CASANARE
Denuncian posible foco de corrupción al interior del IDURY por el recaudo en las zonas azules
Graves denuncias de presuntos hechos de corrupción en el recaudo que hace el IDURY en el programa de “Zonas Azules”, hicieron integrantes de la Asociación de Trabajadores Vulnerables de Casanare, que reúne a personas en condición de discapacidad, adultos mayores y madres cabeza de familia, ante el Concejo de Yopal en la sesión de este lunes.
Mireya Martínez, representante de la Asociación, dijo que la principal situación se presenta porque a estas personas se les hacen contratos por apenas uno o dos meses, cuando para legalizar los mismos deben incurrir en gastos que resultan demasiado altos, desmejorando sus condiciones de vida. Además, no se les brindan las garantías mediante campañas de sensibilización por parte del IDURY a la ciudadanía, para que paguen por la utilización del espacio público con sus motocicletas.
Sumado a lo anterior, se encuentra que a estas personas se les exige por parte del IDURY una cuota diaria de $50 mil pesos por zona, y cuando no alcanzan a efectuar este recaudo deben pagar de su propio peculio, so pena de quedarse sin contrato si no cancelan el excedente. “Si no vienen a pagar después de que descambien el cheque, pues no les dan contrato, y si reclaman pues los echan”.
Sumado a lo anterior, está el hecho de que estas personas entregan el dinero en efectivo en el IDURY pero no tienen ningún recibo que demuestre el pago de la cuota diaria, por lo que no se tiene certeza del destino de estos recursos al interior del Instituto.
Denuncia de Mireya Martínez, de Asovulnerables.
Pero la denuncia más grave está relacionada con que a estas personas vulnerables se les exigía, aparentemente, una coima diaria por parte de alguna persona en el IDURY, para poder tener o renovar el contrato, lo que llamó la atención de los Concejales que denunciaron de inmediato tal situación a través de sus redes sociales.
El concejal Christian Rodrigo Pérez llamó la atención de esta situación denunciada por los ex trabajadores de las Zonas Azules, señalando que deben presentarse todas las pruebas posibles para evitar que este tipo de cosas tan aberrantes sigan pasando, máxime cuando se trata de personas en condición de discapacidad, adultos mayores y madres cabeza de hogar.
Concejal Christian Rodrigo Pérez
Los Concejales se comprometieron a brindar el escenario para esclarecer inquietudes que surgieron con respecto al destino de los recursos y la administración en general que se le está dando al tema, por parte del IDURY. “es necesario escuchar la postura del titular del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal y así mismo determinar qué acciones se deben tomar frente a éste asunto” argumentó el presidente del Concejo José Luis Avendaño.
Por lo anterior, la plenaria aprobó la realización de un debate de control político propuesto por el cabildante Fabio Suárez Caro, que se realizará el jueves 29 de junio a las 09:00 a.m.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
