CASANARE
Sigue polémica por construcción de la nueva sede del Centro Social en Yopal
El secretario de Educación de Yopal, Yesid Jiménez Silva, le salió al paso a las críticas de algunos Concejales que cuestionan a la Administración Municipal por el tema de la construcción de la nueva sede del Centro Social, en el lote contiguo a la Estación de Policía en la vía a Sirivana, señalando que seguirán en la lucha para que la mencionada sede sea una realidad.
Expresó el secretario de Educación, que tienen toda la voluntad de darle solución a la situación actual del plantel educativo, dijo que dentro del Plan de Desarrollo quedó estipulado el mejoramiento, la construcción, la dotación y ampliación de la infraestructura educativa de Yopal y por su puesto el Centro Social hace parte de dicha infraestructura.
Aseguró Jiménez, frente a las apreciaciones de algunos concejales, que no son enemigos del proyecto Centro Social, “nosotros mismos hemos dado la pelea, hemos hablado con el Ministerio de Educación y estamos proponiendo una mesa de trabajo con todos los sectores para que miremos las posibles soluciones eficientes y rápidas frente a la situación del colegio”.
Comunicado a la Opinión Pública
Al respecto, la Alcaldía de Yopal emitió un Comunicado a la Opinión Pública, en los siguientes términos:
Frente a la polémica que ha suscitado el debate de control político realizado por el Concejo Municipal a la Secretaría de Educación y la Oficina Asesora de Planeación sobre el proyecto para la construcción de la sede del colegio Centro Social, la Alcaldía de Yopal informa a la opinión pública:
1. La Administración Municipal en ningún momento se opone al proyecto, pero se hace necesario revisar detalladamente el proceso en un ámbito técnico, administrativo y jurídico, para ejecutar iniciativas cumpliendo cabalmente el principio de planeación y legalidad.
2. Profesionales adscritos a la Oficina Asesora de Planeación realizaron un estudio técnico donde se encontraron aspectos importantes a debatir, entre los que se encuentran:
- Teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan Integrado de Movilidad Urbana y Rural (Pimur), vigentes en el municipio, se afecta notablemente los perfiles viales plasmados para la movilidad en el sector aledaño al predio donde se pretende ejecutar el proyecto, generando una diferencia de 6.820 metros, los cuales no coinciden con el área destinada inicialmente.
- La norma NTC 4595 establece que en ese tipo de proyectos se deben establecer 2 vías de acceso (para este caso sería las carreras 33 y 37), pero esas vías no pueden registrar tráfico pesado o de alta velocidad, situación que no se cumple con la carrera 33, ya que, al momento de culminar esta carretera, servirá de conexión con la vía al sector de Matepantano y la calle 40, por ende, inevitablemente registrará un alto tráfico vehicular y a grandes velocidades.
- La opción de crear 3 vías adicionales para darle accesibilidad al proyecto, representa un incremento notable en la destinación de recursos para la construcción y mantenimiento, además dichas vías no se encuentran incluidas en el POT o el Pimur.
- La norma NTC 4595 establece que no se deben construir instituciones educativas en un perímetro menor a 50 metros de un canal abierto, situación que no se cumple teniendo en cuenta que 40 metros alrededor del predio solicitado se encuentra en canal del Remanso.
3. Si bien es cierto que hay una licencia de construcción, hay diferencias entre los acuerdos desde el año 2010 en adelante y las escrituras públicas, en cuanto a las áreas, el Pimur y el POT.
4. Se tiene que revisar posibilidades de que la licencia pueda tener inconsistencias, por ende, debe ser revisada a la luz de la claridad del Pimur y el POT, para que no exista ningún vicio de nulidad relativa o absoluta.
5. Referente a los certificados suministrados a la plataforma del Ministerio de Educación, estos documentos en el Sistema General de Regalías (SGR) tienen unos efectos técnicos y jurídicos, teniendo en cuenta que hay detrás un estudio técnico, administrativo y jurídico, ya que son requisitos que hay que cumplir con acuerdo a la comisión rectora, por tal motivo se requiere todo el soporte técnico que establece la normatividad del SGR.
6. La Alcaldía de Yopal en su análisis busca establecer una claridad jurídica teniendo en cuenta la posición de la Policía Nacional, manifestada en 44 oficios, donde deja ver su perspectiva frente al proyecto exigiendo a su vez explicación legal sobre el mismo. Aducen incluso que, si se construye el colegio, se ven en la obligación de retirarse del lugar, de acuerdo a la jurisprudencia, por el riesgo inminente que esto representa, haciendo mención a los fallos de las altas cortes. No es una sola consideración del municipio sino de un órgano que hace parte de la estructura del Estado, el cual fija su posición y es deber de esta administración analizar la postura a la luz de la jurisprudencia.
7. Los tratados internacionales y la jurisprudencia hacen parte del sistema normativo del país y existen indicios graves frente a situaciones de guerra en el municipio de Yopal como fue el ataque al Grupo Aéreo del Casanare (GACAS), ocurrido el 10 de enero del presente año.
¿Y la sede actual?
De otra parte, durante una extensa rueda de prensa, se conoció que el predio donde actualmente se encuentra ubicada la sede del Centro Social en el centro de la ciudad está en un litigio con la Diócesis de Yopal, y la Administración Municipal considera que esta propiedad se puede recuperar ya que aparece a nombre del municipio, y por tal razón decidieron llevar a cabo el proceso judicial.
Por lo anterior se espera resultados del proceso, teniendo en cuenta que ya no se pagaría arriendo y el predio seguiría siendo del Centro Social.
YOPALEl secretario de Educación de Yopal, Yesid Jiménez, entrega conclusiones de la rueda de prensa sobre la situación actual de la sede del Colegio Centro Social.
Posted by El Diario Del Llano on Saturday, August 1, 2020
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
