CASANARE
Denuncian posible foco de corrupción al interior del IDURY por el recaudo en las zonas azules
Graves denuncias de presuntos hechos de corrupción en el recaudo que hace el IDURY en el programa de “Zonas Azules”, hicieron integrantes de la Asociación de Trabajadores Vulnerables de Casanare, que reúne a personas en condición de discapacidad, adultos mayores y madres cabeza de familia, ante el Concejo de Yopal en la sesión de este lunes.
Mireya Martínez, representante de la Asociación, dijo que la principal situación se presenta porque a estas personas se les hacen contratos por apenas uno o dos meses, cuando para legalizar los mismos deben incurrir en gastos que resultan demasiado altos, desmejorando sus condiciones de vida. Además, no se les brindan las garantías mediante campañas de sensibilización por parte del IDURY a la ciudadanía, para que paguen por la utilización del espacio público con sus motocicletas.
Sumado a lo anterior, se encuentra que a estas personas se les exige por parte del IDURY una cuota diaria de $50 mil pesos por zona, y cuando no alcanzan a efectuar este recaudo deben pagar de su propio peculio, so pena de quedarse sin contrato si no cancelan el excedente. “Si no vienen a pagar después de que descambien el cheque, pues no les dan contrato, y si reclaman pues los echan”.
Sumado a lo anterior, está el hecho de que estas personas entregan el dinero en efectivo en el IDURY pero no tienen ningún recibo que demuestre el pago de la cuota diaria, por lo que no se tiene certeza del destino de estos recursos al interior del Instituto.
Denuncia de Mireya Martínez, de Asovulnerables.
Pero la denuncia más grave está relacionada con que a estas personas vulnerables se les exigía, aparentemente, una coima diaria por parte de alguna persona en el IDURY, para poder tener o renovar el contrato, lo que llamó la atención de los Concejales que denunciaron de inmediato tal situación a través de sus redes sociales.
El concejal Christian Rodrigo Pérez llamó la atención de esta situación denunciada por los ex trabajadores de las Zonas Azules, señalando que deben presentarse todas las pruebas posibles para evitar que este tipo de cosas tan aberrantes sigan pasando, máxime cuando se trata de personas en condición de discapacidad, adultos mayores y madres cabeza de hogar.
Concejal Christian Rodrigo Pérez
Los Concejales se comprometieron a brindar el escenario para esclarecer inquietudes que surgieron con respecto al destino de los recursos y la administración en general que se le está dando al tema, por parte del IDURY. “es necesario escuchar la postura del titular del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal y así mismo determinar qué acciones se deben tomar frente a éste asunto” argumentó el presidente del Concejo José Luis Avendaño.
Por lo anterior, la plenaria aprobó la realización de un debate de control político propuesto por el cabildante Fabio Suárez Caro, que se realizará el jueves 29 de junio a las 09:00 a.m.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un hombre identificado como Bladimir Castillo Urintive, conocido con el alias de “Blacho”, fue asesinado la tarde del miércoles en inmediaciones de Torres de San Marcos, en Yopal. De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la región torácica y, aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico por dos hombres en motocicleta, ingresó sin signos vitales.
Versiones iniciales indican que antes del ataque se habría presentado un altercado con un individuo y no se descarta un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico. Según las autoridades, Castillo Urintive registraba antecedentes judiciales por hurto, receptación, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Además, en 2023 fue judicializado por el ataque contra Jéferson Pidiache, hecho que dejó a la víctima en condición de discapacidad.
Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso habría estado vinculado recientemente a actividades de microtráfico en el sector, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales. Tras el crimen comenzó a circular un panfleto con membrete atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, en el que se le señalaba como supuesto “objetivo militar”. Panfleto donde también figura el nombre del hombre asesinado la noche del lunes en la Marginal de la Selva, en inmediaciones del sitio donde se construye el nuevo Terminal de Transportes de Yopal.
Las autoridades investigan la autenticidad del documento y si el homicidio estaría relacionado con disputas delincuenciales en la zona. El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que adelantan labores para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables.
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
En una respuesta concreta a la problemática histórica de inundaciones en el municipio de Aguazul, la Gobernación de Casanare ha inaugurado un dique de 600 metros en una de las zonas más críticas, buscando contener las crecidas del río Cusiana. Esta obra, impulsada a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, busca evitar que las aguas ingresen al caño Garubana.
La intervención tiene como fin principal proteger a cerca de 300 familias de los sectores Llano Lindo, La Graciela y Bella Vista, quienes durante más de dos décadas han sufrido inundaciones recurrentes. Estas catástrofes han provocado cuantiosas pérdidas económicas en cultivos, animales y han causado daños estructurales significativos en sus viviendas.
Habitantes de Llano Lindo como Antonio Urrego y Arquímedes Pabón expresaron que las afectaciones han sido constantes y dolorosas. No obstante, destacaron que la construcción del dique representa una nueva esperanza para mejorar drásticamente sus condiciones de vida y asegurar su patrimonio.
El ingeniero Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, supervisó los trabajos y explicó que el dique cuenta con cinco metros de altura y diez metros de corona, características técnicas diseñadas para una mayor capacidad de contención. Además, anunció la gestión para la instalación de un geotextil que incrementará la resistencia y durabilidad de la estructura frente a futuras temporadas de lluvias.
