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Según Contraloría General de la República, Puerto Gaitán es el “campeón” en despilfarro de regalías

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El departamento del Meta tiene 17 de los 20 hallazgos fiscales más representativos que detectó la Contraloría General en el segundo semestre de 2016, y al municipio de Puerto Gaitán le corresponde la mitad (10 hallazgos por $35.640 millones).

“Son muchas las obras financiadas con recursos de regalías que se terminan y nunca se ponen en funcionamiento, para el beneficio de la comunidad, como se aprecia claramente en regiones como los Llanos Orientales, en concreto en el departamento del Meta y particularmente en el municipio de Puerto Gaitán”, indicó el Contralor General, Edgardo Maya Villazón.

La Contraloría encontró en este departamento escuelas e internados construidos y abandonados, centros de atención hospitalaria en el mismo estado, alcantarillados, acueductos y equipos médicos que nunca se pusieron en servicio, proyectos de vivienda inconclusos y un Centro Comercial para vendedores ambulantes donde operan 6 de 34 locales, a lo que suma el hasta ahora frustrado proyecto de la Refinería del Meta.

El listado de “Elefantes Blancos” en el Meta es largo:

  • Presunto hallazgo fiscal por $10.359 millones, por la construcción de infraestructura educativa en el municipio de La Macarena (Meta). Las obras están terminadas y liquidadas, pero no están en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $9.828 millones, por el Centro de Atención Hospitalario de Uribe (Meta). A la fecha no ha prestado un solo día de servicio a la comunidad objeto de la inversión.
  • Hallazgo fiscal por $9.220 millones, por el deficiente manejo e inversión de recursos girados a la Empresa de Petróleos del Llano –Llanopetrol, con destino al proyecto de la Refinería del Meta, que no evidencia físicamente ningún proceso constructivo y muestra una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente.
  • Hallazgo fiscal por $5.799 millones, por la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre (Fase II), ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra finalizó, no ha sido puesta en funcionamiento, está dejada a la intemperie y, por falta de seguridad, ha resultado afectada por vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $4.442 millones, por la construcción de la escuela internado de Alto de Tillava, en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra se terminó en agosto de 2013 y nunca se puso en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $4.298 millones, por el diseño y construcción del Centro Comercial para Vendedores Ambulantes del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se encontró una obra subutilizada, que no opera en su totalidad, considerando que el momento de la visita adelantada por la Contraloría a estas instalaciones, solo 6 de 34 locales se encuentran en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $3.924 millones, por la construcción de la Escuela Internado para el resguardo Awaliba, situado en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). La obra no ha sido puesta en funcionamiento y se encuentra a la intemperie.
  • Hallazgo fiscal por $3.499 millones, por la construcción de la escuela internado Centro Poblado de Planas, en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). La obra fue culminada en mayo de 2013, no ha sido puesta en funcionamiento y está siendo afectada por la intemperie y el vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $3.476 millones, por la construcción de infraestructura educativa para las comunidades indígenas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Las estructuras construidas no se encuentran utilizadas.
  • Hallazgo fiscal por $3.113 millones, por la construcción de sistemas de acueducto para comunidades de los resguardos indígenas Domo Planas, Unuma y Vencedor Piriri, del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se detectaron deficiencias en la labor de interventoría del contrato, por cuanto 8 de estos sistemas de acueducto nunca fueron conectados a las viviendas y aún así las obras fueron recibidas a satisfacción, y 17 no se encuentran en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $3.002 millones, por el suministro de equipos médicos esenciales para dotación de los hospitales de Uribe y la Macarena (Meta), que a la fecha no han prestado ningún beneficio a la comunidad.
  •  Hallazgo fiscal por $2.759 millones, por obras de mejoramiento de internados y escuelas en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se encontraron deficiencias constructivas y en la planeación e inversión de los recursos. El internado de Planas nunca operó, se encuentra abandonado y su estructura deteriorada por el desuso y el vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $2.435 millones, por el mejoramiento de la vía San Lorenzo-Pueblo Nuevo, en el municipio de Castilla La Nueva (Meta). Se presentaron falencias en la etapa de planeación del contrato.
  • Hallazgo fiscal por $2.232 millones, por las obras construidas para el funcionamiento del internado Kuwei, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra finalizó en septiembre de 2012 y nunca ha sido puesta en funcionamiento, siendo afectada por el vandalismo y por estar expuesta a la intemperie.
  • Hallazgo fiscal por $2.127 millones, por la construcción de vivienda para la población vulnerable del municipio de La Macarena (Meta). El contrato (220 de 2015) se encuentra suspendido y del total de viviendas contratadas (292) solo se observan una obras de cimentación del terreno, 47 lotes correspondientes al 4% de ejecución del proyecto.
  • Hallazgo fiscal por $2.112 millones, por la construcción del Alcantarillado Pluvial para el Centro Poblado San Miguel (sector 21), en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra no está en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $2.068 millones, por la construcción del Centro de Atención Hospitalario del municipio de La Macarena (Meta), que a la fecha no ha prestado un solo día de servicio a la comunidad.

