META
Superindustria multó por más de 2.000 millones a empresas mineras del Meta
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de competencia, sancionó a 11 agentes de mercado y a 9 personas naturales, al quedar demostrado que llevaron a cabo dos acuerdos restrictivos de la libre competencia económica celebrados y ejecutados por distintas empresas mineras de la zona de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.
Esto en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho de río, cuyos compradores principales son los contratistas de ECOPETROL.
El primer acuerdo anticompetitivo consistió en la asignación de cuotas de suministro, denominada por los cartelistas como la “repartición equitativa”. En este acuerdo teniendo en cuenta el número de títulos mineros que distintas personas tenían en la zona, se acordó que el 40% del suministro de material pétreo para las solicitudes realizadas por los contratistas de ECOPETROL, correspondería a JOSÉ HÉCTOR MURILLO CASTILLO y SERVIPETRÓLEOS; y el 60% restante a los mineros afiliados a la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA. Esta práctica se presentó desde 2011 hasta mayo de 2016.
El segundo acuerdo anticompetitivo buscó garantizar y complementar el cumplimiento efectivo de la asignación de cuotas de suministro, y consistió en la fijación de precios del material pétreo que los mismos agentes de mercado establecieron año a año desde 2012 hasta febrero de 2016.
De igual forma, quedó demostrado que la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA, como agremiación de los mineros de la región, constituyó un sistema y procedimiento que limitó la libre competencia económica en el mercado descrito al fungir como el vehículo a través del cual se coordinó la operación, logística, seguimiento, vigilancia y control de los acuerdos anticompetitivos celebrados por los mineros. De igual manera sirvió como portavoz del gremio y los cartelistas ante ECOPETROL y las diferentes autoridades locales.
EL CASO
La investigación se inició como consecuencia de la denuncia presentada por el CONSORCIO M&O, contratista aliado de ECOPETROL. A su vez, ECOPETROL mediante distintas denuncias presentadas ante esta Autoridad también informó de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho del río en los municipios de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.
Posteriormente, y en el marco de la etapa preliminar de la investigación, JOSÉ HÉCTOR MURILLO CASTILLO, TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA., TRITURADOS MINA LA ISLA S.A.S., PIÑEROS BARRERA Y COMPAÑÍA LTDA., ALUVIALES LA FORTUNA S.A.S., SUMINISTROS MINEROS DEL LLANO LTDA. y la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA, solicitaron ingresar como delatores al Programa de Beneficios por Colaboración. De esta manera, los agentes confesaron su participación en los acuerdos restrictivos de la libre competencia económica, reconociendo su responsabilidad y aportando pruebas relevantes que demostraban la existencia y ejecución de un acuerdo de asignación de cuotas de suministro, así como de uno de fijación de precios en el mercado referido.
¿QUÉ SIGUE?
Una vez en firme la decisión, la Superintendencia la comunicará a: las Alcaldías municipales de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva del departamento del Meta, con el fin de que ante cualquier indicio de alguna práctica restrictiva de la libre competencia la comuniquen de manera inmediata a la Superintendencia; al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería.
Contra la decisión procede el recurso de reposición.
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
