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CASANARE

Imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 militares, un exdirector del DAS y dos civiles, por “falsos positivos” en Casanare

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HENRY TORRES ESCALANTE

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008.

Según la JEP, estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.

Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes. Entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales. En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.

En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. Estos deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando.

A título de coautores fueron imputados quienes realizaron aportes esenciales dentro de los respectivos subaparatos criminales a los que pertenecían, a partir de una división de funciones. Estos son el detective (r) del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar; el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes; el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha; el teniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez; el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián; el cabo primero (r) Gélver Pérez García y el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez.

Bajo esta misma figura fueron imputados el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava; el capitán Miguel Andrés Sierra García; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón y dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.

Otros responsables que para la Sala de Reconocimiento no detentan la máxima responsabilidad frente a los hechos investigados dentro del caso 03: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado, pero que a juicio de la magistratura deben ser llamados a reconocer responsabilidad en calidad de coautores son el coronel (r) Cipriano Peña Chivatá, el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.

¿Qué determina la JEP?

La JEP determinó que los imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI. Sus integrantes se separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate.

En su mayoría, las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y, aunque algunas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y, en algunos casos concretos, delincuentes o paramilitares, en el momento en que los asesinaron no participaban en combate alguno y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.

¿Qué sigue? 

Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Igualmente, pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto.

Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

 

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Secretario de Educación de Yopal reorganiza planta docente para solicitar creación de nuevas plazas

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secretario de educacón yopal

El secretario de Educación de Yopal, David Díaz Sánchez, viene adelantando varias acciones para reorganizar la planta docente del municipio, luego del concurso adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Al llegar esta Administración se encontró con un panorama desalentador para más de 300 docentes que no superaron el concurso público de méritos que adelantó la Comisión Nacional del Servicio Civil y debieron salir de la planta de docentes del municipio.

Uno de los compromisos de Díaz Sánchez, por directriz del alcalde Marco Tulio Ruiz, fue buscar una alternativa para lograr ampliar la planta de docentes del municipio, aspecto que no se genera hace nueve años, para poder brindar una nueva alternativa a quienes perdieron su trabajo con ocasión del concurso que se realizó en todo el país.

Así las cosas, se inició un trámite para solicitar la ampliación de la planta de docentes, por lo que al contar con la orientación del Ministerio de Educación, uno de los primeros ejercicios consiste en revisar la actual asignación académica que los rectores han hecho a los maestros, para corroborar que cada uno esté despeñando su función de acuerdo con el perfil y el cargo por el cual hacen parte de la entidad territorial de Yopal.

En este ejercicio se ha encontrado que algunos maestros no cuentan con un perfil específico, pero están dictando algunas cátedras que no corresponde, por lo que de acuerdo con las funciones de la Secretaría de Educación de Yopal, se está reorganizando la planta docente.

Una vez se realice este trámite, se podrán establecer cuáles son las necesidades reales que Yopal requeriría, para culminar el estudio técnico que la Secretaría de Educación de Yopal, presentará al Ministerio de Educación, con el propósito de que desde el orden nacional, se autorice la creación de nuevas plazas, a las que podrán acceder, los maestros que no superaron el último concurso público de méritos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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CASANARE

Disparados casos de dengue en Casanare, en lo corrido del año ya van más de mil en el departamento

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dengue alcaldes

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica – SIVIGILA, reportó 91 nuevos casos de dengue en todo el departamento de Casanare.

Los municipios más afectados son Paz de Ariporo con 41 casos, seguido de Yopal con 24, Aguazul con 6, Villanueva con 5, Tauramena con 4, Hatocorozal con 3, Monterrey con 3, Nunchía con 2, Támara con 2 y Pore con 1 caso.

Durante el presente año, en Casanare se han registrado un total de 1.041 casos de dengue. De estos, el 65%  fueron dengue sin signos de alarma, el 35% con signos de alarma, el 0,4% del total de casos se notificaron cómo dengue grave y 1 caso de mortalidad.

Ante esta situación, la Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Salud, ha programado una intervención en Paz de Ariporo para el martes 30 de abril de 2024. El objetivo es coordinar acciones entre instituciones y sectores involucrados para disminuir y mitigar este brote, que afecta a la comunidad en general y  especialmente a la población estudiantil.

Fuente: Gobernación de Casanare

 

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Priorizarán las investigaciones sobre el delito de abigeato en el municipio de Monterrey

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En Monterrey se realizó consejo de seguridad regional con el objetivo de unificar esfuerzos entre la Gobernación de Casanare, los municipios y la Fuerza Pública para fortalecer la lucha contra el delito, especialmente el abigeato en el sur del departamento.

Entre las conclusiones como línea y ruta de navegación para combatir efectivamente la criminalidad, están:

•     La Alcaldía de Monterrey presentó la estrategia de regionalización de seguridad junto a municipios del sur de Casanare.

•     La Gobernación de Casanare acompañará y apoyará cada mesa técnica regional del sur de Casanare en torno al plan de seguridad.

•     La Fiscalía General de la Nación programará jornadas de mediación penal e implementación de justicia restaurativa para Monterrey.

•     El abigeato en Monterrey será priorizado como delito sobre el que más se investigará.

•     El Ejército Nacional exaltó la creación de esta estrategia y continuará participando activamente en estrategias de formulación de seguridad para el sur de Casanare.

•     La Policía Nacional y Migración Colombia se integran activa y propositivamente, dentro del planeamiento de iniciativas en pro de garantizar los derechos de los ciudadanos.

•     Se desarrollará un estudio acucioso en la región en materia de telecomunicaciones.

•     Se instala oficialmente la mesa de seguridad regional del sur de Casanare, a petición de la Secretaría de Gobierno Departamental, extendiendo la invitación a Aguazul, Maní, Chámeza y Recetor.

Finalmente, el alcalde de Monterrey, Alejandro Ballesteros, afirmó que es importante que articulen todos los procesos con el Fondo de Seguridad Territorial (FONSET) en busca de identificar una bolsa común para que se vea realmente la inversión en el Ejército Nacional, Policía, Fiscalía, UNP, y demás entes adscritos.

Fuente: Gobernación de Casanare

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