CASANARE
Agente de tránsito de Yopal denuncia que lo quieren matar por destapar caso de corrupción
Un ataque con arma de fuego se registró la noche del martes sobre las 9:30 en el barrio La Corocora de Yopal, donde dos motorizados llegaron a la residencia del agente de tránsito Lenin Javier Lugo Zabala y arremetieron a tiros hacia la vivienda en la que se encontraba en compañía de su esposa e hijos.
Lugo Zabala manifestó que horas antes observó la presencia de dos hombres extraños en una moto RX de color vinotinto rondando el parque del barrio y preguntando por el colegio Luis Hernández Vargas, al verlos sospechosos, decidió informar a las autoridades.
Una pareja
Minutos más tarde, narra el agente de tránsito, estaba esperando la llegada de su hijo mayor quien se encontraba haciendo deporte, cuando oyó el disco del freno de una motocicleta y asumió que su descendiente había llegado; al asomarse para verificar, vio a dos personas en una moto Auteco Aglity color blanco, un hombre y una mujer de apariencia joven. Según el agente de tránsito, el hombre era el mismo que había estado horas antes merodeando el lugar junto a otro en la moto RX.
“El muchacho sin mediar palabra automáticamente desenfunda de su cintura un revólver y me hace unos 3 o 4 impactos, inmediatamente tomé mi arma de fuego con la que llevo más de 20 años por protección y nos enfrascamos en un cruce de disparos, yo le respondo entre 7 y 9 impactos, la verdad en ese momento solo traté de proteger mi integridad y la de mi familia”, expresó Lenin Javier, quien agregó que el hombre vestía una camisa blanca, jean y tenía el cabello ondulado.
¿Será por la denuncia?
Recordemos que Lenin Javier Lugo Zabala, fue quien instauró una denuncia ante la Fiscalía el 28 de enero de este año, por las motos que fueron rematadas por la Alcaldía de Yopal durante el gobierno de Leonardo Puentes para ser chatarrizadas, pero que luego fueron vendidas en un parqueadero a precios entre $120 mil y $200 mil pesos cada una, y comenzaron a rodar nuevamente en la ciudad.
En ese momento, al agente se le hizo extraño que la Personería no interviniera en este asunto, por lo que decidió investigar la situación, cuando se llevó la sorpresa que quien se quedó con el contrato de las motos fue Fredy Urrutia Herrera, quien resultó ser hermano del Personero delegado para asuntos administrativos Edwin Urrutia Herrera.
“Yo le dije a mi abogada que solicitáramos a la Personería qué actuaciones han adelantado con respecto a los rodantes que a diario se están inmovilizando en los operativos que ese están desarrollando, la gente manifiesta que las compraron en un parqueadero por valor de 120 mil o 200 mil pesos dependiendo el estado de la moto, y que les entregaron un papel donde dicen que si los paran no tienen derecho a reclamar nada. Hasta ahora la Personería no se ha pronunciado al respecto”, reitera Lugo Zabala.
Lo amedrantaron
Por este mismo tema, Lugo Zabala manifestó que en una oportunidad llegó a su casa una persona desconocida que le dijo que se quedara quieto con el tema de las motos porque iba a salir perdiendo.
“Lo que sucedió esta noche estoy seguro que el daño era atentar contra mi integridad física, en ningún momento me fueron a asustar”, afirmó Lugo Zabala, quien agregó que luego del ataque instauró la denuncia por tentativa de homicidio ante la Fiscalía, a quien puso en conocimiento que cualquier situación que le llegara a suceder a él o su familia será responsabilidad del exsecretario de Tránsito Robert Asis Hernández Cachay, del Personero delegado y su hermano.
Se espera que por medio de las cámaras de seguridad cercanas al sector se pueda reconocer a los responsables del ataque. Estas fueron las declaraciones del agente de tránsito a los medios de comunicación, al siguiente día del atentado:
EN VIVOEl agente de tránsito Lenin Javier Lugo Zabala, habla del ataque en su contra que se registró la noche anterior cuando se encontraba en su vivienda con su familia.
Posted by El Diario Del Llano on Wednesday, February 12, 2020
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
El Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Casanare llevó a cabo una jornada de inspección y control en los municipios de Nunchía y Maní, con el objetivo primordial de proteger la salud de la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda continúa promoviendo un mensaje de prevención entre comerciantes y consumidores sobre la importancia de adquirir productos legales.
Durante el recorrido por diversos establecimientos comerciales, el equipo de la Secretaría de Hacienda verificó el estado de licores, cervezas y cigarrillos. Simultáneamente, se generaron espacios de diálogo para concienciar y prevenir la circulación de productos de dudosa procedencia, aquellos sin el pago de impuestos correspondientes o con posibles alteraciones que puedan afectar la salud pública.
Estas visitas se realizaron con un enfoque de asesoría técnica, explicando a los comerciantes cómo identificar una estampilla auténtica y la relevancia de exigir la factura legal al momento de abastecer sus negocios. Esta capacitación busca fortalecer las prácticas responsables y la cadena de legalidad en los municipios.
Los técnicos del Grupo Anticontrabando resaltaron que la entrada legal de productos garantiza que los recursos generados por impuestos permanezcan en el departamento. Estos fondos se transforman directamente en inversión pública, impactando positivamente en áreas fundamentales para la ciudadanía.
Finalmente, se enfatizó que el control al contrabando es una herramienta clave para asegurar que los recursos provenientes del impuesto al consumo se destinen eficazmente a hospitales, instituciones educativas y escenarios deportivos, mejorando directamente la calidad de vida en los municipios de Casanare.
Una tragedia conmociona al sector de La Pedrera en Yopal. En las últimas horas, un siniestro vial en el kilómetro 14 de la vía que conduce hacia este sector cobró la vida de Luis Alejandro Rodríguez Parada, un reconocido comerciante de 32 años.
El hecho ocurrió tras la colisión la noche anterior, entre una motocicleta de placas ADN-39H, en la que se movilizaba Rodríguez Parada junto con su pequeño hijo de 10 años, y un taxi identificado con las placas UVK-883 y número interno MY105. Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.
Lo que agrava el dolor de la comunidad es que el comerciante no iba solo: su hijo de 10 años lo acompañaba en el momento del impacto. El estado de salud del menor aún no ha sido confirmado oficialmente, aunque se señala que habría sufrido diversas fracturas producto del fuerte impacto.
Rodríguez Parada era el dueño de la ferretería El Diamante, ubicada en el sector de El Palmar, y era descrito por la comunidad como un hombre solidario, trabajador y muy querido. Su muerte repentina deja un profundo vacío entre quienes lo conocían y frecuentaban su negocio.
