El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a seis posibles integrantes de una organización delincuencial que desde enero de 2022 se habría dedicado a la comercialización de tierras ubicadas en zonas de protección y de recuperación de fuentes hídricas del río Guatiquía.

Se trata de José Jairo Riveros Medina, presunto cabecilla de la organización ilegal; Blanca Yamile Vergara Jaimes y Edwin Abel Mendoza, quienes se desempeñarían como comisionistas y encargados de vender los lotes. También fueron judicializados Cristian Camilo Romero Pérez, Luis Heberto Leyton Brito y Álvaro Malaver Aros.

Según la investigación, la red ilegal provocaba incendios forestales para arrasar la capa vegetal, luego de lo cual parcelaban los terrenos y comercializaban lotes como parte de un proyecto urbanístico. También se determinó que usaron maquinaria amarilla para afectar la cobertura boscosa y construir vías ilegales que les permitieran facilitar el acceso a estas zonas.

En poder de los procesados fueron encontradas tres armas de fuego con las que amenazaban y extorsionaban a quienes se atrevían a opinar en contra de esta actividad.

Mediante estas acciones la red criminal habría alcanzado a comercializar más de 700 lotes de terreno, cuyos valores individuales en muchos casos llegaban a los 60 millones de pesos, generando rentas ilegales por, al menos, 42.000 millones de pesos.

El ente acusador evidenció que con estas acciones la estructura criminal causó graves daños al ambiente, pues generó una disminución de la población de fauna y flora silvestre, se afectaron las fuentes hídricas y la zona natural protegida.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los punibles de: invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, urbanización ilegal, extorsión y daño en los recursos naturales y ecocidio.

Fuente: Fiscalía Meta

Los 48 estudiantes de la Institución Educativa San Lorenzo, que fueron trasladados al hospital local de Castilla La Nueva debido a una intoxicación masiva, han sido dados de alta tras una rápida recuperación.

El estado de salud de los niños es estable y han regresado con sus familias, cerrando así un día preocupante con una noticia alentadora.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía de este jueves 25 de julio, afectando a estudiantes de quinto grado de primaria hasta undécimo de bachillerato. Los protocolos de emergencia se activaron de inmediato, permitiendo una pronta atención médica que fue crucial para la rápida recuperación de los afectados.

Ahora, con todos los estudiantes fuera de peligro, la Alcaldía de Castilla La Nueva, los centros de salud, la Policía, la Fiscalía, así como el rector y los docentes de la institución, se mantienen firmes en su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva. Este esfuerzo conjunto asegurará la determinación de las causas de la intoxicación y la implementación de medidas preventivas para evitar futuros incidentes.

Fuente: Gobernación del Meta

El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Juan Pablo León Ruíz, alias Pablo; quien se encargaría de la formación ideológica de los integrantes del ‘Clan del Golfo’ en la Orinoquía.

Labores de policía judicial vincularían al procesado con la subestructura Gonzalo Oquendo Urrea del referido grupo armado ilegal.

Según la Fiscalía, también sería el responsable de coordinar el accionar de las estructuras ilegales en el suroriente del país donde el Clan del Golfo se disputa con otras agrupaciones criminales el control territorial por el comercio de estupefacientes.

‘Pablo’ fue capturado por la Dijin de la Policía Nacional en Granada (Meta). En su poder fueron encontrados dos celulares, varias sim card, un computador y una memoria USB cuya información se cree puede ser relevante para las investigaciones que adelanta la Fiscalía. Además, se incautaron 10 millones de pesos con fines de comiso.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Villavicencio (Meta) imputó al procesado el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes y homicidio, cargo que no fue aceptado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación