CASANARE
Solicitan a la JEP investigar falsos positivos cometidos en los llanos orientales
Lo importante es esclarecer los hechos, para que no queden dudas acerca de quien, cómo y porqué los cumplieron, dicen familiares de víctimas de falsos positivos.
“Según la documentación realizada por organizaciones sociales, las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales, y hoy, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en su gran mayoría son población en riesgo por cuenta de la pandemia, esperan que en estas versiones voluntarias se cuente la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.
En dos diligencias, que se llevarán a cabo este viernes 12 de febrero, y el próximo 19 de febrero ante la sala de Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, comparecerán voluntariamente los Generales Guillermo Quiñones Quiroz y Cipriano Peña Chivatá para dar su versión por el caso en Casanare. Sin embargo, las familias solicitarán que se determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional en casos perpetrados en los departamentos del Meta y Guaviare.
El Director Ejecutivo del COFB, César Santoyo Santos, explicó que, el Colectivo ha logrado comprobar la responsabilidad de la Nación en 15 casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Meta y Guaviare, específicamente por la ejecución extrajudicial de campesinos y labriegos cometidos por unidades militares bajo la comandancia del entonces General Guillermo Quiñones Quiroz.
“Por más de una década hemos acompañado a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el Meta y el Guaviare. Muchas de estas personas fueron ejecutadas y desaparecidas cuando los señores Cipriano Peña Chivatá y Guillermo Quiñones Quiroz se encontraban al mando de la Brigada Móvil No. 12 y Cuarta División del Ejército respectivamente, por lo que las familias solicitan a la JEP determinar su presunta responsabilidad”, argumentó Santoyo Santos.
En estos 15 casos hay sentencias condenatorias en procesos de reparación directa en la jurisdicción contencioso administrativo, esto es, la justicia colombiana demostró que se trató de una ejecución extrajudicial. Estos casos obedecen a 15 víctimas directas, en los cuales se han condenado 6 uniformados en el procedimiento penal.
También se ha logrado determinar patrones de macrocriminalidad en común como: i). Las víctimas recibieron ofertas de trabajo; ii) Algunos fueron sepultados como Personas No Identificadas (comúnmente denominados NN) a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación; iii) se evidenciaron irregularidades con respecto a las prendas de vestir que llevaban, porque algunas no correspondían a las tallas de las víctimas o las incineraron por motivos de “salubridad”, o porque eran prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y iv) se descubrió que también presentaban inconsistencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo”.
Fuente: Notillano
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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