META
Superindustria multó por más de 2.000 millones a empresas mineras del Meta
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de competencia, sancionó a 11 agentes de mercado y a 9 personas naturales, al quedar demostrado que llevaron a cabo dos acuerdos restrictivos de la libre competencia económica celebrados y ejecutados por distintas empresas mineras de la zona de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.
Esto en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho de río, cuyos compradores principales son los contratistas de ECOPETROL.
El primer acuerdo anticompetitivo consistió en la asignación de cuotas de suministro, denominada por los cartelistas como la “repartición equitativa”. En este acuerdo teniendo en cuenta el número de títulos mineros que distintas personas tenían en la zona, se acordó que el 40% del suministro de material pétreo para las solicitudes realizadas por los contratistas de ECOPETROL, correspondería a JOSÉ HÉCTOR MURILLO CASTILLO y SERVIPETRÓLEOS; y el 60% restante a los mineros afiliados a la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA. Esta práctica se presentó desde 2011 hasta mayo de 2016.
El segundo acuerdo anticompetitivo buscó garantizar y complementar el cumplimiento efectivo de la asignación de cuotas de suministro, y consistió en la fijación de precios del material pétreo que los mismos agentes de mercado establecieron año a año desde 2012 hasta febrero de 2016.
De igual forma, quedó demostrado que la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA, como agremiación de los mineros de la región, constituyó un sistema y procedimiento que limitó la libre competencia económica en el mercado descrito al fungir como el vehículo a través del cual se coordinó la operación, logística, seguimiento, vigilancia y control de los acuerdos anticompetitivos celebrados por los mineros. De igual manera sirvió como portavoz del gremio y los cartelistas ante ECOPETROL y las diferentes autoridades locales.
EL CASO
La investigación se inició como consecuencia de la denuncia presentada por el CONSORCIO M&O, contratista aliado de ECOPETROL. A su vez, ECOPETROL mediante distintas denuncias presentadas ante esta Autoridad también informó de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho del río en los municipios de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.
Posteriormente, y en el marco de la etapa preliminar de la investigación, JOSÉ HÉCTOR MURILLO CASTILLO, TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA., TRITURADOS MINA LA ISLA S.A.S., PIÑEROS BARRERA Y COMPAÑÍA LTDA., ALUVIALES LA FORTUNA S.A.S., SUMINISTROS MINEROS DEL LLANO LTDA. y la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA, solicitaron ingresar como delatores al Programa de Beneficios por Colaboración. De esta manera, los agentes confesaron su participación en los acuerdos restrictivos de la libre competencia económica, reconociendo su responsabilidad y aportando pruebas relevantes que demostraban la existencia y ejecución de un acuerdo de asignación de cuotas de suministro, así como de uno de fijación de precios en el mercado referido.
¿QUÉ SIGUE?
Una vez en firme la decisión, la Superintendencia la comunicará a: las Alcaldías municipales de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva del departamento del Meta, con el fin de que ante cualquier indicio de alguna práctica restrictiva de la libre competencia la comuniquen de manera inmediata a la Superintendencia; al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería.
Contra la decisión procede el recurso de reposición.
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.
En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.
Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.
El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.
Fuente: Comunicaciones ICA
La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.
Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.
Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
