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Defensoría del Pueblo pide atención prioritaria a líderes sindicales

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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para que se instalen mesas de trabajo regionales e interinstitucionales inicialmente en los departamentos de Arauca, Valle del Cauca, Santander, Magdalena Medio, Cesar, Antioquia y Risaralda para prevenir hechos de violencia y atender las demandas de los líderes sindicales, dados los recientes casos de amenazas y homicidios en su contra.

El Defensor lamentó que durante los primeros ocho meses de 2022 han sido asesinados cinco líderes sindicales: dos en Cali, uno en Restrepo (Valle del Cauca); uno en Dosquebradas (Risaralda) y uno en Saravena (Arauca), según el reporte de homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos que presentó la entidad el pasado fin de semana.

En el mismo sentido, Carlos Camargo rechazó este tipo de acciones que atentan contra la libertad de asociación y manifestó su confianza en que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional puedan esclarecer estos crímenes, y crear líneas de acción en conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), para garantizar la vida e integridad de los líderes sindicales.

De igual forma, propuso al Gobierno que convoque mesas de trabajo que permitan atender las situaciones de los diferentes departamentos relacionados con esta problemática. La Defensoría del Pueblo ya ha venido avanzando en esta tarea, pero es necesaria la articulación interinstitucional desde el nivel nacional, departamental y municipal para lograr la garantía de los derechos de los líderes sindicales.

Como parte de las acciones de la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), se ha venido haciendo la verificación de la situación en los territorios.

Para la Entidad, es preocupante que en todas las zonas visitadas los líderes manifiestan problemas similares, en primer lugar demoras en los procesos de análisis de valoración del riesgo por parte del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas (CERREM) y la UNP.

En segundo lugar, consideran insuficiente el otorgamiento de medidas de protección con el riesgo presente que viven los lideres sindicales. En tercer lugar, indican que las denuncias que se interponen a la Fiscalía no avanzan por insuficiencia de personal en las regiones, siendo la recomendación constante el aumento de despachos judiciales y de fiscales.

Finalmente, dicen que es necesario fortalecer las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo para adelantar los respectivos seguimientos a la actividad sindical.

Fuente: Defensoría del Pueblo

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Presidente Petro denuncia mercado de intermediarios que triplica las tarifas de energía

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El presidente Gustavo Petro reveló que se ha creado un mercado de intermediarios entre los generadores y los que compran la energía, lo cual triplica el valor de las tarifas, afectando a los usuarios.

Precisó, por ejemplo, que esos intermediarios le compran la energía a Urrá, que es del Estado, a 220 pesos kilovatio hora, y le venden a Air-e, que después le vende al usuario a 880 pesos el kilovatio hora.

El mandatario explicó: “Crearon un mercado intermediario que triplica el precio de la energía eléctrica en Colombia. ¿Y quiénes son los dueños de eso? Politiqueros, amigos de los politiqueros, negociantes con la pobreza de la gente, porque pagar esa energía equivale a dejar sin sopa al viejo y al hijo, vampiros de los pobres; eso no pasa más en mi gobierno”.

En este sentido, indicó que propuso a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y GAS) una fórmula para bajar las tarifas, y preguntó si la tarifa de energía eléctrica que hay hoy en Colombia es justa.

“No, es una pura y mera especulación. Se están comiendo dineros de la gente y de la economía porque unos señores de la CREG hicieron una fórmula hace muchos años que está mal hecha, porque está a favor de ellos y no del usuario de Colombia”, sostuvo.

Fuente: Presidencia de la República

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Presidente Petro verificó estado de salud de militares heridos en el atentado en Arauca

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El presidente Gustavo Petro visitó en el hospital Militar de Bogotá a los soldados del Ejército Nacional heridos tras el ataque del ELN a la base militar de Puerto Jordán en el departamento de Arauca.

En el centro asistencial son atendidos 18 de los 26 uniformados heridos, quienes fueron trasladados en las últimas horas.

El mandatario dialogó con cinco de los militares heridos: el subteniente José Orjuela, los suboficiales Ariza Ortiz y Ganen Bedoya, y los soldados Ortiz Valencia y Arrieta Arroyo. También fue informado del estado de salud de los heridos atendidos en el centro asistencial.

En compañía de la cúpula militar, el presidente expresó su solidaridad con los militares que resultaron heridos en esta acción terrorista y extendió las condolencias a las familias de los dos uniformados que perdieron la vida en los hechos.

Parte médico de los heridos

Voceros del hospital Militar confirmaron que 13 de los pacientes se encuentran en hospitalización y son atendidos por un equipo médico interdisciplinario, quienes presentan traumas y lesiones en tejidos blandos.

Otros cinco se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con atención especializada, luego de recibir intervenciones quirúrgicas por lesiones ortopédicas, de tórax y abdomen.

Los soldados y suboficiales heridos de gravedad fueron evacuados por vía aérea hacia centros médicos en Arauca y Tame, en Arauca; Yopal, Casanare, y Bogotá para recibir atención.

Además de los dos soldados fallecidos, otros 21 militares fueron afectados por esquirlas y aturdimiento. Ellos se encuentran fuera de peligro y, en estos momentos, son valorados por el personal de sanidad militar.

Fuente: Presidencia de la República

 

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Preocupación por tutela que ordena suspender exploración en pozo Uchuva 2

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 La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.

Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.

En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que el Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes. La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (DIMAR). Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental registrado.

Con la ejecución del proyecto NO se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la NO presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.

La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos. Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.

Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.

En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:

  1. En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58%.
  2. El índice de reposición de reservas en los últimos 10 años (2014-2023) es del 25%, es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada 10 pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5. Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
  3. En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes del 29%, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera. Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas)

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