ARAUCA
Un hombre y una mujer son los nuevos directores de los hospitales de Arauca
Ante el gobernador José Facundo Castillo Cisneros, tomaron posesión los nuevos directores de los hospitales San Vicente de Arauca y del Sarare de Saravena, mediante Decretos 0388 y 0397 de 2020.
El mandatario seccional sostuvo que se tomó el tiempo necesario para elegir a los nuevos funcionarios y anunció como directora del San Vicente a la profesional en enfermería y abogada Olga Guapacha, especialista en Salud Ocupacional, máster en gestión y dirección de empresas, con más de 17 años laborando en el centro asistencial.
La posesionada por su parte sostuvo que uno de sus mayores retos es mejorar la parte financiera del centro asistencial con la facturación que van a generar de la ampliación de la oferta de sus servicios y el apoyo de sus compañeros de trabajo. Olga Guapacha recibirá del también profesional en enfermería Jesús Enrique Ballesteros, quien venía encargado desde el año anterior.
Entre tanto, en la ESE del Sarare, el mandatario seccional designó a Carlos Alberto Sánchez Arango, bacteriólogo, especialista en epidemiología y en gerencia de salud y magister en Ciencias de la Salud del Instituto de Medicina Tropical de La Habana Cuba.
Sánchez fue director del hospital San Francisco de Fortul, gerente de la Clínica Medicenter de Yopal, sub gerente científico del hospital del Sarare y del hospital San José de Maicao en la Guajira, así mismo, asesor departamental de salud pública de la Organización Internacional para las Migraciones OIM.
El nuevo director sostuvo que entre los retos que se ha trazado figura la de buscar la sostenibilidad financiera, lograr generar mayor rentabilidad social en el territorio y emprender nuevos proyectos como la culminación de la Unidad de Cuidados Intensivos, la construcción de la central de mezclas, sostener la totalidad de las especialidades y generar nuevas para ser un hospital más competitivo.
Fuente: Gobernación de Arauca
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