    Fuente: Prensa Contraloría General

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Ya se habían separado por violencia intrafamiliar, ahora se fue a la cárcel por feminicidio

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A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos  la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.

El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.

Fuente: El Diario del Llano

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A partir de hoy se habilitará paso por la variante construida en el kilómetro 18 de la vía al Llano

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Desde este lunes 15 de septiembre quedara habilitada de manera gradual y alternada en ambos sentidos, la variante del K18+000 de la vía al Llano, afectado por un gran derrumbe desde hace varios días.

El tramo, de 680 metros de longitud, fue rehabilitado con pavimento y señalización y permitirá el paso controlado de vehículos de hasta 52 toneladas. Para cargas extradimensionadas se autoriza un ancho máximo de 4 metros y una longitud de hasta 21 metros.

Con esta medida se da inicio a la fase 0 del PMT, que tiene como objetivo evacuar los vehículos represados en Abastos, El Uval y el Anillo Vial de Villavicencio, normalizando paulatinamente la movilidad en el sector.

Las autoridades recomiendan a los conductores seguir las indicaciones del personal en vía y conducir con precaución, ya que el paso será alternado y controlado para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Fuente: El Diario del Llano

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Volvieron a la tierra abandonada por la violencia y la están haciendo producir

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Tras años de desarraigo a causa del conflicto armado, Maricela Vera y sus hijos iniciaron una nueva vida productiva en el predio ‘Lucitania’, de 8,4 hectáreas, ubicado en la vereda San Pedro del municipio de El Dorado, en el Meta.

Los integrantes de esta familia fueron víctimas de hechos violentos que los obligaron a abandonar su tierra. Sin embargo, en 2022, el Tribunal Superior de Bogotá profirió una sentencia en que los reconoció como beneficiarios de restitución. En ella ordenó la formalización del predio, así como la implementación de proyectos productivos que garanticen su estabilidad económica y el restablecimiento de sus derechos.

Cumpliendo el fallo

En cumplimiento del fallo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les otorgó un subsidio equivalente a 40 salarios mínimos legales vigentes, con los cuales se puso en marcha un proyecto agroforestal. Allí se sembró una hectárea de aguacate y una de limón Tahití, acompañadas de plátano como sombrío transitorio y maderable de cacao y chontaduro. Así mismo, se busca el fortalecimiento de prácticas sostenibles a través del cultivo de lombriz roja californiana. Además, se adquirieron abonos, insumos, material vegetal y cercas.

Recientemente, la entidad realizó el último desembolso para el componente de seguridad alimentaria, que incluyó la entrega de 100 gallinas ponedoras y alimento balanceado, garantizando una fuente de ingresos y nutrición para la familia.

“Desde el Gobierno del Cambio, con dignidad cumplimos y acompañamos a esta familia no solo en el acceso a la tierra, sino en su estabilización económica. En este caso, el subsidio que les entregamos permitió implementar un proyecto agroforestal integral y sostenible, con el que fortalecemos su autosuficiencia”, explicó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta.

Con emoción, Maricela Vera, acudió al Banco Agrario para recibir por parte de profesionales de la Unidad el desembolso de los recursos. Allí destacó: “es una oportunidad para salir adelante”. Por su parte, su hijo Jhon Ibarra dijo: “para nosotros es comenzar de nuevo; volver al campo es un renacer. Estamos muy agradecidos, nosotros queremos trabajar la tierra y hacerla producir”.

De esta manera, la URT cumple con lo ordenado en la sentencia judicial y reafirma su compromiso con las víctimas en el Meta, impulsando proyectos productivos que devuelven no solo la tierra, sino la esperanza de una vida digna y sostenible.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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