En el marco del seguimiento a la grave crisis humanitaria que se vive en el departamento Arauca desde el pasado 2 de enero, por la confrontación entre grupos armados ilegales, la Defensoría del Pueblo vuelve a advertir sobre el fenómeno de desplazamiento forzado y la situación de zozobra que se vive en esa zona del país.

En el departamento ya son 146 los homicidios que se han reportado en lo corrido del año, de los cuales 5 eran líderes sociales, lo que mantiene a los habitantes en medio del temor y la zozobra por los enfrentamientos de los grupos armados ilegales.

La Defensoría evidenció que desde el 13 de marzo se ha agudizado la vulneración de derechos humanos en las comunidades de Arauca en medio de las confrontaciones entre el Eln y facciones disidentes de las Farc, que han manteniendo en confinamiento, amenaza y riesgo de desplazamiento a los habitantes de 14 veredas de Puerto Rondón, 17 en Tame, 15 en Arauquita y 9 en el municipio de Arauca.

Carlos Camargo advirtió que el riesgo para la población civil sigue siendo alto y pidió seguir las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas que siguen vigentes en el departamento: 081 de 2018 para el municipio de Arauca; 029 de 2019 para Arauquita, Saravena, Fortul y Tame; 06 de 2021 para la zona urbana y de Arauca y 023 de 2021 para los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón.

“En lo que va corrido de ese año hemos enviado 4 oficios de consumación de esos riesgos a la CIPRAT, con el fin de que se oriente a las autoridades competentes para que se tomen medidas eficaces que puedan contrarrestar, mitigar y superar los riesgos y amenazas que realizan los grupos al margen de la ley, en contra de la población focalizada”, dijo el Defensor del Pueblo.

Finalmente, reiteró su llamado a los actores armados ilegales a dejar por fuera del conflicto a la población civil y a permitir el acceso a misiones humanitarias en el territorio pues siguen existiendo amenazas en contra de líderes sociales y de la comunidad en general por retenciones y desapariciones. De la misma forma a las autoridades locales a diseñar planes de acción para atender a las comunidades confinadas y desplazadas, pero además a incrementar la presencia de la Fuerza Pública.

Fuente: Defensoría del Pueblo