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Tierras despojadas por paramilitares en Puerto Lleras fueron devueltas a su dueña
El retorno de una viuda y sus siete hijos al predio que les fue despojado por alias ‘Jorge Pirata’, hace 18 años en la vereda Agua Linda de Puerto Lleras, es muestra de la efectividad del proceso de restitución de tierras en el departamento del Meta.
“Le doy gracias a Dios y a la Unidad de Restitución de Tierras porque nos ayudaron a recuperar esta tierra, donde emprenderemos un proyecto productivo junto con mis hijos y enseñaremos a los nietos a cuidarla”, dijo dichosa, María Hilda viuda de Ortiz, quien expresó una inmensa alegría al recibir su predio. En todo momento estuvo acompañada de Daniel, uno de sus hijos.
Por su parte, el director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton, al hacer la entrega material de la finca junto con funcionarios del Juzgado de Puerto Lleras y de la Fuerza Pública, dijo que “la devolución de la finca a doña María Hilda y a sus hijos es el mejor homenaje que se le puede hacer en el mes de la mujer a esta dama valiente y luchadora, que, aunque sufrió la violencia nunca perdió la esperanza de volver a la tierra por la que trabajó toda la su vida”.
Manifestó que, tras el acompañamiento judicial de la Unidad, el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Villavicencio Especializado en Restitución de Tierras, reconoció como víctimas de la violencia a los herederos de José Guillermo Ortiz, y ordenó restituirles el predio “Santa Bárbara”.
En 1999, esta familia fue obligada a malvender y a salir de la finca de 30 hectáreas que luego ocupó el entonces jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’.
https://www.facebook.com/ElDiarioDelLlano/videos/458215175618115
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
