CASANARE
Miembros retirados de la Fuerza Pública reconocerán responsabilidad sobre “falsos positivos” en Casanare
Luego de los avances logrados por la Comisión de la Verdad en la ruta de reconocimiento que ha desarrollado desde inicios de este año, y tras el diálogo entre víctimas y responsables el pasado 15 de marzo de 2021 en Yopal, fue pertinente propiciar este Encuentro por la Verdad, que se llevará a cabo el 10 de noviembre, con el objetivo de dar cuenta del trabajo previo con las partes, así como la visibilización de testimonios, afrontamientos y expectativas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare.
El espacio es un trabajo conjunto de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, el ejercicio que se presentará se da de manera extrajudicial y voluntario. En donde se busca, en primer lugar, un aporte simbólico a la reparación de las víctimas y los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Esto da lugar a que los responsables acepten su participación en los hechos y reconozcan el daño causado. De esta manera se marca una separación de la negación histórica de los actores armados, en particular, de la Fuerza Pública, con relación a su participación en ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare.
El encuentro contará con la presencia de víctimas y responsables.
Cinco testimonios de parte de las víctimas que ayudarán al país a hacer memoria sobre este flagelo y en cuyas historias particulares se refleja el dolor de muchas familias. Tres de los responsables, con quienes se ha adelantado proceso previo de diálogos en privado, entre los que se cuentan: el sargento segundo Faiber Amaya y el mayor Gustavo Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare, ambos miembros retirados del Ejército Nacional
En el encuentro del diálogo realizado en marzo en la ciudad de Yopal se evidenció que son estas evidencias restaurativas las que abren la posibilidad de llevar esta experiencia al escenario público y de esta forma hacer memoria de los hechos y de las víctimas, contribuir a la dignificación de las familias y permitir que los responsables, con su testimonio, aporten al resarcimiento del buen nombre de las víctimas.
Vale la pena resaltar que Casanare, con un 7.9% de los casos totales, registra la segunda cifra más alta en cuanto a la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el país, según la sala de reconocimiento de la JEP, entidad que para darle inicio a la investigación del caso 03 priorizó seis territorios críticos, entre los cuales se encuentra Casanare.
Según cifras de la JEP, entre el 2002 y 2008 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en este departamento, donde operaban el Batallón Contraguerrillas No. 23, el Gaula Casanare del Ejército, el Batallón de Infantería No 44, el Grupo de Caballería Mecanizado No 16 y el Batallón Contraguerrillas No 65, las cuales son las unidades militares a las que se les atribuyen estas graves violaciones a los derechos humanos.
Este acto de reconocimiento en casos de ejecuciones extrajudiciales busca presentar miradas diversas, a partir de los testimonios de las víctimas y de los responsables. También busca explicar los contextos que facilitaron los hechos ocurridos, los diversos roles dentro de las fuerzas militares, grados de responsabilidad, relaciones entre las fuerzas armadas, instituciones y terceros civiles, así como los impactos de estos hechos en las familias, las comunidades y los territorios del departamento.
Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, y se podrá seguir a través de los canales digitales de la Comisión de la Verdad, Facebook: /ComisionVerdadc y YouTube: ComisióndelaVerdad.
Fuente: Comisión de la Verdad
Las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Seccional Casanare permitieron que un juez de conocimiento de Yopal condenara a Luis Alberto Jiménez García a 7 años y 11 meses de prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
La investigación corroboró que en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore, Trinidad y algunas veredas de Yopal, entre 2020 y 2021 el hoy condenado extorsionó a ganaderos, finqueros, comerciantes, contratistas, entre otros, a quienes les hacía exigencias de altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus familias, su integridad y su patrimonio.
Jiménez García se desplazaba a las fincas, los establecimientos de comercio y a los distintos lugares donde eran citadas las víctimas. Y a través de equipos móviles también servía de intermediario entre éstas y sus jefes recluidos en cárceles y quienes se encargaban de hacer las amenazas y fijar los montos de las extorsiones. Así como también la fecha y la forma de pago de las mismas.
El juez también le impuso una multa de 5.700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, judicializó ante un juez con función de control de garantías a un soldado profesional activo del Ejército, quien al parecer agredió sexualmente a su hijastra de 8 años.
Funcionarios de la Sijín Casanare hicieron efectiva la orden de captura en su contra en las instalaciones de una guarnición militar en el municipio de Tauramena.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 13 de febrero y el 22 de marzo de este año, cuando la menor habría sido sometida a tocamientos de connotación sexual por parte de su padrastro, cuando se quedaban a solas.
La Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años, cargos a los que no se allanó.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como lo había solicitado la Fiscalía.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Luego de surtirse un proceso de concertación, acuerdo de pago y negociación de tarifas con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología, se avanza satisfactoriamente en la formalización de un nuevo contrato a través del cual se garantizará la atención de los pacientes con cáncer, afiliados a Capresoca EPS.
La minuta se encuentra en proceso de revisión por parte de la unidad de contratación del Instituto Nacional de Cancerología, previa subsanación de las últimas observaciones a este documento.
Haison Omar Carrillo Lemus, gerente de Capresoca EPS, anunció que la próxima semana se estaría suscribiendo el nuevo contrato, para dar continuidad a los servicios ambulatorios y tratamientos médicos para cerca 200 usuarios.
Desmintió que se hayan interrumpido los tratamientos y atención para pacientes con intervenciones de quimioterapia y radioterapia en los diferentes ciclos, con la suspensión de servicios por parte del Instituto.
“Nosotros venimos trabajando en la continuidad de los tratamientos de los pacientes que están en quimioterapia y radioterapia. Lo que se suspendió fue la atención ambulatoria, que tiene que ver con asignaciones de citas para confirmación de diagnóstico e inicio de tratamiento por nuevos usuarios con esta patología. Esperamos que este servicio se reanude la próxima semana con la firma del nuevo contrato”, expresó el Gerente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
