ARAUCA
Defensoría del Pueblo: conflicto armado en Arauca requiere acciones urgentes del Estado
Ante la alarmante y constante violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que padece Arauca, la Defensoría del Pueblo les pide a las autoridades locales, departamentales y nacionales tomar medidas contundentes que permitan preservar la vida e integridad de las comunidades afectadas.
De manera particular, la entidad evidencia constantes vulneraciones a causa del accionar de grupos armados ilegales en 14 veredas y tres resguardos indígenas de Tame (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa), en 21 veredas y tres resguardos indígenas de Arauquita (pueblo Hitnü), así como en nueve veredas de Puerto Rondón, donde cada vez se agudiza más el conflicto armado.
La disputa territorial que se vive en el departamento entre el ELN (Frente de Guerra Oriental) y facciones disidentes de las Farc (afines a ‘Iván Mordisco’) vulnera los derechos de las comunidades. Además, ha sido evidenciado un aumento desmesurado de sus acciones desde junio pasado.
Homicidios, riesgos para la comunidad educativa y pérdida de bienes
En Tame, Arauquita y Puerto Rondón son reportados constantemente homicidios selectivos, especialmente contra lideresas y líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal. Este año han sido asesinadas 143 personas, de los cuales 18 eran líderes sociales y ocho mujeres. Los más recientes casos fueron los de dos mujeres jóvenes en el corregimiento La Esmeralda, una mujer en el sitio conocido como El Troncal, Arauquita, y el líder social Alveiro Caicedo, quien había sido presidente de ASOJUNTAS de Tame y hacía parte de la Red de Defensores-as de Derechos Humanos de Arauca.
Las amenazas sistemáticas y los riesgos derivados de la confrontación armada han puesto en riesgo permanente a los entornos educativos. Cuando profesores y niñas, niños y adolescentes se han desplazado desde sus casas hasta las escuelas, en algunas ocasiones han quedado en medio de los combates, entonces, no solamente sus vidas han corrido peligro, también sus derechos a educar y a la educación han sido vulnerados.
En los tres municipios obligan a las víctimas, entre las que hay líderes comunales, a abandonar sus bienes y proyectos productivos, financiados vía créditos. En los territorios, las cosechas se están perdiendo y los campesinos han tenido que abandonar sus tierras.
Desplazamientos y confinamientos
El desplazamiento, el secuestro, las amenazas y los hostigamientos se hacen frecuentes en el departamento. La Defensoría del Pueblo ha conocido de al menos 132 familias (412 personas) desplazadas en lo que va del 2024. También existe un subregistro de las familias que han huido, pero por temor no han declarado lo ocurrido. Además, 38 comunidades campesinas e indígenas han sido sometidas a confinamiento, lo que ha comprometido a 2044 familias (unas 6141 personas).
A lo anterior se suma el desplazamiento masivo de por lo menos 50 personas (19 familias) desde la vereda Agua Blanca, del municipio de Tame, hasta el municipio de Sácama, en Casanare, luego de cruentos combates entre los grupos insurgentes, que habrían dejado como saldo la muerte de un número alto de combatientes y la toma de rehenes.
Es imperativo desescalar las acciones violentas
“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben frenar las acciones armadas en el territorio y mostrar gestos de paz, desescalar su accionar violento y de terror contra la población civil, cumplir con los principios del DIH y respetar los derechos humanos. Las comunidades, particularmente las niñas, los niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar en medio de confrontaciones armadas en el territorio”, es el llamado de la Defensora del Pueblo.
Así mismo, considera crucial que las autoridades reconozcan las duras violaciones a los derechos humanos y las infracciones reiteradas al DIH en el departamento de Arauca, “con el propósito esencial de que sean puestas en marcha medidas de prevención, protección y atención a la población”.
