CASANARE
En Orocué crece un “elefante blanco”, debería estar terminado desde septiembre del año pasado
Al parecer la semana pasada reactivaron la ejecución del contrato que los “sálivas” esperan con ansiedad.
Mientras la política del Gobierno Departamental es culminar las obras inconclusas o llamados “elefantes blancos”, en Orocué pareciera que están cuidando un paquidermo de estos con suficiente alimentación.
Se trata del anunciado Centro Multiplural “Las Malokas”, concebido para honrar a la comunidad sáliva, pero que ha tenido múltiples tropiezos que no permiten vislumbrar una fecha clara de entrega de la obra, contratada inicialmente por un término de ocho meses, pero que transcurrido más un año no refleja un 30% de avance.
Esta construcción, fue contratada a finales de 2015 (administración de Monchy Yobanny Moreno), debía estar lista en septiembre de 2016 (gobierno de Anderson Bernal) actual Alcalde, y sigue sin una fecha clara de entrega.
La polémica obra se puede apreciar en la Avenida Remolinos y la diagonal 4c. Los diseños y el acta de inicio de enero de 2016 indican que ocho meses después debería estar funcionando el Centro Multiplural “Las Malokas”, que contempla en su primera etapa 18.862 m2 de área construida. Sin embargo, todo empezó a fallar cuando al realizar el replanteo del terreno, se dieron cuenta que en el mismo existían redes de servicios de acueducto y alcantarillado para una manzana que contiene 20 lotes. Es decir, el terreno era más pequeño de lo que inicialmente se había dicho y se había presentado en el proyecto, disminuyendo el área en 2.100 m2. Eso hizo que el 09 de febrero de 2016, apenas 24 días después de haber iniciado su ejecución, el contrato sufriera su primera suspensión temporal, aunque a decir verdad pareciera que la suspensión fuera definitiva, porque durante mucho tiempo no se vio mover allí un metro cúbico de tierra por parte de los contratistas, la Unión Temporal “Los Conejos”.
Como muchos contratos, este “Elefante Blanco”, que sería la sede para los indígenas sálibas está lleno de dudas, irregularidades y omisiones. Su objetivo principal era: “rescatar la lengua, cultura y tradiciones autóctonas del Pueblo sáliba, ya que como grupo étnico requiere de un espacio sagrado donde realizar sus reuniones comunitarias, transmitiendo oralmente las historias, mitos, ritos, usos y costumbres a los niños, jóvenes y adultos; enseñar la forma de trabajar la Tierra (conucos), la lengua materna, la caza, las artesanías; analizar y reflexionar acerca de los aspectos positivos y negativos del trabajo de cada día; planificar, organizar y compartir sabiduría a sus ancestros”.
El paisaje que se observa actualmente en la obra es un enorme “elefante blanco” en continuo crecimiento, que continua generando gastos y muy seguramente su salvación significará otros miles de millones. Los consabidos y mal acostumbrados “adicionales” que tanto gustan a los contratistas y que complacientemente la mayoría de Alcaldías conceden sin mayor análisis contractual.
Se conoció que finalmente la semana anterior, después de casi un año de suspensión de la obra reiniciaron su construcción, pero no se observan avances significativos en la misma, y si la Alcaldía de “Tocayera” no se amarra los pantalones y los supervisores e interventores no hacen lo mismo, quién sabe cuánto irán a costar finalmente “Las Malokas” y para cuándo irán a estar finalizadas. Esperemos que estas “especies”, que deberían ser las únicas en vía de extinción, no se sigan propagando por suelo casanareño. De ello deben encargarse los entes de control respectivos, que ya deberían haber pasado por Orocué para verificar esta situación.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare – Jhon Navarrete
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
