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Usuarios de ICETEX son beneficiarios del Plan de Auxilios Educativos Covid-19

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En el mes de marzo de 2020 el Gobierno Nacional puso en marcha el Plan de Auxilios Educativos COVID-19 con el fin de apoyar las necesidades de los jóvenes y familias usuarias de ICETEX. Este plan, que se ha extendido en tres ocasiones con el fin de garantizar plena cobertura a las necesidades de los usuarios durante el período de pandemia, será ampliado nuevamente, hasta el 28 de febrero de 2022.

Esta decisión convierte al ICETEX en la única entidad que ha brindado apoyos de manera ininterrumpida a más de 152.000 familias, de los 32 departamentos de Colombia, durante todo el tiempo de pandemia.

Este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno Nacional en atender las solicitudes que en este sentido hicieron los usuarios de la entidad y sus padres de familia en los múltiples espacios de diálogo con la ciudadanía, especialmente, en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes. En dichos Encuentros se avanzó en construir un plan que atendiera las necesidades de los jóvenes y sus familias ante las afectaciones en materia de salud e ingresos ocasionados por la pandemia.

Dichos apoyos comprenden medidas como la interrupción temporal de pagos sin causación de intereses, la reducción de tasas al IPC, otorgamiento de plazos más amplios para el pago de los créditos con el fin de reducir el valor de la cuota mensual y el otorgamiento de nuevos créditos sin el requisito del codeudor. El Gobierno Nacional ha apoyado este plan con aportes de recursos superior a los 75.000 millones de pesos en todas sus etapas, beneficiando así a un amplio número de familias de los estratos 1, 2 y 3.

Además de esta importante iniciativa, el Presidente de la República sancionó el pasado 7 de diciembre, el Decreto 1667 el cuál le permitirá a ICETEX y a las entidades que desarrollan programas de acceso y permanencia por medio del instituto, establecer nuevas medidas de estímulos y alivios, complementarias a este anuncio, que permitirán otorgar soluciones de más largo plazo para aquellos que al terminar el periodo de pandemia todavía requieran de este tipo de apoyos.

Los 23 meses del Plan de Auxilios COVID-19 en cifras 

  • El 49% (75.000) de los usuarios solicitantes se acogió a la medida de Período de gracia o interrupción de cuotas de sus créditos sin cobro ni generación de nuevos intereses.
  • El 34% (51.000) accedió a la Reducción transitoria de intereses al valor del IPC.
  • El 17% (26.000) de los jóvenes se acogió a la ampliación de plazos de sus créditos con reducción del valor de la cuota mensual.
  • Así mismo, ICETEX ha otorgado 18.350 créditos educativos sin requerir de deudor solidario, a través de un Fondo de Garantías y de los mecanismos de flexibilización de crédito educativo dispuestos por la entidad.

A nivel regional, el mayor número de usuarios beneficiados se ubica en Bogotá con 31.668 jóvenes, seguido por Valle del Cauca con 9.819; Atlántico con 8.897; Antioquia con 6.388 y Cundinamarca con 6.371 estudiantes. De ellos, el 57 % corresponde a mujeres. Además, el 28% de quienes se acogieron a los auxilios se encontraban en mora y con esta medida normalizaron su situación.

Para solicitar los auxilios educativos COVID-19 y obtener más información:

Fuente: ICETEX

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Ecopetrol libera cerca de 60 millones de barriles diarios de gas natural para garantizar suministro nacional

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El Grupo Ecopetrol continúa adoptado decisiones estratégicas que garanticen el suministro de gas natural en todo el país.

A la asignación adicional de 2,7 Gbtu (millones de barriles diarios) de gas natural para garantizar el suministro de gas natural vehicular en Casanare y Meta, se suma un nuevo anuncio de comercialización del energético.

A partir del 1º de diciembre de 2025 la compañía ofrecerá para la venta entre 46 y 60 Gbtud de sus campos del Piedemonte Llanero. Estas cantidades equivalen aproximadamente al 20% de la demanda residencial, comercial y de gas natural vehicular del país.

La empresa estatal informó que este gas adicional estará disponible desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y se ofrecerá en dos modalidades definidas en la regulación vigente:

– En firme, que garantiza el suministro continuo durante el periodo contratado.

– Con interrupciones, que permite suspender el suministro en caso de limitaciones, según las reglas establecidas.

