CASANARE
Repudio total por femenicidio de voluntaria de la Defensa Civil en Aguazul el fin de semana
Aguazul aún no se repone de la indignación que ha causado entre sus ciudadanos este vil asesinato.
Aguazul aún no se repone de la indignación que ha causado entre sus ciudadanos, el vil asesinato del que fue víctima Edenis Barrera Benavides, una sencilla y abnegada mujer de 32 años de edad, que se desempeñaba como integrante de la Defensa Civil de esa localidad.
El cuerpo desnudo y apuñalado de Edenis, quien era madre cabeza de hogar y a quien le sobreviven dos hijos de 15 y 10 años, fue encontrado en el kilómetro 2 de la vía entre los municipios de Aguazul y Maní entre la maleza a orillas de la carretera, el domingo sobre las 6 de la mañana por ciclistas recreativos que utilizan ese carreteable para sus prácticas deportivas, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.
Testigos del hecho señalaron que el cadáver además de estar completamente desnudo, presentaba varias heridas con arma blanca a la altura del pecho y la zona abdominal, signos de degollamiento, aparente tortura y mostraba rastros de material vegetal en sus zona íntima.
Compañeros de la Defensa Civil señalaron que la última vez que vieron con vida a Edenis fue el pasado sábado sobre las 6 de la tarde, al concluir un curso de primeros auxilios que estuvieron tomando durante todo el día. La mujer se despidió a las 6 de la tarde de sus compañeros y no se volvió a saber nada de ella hasta el domingo en horas de la mañana cuando se conoció la trágica y macabra noticia de su asesinato.
Activistas y defensores de los derechos de las mujeres mostraron su total rechazo a este execrable crimen, lo mismo que la familia de la víctima, al tiempo que reclamaron de las autoridades que el mismo no quede impune.
Piden a Gobierno Nacional celeridad en reglamentación de Ley de Feminicidio
Ante el aterrador asesinato de una mujer en la vía Aguazul – Maní en el sector de San José del Bubuy (voluntaria de la Defensa Civil), el representante a la Cámara Jorge Camilo Abril Tarache pidió al Gobierno Nacional celeridad y eficiencia en la reglamentación de la Ley 1761 de 2015 que crea el tipo penal de feminicidio, que permita no sólo esclarecer esta clase de delitos y castigar de manera ejemplar a los culpables, sino también para dejar claro a los potenciales homicidas que esta disposición legal le da herramientas a la justicia para que no quede impune este tipo de delitos.
El líder político casanareño explicó que “en el Congreso de la República adelantamos en su momento una discusión amplia y concienzuda sobre la necesidad de penalizar de manera específica este tipo de acción criminal”, lo que permitió fijar en la mencionada ley que se condene por feminicidio a prisión entre 250 y 500 meses, y entre 500 y 600 meses cuando se tenga un agravante como el de esta víctima de la vía Aguazul – Maní, quien sería violada antes de ser asesinada con arma blanca y posteriormente fuera arrojada al río.
El dirigente liberal explicó que este atroz asesinato se ajusta a esta disposición legal cuando fija que “en los casos de evidencia clara o de sospecha fundada de perpetración de un feminicidio o de una tentativa de feminicidio, las investigaciones deberán iniciarse de oficio y llevarse a cabo inmediatamente y de modo exhaustivo por personal especializado” por lo que las autoridades competentes en Casanare deben actuar cuanto antes para la consecución de este fin, enfatizó.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
