CASANARE
Víctimas de falsos positivos cometidos en Casanare piden verdad
Ampliar las versiones de los comparecientes, convocar a otros civiles involucrados y restaurar el buen nombre de las familias y de las víctimas asesinadas, fueron las demandas puntuales que exigieron 40 víctimas que participaron en la audiencia pública de observaciones que se llevó a cabo en Yopal el 16 y 17 de julio.
Estas demandas de verdad y, observaciones de las víctimas, se hicieron después de conocer las versiones de 104 comparecientes que están vinculados con casos de ‘falsos positivos’ en Casanare y que se investigan dentro del caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.
Durante la diligencia los familiares de las víctimas detallaron cuáles fueron las afectaciones que sufrieron y señalaron lo que esperan del proceso judicial en la JEP. “Estas observaciones servirán para la contrastar con los informes, versiones, testimonios y demás elementos del acervo probatorio”, señaló el magistrado Oscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento. Actualmente, la Sala analiza 201 hechos cuestionados, de los 326 resultados operacionales de muertes en combate, correspondientes al periodo priorizado.
Los testimonios
“Quisiera saber si ellos rogaron por sus vidas en algún momento. Me gustaría saber qué pasó desde que los reunieron hasta que fueron ejecutados”, pidió Deyanira Achagua, hermana de dos víctimas que fueron presentadas como bajas en combate entre 2006 y 2007. Familiares de víctimas de Meta, Huila, Vichada, Cundinamarca y diversos municipios de Casanare, atendieron la convocatoria tras dos años de investigación, acreditación y diversos momentos de pedagogía y preparación para la diligencia.
Jorge Eduardo Avendaño Díaz, padre de otras dos víctimas señaló: “Quisiera decirles a los señores comparecientes que si están dispuestos a ayudarnos que nos ayuden con toda la verdad. Esa será una carga menos que vamos a tener”. Otras víctimas interpelaron directamente a los comparecientes, comentando fragmentos de sus versiones que les resultan “inconsistentes”, “incoherentes” o “mentirosos”. “Solicitamos a los victimarios no ser mezquinos en sus versiones. Negar hechos u omitirlos son una forma más de revictimización y exacerba el dolor”, les dijo Wilmer Andrey Pérez Betancour, quien tenía 11 años cuando su padre fue presentado como baja en combate por el grupo especial Delta 4 del batallón ‘Llaneros Rondón’.
Cada uno de los testimonios serán contrastados por la Sala con el fin de determinar los hechos y conductas de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate atribuidas a miembros y exmiembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Este fue el periodo caracterizado por la magistratura en la primera fase de la investigación. Carolina Castro, esposa de William Salamanca Cruz, quien fue presentado como baja en combate en la Operación Escorpión dijo que “gracias a la JEP tenemos la esperanza de saber la verdad. Queremos una verdad verdadera y no una verdad a medias”.
Entre los comparecientes que han entregado versiones hay un general, tres mayores generales, un brigadier general, siete coroneles y cuatro tenientes coroneles. Y los cargos ocupados por los 104 comparecientes que han entregado versión corresponden a un comandante de división, tres comandantes de brigada, un jefe de Estado mayor, varios oficiales de inteligencia, jefes de logística, dos comandantes del Gaula Casanare y dos comandantes del Batallón de Infantería 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, además de cuatro exintegrantes del extinto DAS, incluyendo al exdirector de la seccional Casanare y tres terceros civiles.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
