CASANARE
Víctimas de falsos positivos cometidos en Casanare piden verdad
Ampliar las versiones de los comparecientes, convocar a otros civiles involucrados y restaurar el buen nombre de las familias y de las víctimas asesinadas, fueron las demandas puntuales que exigieron 40 víctimas que participaron en la audiencia pública de observaciones que se llevó a cabo en Yopal el 16 y 17 de julio.
Estas demandas de verdad y, observaciones de las víctimas, se hicieron después de conocer las versiones de 104 comparecientes que están vinculados con casos de ‘falsos positivos’ en Casanare y que se investigan dentro del caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.
Durante la diligencia los familiares de las víctimas detallaron cuáles fueron las afectaciones que sufrieron y señalaron lo que esperan del proceso judicial en la JEP. “Estas observaciones servirán para la contrastar con los informes, versiones, testimonios y demás elementos del acervo probatorio”, señaló el magistrado Oscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento. Actualmente, la Sala analiza 201 hechos cuestionados, de los 326 resultados operacionales de muertes en combate, correspondientes al periodo priorizado.
Los testimonios
“Quisiera saber si ellos rogaron por sus vidas en algún momento. Me gustaría saber qué pasó desde que los reunieron hasta que fueron ejecutados”, pidió Deyanira Achagua, hermana de dos víctimas que fueron presentadas como bajas en combate entre 2006 y 2007. Familiares de víctimas de Meta, Huila, Vichada, Cundinamarca y diversos municipios de Casanare, atendieron la convocatoria tras dos años de investigación, acreditación y diversos momentos de pedagogía y preparación para la diligencia.
Jorge Eduardo Avendaño Díaz, padre de otras dos víctimas señaló: “Quisiera decirles a los señores comparecientes que si están dispuestos a ayudarnos que nos ayuden con toda la verdad. Esa será una carga menos que vamos a tener”. Otras víctimas interpelaron directamente a los comparecientes, comentando fragmentos de sus versiones que les resultan “inconsistentes”, “incoherentes” o “mentirosos”. “Solicitamos a los victimarios no ser mezquinos en sus versiones. Negar hechos u omitirlos son una forma más de revictimización y exacerba el dolor”, les dijo Wilmer Andrey Pérez Betancour, quien tenía 11 años cuando su padre fue presentado como baja en combate por el grupo especial Delta 4 del batallón ‘Llaneros Rondón’.
Cada uno de los testimonios serán contrastados por la Sala con el fin de determinar los hechos y conductas de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate atribuidas a miembros y exmiembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Este fue el periodo caracterizado por la magistratura en la primera fase de la investigación. Carolina Castro, esposa de William Salamanca Cruz, quien fue presentado como baja en combate en la Operación Escorpión dijo que “gracias a la JEP tenemos la esperanza de saber la verdad. Queremos una verdad verdadera y no una verdad a medias”.
Entre los comparecientes que han entregado versiones hay un general, tres mayores generales, un brigadier general, siete coroneles y cuatro tenientes coroneles. Y los cargos ocupados por los 104 comparecientes que han entregado versión corresponden a un comandante de división, tres comandantes de brigada, un jefe de Estado mayor, varios oficiales de inteligencia, jefes de logística, dos comandantes del Gaula Casanare y dos comandantes del Batallón de Infantería 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, además de cuatro exintegrantes del extinto DAS, incluyendo al exdirector de la seccional Casanare y tres terceros civiles.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz
CASANARE
Secretaría de las TICs en Yopal ofrece curso gratuito de herramientas de Google
La secretaría de las tecnologías de la información y las comunicaciones de Yopal invita a la comunidad a participar en su curso gratuito “Herramientas de Google”. Esta iniciativa de formación está orientada a fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos.
El espacio académico está diseñado para brindar conocimientos prácticos en el uso de aplicaciones esenciales. Los participantes aprenderán a manejar herramientas como Google Keep, Calendar, Meet, Forms, Sites, NotebookLM y la gestión masiva de contactos, fundamentales en diversos ámbitos.
Estas aplicaciones son cruciales para el desarrollo de actividades en los ámbitos educativo, laboral y personal, mejorando significativamente la gestión de la información y la comunicación en entornos virtuales. La estrategia busca cerrar brechas digitales.
