CASANARE
Solicitan a la JEP investigar falsos positivos cometidos en los llanos orientales
Lo importante es esclarecer los hechos, para que no queden dudas acerca de quien, cómo y porqué los cumplieron, dicen familiares de víctimas de falsos positivos.
“Según la documentación realizada por organizaciones sociales, las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falsos positivos fueron una práctica generalizada y sistemática dentro de las diferentes unidades militares que operan en los Llanos Orientales, y hoy, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que en su gran mayoría son población en riesgo por cuenta de la pandemia, esperan que en estas versiones voluntarias se cuente la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.
En dos diligencias, que se llevarán a cabo este viernes 12 de febrero, y el próximo 19 de febrero ante la sala de Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, comparecerán voluntariamente los Generales Guillermo Quiñones Quiroz y Cipriano Peña Chivatá para dar su versión por el caso en Casanare. Sin embargo, las familias solicitarán que se determine la responsabilidad de los militares que estaban a cargo de las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional en casos perpetrados en los departamentos del Meta y Guaviare.
El Director Ejecutivo del COFB, César Santoyo Santos, explicó que, el Colectivo ha logrado comprobar la responsabilidad de la Nación en 15 casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Meta y Guaviare, específicamente por la ejecución extrajudicial de campesinos y labriegos cometidos por unidades militares bajo la comandancia del entonces General Guillermo Quiñones Quiroz.
“Por más de una década hemos acompañado a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el Meta y el Guaviare. Muchas de estas personas fueron ejecutadas y desaparecidas cuando los señores Cipriano Peña Chivatá y Guillermo Quiñones Quiroz se encontraban al mando de la Brigada Móvil No. 12 y Cuarta División del Ejército respectivamente, por lo que las familias solicitan a la JEP determinar su presunta responsabilidad”, argumentó Santoyo Santos.
En estos 15 casos hay sentencias condenatorias en procesos de reparación directa en la jurisdicción contencioso administrativo, esto es, la justicia colombiana demostró que se trató de una ejecución extrajudicial. Estos casos obedecen a 15 víctimas directas, en los cuales se han condenado 6 uniformados en el procedimiento penal.
También se ha logrado determinar patrones de macrocriminalidad en común como: i). Las víctimas recibieron ofertas de trabajo; ii) Algunos fueron sepultados como Personas No Identificadas (comúnmente denominados NN) a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación; iii) se evidenciaron irregularidades con respecto a las prendas de vestir que llevaban, porque algunas no correspondían a las tallas de las víctimas o las incineraron por motivos de “salubridad”, o porque eran prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y iv) se descubrió que también presentaban inconsistencias entre las heridas marcadas en su ropa y en el cuerpo”.
Fuente: Notillano
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
