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31,3 billones es el presupuesto de regalías aprobado para 2023-2024
Las regiones colombianas contarán con más recursos para la inversión social, con el presupuesto de regalías de $31,3 billones, que aprobó el Congreso de la República.
Esta Ley regirá desde el 1° de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, y es superior 81% a los dos años anteriores, con un incremento de $14 billones, siendo el más alto asignado a los territorios desde la entrada en operación del Sistema General de Regalías (SGR) en 2012, confirmó el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida, presentado por el Gobierno del Cambio el pasado 15 de noviembre, la norma aprobada resalta la importancia de avanzar por una senda de transición energética segura, confiable y eficiente, que mantenga la soberanía energética y destine los recursos provenientes del sector minero-energético para financiar programas estratégicos de desarrollo en los territorios.
Para cumplir con el artículo 361 de la Constitución Política esta iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones.
Su distribución será:
* $7,5 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
* $3,8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
* $10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos.
* $3 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
* $3,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET.
* $694.000 millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rom o gitano de Colombia.
* $299.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión de $599.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas.
* Cormagdalena recibirá $150.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.
Es de destacar que para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,3 billones. Así mismo, $299.000 millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.
También se destinarán $598.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.
Hidrocarburos, educación y gestión de riesgos
La norma aprobada contempla que la producción de hidrocarburos seguirá siendo la principal fuente de generación de regalías del país. En el próximo bienio, en promedio, 76% de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías serán generados por el sector hidrocarburos y el 18% restante por el sector minero. La devaluación del peso y el ciclo alto de los precios internacionales impulsarían el aumento de los ingresos.
Frente a la perspectiva mundial de una transición energética hacia energías renovables, el país afronta el reto de usar los recursos del Sistema para transitar, de forma gradual y ordenada, hacia la descarbonización de las economías regionales y locales, en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, sin poner en riesgo su seguridad energética.
Este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades, como en educación.
La articulación de los planes de desarrollo nacional y territoriales es un mandato legal que forma parte del sistema presupuestal del Sistema. Dentro de las disposiciones aprobadas se destaca una que habilita a los gobiernos departamentales y municipales para aprobar proyectos de inversión con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías con el fin de prevenir y mitigar las afectaciones que pueda sufrir la población en sus jurisdicciones por causa de los desastres naturales.
Fuente: Ministerio de Hacienda
La mesa de diálogo será este jueves (17 de julio) en las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bogotá a partir de las 11:00 a.m. Uno de los puntos más urgentes de la negociación corresponde a la fijación de precio del arroz.
En la mesa de negociación estarán presentes ministra y viceministra Agricultura, ministra y viceministro de Comercio, Industria y Turismo, viceministro de Hacienda. Además, 14 de los miembros del Comité Nacional de Arroceros del Paro de manera presencial y 8 de manera virtual, quienes representan a los arroceros que se movilizan en los diferentes departamentos del país.
Los bloqueos permanecerán en los diferentes departamentos que vienen realizándolos desde el lunes 14 de julio y continuarán hasta la culminación de la negociación sobre los puntos fundamentales del pliego de exigencias, entre los que se destacan:
- Régimen de libertad vigilada, que es la urgencia de establecer un precio justo.
- Incentivo de parafiscales a los agricultores y pago de los apoyos a la comercialización.
- La TUA – Tasa Uso Agua con la que no ha habido ninguna modificación.
- El incumplimiento de los compromisos firmados y la necesidad de implementar controles efectivos contra el contrabando e importaciones desde Ecuador, así como una revisión urgente de los TLC.
Uno de los puntos más álgidos y urgentes de la negociación es el precio del arroz, que cayó de $235.000 a $170.000 por carga de 125 kilos, generando una diferencia crítica. Aproximadamente se calcula que en pérdidas del primer semestre llegaron a $297 mil millones de pesos y para este segundo semestre se está calculando un aproximado de $772 mil millones de pesos.
La preocupación por el precio del arroz no se limita a las pérdidas ya registradas en el primer semestre, sino que se agrava con las que actualmente se están generando en plena cosecha. No se puede seguir justificando la inacción con argumentos sobre la producción, mientras se permiten importaciones sin control y contrabando que destruye el precio interno y condena al productor nacional.
Resolución del gobierno tiene vacíos
Si bien, el Gobierno ha presentado una resolución con el objetivo de fijar el precio del arroz, está presentando vacíos técnicos y jurídicos. Por un lado, no establece los parámetros de calidad que debe cumplir el agricultor al entregar el arroz como impurezas y humedad. Lo que deja la puerta abierta a abusos por parte de la industria hacia el agricultor imponiendo condiciones arbitrarias para frenar las compras.
