META
Alcaldía de Acacías fue quemada en asonada protagonizada por vándalos
Un grupo de vándalos ingresó la tarde de este domingo a la alcaldía de Acacías incendiando varias de sus oficinas, y destruyendo equipos de cómputo y archivos. Otro grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones del Instituto de Tránsito local e incendiaron las motocicletas de los agentes.
Sobre las 7:30 de la noche un escuadrón del ESMAD recuperó el control de la situación y pudieron expulsar a los vándalos de la sede. Según testigos, un grupo de jóvenes en motos estaban camuflados entre los manifestantes y a pesar de la presencia del Ejército, la Policía y el ESAMD, se generó el ataque contra la administración municipal.
Dos vigilantes que estaban dentro del edificio alcanzaron a escapar por la parte trasera de la sede administrativa, fueron atendidos por organismos de socorro al presentar afectaciones por inhalación de aire caliente durante la conflagración.
«Un hecho no solo de vandalismo, es un hecho de terrorismo. La protesta no puede ser deslegitimada por criminales que se aprovechan de ella. Les debe que caer todo el peso de la Ley», dijo en su cuenta de Twitter el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
El mandatario aseguró que tras un consejo de seguridad se decidió aumentar el pie de fuerza para Acacías y quedó instalado el PMU las 24 horas para hacer seguimiento a la situación. Aseguró que ya se adelantan las investigaciones para realizar la judicialización de los «responsables de estos hechos de terrorismo».
Aunque el reporte oficial indica que no hubo heridos, la zozobra se apoderó entre los acacireños que estaban en las calles a esa hora, pese a la orden de confinamiento; a pesar de la lluvia otro grupo de manifestantes continuaba protestando en el centro de la ciudad.
«Necesitamos hacer un llamado a la calma a los manifestantes de Acacías y presencia de las autoridades para controlar la anarquía que se vive a esta hora. El comercio necesita funcionar y no va a ser posible en estas condiciones, esto nos afecta a todos!», pidió Jorge Arango, director Ejecutivo de Fenalco, Meta.
A pesar de que el gobierno anunció el retiro de la propuesta de reforma tributaria, esta tarde varios grupos de camioneros y otros manifestantes bloquearon las vías en diferentes sectores y volvieron a atacar peajes en distintos puntos.
En Acacías la Defensa Civil y otros organismos de socorro instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU), mientras la Fuerza Pública garantizaba la seguridad de los organismos para poder controlar el fuego por parte de Bomberos y se realizaba el acordonamiento y la atención de la emergencia.
Fuente: Periódico del Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
