CASANARE
Solicitan a la JEP investigar falsos positivos cometidos en los llanos orientales
Lo importante es esclarecer los hechos, para que no queden dudas acerca de quien, cómo y porqué los cumplieron, dicen familiares de víctimas de falsos positivos.
“Según la documentación realizada por organizaciones sociales, las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales, y hoy, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en su gran mayoría son población en riesgo por cuenta de la pandemia, esperan que en estas versiones voluntarias se cuente la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.
En dos diligencias, que se llevarán a cabo este viernes 12 de febrero, y el próximo 19 de febrero ante la sala de Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, comparecerán voluntariamente los Generales Guillermo Quiñones Quiroz y Cipriano Peña Chivatá para dar su versión por el caso en Casanare. Sin embargo, las familias solicitarán que se determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional en casos perpetrados en los departamentos del Meta y Guaviare.
El Director Ejecutivo del COFB, César Santoyo Santos, explicó que, el Colectivo ha logrado comprobar la responsabilidad de la Nación en 15 casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Meta y Guaviare, específicamente por la ejecución extrajudicial de campesinos y labriegos cometidos por unidades militares bajo la comandancia del entonces General Guillermo Quiñones Quiroz.
“Por más de una década hemos acompañado a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el Meta y el Guaviare. Muchas de estas personas fueron ejecutadas y desaparecidas cuando los señores Cipriano Peña Chivatá y Guillermo Quiñones Quiroz se encontraban al mando de la Brigada Móvil No. 12 y Cuarta División del Ejército respectivamente, por lo que las familias solicitan a la JEP determinar su presunta responsabilidad”, argumentó Santoyo Santos.
En estos 15 casos hay sentencias condenatorias en procesos de reparación directa en la jurisdicción contencioso administrativo, esto es, la justicia colombiana demostró que se trató de una ejecución extrajudicial. Estos casos obedecen a 15 víctimas directas, en los cuales se han condenado 6 uniformados en el procedimiento penal.
También se ha logrado determinar patrones de macrocriminalidad en común como: i). Las víctimas recibieron ofertas de trabajo; ii) Algunos fueron sepultados como Personas No Identificadas (comúnmente denominados NN) a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación; iii) se evidenciaron irregularidades con respecto a las prendas de vestir que llevaban, porque algunas no correspondían a las tallas de las víctimas o las incineraron por motivos de “salubridad”, o porque eran prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y iv) se descubrió que también presentaban inconsistencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo”.
Fuente: Notillano
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, junto a la secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández, realizó una visita de seguimiento a las obras de pavimentación de la vía a Mate´pantano, donde se confirmó el inicio de la instalación de carpeta asfáltica en este corredor de 4,5 kilómetros.
En el sector de La Subasta ya se adelantan labores de aplicación de asfalto, tras la ejecución de trabajos previos como la adecuación y ampliación de la estructura vial, así como la conformación de base y subbase. Estas acciones permiten avanzar en la consolidación de la vía y mejorar las condiciones de transitabilidad en esta zona rural.
“Les dije que yo mismo iba a supervisar las obras. Hoy lo estamos haciendo y ya vemos resultados con el inicio del asfaltado en la vía a Matepantano”, señaló el alcalde durante el recorrido.
Por su parte, la secretaria de Infraestructura señaló que se mantiene un seguimiento permanente a los frentes de obra, con el objetivo de asegurar su avance y calidad. “Seguimos trabajando con ritmo constante para que estas intervenciones se traduzcan en resultados visibles para los ciudadanos”, indicó.
La intervención busca optimizar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la conexión de este corredor con otros sectores del municipio, incluyendo áreas de interés productivo y turístico.
Durante la jornada también se realizó seguimiento a otros frentes de obra en la ciudad, entre ellos la carrera 33A, que registra un avance del 70 %, así como la calle 23A entre carreras 24 y 27, y la carrera 28B, donde continúan las labores de pavimentación.
CASANARE
En mayo inician pruebas del Sistema de Cámaras de Videovigilancia de Yopal, listo Centro de Monitoreo
Yopal se prepara para poner en marcha uno de los sistemas de videovigilancia más modernos del país, con la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Inteligencia y Videovigilancia, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.
“El ojo de la ciudad está aquí, donde vigilaremos cada calle de Yopal y sus centros poblados, poniéndole un cerco a los delincuentes y mejorando la percepción de seguridad de nuestro departamento”, expresó el gobernador al referirse a este proyecto, que cuenta con una inversión de 40 mil millones de pesos y alcanza el 90% de ejecución. La iniciativa contempla la instalación de 238 cámaras de seguridad, de las cuales 233 ya están ubicadas en el área urbana de Yopal y en los corregimientos de Morichal, La Chaparrera, El Morro y La Niata.
Asimismo, las cámaras cuentan con tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas, lo que permitirá identificar y rastrear personas y vehículos sospechosos. El sistema también incluye más de 100 kilómetros de fibra óptica y un moderno centro de monitoreo y control ubicado en el edificio Emiro Sossa, donde ya se completó la instalación de aires acondicionados, equipos técnicos, mobiliario, y están en adecuaciones de infraestructura en los pisos quinto y sexto.
Por otra parte, Julio Ramos, secretario de Gobierno, explicó que la estructura física ya se encuentra al 100% y que durante mayo se desarrollará la fase de pruebas para verificar conectividad, configuración técnica y corregir cualquier novedad antes de su entrega oficial. “Hemos trabajado mes a mes para que este centro lo entreguemos en mayo. Ya está la postería, la instalación de cámaras y toda la fibra óptica”, señaló.
CASANARE
Capresoca responde que no es responsable de las obligaciones de PROMED con personal de enfermería
Capresoca EPS se pronunció frente a la manifestación realizada este lunes por personal de enfermería vinculado a la IPS PROMED, quienes exigen el pago de honorarios por servicios prestados en el marco del contrato N.° 165 de 2025. La entidad aclaró que dicho contrato tenía una duración de nueve meses y un valor superior a los 7.400 millones de pesos.
Según Capresoca, con corte a febrero de 2026 se han girado más de 5.110 millones de pesos, equivalentes al 68 % del valor total del contrato, tras cumplir con los procesos de radicación, auditoría y aprobación de cuentas. Asimismo, indicó que el contrato se encuentra actualmente en etapa de liquidación, con un valor proyectado pendiente de pago cercano a los 1.389 millones de pesos, luego de aplicar descuentos por glosas, retenciones y saldos no ejecutados.
Que responda PROMED
La EPS precisó que el pago restante se realizará una vez se completen los trámites administrativos en las áreas contable, financiera y jurídica, y se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal. Sin embargo, enfatizó que, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa laboral vigente, no tiene responsabilidad sobre las obligaciones laborales adquiridas por PROMED con su personal, al tratarse de un prestador autónomo.
Finalmente, Capresoca indicó que los trabajadores afectados pueden acudir a las instancias legales correspondientes para reclamar sus derechos, proceso que, según la entidad, es necesario para activar posibles mecanismos ante la aseguradora que respalda el contrato. La situación mantiene la preocupación del personal de salud, que continúa a la espera del pago por los servicios prestados.