Adicionalmente, la resolución omite definir la forma de pago. Dado que, el pago anticipado se redujo del 25% al 15%, y el 85% restante solo se entrega después de 45 o 50 días, agudizando la asfixia financiera del productor. A esto se suman vacíos jurídicos que dependen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero que tampoco han sido abordados. Además, existe un riesgo claro frente al industrial que puede negarse a acogerse a la resolución alegando falta de recursos o temor a ser investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que dejaría a los agricultores sin compradores y con su cosecha en riesgo total.
Desde el Comité Nacional se espera que este jueves se logre tener una mesa de diálogo productiva, celera y con soluciones concretas. El llamado al Gobierno Nacional es claro, los arroceros no levantarán el Paro Nacional si no hay acuerdos serios, con soluciones estructurales y de ejecuciones rápidas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Prosperidad Social anunció el sexto ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, dirigido a proteger y acompañar a las personas mayores en situación de pobreza extrema en todo el país. La entrega de recursos comenzó el pasado 4 de julio para los beneficiarios bancarizados, mientras que los pagos de la modalidad de giro empezaron el 8 de julio y se extenderán hasta el 21 de julio.
En este ciclo, 1.679.084 personas mayores están habilitadas para recibir el subsidio. 523.578, que tienen 80 años de edad o más, reciben un pago diferenciado de 225.000 pesos, como parte del enfoque de atención prioritaria implementado desde 2023 para fortalecer la protección de quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La inversión asciende a 236.052 millones de pesos, que garantizan el acceso al apoyo económico en todos los municipios del país, como parte del compromiso del Gobierno del Cambio con una vejez digna, segura y con justicia social.
El programa Colombia Mayor forma parte de los mecanismos de protección social que el Gobierno de Gustavo Petro impulsa para reducir la pobreza extrema, proteger a los más vulnerables y avanzar hacia un país con mayor equidad y dignidad para todos.
Fuente: Presidencia de la República
En días recientes, se generó una discusión en torno a una supuesta resolución del Ministerio de Ambiente con la que, se decía, pretendía promover la caza comercial del chigüiro. Ahora, la entidad ha aclarado que no hay en curso ninguna normativa para habilitar esta práctica, sino un ejercicio técnico, de carácter interno, basado en estudios científicos.
“Quiero ser absolutamente clara: como ministra de Ambiente, no autorizaré la caza comercial de chigüiros en Colombia. No es cierto que hay una resolución en trámite ni un proyecto de norma con ese fin”, publicó la jefe de cartera, Lena Estrada, a través de su cuenta de X.
El Minambiente ha adelantado investigaciones y consultorías especializadas como respuesta a un fallo de 2001 del Consejo de Estado, en el que se le ordenó a la cartera desarrollar un modelo de manejo sostenible para la especie, orientado hacia la caza comercial y no a criarla en cautiverio. En su momento, los expertos opinaban que el comportamiento social de este animal dificultaba su cuidado en entornos cerrados.
En las últimas dos décadas, sin embargo, se han expedido diferentes normativas para manejar de manera diferencial a esta y otras especies, percibiéndolas como “seres sintientes”. En dicho marco jurídico también se ha considerado el bienestar animal, la lucha contra el maltrato animal y la vigilancia y control de productos cárnicos, de acuerdo con el Minambiente.
“Como parte de este proceso, el pasado 12 de junio se llevó a cabo una mesa técnica sobre bienestar animal y trato digno, con la participación de expertos en el manejo de la especie”, explicó la entidad. “Estos especialistas aportaron insumos clave para evaluar la compatibilidad de un aprovechamiento sostenible sobre una eventual caza comercial y atendiendo el marco de referencia de bienestar animal”.
Tras analizar los insumos y considerando más de 20 años de estudios, la ministra Estrada aseguró que se llegó a la conclusión de que la caza comercial del chigüiro es inviable y que no existe una emergencia alimentaria en la Orinoquia colombiana que justifique la venta de su carne. Por el contrario, el Minambiente insiste en velar por su protección y conservación.
“Hago un llamado firme a las autoridades locales, especialmente a la Alcaldía de Bogotá y a las alcaldías de los Llanos Orientales, a que refuercen los controles y enfrenten con decisión el comercio ilegal de carne de chigüiro”, agregó la jefe de cartera. Esta actividad, según el ministerio, fomenta el tráfico ilegal de la especie y la criminalidad ambiental en el país.
La entidad concluyó invitando a un debate informado, que integre a todos los sectores y se base en evidencia científica.
Fuente: Tomado de El Espectador