La Defensoría del Pueblo mantiene vigentes las recomendaciones hechas en las Alertas Tempranas 023-21, 011-23 y 019-23 y sus respectivos informes de seguimiento, en los que les solicita a las autoridades más presencia institucional y acciones concretas que contribuyan a mitigar el conflicto armado en el departamento.
Fuente: Defensoría del Pueblo
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a una pareja por su presunta responsabilidad en delitos sexuales cometidos contra una menor de edad.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se presentaron entre marzo de 2018 y febrero de 2022, en una vivienda ubicada en el sector de Pescadito, zona rural de Arauca.
Durante ese período el hombre habría abusado sexualmente de una niña de 10 años en repetidas oportunidades. Al parecer, la madre de la víctima se lo permitió a cambio de dinero y maltrataba física y verbalmente a la víctima cuando intentaba oponerse a los vejámenes.
Al hombre fue imputado por los delitos de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambas conductas con circunstancias de agravación. Por su parte, a la mujer los delitos de proxenetismo con menor de edad y violencia intrafamiliar agravada.
Estas dos personas fueron capturadas por uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial en zona céntrica de la capital araucana. Ninguno aceptó los cargos imputados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Gobernación de Arauca informa que, tras varios días de movilización liderada por el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia (MPMSPCOC), se ha alcanzado un acuerdo que permitirá el desalojo pacífico de las instalaciones gubernamentales este 28 de noviembre de 2024 a las 7:00 a.m. Este resultado fue posible gracias a las mesas de diálogo y a la mediación de la Defensoría del Pueblo, que actuó como interlocutora en el proceso.
Desde el pasado 25 de noviembre, las instalaciones de la Gobernación permanecieron cerradas debido a las manifestaciones sociales que buscaban exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de compromisos adquiridos en mesas de trabajo previas. Ese mismo día se iniciaron las conversaciones entre representantes de los manifestantes y el Gobierno Nacional, lideradas por el Viceministro del Interior para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón.
El 26 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo que se extendió por más de nueve horas, liderada por el gobernador Renson Martínez Prada, con la participación del Gobierno Nacional y las Organizaciones Sociales. Durante esta jornada, se realizó un seguimiento a los acuerdos previamente establecidos entre las comunidades y el Gobierno Nacional, logrando concertar soluciones concretas a corto, mediano y largo plazo para atender las problemáticas planteadas.
Además, se convocó un Puesto de Mando Unificado (PMU), en cumplimiento del Decreto 003 de 2021, para coordinar las acciones necesarias en el marco constitucional y legal. En este PMU participaron el gobernador Renson Martínez Prada, el Viceministerio del Interior, la Secretaría de Gobierno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía Seccional de Arauca, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Arauca, la Unidad Especial de Salud de Arauca, el Asesor de Paz, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Bomberos, la Inspección de Policía y el alcalde de Arauca, Juan Quenza.
Este Puesto de Mando Unificado convocado por el gobernador estará abierto de forma indefinida hasta que se normalice la situación de orden público, producto de la movilizaciones que ocurren en este momento en el Departamento
La Gobernación de Arauca reitera su disposición de continuar trabajando en pro del bienestar de la ciudadanía y agradece la colaboración de todas las entidades que participaron en este proceso.
Fuente: Gobernación de Arauca
El Frente Guerra Oriental del ELN se atribuyó el secuestro de un soldado y un exmilitar en el departamento de Arauca.
Los militares estaban en la vereda Tamacay del municipio de Tame cuando fueron sorprendidos por los subversivos, quienes los trasladaron a una zona alejada.
Los secuestrados fueron identificados como Iván Estiven Torres Usuga, soldado profesional orgánico del batallón de Comandos Ambrosio Almeida de Tolemaida y Edwin Marcelo Mora Ochoa, joven exmilitar, quienes según la mencionada guerrilla fueron retenidos el lunes 25 de noviembre.
El ELN pidió a los familiares de los jóvenes paciencia ya que en los próximos días se hará coordinación con una Comisión Humanitaria para su liberación con todas las garantías.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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