembre, cuando su vecino Manuel Gómez*, al verse perseguido por paramilitares irrumpió en la vivienda para tratar de ocultarse, pero desafortunadamente allí mismo fue asesinado. Los hombres armados al mando del jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’ amenazaron a la familia Torres, quienes tuvieron que desplazarse hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas.
Esta situación generó dificultades económicas que le impidieron a la familia continuar pagando el crédito hipotecario, por lo cual en el año 2000 se decretó el remate del inmueble. Tiempo después, los Torres acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras para que ejerciera su representación judicial como víctimas de abandono forzado.
Por su parte, los nuevos propietarios del predio se declararon en oposición argumentando que compraron el inmueble lícitamente, por lo tanto el Tribunal Superior de Bogotá declaró la buena fe exenta de culpa y les asiste el derecho de continuar ocupando el predio.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad en Meta, informó que la familia Torres* será compensada con una nueva vivienda como garantía del ejercicio y goce del derecho a la restitución de tierras y podrá acceder a los demás beneficios que otorga el Estado en materia de reparación integral.
(Los nombres fueron cambiados por seguridad de la familia)
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