El curso dará inicio en el mes de mayo, con sesiones programadas de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. se desarrollará en las instalaciones del Punto Vive Digital, y como requisito indispensable, los participantes deberán contar con un computador portátil.
Las personas interesadas pueden realizar su inscripción de manera sencilla a través del enlace: https://forms.gle/LAqwDzK4kwP6LYRdA. Asimismo, para mayor comodidad, el registro también se puede efectuar escaneando el código QR que se encontrará en las piezas informativas oficiales.
La Secretaría TIC extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía para que aproveche esta valiosa oportunidad de formación. El curso permitirá a los asistentes avanzar en el uso de herramientas digitales y fortalecer sus habilidades frente a los retos del entorno tecnológico actual.

CASANARE
El abogado detrás del fallo que sacude el sistema tributario y protegió miles de millones para Yopal
Una tutela estratégica, una disputa entre altas cortes y una decisión histórica de la Corte Constitucional (SU-047 de 2026) que le devuelve a las ciudades el control del impuesto de ICA, o en otros términos, redefinen la autonomía fiscal en Colombia. Detrás del caso, estuvo el abogado Gonzalo Ramos Rojas, Especialista en Derecho Penal y Criminología, Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible y Magister en Seguridad y Defensa Nacionales, quien convirtió una derrota judicial en el Consejo de Estado, en un precedente nacional fijado por la Corte Constitucional, abriendo una compuerta jurídica para que las demás ciudades capitales lo repliquen en sus territorios.
El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es el combustible que permite mover y hacer crecer una ciudad, es en términos sencillos, una de las principales fuentes de ingresos de las ciudades en Colombia. Gracias a este impuesto, que pagan empresas y comercios por su actividad económica, los municipios pueden financiar servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y programas sociales. En otras palabras, el ICA no es solo un tributo: es una herramienta clave para que las ciudades funcionen y puedan responder a las necesidades de sus ciudadanos.
En el Derecho, como en la guerra, hay momentos en los que una sola operación cambia el curso de la historia, en este caso, tributaria. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional es uno de esos momentos. Con la expedición de la Ley 2082 de 2021, el Congreso creó la categoría de ciudades capitales permitiéndoles tomar como referencia el régimen tributario de Bogotá.
A partir de lo anterior, el Consejo de Estado, cerró el paso a la autonomía de las ciudades: anuló los acuerdos de Yopal y Cali que buscaban elevar la tarifa del ICA, señalando que no podían superar el modelo de Bogotá.

La estrategia jurídica que redefinió el mapa tributario del ICA en Colombia
Litigar no es solo argumentar: es saber dónde dar la batalla.
Durante años, Colombia ha repetido el mismo discurso: somos un Estado descentralizado. Pero en la práctica, muchas decisiones siguen tomándose —o peor, imponiéndose— desde Bogotá. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional acaba de poner en evidencia esa contradicción.
El caso parecía técnico: la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA) en Yopal y Cali, sin embargo, para el apoderado del municipio en el fondo era mucho más que eso. Era responder a una pregunta incómoda: ¿pueden las ciudades capitales decidir sobre sus propios recursos o deben limitarse a copiar el modelo de Bogotá? El Consejo de Estado había respondido, en la práctica, que no podían apartarse.
Lo anterior define el problema jurídico. Porque esa postura no solo desconoce el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 —que permite, no impone, adoptar el régimen de Bogotá—. También reproduce una lógica profundamente centralista: lo que funciona (o se decide) en la capital debe replicarse en el resto del país, sin importar las realidades locales. Pero Colombia no es Bogotá. Yopal no es Bogotá, así lo entendió y así lo defendió el profesional del derecho ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional.
Sus dinámicas económicas, sus necesidades fiscales y sus cargas sociales son distintas. Pretender uniformarlas bajo un mismo esquema tributario no es razonable, es centralismo disfrazado de interpretación legal. La Corte Constitucional entendió el trasfondo político del asunto. Por eso, en la sentencia SU-047, no solo corrigió una decisión judicial, definió algo más importante: reivindicó el principio de autonomía territorial como un elemento real, no simbólico.

Se rompió el cerco tributario: las regiones recuperaron el control de su territorio fiscal.
