CASANARE
Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso
El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.
El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.
Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.
El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:
• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.
Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.
Una defensa que terminó respaldada por la justicia
El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.
Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.
Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
