CASANARE
Solicitan a la JEP investigar falsos positivos cometidos en los llanos orientales
Lo importante es esclarecer los hechos, para que no queden dudas acerca de quien, cómo y porqué los cumplieron, dicen familiares de víctimas de falsos positivos.
“Según la documentación realizada por organizaciones sociales, las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales, y hoy, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en su gran mayoría son población en riesgo por cuenta de la pandemia, esperan que en estas versiones voluntarias se cuente la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.
En dos diligencias, que se llevarán a cabo este viernes 12 de febrero, y el próximo 19 de febrero ante la sala de Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, comparecerán voluntariamente los Generales Guillermo Quiñones Quiroz y Cipriano Peña Chivatá para dar su versión por el caso en Casanare. Sin embargo, las familias solicitarán que se determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional en casos perpetrados en los departamentos del Meta y Guaviare.
El Director Ejecutivo del COFB, César Santoyo Santos, explicó que, el Colectivo ha logrado comprobar la responsabilidad de la Nación en 15 casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Meta y Guaviare, específicamente por la ejecución extrajudicial de campesinos y labriegos cometidos por unidades militares bajo la comandancia del entonces General Guillermo Quiñones Quiroz.
“Por más de una década hemos acompañado a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el Meta y el Guaviare. Muchas de estas personas fueron ejecutadas y desaparecidas cuando los señores Cipriano Peña Chivatá y Guillermo Quiñones Quiroz se encontraban al mando de la Brigada Móvil No. 12 y Cuarta División del Ejército respectivamente, por lo que las familias solicitan a la JEP determinar su presunta responsabilidad”, argumentó Santoyo Santos.
En estos 15 casos hay sentencias condenatorias en procesos de reparación directa en la jurisdicción contencioso administrativo, esto es, la justicia colombiana demostró que se trató de una ejecución extrajudicial. Estos casos obedecen a 15 víctimas directas, en los cuales se han condenado 6 uniformados en el procedimiento penal.
También se ha logrado determinar patrones de macrocriminalidad en común como: i). Las víctimas recibieron ofertas de trabajo; ii) Algunos fueron sepultados como Personas No Identificadas (comúnmente denominados NN) a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación; iii) se evidenciaron irregularidades con respecto a las prendas de vestir que llevaban, porque algunas no correspondían a las tallas de las víctimas o las incineraron por motivos de “salubridad”, o porque eran prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y iv) se descubrió que también presentaban inconsistencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo”.
Fuente: Notillano
CASANARE
Atentado con explosivo contra empresa de seguridad en Yopal: investigan posible extorsión
CASANARE
Alias “Blacho” fue asesinado a bala en Yopal: investigan posible ajuste de cuentas
CASANARE
Hombres armados quemaron maquinaria amarilla en zona rural de Yopal
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
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