META
Suspenden proceso para crear Empresa que manejaría el alumbrado público de Villavicencio
El Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio decretó una medida cautelar, que ordena al municipio suspender de manera provisional el Acuerdo N°368 del 29 de noviembre de 2018, mediante el cual el Concejo Municipal autoriza al alcalde Wilmar Barbosa, a constituir una Empresa de Servicios Públicos de Economía Mixta, para manejar el alumbrado público de la capital del Meta.
La medida de urgencia está solicitada dentro de una Acción Popular, impetrada para impedir que el municipio busque un nuevo socio para la creación de la menciondad Empresa de Economía Mixta.
El fallo se da, atendiendo a un auto proferido el 7 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Meta, en cual se ordena al municipio suspender de manera provicional los efectos del mencionado Acuerdo Municipal.
También se ordena, suspender de manera inmediata, el proceso de Licitación Pública que adelanta el Municipio, para la “Escogencia de un socio estratégico para la constitución de una empresa de servicios públicos mixta”, hasta tanto se decida de fondo la Acción Popular.
Para el Juzgado, el Acuerdo N° 368 del 29 de noviembre de 2018 va en contravía de lo dispuesto en el numeral 6° del articulo 27 de la Ley 1508 de 2012, que señala que “No se pondrá celebrar este tipo de contratos durante el último año de gobierno salvo que sean celebrados por el Distrito Capital”.
Al conceder la medida cautelar, el Juez también admitió una demanda de Acción Popular que empieza su trámite procesal en el despacho y se tomará su tiempo hasta resolver en derecho. Lo que se busca es evitar perjuicios irremediables al patrimonio del Municipio.
Por ahora, la Alcaldía no podrá adelantar ninguna etapa del proceso, hasta que no se decida de fondo la Acción Popular.
Fuente: Con información de www.villavicenciodiaadia.com
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
