REGIÓN
Proponen ampliar a nueve horas la jornada electoral en el país
Ampliación en una hora de la jornada de la votación, que iría de ocho de la mañana a cinco de la tarde, identificación biométrica en todos los puestos de votación del país, reducción a cinco en el número de jurados de votación, y garantía de transporte gratuito para los electores, son algunas de las reformas que plantea el proyecto de Código Electoral, presentado hoy al país por quienes dedicaron esfuerzos en ese propósito durante dos años.
El Proyecto de Código Electoral, que próximamente será presentado al Congreso de la República, es fruto de un trabajo interinstitucional adelantado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Gobierno Nacional en cabeza de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, así como por expertos y asesores de varios partidos y movimientos políticos, y con la especial colaboración de la Procuraduría General de la Nación.
La iniciativa, que busca darle a Colombia un conjunto de normas claras, actuales, eficaces y sistematizadas en esta materia, también propone la creación de un Sistema de Información de Antecedentes para Cargos de Elección Popular (SIACEP), el montaje de plataformas tecnológicas de inscripción de candidaturas y selección de jurados de votación, así como la creación del Sistema Integral de Testigos Electorales (SITE), como herramienta para la designación de los mismos y asignación a las mesas de votación.
El resultado de este trabajo son 191 artículos que desarrollan todas las temáticas relativas a la organización y realización del proceso electoral en Colombia, “con actualizaciones normativas, innovaciones y mejoras propuestas por todos los participantes”, afirmó el Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha.
En la presentación del proyecto de ley que será sometida a consideración del Congreso de la República, el Registrador Galindo Vácha resumió así las principales propuestas del proyecto:
– Censo electoral permanentemente actualizado.
– Creación de un Sistema de Información de Antecedentes para Cargos de Elección Popular (SIACEP)
– Hora unificada de cierre electoral (5:00 pm).
– Plataforma tecnológica de inscripción de candidaturas.
– Incentivos y estímulos económicos a partidos y movimientos políticos para la realización de consultas internas y para la conformación de registros de afiliados.
– Fijación de los puestos de votación seis meses antes de cada elección bajo el criterio de facilitar el derecho al voto de los colombianos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
– Regulación de las funciones de los jurados de votación que antes no estaban previstas expresamente.
– Inclusión de sanciones diferenciales para jurados de votación, por inasistencia a la jornada electoral, inasistencia a capacitación, etc.
– Incorporación de una plataforma tecnológica para la selección de jurados de votación y un procedimiento para esta actividad.
– Disminución de 6 a 5 el número de los jurados de votación.
– Inclusión del pago de dos días de salario mínimo legal vigente a los jurados de votación que realicen sus labores el día de las votaciones, uno a jurados remanentes, además de los otros beneficios que ya reglamentaban las leyes.
– Creación del Sistema Integral de Testigos Electorales (SITE), como una plataforma para la designación de testigos, asignación a las mesas de votación, que además permitirá a los testigos enviar información en tiempo real sobre la jornada de votación y escrutinios a sus partidos políticos.
– La georreferenciación de los puestos de votación para ayudar en su ubicación por plataformas de localización.
– La incorporación como obligatoria de la biometría en todos los puestos de votación.
– Transporte público gratuito para los votantes. El Gobierno Nacional reglamentará este punto.
– Los candidatos y campañas pueden ofrecer transporte para los votantes, y con obligaciones de reportar este servicio al CNE y al alcalde municipal.
– Inclusión de reglamentación sobre la observación electoral, nacional e internacional.
– La incorporación del sistema denominado Plan de Auditoría Informática Electoral (PAINE) con participación de auditores de partidos y de la Procuraduría General de la Nación
– Inclusión del preconteo o sistema de conteo preliminar como mecanismo de trasparencia electoral.
– Creación del Sistema digital de soporte a las comisiones escrutadoras con todas las garantías de funcionalidad y seguridad.
– Incorporación de un sistema de custodia, gestión y divulgación de los documentos electorales, en condiciones de seguridad y de libre acceso
– Inclusión de la plataforma de información y capacitación electoral, denominada Sistema Integral de Capacitación Electoral SICE, que permitirá la coordinación de las autoridades que participan en el proceso electoral para facilitar el diseño de contenidos y mecanismos de información y de capacitación para todos los actores del proceso.
– Inclusión de disposiciones para la promoción y fortalecimiento de la democracia colombiana, como programas de valores cívicos y democráticos, como campañas para mejorar la participación ciudadana en las elecciones.
– La sistematización y publicación de todos los resultados de las elecciones y estadísticas electorales en la página web de la RNEC.
– Claridad sobre la naturaleza de libre nombramiento y remoción de los cargos directivos de las Registraduría Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta que por sentencia de la Corte Constitucional, quedaron cobijados como de carrera administrativa.
– Eliminación de la reglamentación que data del Frente Nacional, referente a tener dos delegados departamentales, dos registradores distritales y dos registradores especiales, para dejar un registrador departamental, un registrador distrital y un registrador especial, en cada una de las respectivas circunscripciones.
– Dada la menguada planta de personal, deficitaria desde hace muchos años -que incluso significa que hay municipios con solo el registrador municipal-, se incluyó un aumento y adición de la planta de personal a la RNEC, luego de un estudio que debe adelantar la Registraduría.
– Se reitera la autonomía administrativa y financiera del Consejo Nacional Electoral y se le dota de una presencia nacional, con sedes en las capitales de departamento.
– Se reitera la participación del Ministerio Público en actividades de control electoral.
Con este proyecto de ley se pretende modernizar el Código Electoral actualmente vigente (Decreto 2241 de 1986), muchas de cuyas normas se encuentran obsoletas e inconstitucionales. “El Proyecto de Ley recoge muchas de las innovaciones que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha venido incorporando en el desarrollo de los comicios electorales y algunos otros cambios que mejorarán el proceso electoral en Colombia”, añadió el Registrador Galindo Vácha.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