Las ciudades capitales ahora tienen un precedente constitucional claro, es decir, una decisión que sirve como guía y ejemplo para casos similares, para diseñar sus políticas de impuestos con más libertad y según sus propias necesidades. Eso cambia el equilibrio de poder entre el centro y la periferia o la provincia. Adicionalmente, se deja en evidencia que el centralismo en Colombia no solo es administrativo o político, también es judicial. Sí, judicial. Cuando una alta corte interpreta la ley de manera que restringe la capacidad de las regiones para tomar decisiones sobre sus propios recursos, no está siendo neutral. Está interviniendo en la distribución del poder. Y eso tiene un alto impacto, en inversión social, en el desarrollo regional, y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos que dependen de los recursos que sus ciudades logren recaudar.
¿Porque esta decisión no cayó del cielo? Fue el resultado de una lectura precisa del conflicto: entender que el problema no era solo tributario, sino estructural. Que lo que estaba en juego no era una tarifa, sino el alcance real de la descentralización en Colombia. El abogado que llevó este caso a la Corte Constitucional no solo litigó, planteó un pulso de poder. Y lo ganó. Eso también dice mucho del momento que vive el país. Porque cada vez es más evidente que las grandes discusiones sobre el modelo territorial ya no se están dando únicamente en el Congreso, sino que se están trasladando a los tribunales. Y allí, caso por caso, se están redefiniendo las reglas.
La SU-047 marca un punto de inflexión. No resuelve todos los problemas, pero sí deja algo claro: el centralismo no es inevitable. Puede ser cuestionado. Puede ser limitado. Y, como acaba de demostrarse, también puede ser derrotado.
El abogado convirtió un problema tributario en un precedente constitucional.
Pero en todo conflicto hay una verdad inmodificable: no basta con ganar terreno, sino que hay que saber sostenerlo. Este éxito jurídico permitirá ingresos anuales, de al menos, quince mil millones de pesos (15.000.000.000), ahora, dependerá de ellos, que se inviertan estratégicamente en la ciudad y que lleguen a todos los ciudadanos. Esa es la nueva apuesta, que los impuestos sigan teniendo un retorno para los ciudadanos, y es la inversión en sus comunas, veredas y barrios.
No fue solo una sentencia donde la Corte Constitucional le da la razón al Abogado como apoderado del municipio de Yopal: fue una batalla por el control de los recursos de las ciudades.
CASANARE
Estudiantes de Morichal en Yopal participan en proceso de formación ambiental
Estudiantes del corregimiento de Morichal en Yopal participan activamente en un proceso de formación ambiental liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. La iniciativa busca generar una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales en la comunidad.
La estrategia se ha centrado en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, donde docentes y alumnos han sido parte de actividades pedagógicas durante las últimas semanas. El objetivo es promover una relación más responsable y sostenible con el entorno.
Nelly González Martínez, profesional de educación ambiental, explicó que la formación se ha enfocado en fortalecer conocimientos cruciales. Entre los temas abordados se destacan el cuidado del agua, el manejo adecuado de residuos sólidos y los desafíos que presenta el cambio climático.
Como parte de esta iniciativa integral, la capacitación también ha llegado a otras sedes educativas. Se ha impactado a las instituciones Juan José Rondón y Santa Teresa, del corregimiento El Charte, así como Antonio Nariño, del corregimiento El Morro, a través de talleres y charlas.
El proceso no solo ha enriquecido el conocimiento de los estudiantes, sino que ha comenzado a generar cambios visibles en sus prácticas cotidianas. Esta transformación positiva ha involucrado también a sus familias y al entorno cercano, creando un efecto multiplicador.
La Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático ha anunciado que continuará con estas jornadas a lo largo del año. La meta es seguir formando a jóvenes que se conviertan en promotores activos del cuidado ambiental en sus respectivas comunidades.
-
CASANARE59 minutos agoEstudiantes de Morichal en Yopal participan en proceso de formación ambiental
-
CASANARE46 minutos agoEl abogado detrás del fallo que sacude el sistema tributario y protegió miles de millones para Yopal
-
CASANARE2 minutos agoSecretaría de las TICs en Yopal ofrece curso gratuito de herramientas de Google


