META
Cumaral hará Consulta Popular el 4 de junio, sobre explotación petrolera en la localidad
Mediante Decreto, la Alcaldía de Cumaral (Meta) convocó a sus ciudadanos, a participar en una consulta popular el próximo 4 de junio, para decidir si se permite o no que continúen las actividades de exploración petrolera en la jurisdicción de su municipio.
Según los argumentos de la Alcaldía Municipal, plasmados en el decreto No. 35 de marzo 24 de 2017, el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos No. 009 de 2012, celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos ”ANH” y la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda., también llamado Proyecto Llanos 69 –LL69, “afectará de manera irreparable el recurso hídrico contenido en: ríos, caños, nacederos, morichales, lagunas, fauna y flora en general y aljibes, que incluso surten del recurso natural (agua) a otros municipios distintos a Cumaral como: El Calvario, Restrepo, Villavicencio y Medina, en los departamentos del Meta y Cundinamarca”.
El Comité Cívico por la defensa del agua y el territorio ha señalado que invitará a votar NO en la consulta, para frenar la explotación petrolera y sus devastadores efectos sobre el recurso hídrico, el desarrollo económico y social de este municipio. Los integrantes del Comité dicen que buscan evitar que el proyecto petrolero Llanos 69 se siga desarrollando en su municipio, por el alto riesgo sísmico de la región y por tratarse de una zona de recarga hídrica y corredor biológico muy importante del Piedemonte llanero.
Los líderes de la Consulta y de una Acción Popular en el mismo sentido, buscan frenar el contrato 009 de 2012 celebrado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la compañía (china) Mansarovar Energy Colombia, que se desarrolla en un área de 22 mil 650 hectáreas.
Con la Acción Popular los demandantes, representados por el abogado Luis Arturo Ramírez, piden que se protejan los derechos de los cumaraleños a gozar de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al interés comunitario y la preservación del medio ambiente.
En diciembre pasado, los demandantes pidieron al Tribunal que avalara la Consulta Popular, para la cual recogieron 1.905 firmas con el respaldo del Alcalde y la aprobación de la mayoría del Concejo Municipal de Cumaral.
Según el abogado Luis Arturo Ramírez, el desarrollo del proyecto petrolero de la compañía Mansarovar Energy ha puesto en marcha actividades de sísmica 3D que afectan los recursos hídricos de la región, las reservas forestales aledañas y dan un uso indebido al suelo.
Este sábado 8 de abril a las 4 de la tarde, el alcalde de Cumaral, Miguel Antonio Caro Blanco, su equipo de gobierno y los líderes que están promoviendo la consulta popular por la defensa del agua y el territorio explicarán la importancia del mencionado Decreto, en la Casa de la Cultura Municipal, localizada en la Carrera 20 No. 8 37 de esta población del Meta.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