De acuerdo con Ecopetrol, en la modalidad ‘En firme’ se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 Gbtud para los meses de marzo a mayo de 2026, y serán comercializadas durante el trimestre de negociación que inicia en diciembre de 2025.

Y en la modalidad de ‘Interrumpible’ se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 Gbtud para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026, y serán comercializadas mensualmente, teniendo en cuenta las condiciones regulatorias vigentes que señalan que para el trimestre de diciembre a febrero sólo se permite la comercialización de gas bajo la modalidad Interrumpible.

“En Ecopetrol seguimos comprometidos en el abastecimiento de gas natural para todos los colombianos. Gracias a esfuerzos recientes de eficiencia, optimización y sustitución energética en varios de nuestros procesos productivos por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, podemos liberar mayores volúmenes para amentar la oferta de gas provenientes de nuestros campos en el Piedemonte Llanero”, declaró Bayron Triana Arias, Vicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición, de Ecopetrol.

Agregó el directivo que este incremento en la oferta refleja el compromiso de la compañía estatal con el país y con la transición energética. “Así avanzamos hacia un futuro con más energía limpia y más seguridad energética para todos los colombianos, y se contribuye al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y las metas de transición energética del Grupo Ecopetrol”, aseguró.

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La JEP no aceptó al exjefe jurídico de la Gobernación de Casanare en gobierno de Raúl Flórez

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Henry Villarraga Oliveros, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no cumplió con el requisito de aportar verdad plena, presentó argumentos exculpatorios y negó la existencia de patrones macrocriminales ampliamente demostrados en su contra.

Según la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Villarraga omitió información clave que habría permitido esclarecer su presunto papel en el encubrimiento de graves crímenes del conflicto armado, particularmente en el caso del coronel (r) Robinson González del Río, investigado por ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

La JEP recordó que contra Villarraga cursan varios procesos penales y disciplinarios por, presuntamente, ofrecer asesoría ilegal al oficial retirado y comprometerse a influir para que uno de sus procesos fuera trasladado a la Justicia Penal Militar, buscando garantizar impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El tribunal especial concluyó que el exmagistrado incumplió las condiciones básicas exigidas para acceder a los beneficios del sistema transicional, pues su aporte se limitó a justificar sus actuaciones con argumentos jurídicos y a cuestionar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, alegando una supuesta “guerra jurídica” contra miembros de la fuerza pública.
Para la Sala, requerir nuevamente al solicitante para que hiciera un aporte de verdad sustancial representaría un desgaste injustificado del aparato judicial, más aún cuando Villarraga ha tenido múltiples oportunidades para hacerlo en los procesos que se adelantan en su contra.

El expediente fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde cursa un proceso disciplinario en etapa de acusación y otro penal cuya apertura quedó sin efectos. La JEP, además, rechazó cualquier discurso estigmatizante o desobligante frente a las víctimas, la sociedad y las instituciones del Estado.

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Con proyecto de ley buscan declarar de alto riesgo la profesión de escolta

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El Senador José Vicente Carreño Castro radicó el Proyecto de Ley 135 de 2025 que reconoce y establece “a los agentes de protección o escoltas requeridos como una profesión y/u oficio de alto riesgo”, en la medida que este trabajo está en proteger a personas con la posibilidad de sufrir un atentado, por lo que deben prevenir y enfrentar este tipo de eventualidad, lo que de inmediato los convierte también en blanco de los agresores.

Carreño Castro reveló que “al establecer de alto riesgo esta profesión u oficio, los agentes de protección o escoltas quedan cobijados en las ´Pensiones especiales de vejez´, establecido en los Artículos 3 al 10 del Decreto 2090 de 2003, adicionando esta iniciativa legislativa una modificación al Artículo 8 –modificado a la vez por el Artículo 1 del Decreto 2655 de 2014- en el sentido de que este régimen especial de pensión, incluye a los trabajadores vinculados a esta actividad hasta el 31 de diciembre de 2034, y no solo hasta el 31 de diciembre de 2024, como lo establece el mencionado Decreto 2655”.

La iniciativa legislativa –que ahora pasa a la Comisión VII del Senado- le fija al SENA la tarea de estructurar “un pensum académico con ciclos de competencias laborales, técnico, tecnólogo y profesional en seguridad dirigido este personal, para lo cual podrá celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales”, con el fin de que este ejercicio no solo sea considerado un oficio, sino además como una nueva profesión con todos la validación constitucional y legal, como la plantea el mencionado proyecto de ley.

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