CASANARE
Víctimas de falsos positivos cometidos en Casanare piden verdad
Ampliar las versiones de los comparecientes, convocar a otros civiles involucrados y restaurar el buen nombre de las familias y de las víctimas asesinadas, fueron las demandas puntuales que exigieron 40 víctimas que participaron en la audiencia pública de observaciones que se llevó a cabo en Yopal el 16 y 17 de julio.
Estas demandas de verdad y, observaciones de las víctimas, se hicieron después de conocer las versiones de 104 comparecientes que están vinculados con casos de ‘falsos positivos’ en Casanare y que se investigan dentro del caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.
Durante la diligencia los familiares de las víctimas detallaron cuáles fueron las afectaciones que sufrieron y señalaron lo que esperan del proceso judicial en la JEP. “Estas observaciones servirán para la contrastar con los informes, versiones, testimonios y demás elementos del acervo probatorio”, señaló el magistrado Oscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento. Actualmente, la Sala analiza 201 hechos cuestionados, de los 326 resultados operacionales de muertes en combate, correspondientes al periodo priorizado.
Los testimonios
“Quisiera saber si ellos rogaron por sus vidas en algún momento. Me gustaría saber qué pasó desde que los reunieron hasta que fueron ejecutados”, pidió Deyanira Achagua, hermana de dos víctimas que fueron presentadas como bajas en combate entre 2006 y 2007. Familiares de víctimas de Meta, Huila, Vichada, Cundinamarca y diversos municipios de Casanare, atendieron la convocatoria tras dos años de investigación, acreditación y diversos momentos de pedagogía y preparación para la diligencia.
Jorge Eduardo Avendaño Díaz, padre de otras dos víctimas señaló: “Quisiera decirles a los señores comparecientes que si están dispuestos a ayudarnos que nos ayuden con toda la verdad. Esa será una carga menos que vamos a tener”. Otras víctimas interpelaron directamente a los comparecientes, comentando fragmentos de sus versiones que les resultan “inconsistentes”, “incoherentes” o “mentirosos”. “Solicitamos a los victimarios no ser mezquinos en sus versiones. Negar hechos u omitirlos son una forma más de revictimización y exacerba el dolor”, les dijo Wilmer Andrey Pérez Betancour, quien tenía 11 años cuando su padre fue presentado como baja en combate por el grupo especial Delta 4 del batallón ‘Llaneros Rondón’.
Cada uno de los testimonios serán contrastados por la Sala con el fin de determinar los hechos y conductas de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate atribuidas a miembros y exmiembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Este fue el periodo caracterizado por la magistratura en la primera fase de la investigación. Carolina Castro, esposa de William Salamanca Cruz, quien fue presentado como baja en combate en la Operación Escorpión dijo que “gracias a la JEP tenemos la esperanza de saber la verdad. Queremos una verdad verdadera y no una verdad a medias”.
Entre los comparecientes que han entregado versiones hay un general, tres mayores generales, un brigadier general, siete coroneles y cuatro tenientes coroneles. Y los cargos ocupados por los 104 comparecientes que han entregado versión corresponden a un comandante de división, tres comandantes de brigada, un jefe de Estado mayor, varios oficiales de inteligencia, jefes de logística, dos comandantes del Gaula Casanare y dos comandantes del Batallón de Infantería 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, además de cuatro exintegrantes del extinto DAS, incluyendo al exdirector de la seccional Casanare y tres terceros civiles.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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