META
Vicepresidenta pide protección para mujer en riesgo de feminicidio en Acacías
La Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, remitieron un oficio al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en el que piden “desplegar toda la capacidad investigativa” en el caso de Linda Lorena Velásquez, quien, a través de un video publicado en redes sociales, denunció ser víctima de violencia física y psicológica, además de amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación, por parte de su expareja sentimental, Jorge Eliécer Rojas Martínez, en Acacías, Meta.
“Solicitamos, muy respetuosamente, que en el marco de las competencias de la entidad que usted lidera, se despliegue toda la capacidad investigativa con enfoque de género en el caso señalado, y de ser posible, se asigne un equipo especial para que revise las señaladas investigaciones penales, con el fin de avanzar efectivamente en las mismas, en el menor tiempo posible. Además, se solicita respetuosamente que se valore el riesgo de feminicidio de la mujer víctima, y acorde con los resultados, se activen las medidas de protección correspondientes”, dice la misiva.
Las altas funcionarias insistieron en la necesidad de revisar procesos penales previos en contra del agresor, y garantizar protección para la víctima y sus hijos, así como acompañamiento presencial con el correspondiente apoyo psicosocial y priorización para la captura del victimario.
“Se evidencia un riesgo latente de feminicidio, pues se trata de una mujer víctima de violencia por parte de su expareja, con un continuum de violencia de género en su contra, y con graves hechos de violencia que han incluido uso de armas de fuego, seguimientos y amenazas de muerte.
La Consejera Gheidy Gallo afirmó: “Cualquier caso de violencia contra una mujer merece la celeridad de nuestra atención para la protección de ella y sus hijos. Invitamos a todas las mujeres que están en una situación de violencia por parte de sus parejas, exparejas o cualquier persona a usar los canales oficiales e incluso las redes sociales -de manera responsable-, con tal de salvar sus vidas. El feminicidio se puede prevenir y todas merecemos una vida libre de violencias y miedo”.
Fuente: Vicepresidencia de la República
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
